Alienaciones argentinas

Por Ricardo Aronskind

Imagen: Se vuelve a negar que efectivamente existen intereses encontrados en la sociedad argentina

Ingresamos en semanas sumamente sensibles por las cuestiones que están en juego en las elecciones de noviembre. Las novedades políticas, económicas y judiciales de estos días tendrán impacto sobre una sociedad cuyo nivel de alerta política será muy superior al que tenía en las PASO. La reciente derrota del Frente de Todos ha activado cambios en el gobierno, que no se sabe en qué medida pueden responder a los problemas que se expresaron en la votación. No es sólo una cuestión de «poner más plata en los bolsillos», sino de crear un clima de entusiasmo y de expectativa popular que el gobierno, hasta ahora, no ha logrado promover.

Por ahora, las respuestas apelan a ingenierías políticas que apuntan a fortalecer el perfil de la administración con vistas a las próximas legislativas, pero persiste la incógnita sobre el enfoque crucial de la relación Estado-mercado. Se irá viendo en qué medida, frente a las presiones de poderes fácticos locales e internacionales, el gobierno logra poner a salvo su propuesta electoral original, que supo convocar al voto mayoritario, y en qué medida las intenciones iniciales pueden ser distorsionadas a favor de los intereses de ciertas fracciones empresariales concentradas.

Carne: ¿qué pretende usted de mí?

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció la flexibilización de las exportaciones de carne, con la liberalización en su totalidad de la categoría vaca de conserva, un animal que no se consume en el mercado interno y cuyo destino principal es China.

Son situaciones que vistas desde afuera de la gestión parecen incomprensibles. ¿El arreglo con el sector cárnico era sólo cuestión de buena voluntad, de ponerle onda? ¿Con la buena disposición de los funcionarios todo se resuelve? ¿Entonces, el problema con el precio de la carne era un capricho del gobierno y no un conflicto de intereses?

Debemos recordar que el gobierno de Alberto Fernández, para nada inclinado a las confrontaciones con sectores del poder económico, debió tomar la medida del cierre de las exportaciones de carne porque el precio interno del producto había sufrido una suba extraordinaria durante 2020. Entre julio de 2020 y julio de 2021, el salto de precios de los diversos cortes acumulaba entre el 90 y el 100% de incremento, más que duplicando la inflación promedio, y volviéndolos prohibitivos para amplios sectores de la población. El sector exportador, en condiciones de «libertad de mercado», parecía no tener problema alguno en dejar sin carne a la mayoría de la población si podía vender su producto mucho más caro en el exterior.

¿Era cuestión sólo de ponerle onda?

En cambio, el que vio que tenía un problema fue el gobierno nacional, ya que la suba de la carne arrastraba también a una parte de la canasta de alimentos, incluyendo la carne de pollo y de cerdo, y le hundía su apuesta a mejorar en 2021 el salario real de trabajadores, jubilados y sectores precarizados. Por eso se llegó al cierre, y no por ninguna voluntad confrontacionista ni por algún problema de personalidad del ministro saliente.

La apuesta a la flexibilización de la medida, realizada en base a un acuerdo con el sector para que no vuelva a arremeter contra el bolsillo de la población –se comprometió a colocar en el mercado interno cortes a precios accesibles–, parece arriesgada.

No sólo porque de este tipo de acuerdos con privados incumplidores –y vaya si el sector de la carne no ha dado ejemplos en esta misma gestión– está plagada la historia económica de las últimas décadas, sino porque desde el oficialismo vuelve a interpretarse la melodía de que a quienes se debe entender es a los «productores/exportadores», y que los funcionarios deben estar a su disposición, o sea, a disposición de su tasa de ganancia pretendida.

Se vuelve a negar que efectivamente existen intereses encontrados en la sociedad argentina, y que es el lugar del gobierno la compatibilización de intereses contradictorios, y no generarle alegría ni convalidar la miopía privada, pretendiendo que todo se trató de un malentendido.

Sin caer en reduccionismos economicistas, ¿se puede ignorar que el haber convivido con estos incrementos acelerados de precios básicos, sin reacción rápida y oportuna por parte del gobierno, es uno de los factores que incidieron en el alejamiento de franjas electorales populares?

El FMI interno

Durante las últimas semanas, y en el contexto del debate sobre las razones por las cuales el Frente de Todos perdió las elecciones primarias, sectores críticos por izquierda han arremetido contra las supuestas concesiones en materia de política económica que el gobierno, a través de su ministro Martín Guzmán, estaría efectuando desde comienzos del año, a modo de anticipo y pre-adaptación, a los tradicionales planes fiscalistas del FMI.

