Balazos, elecciones, medios y «nuestras» deudas

Por Victor Ego Ducrot

La repercusión mediática del impiadoso homicidio que en la tarde del domingo último se llevó la vida de Roberto Sabo una vez más puso en evidencia la debilidad operativa y si se quiere argumental del campo político, social y cultural democrático, progresista, de izquierda o nacional y popular, como se lo quiera llamar. ¿Debilidad teórica? ¿Falta de arrojo editorial, que es político?

El hecho se produjo alrededor de las 14 del domingo en un drugstore situado en la Avenida de Mayo al 800, esquina Alvarado (ramos Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires y tuvo como víctima al comerciante Roberto Sabo, de 45 años y padre de dos adolescentes. Los acusados son un hombre que este miércoles cumple 30 años y una chica de 15, que entraron al local para robar y terminaron disparando seis tiros a Sabo, tras lo cual escaparon. Para hacerlo, primero le robaron el auto a un remisero y luego la moto a un repartidor delivery. Finalmente, fueron detenidos. El mismo domingo a la noche se produjo una protesta frente a la comisaría local, situada a unos 300 metros del lugar del crimen. Hubo algunos incidentes y momentos de tensión cuando se hizo presente en la seccional el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien fue increpado por vecinos (…).

Así informaba Página 12 en su edición digital, a primerísima hora del martes 9 de noviembre. No hubo medio de los llamados nacionales y en todos los formatos que no dedicara amplios espacios al hecho y sus derivaciones, incluidas refriegas con la policía.

Leandro Daniel Suárez, el acusado de asesinar en un bestial asalto cometido ayer domingo en Ramos Mejía al kiosquero Roberto Sabo, tiene un fuerte antecedente penal en su registro. El hombre de 30 años con domicilio en Fuerte Apache -que fue arrestado junto a una menor de 15 años por el hecho- dejó la Unidad N°19 del Servicio Penitenciario Federal, la Colonia Penal de Ezeiza el 13 de agosto de 2020, a donde ingresó en 2014. Había cumplido una condena de cinco años y diez meses por los delitos de hurto con escalamiento en grado de tentativa y robo a mano armada, dos hechos en concurso real, una condena dictada por el Tribunal N°8 de la Justicia porteña y supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 (…). Su cómplice, Y.G.R, resultó tener 15 años y será investigada por una UFI de Menores de La Matanza (…). Con esas palabras, entre otras y pasadas las primeras 24 horas desde el hecho, se expresaba el sitio Infobae.

Ambos medios citados como así también casi la totalidad del espectro comunicacional con capacidad del alto impacto e influencias pusieron el tema en el centro de sus agendas desde el lunes mismo, y todo indica que esas coberturas continuarán como tendencia a lo largo de la presenten semana.

Porque demás resulta aclararlo, el detalle de lo acontecido, en cuanto a hechos, víctima y victimarios tuvo lugar en términos de la «precisión periodística» a la cual esos instrumentos nos tienen acostumbrados. Y a escasos días de los comicios legislativos de medio término – dramáticas para el oficialismo nacional después del resultado de las PASO-, las repercusiones de clima electoral estuvieron a la orden del día, y de tan obvias ni se hace necesario volcarlas aquí.

Por otra parte, es cierto y resultó grave que el canal de noticias C5N haya sido discriminado con violencia verbal y tonos amenazantes por un grupo de los vecinos movilizados en las protestas callejeras que siguieron a la comisión del delito. Pero no es menos cierto que, en el contexto de su programación, esa señal de TV relativizó el tópico en forma muy manifiesta.

¿Acaso obedeció ello a un intento de restarle visibilidad a un tema a todas luces crítico para el oficialismo? Si fue así, una vez más los resultados político-comunicacionales del intento resultaron menos que magros.

La conducta de cuasi silenzio stampa de C5N se observó también en las cuentas de las redes sociales que más activas suelen estar desde el oficialismo nacional.

Espacios alegremente concedidos

El territorio de los signos, de los símbolos con el poder suficiente para disciplinar y orientar en un sentido político e ideológico resultaba entonces despejado y dispuesto para la acción del dispositivo mediático dominante.

Los datos sobre audiencia televisiva y seguimiento de publicaciones y comentarios en redes sociales imponen una lectura de atenta relatividad porque cumplen más como operadores publicitarios que como fuentes de información.

Formulada esa aclaración, cabe sí mencionar que los indicadores surgidos en la tarde y en la noche de ayer lunes arrojaban más de un 90 por ciento de la teleaudiencia prestándole ojos y oídos a las señales TN y A24, y en marcada menor medida a LN+ y Crónica TV.

En tanto, los entornos digitales y algorítmicos – en particular Facebook y Twitter – quedaron de forma preponderante en manos de la oposición, sobre todo de sus manifestaciones más virulentas.

El foco noticioso e informativo muy rápidamente apuntó a lo que se desarrollaba como un asonada de vecinos de Ramos Mejía en reclamo de justicia y contra la ola de inseguridad, fenómeno ese que – y no es un dato menor -, las encuestadoras ubican en la cima de las preocupaciones sociales, junto a la inflación, la carestía de la vida y la crisis surgida de los altos índices de desempleo formal y pobreza, en un marca promedio ésta última del 50 por ciento.

Entonces las elecciones

Como fácil resultará deducir, en un contexto electoral de muy difíciles y hasta dramáticos entramados para el gobierno, los hechos mismos y sus abordajes mediáticos de mayor penetración y hasta aquí sintetizados se convirtieron con rapidez y densidad de espiral en un elemento por demás negativos para las filas oficialistas, en forma especial si se tiene en cuenta que todo aconteció en el municipio de La Matanza, bastión peronista que incluso en las recientes PASO vio mermado su caudal de votos.

