Adrián Moyano: “el pueblo mapuche es dominado por dos Estados coloniales”

La cuestión mapuche es un asunto que agita las agendas de Argentina y Chile, más aún tras la asunción de Gabriel Boric y el comienzo del proceso constituyente. ALAI conversó al respecto con el escritor y activista Adrián Moyano

Por Gerardo Gamarra

Adrián Moyano es un periodista y escritor argentino, radicado en Bariloche, provincia de Río Negro. Es además un estudioso de la cosmovisión mapuche, así como un activista de la causa política que reivindica una nación ancestral en el territorio de dos Estados modernos: Chile y Argentina.

El último libro de Moyano es Digno de renombre de Bravo: El longko Keupü y la resistencia mapuche en la cordillera (1872-1884). Allí retoma la figura de aquel líder mítico, con la intención de discutir algunos supuestos históricos de la mal llamada “Campaña del Desierto” , responsable de un auténtico genocidio. Conversamos con el escritor sobre la cuestión mapuche, la política estatal y las expectativas abiertas en Chile.

Gerardo Gamarra: A partir de tu trabajo en todos estos años en los que has acompañado las luchas de de la nación mapuche, ¿qué reflexión te suscita el contexto actual, con la emergencia de diferentes gobiernos progresistas en la región?

Adrián Moyano: En una mirada de largo plazo estamos en el mismo lugar que a fines del siglo XIX, cuando dos Estados -Chile y Argentina- se apropiaron del territorio mapuche hasta entonces libre, ejerciendo una dominación colonial, sobre todo a partir de la “Pacificación de la Araucanía” en Chile y la “Campaña del Desierto” en Argentina.

Los dos Estados trajeron el capitalismo y las instituciones estatales, con lo que establecieron una relación de sujeción colonial en desmedro del pueblo mapuche, cuya resistencia sigue incólume, más allá de periodos en los cuales la represión del Estado pudo hacerla menguar en parte.

Eso lo vemos cotidianamente cuando por ejemplo, del lado argentino, las resistencias mapuches se oponen a actividades extractivas del modelo que abrace el gobierno de turno. En estos casos la respuesta siempre es la misma, estén gobernando las derechas neoliberales o las expresiones que se consideran más progresistas.

Evidentemente no es lo mismo alentar la represión e inclusive festejar la muerte de compañeros como Santiago Maldonado o Rafael Nahuel -como hicieron algunas figuras de la derecha argentina- que el no hacerlo, o propiciar espacios de consulta, de dialogo. Pero cuando la opción es de hierro, cuando se trata de megaminería, fracking o derechos territoriales mapuches, las experiencias progresistas también soslayan y actualizan esa situación de dominación colonial.

En términos de largo plazo, estructurales, esa es la imagen, la de dos Estados aliados, con distintos grados de intimidad con las corporaciones trasnacionales. En Chile es más visible el predominio de las forestales, de la salmonicultura, y ahora también de las fuentes de energía renovable, el turismo, la especulación inmobiliaria, etcétera. Y del lado de Argentina es mayor la presencia de las petroleras, las megamineras, y también de “nuevos” latifundistas y capitales que han llegado recientemente y profundizaron la apropiación de la tierra.

A grandes rasgos ese es el cuadro, un aggiornamento de la dominación colonial que sufre el pueblo mapuche a mano de dos Estados.

G.G: Hablando particularmente de Argentina, ¿cuáles son los mecanismos legales y políticos con los que se consigue mantener este cuadro de situación que describís?

A.M: Hay una característica singular: ninguna de las tres provincias que registran mayor presencia mapuche están dirigidas por el mismo signo político que dirige la nación. En Neuquén gobierna el Movimiento Popular Neuquino (MPN) desde la vuelta a la democracia; en Río Negro gobierna Juntos Somos Río Negro, y en Chubut gobierna una fuerza que no comulga con el Frente de Todos.

Sin embargo, cuando hay conflictos, como sucedió por ejemplo en Chubut en diciembre de 2021 cuando la legislatura intentó aprobar la Ley de Zonificación Minera -que permitía el avance de las corporaciones megamineras en lo que localmente se denomina la meseta- el gobierno nacional hizo silencio y se quedó observando. En ese momento hubo una represión generalizada no solo contra el pueblo mapuche sino contra todos los sectores que estaban presentes cuestionando la megaminería.