Se interpreta que lo que explicaría que el gobierno haya adoptado una política prematura de reducción del déficit fiscal, en un contexto de severa crisis social y sin haber consolidado una decidida reactivación productiva, es una no confesada convergencia con las metas tradicionales del organismo, como señal de la voluntad política oficial de concretar dicho acuerdo.

En dichos análisis aparecen tres actores: el gobierno, que concede; el FMI, que mecánicamente exige ajuste, y el pueblo, eterno perjudicado por los planes insensibles del organismo y la actitudes concesivas gubernamentales. Pero realizan una omisión fundamental y, por lo tanto, no contribuyen a entender lo que aquí está pasando. Pasan por alto a un actor central: el poder económico local, sin el cual no puede explicarse por qué las recomendaciones externas del FMI tienen siempre tanto eco en la política local y cualquier conflicto con ese organismo puede detonar una crisis cambiaria e inflacionaria inmediata.

El FMI externo tiene tanto poder porque el «FMI interno» –conformado por financistas, exportadores y rentistas de diversa índole– es aún más extremista que la tecnoburocracia fondomonetarista y se encarga, en pos de sus propios negocios de corto plazo, de debilitar constantemente la capacidad negociadora del país.

Observemos lo que está ocurriendo, ante nuestros ojos, en el mercado cambiario. Los especuladores han empezado a operar para lograr alzas en los mercados marginales, lo que amplifica la distancia existente entre la cotización oficial del dólar –que no está técnicamente «atrasada», ni requiere de nuevas macrodevaluaciones– y el nivel del dólar deseado por sectores concentrados para incrementar más sus beneficios.

Esto ha llevado a que los exportadores, ya en el mes de agosto, liquidaran bastantes menos divisas que las ventas declaradas a las autoridades y que los importadores requirieran muchos más dólares que las compras externas efectivamente registradas. A pesar de haberse logrado un superávit comercial récord para el mes de agosto de 2.339 millones de dólares, las divisas que realmente ingresaron a las reservas del Banco Central fueron sólo de 608 millones de dólares.

Es decir, se impide el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, lo que limita su poder de intervención frente a ataques especulativos privados. Mientras el FMI ha contribuido, mediante su emisión global de DEGs, a fortalecer las cuentas de la entidad monetaria oficial, son los actores privados locales los que se dedican prolijamente a socavarlas a fin de sostener su propia primacía económica y política sobre el gobierno formal. Son ellos los que presionan y lanzan rumores sobre una supuesta devaluación posterior a las elecciones, con la automática implicancia del hundimiento de la capacidad de compra de las mayorías.

¿Qué es lo que le otorga al FMI externo un poder de negociación y presión tan alto sobre el gobierno argentino? La existencia de actores locales dispuestos a alinearse con ese organismo, y hasta superarlo, contra cualquier política oficial que pretenda resguardar los intereses populares y preservar grados de soberanía nacional.

Quizás omitir a los actores internos asociados al FMI cumpla alguna función vinculada a sostener la fantasía de la «unión nacional»: todxs lxs argentinxs estaríamos perjudicados por las perversas políticas que nos exige el organismo. Quizás los actores que integran el FMI interno sean tan fuertes que no tiene sentido mencionarlos, porque nada se puede hacer para controlarlos, y mucho menos para desmontar sus prácticas desestabilizadoras. O quizás se albergue alguna esperanza de lograr alguna forma de convivencia civilizada con dichos actores…

Todo esto puede ser discutible. La política es compleja y las decisiones no son sencillas.

Lo que no se puede es no ver el elefante en el bazar.

El poder habla solo

Cuando nos referimos al poder que exhibe el FMI interno, no podemos dejar de relacionarlo con los otros factores de poder que podrían limitar o contrabalancear su capacidad de lobby. Inevitablemente, la mirada se dirige a las organizaciones sociales y políticas que deberían representar a los amplios sectores excluidos por los intereses concentrados.

¿Qué opina sobre estas cuestiones el movimiento obrero representado por la CGT? ¿Cuál es su postura sobre el tema de los precios de la comida? ¿Y sobre el transporte? ¿Y la vivienda?

El Presidente recibió el viernes a la cúpula de la CGT y le pidió que se involucre frente al nuevo escenario.

La ausencia de opinión sobre temas cruciales de la vida de los trabajadores, y de los sectores populares en general, se ha venido profundizando en la última década, apuntando al grado 0 del protagonismo social. La conducción cegetista ha abandonado la escena pública –mucha veces en contra de los reclamos de diversos sectores internos– y la ha cedido a las grandes patronales, que permanentemente se despachan a gusto sobre todos los temas de su interés. Estos temas abarcan desde el deterioro de todos los derechos laborales (despidos sin indemnización, desaparición del fuero laboral, atomización de la representación sindical, etc.), hasta la eliminación de las conquistas básicas de los trabajadores, incluyendo el derecho a sindicalizarse.