En ese sentido, una de las voces periodísticas mejor informadas de la derecha, Carlos Pagni, del grupo La Nación, deslizó en su programa de TV el lunes por la noche y sin evidencia alguno acerca de sus dichos, que siendo Ramos Mejía una suerte de espacio «amarillo» (de la oposición) en un territorio distrital de abrumadora mayoría oficialista pudo haberse tratado de un hecho delictivo favorecido por el descuido – utilizó la figura «zona liberada»- por parte de las políticas de seguridad de la Provincia y del propio Municipio.

Delitos, narraciones y poder

En la cotidianidad docente e investigativa sobre lecturas críticas de las narrativas mediáticas acerca de violencia y delitos hemos registrado en forma reiterada la existencia de ciertos patrones utilizados por los medios dominantes.

Sin extendernos en demasía se puede afirmar que los mismos apuntan a estampar a fuego en el proceso de conciencia colectiva la percepción de que nuestra sociedad vive sobre un territorio donde el crimen es el que manda; que ello es consecuencia del pensamiento y las prácticas democráticas y respetuosas de los Derechos Humanos en materia de seguridad y que la única solución posible es la vía de la denominada «mano dura» (pena de muerte, agravamiento de las sanciones penales, baja en la edad de imputabilidad de los menores, inobservancia de la normas procesales y del sistema de garantías, crecientes políticas de encierro y privación de libertad, y hasta apología de mecanismos de (in) justicia por mano propia).

Ese arco paradigmático se cierra sobre algunos puntos decisivos: el ocultamiento de las estadísticas reales sobre delitos varios; la conversión de la víctima o el victimario en héroe según los casos y las necesidades impuestas por la propia lógica de criminalización mediática, y la convalidación automática de todo discurso político autoritario, provenga éste de los ámbitos específicamente políticos o emanen desde el dolor de las víctimas, sus allegados y la comunidad.

Sin ir más lejos y sólo a título de ejemplo – pueden ser varios, por cierto –, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y figura de la derecha más explícita José Luis Espert dijo hace muy pocas horas: transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes. Apoyemos a la Policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco…Derechos humanos las pelotas, los derechos humanos para la gente de bien, de laburo. Para los delincuentes, cárcel o bala (…) Esto hay que darlo vuelta con la mano dura que corresponde. Para que los delincuentes empiecen a tener miedo tiene que haber algunos que terminen bien agujereados. Sino el mensaje no queda claro.

Nuestras responsabilidades

Una vez más, los hechos sobre los cuales venimos ensayando pusieron en evidencia la debilidad operativa y si se quiere argumental que tenemos desde el universo de «los justos», como prefiero significar al campo político, social y cultural democrático, progresista, de izquierda o nacional y popular, como prefieran. ¿Debilidad teórica? ¿Falta de arrojo editorial, que es político?

Es cierto, la desproporción de recursos comunicacionales entre la derecha y ese difuso «nosotros» es abismal. Sin embargo, no toda nuestra responsabilidad puede quedar excusada por la fortaleza del «otros».

En nuestros análisis de contenidos mediáticos hemos comprobado en numerosas oportunidades la pertinencia de un principio que dice: la capacidad de eficacia del aparato simbólico es inversamente proporcional a la capacidad de organización y movilización de los cuerpos sociales tangibles. Es decir y en última instancia: la polémica se dirimirá en el terreno de las prácticas políticas, del Estado y de los sujetos sociales, no en los medios.

Ahora sí llegó el momento de los dos interrogantes críticos: ¿adolecemos acaso de debilidad teóricas, de falta de arrojos editoriales, que son políticos?

A continuación y como cierre provisorio, porque se trata de un necesario debate que debe quedar abierto, es probable que la respuesta a ambas cuestiones deba ser afirmativa.

En términos teóricos deberíamos dejar constancia de que en nuestras reflexiones acerca de las relaciones entre delitos y violencias por un lado y medios por el otro, no deberíamos omitir que nos encontramos sobre un territorio minado por la pérdida, el desamparo, por el duelo; y que por lo tanto nuestro abordaje comunicacional debería incluir la posibilidad y la demanda de políticas por parte del campo «de los justos» que asuman como propias las necesidades de un de Derecho volcado a la total reparación de los dolientes y un sistema discursivo que se atreva a romper el cerco de cierto clasismo superficial, de las consideraciones macro que todo pretenden explicarlo.

Ante esas nuestras ausencias, doloroso es reconocerlo, las víctimas y con ellos todos, seguiremos atrapados por las telarañas manipuladoras de las derechas y sus aparatos mediáticos.

La posible respuesta al otro interrogante, acerca de sí seremos capaces de más coraje y arrojo político, queda atada o ligada a una suerte de dependencia dialéctica respecto a la capacidad de resolución que tengamos para la primera de las cuestiones: nuestras aquí reconocidas deudas teóricas.

De las capacidades con que contemos para recorrer senderos seguramente más escarpados que los del facilismo en el que tantas veces nos refugiamos, dependerá que pueda desarticularse o no la verdadera naturaleza del fenómeno criminal que lacera a nuestras sociedades: la trama de complicidades entre el delito, la política, los poderes y facultades del Estado – ejecutivos, legislativos, policiales, fiscales y judiciales –, y el conglomerado mediático dominante.

¿Por qué, qué esconde esa trama? La necesidad de contralor y de disciplinamiento social que requiere la perpetuación de un modelo de organización económica y política que ha convertido a nuestros cuerpos en meras mercancías.

Socompa