Lo que se está soslayando es la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y, en el caso de Río Negro, también la Ley Integral del indígena y las ordenanzas que reconocen al pueblo mapuche y ordenan políticas públicas interculturales, las que no tienen realmente cumplimiento efectivo.

Esto se tornó más evidente a mediados del año pasado cuando apareció una nueva megaminera en espacios territoriales que están a 150 kilómetros de Bariloche sobre la Línea Sur y comenzó a realizar tareas de cateo dentro de las comunidades. Éstas, por supuesto, reaccionaron.

Hubo intentos de hacer exploración en doce comunidades y se conformó un bloque comunitario que declaró públicamente que no iba a permitir la entrada a las megamineras. También estuvieron presentes en la Marcha Intercultural por el 10° aniversario de la derogación de la Ley Anticianuro.


«El Convenio 169 de la OIT que dice que las comunidades tienen que ser consultadas a ver que opinan sobre cualquier cosa que les incumba».


Recientemente el gobierno local intentó constituir una Dirección de pueblos originarios, cuando ya hay una entidad oficial donde están representadas las comunidades. Con la presentación del proyecto de hidrógeno verde -que también abarcaría centenares de hectáreas e involucra directamente a algunas comunidades- el Secretario de Minería declaró que el gobierno provincial no tiene registro catastral de las comunidades. Por lo tanto, a su entender, esas son tierras fiscales.

Se persiste en la negación, se continúa con la invisibilización, cuando la abrumadora mayoría de las comunidades rurales de la región fueron conformadas a posteriori de la Campaña del Desierto, con los sobrevivientes de la campaña, sedentarizados a la fuerza. ¿Cómo puede ser que llegue un emir de Qatar y su testaferro, y ya tengan los papeles de tierras que tienen enterradas a varias generaciones de mapuches a las que el Estado ni registra ni considera? Esto es una consecuencia del racismo estructural sobre el que están fundados los Estados nacionales.

G.G: Para completar el cuadro regional, ¿qué horizontes pueden abrirse con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile?

A.M: En el caso de Chile hay un ingrediente que es el proceso de reforma constitucional, donde el pueblo mapuche es protagonista, a tal punto que la presidenta del primer semestre de la Convención Constituyente fue una destacada intelectual mapuche.

También debemos considerar el borrador presentado, en donde se avanza en una declaración de plurinacionalidad. Por intermedio de esta, Chile reconocería no solo a nación mapuche sino también a los seis pueblos originarios que están presentes en la jurisdicción chilena.

En Argentina estamos a años luz de esa discusión. También es diferente el peso específico que tienen el pueblo mapuche y sus demandas en la política argentina y en la chilena, aún considerando que en Argentina hay 40 pueblos originarios, mientras que en Chile son siete.

La agenda política mapuche, en Argentina, toma relevancia a instancias de una derecha neoliberal que necesita de un enemigo público para construir la correlación de fuerzas que considera favorable. Esto es notorio de 2016 a esta parte, con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Recuerdo las palabras de Pedro Cayuqueo, un historiador y periodista chileno, que afirmó que si las demandas del pueblo mapuche fueran realmente problemáticas para la seguridad del Estado argentino, esto hablaría muy mal de sus capacidades. Se trata de un conjunto de demandas con presencia fuerte en tres provincias, pero que fueron nacionalizadas a fuerza de estigmatización.

Tanto de la experiencia presente del gobierno de Boric, como de la Constituyente, hay que trazar cierta semblanza. El pueblo mapuche nunca constituyó una unidad política, y tampoco la constituye ahora. Hubo en Chile comunidades que convocaron al proceso constituyente, otras escépticas, y estuvieron también las que intentaron boicotearlo. Las mismas diferencias hay en relación al nuevo gobierno. No creo que sea unánime la visión del conjunto del pueblo mapuche respecto de la etapa que se abrió en los últimos años.

Desde ya hay quienes apuestan a un camino institucional. Siempre recuerdo las declaraciones de un histórico alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, que decía que una constitución nueva no va a resolver los problemas mapuches, pero que es una oportunidad para correr el cerco.

Desde una perspectiva más personal tengo expectativas. Puede abrirse un camino novedoso si se aprueba la Constitución, y esperamos que así sea. De trata de una experiencia inédita y debemos estar muy atentos.

ALAI – América Latina en Movimiento