El «borre» cegetista es funcional a la creación de una sociedad de pensamiento único neoliberal.

El continuo abandono de posiciones por parte del sindicalismo organizado, y un vacío discursivo absoluto contribuyen a que en la Argentina ganen terreno posiciones de capitalismo salvaje, crecientemente cuestionadas en el capitalismo central. Y esto no porque haya un vuelco ideológico global hacia posiciones progresistas, sino porque las fracciones más lúcidas de la burguesía global observan que este tipo de capitalismo basado en un esquema de concentración infinita de la riqueza es inviable económicamente, desde la perspectiva de preservar los equilibrios básicos entre oferta y demanda. El elevadísimo nivel de endeudamiento de Estados, empresas y particulares está poniendo límites a esa dinámica concentradora.

La falta de contestación social contundente a las demandas anacrónicas de sectores del empresariado habla de un estado de debilidad política no sólo de los grandes sindicalistas, sino de los diversos y numerosos grupos políticos que buscan representar al campo popular.

Es en ese vacío de debate, reflexión y organización popular que «avanza la derecha».

Utopías locales

El domingo pasado en Alemania, específicamente en Berlín, la población aprobó en un referéndum no vinculante una propuesta para que la ciudad expropie, para combatir el alza desmesurada de los alquileres, 243.000 departamentos que están en manos de grandes empresas inmobiliarias. El 56,4% de los berlineses, que en el plano nacional tendieron a emitir un voto moderado, respaldaron la propuesta. Seguramente, esa mayoría de alemanes distingue entre capitalismo y robo a mano armada, entre rentabilidad empresarial y saqueo al bolsillo de los ciudadanos.

En un sentido inverso, en la Argentina se van concretando los sueños reaccionarios de una derecha completamente ideologizada y ajena a su propio entorno, que parece no encontrar freno social y político a su insensatez. Observemos el desequilibrado mercado de la vivienda local.

Primero, una aclaración metodológica: lo importante desde la perspectiva de la gente que vive de su trabajo no es el valor en dólares del salario, sino la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir. Eso es lo que define su calidad de vida, y no si pueden ir a almorzar o cortarse el pelo en Miami. Pero el problema es que en la Argentina se ha establecido una ley sagrada por la cual las viviendas se compran en dólares y, por lo tanto, se vuelve importante saber la relación existente entre los salarios –medidos en dólares– y el valor de la propiedad, fijado por los propietarios en dólares. Los salarios en dólares en nuestro país son de los más bajos de América Latina. Hoy están en el puesto 11 entre 18 países, detrás no sólo de países de ingresos medios, sino de Bolivia, Honduras, Ecuador, Guatemala y Perú. Pero resulta que el valor del metro cuadrado de propiedad inmueble en la Ciudad de Buenos Aires, es, según el portal Zonaprop, el segundo más caro en toda la región latinoamericana, detrás de Monterrey, México. A pesar de que el valor de la propiedad viene bajando, su nivel es altísimo e inaccesible para la mayoría de los asalariados. ¿Cómo es que con salarios muy deprimidos en dólares, las constructoras e inmobiliarias exigen precios inalcanzables para sus eventuales compradores? ¿Qué clase de mercado ineficiente y antisocial es este?

Buenos Aires está casi en el «top» de la carestía inmobiliaria, pero exhibe salarios en dólares muy bajos en términos regionales, y la dirigencia de Juntos pretende bajarlos aún más, mediante las desregulaciones laborales y su eterna colaboración con el lobby devaluador. ¿Cómo cierra una ecuación tan polar? Juntos, que representa también al mundo de los grandes intereses inmobiliarios, apunta, objetivamente, a un mercado imposible, a un mercado de locadores sin locatarios. ¿Alguien en la sociedad argentina está en condiciones de aportar algo de racionalidad al tema?

En este caso se resume toda la fantasía delirante de sectores altos y medios de la Argentina: pretensiones de nuevos ricos, de ingresos y ganancias exuberantes en dólares, en un país que ha sido empobrecido por las políticas que les gustan precisamente a ellos. Niveles de vida del primer mundo en entornos de pobreza tercermundista. Fantasías de altas rentas en un mar de gente con ingresos más que modestos.

Para salir de este mundo de pretensiones delirantes y contradictorias, que se ha corporizado en la mentalidad de los sectores más prósperos del país, se requiere de una confrontación político-ideológica que llame a las cosas por su nombre, y que salga a disputar con determinación un «sentido común» absurdo que está degradando innecesariamente a nuestra sociedad.

El Cohete a la Luna

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