Barrioviejo

Por Luis Bruschtein

Con la llegada de Mike Pompeo a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y de Gina Haspel en la CIA, Washington quedó mayoritariamente en manos del complejo armamentístico. Como lo han hecho cada vez que debieron reactivar la economía, las medidas proteccionistas que viene tomando el presidente Donald Trump serán reforzadas con políticas guerreristas como factor de desarrollo interno. Las fábricas de armamento han sido siempre el factor que traccionó al resto de la economía norteamericana. No es casual que en ese contexto se produzca la denuncia de un supuesto bombardeo por fuerzas gubernamentales sirias con armas químicas en la ciudad de Duma. Hace recordar mucho a la excusa para empezar la guerra en Vietnam por el falso ataque al USS Maddox, en el golfo de Tonkin en 1964. Con la designación de Pompeo en reemplazo del petrolero Rex Tillerson, Trump frenó la ofensiva contra Corea del Norte, que lo llevaba a una confrontación con China y le puso la proa a Moscú. Primero fue la escalada de expulsiones de diplomáticos en Europa por el intento de asesinato de un ex espía ruso y ahora la dura denuncia contra el gobierno sirio dando a entender que las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzarán una represalia.

Seguramente habrá una acción militar en Siria donde los rusos tienen fuerzas desplegadas para combatir a ISIS y Al Qaeda. Lo real es que el planeta puede estar ante la inminente escalada de nuevos focos de guerra. Trump actualiza el viejo aforismo de que los nacionalismos en las economías centrales son imperialistas, mientras que los nacionalismos en los países periféricos son antiimperialistas. La inminencia de una decisión de ese tipo impidió la presencia anunciada esta semana de Donald Trump en Lima, Perú, en la VIII Cumbre de las Américas.

El tema central de la Cumbre es “La lucha contra la corrupción” y se celebra en un país donde el presidente que la organizó, Pedro Pablo Kuczynski, debió renunciar pocos días antes por haber recibido coimas de Odebrecht, de lo que está también acusado el jefe de los espías argentinos, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri. Kuczynski preparó la reunión y rechazó la presencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro por una exigencia de Trump. Pero Trump no fue, Maduro tampoco, Kuczynski renunció y la delegación oficial cubana se retiró tras denunciar que los representantes cubanos invitados por los organizadores al foro de la sociedad civil que acompaña a estas cumbres eran organizaciones y personajes relacionados con terroristas y agentes de la CIA como Luis Posada Carriles y Félix Rodríguez. El primero fue acusado por hacer explotar un avión con deportistas cubanos y el segundo fue el agente de la CIA que participó en la caída del Che en Bolivia.

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La reunión fue un desastre para el proceso de integración regional que habían profundizado los gobiernos populares de la década pasada. Lo único que quedó claro es la prioridad que le asigna Washington, incluso por encima de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, a lo que llama la “lucha contra la corrupción”. Fue la consigna que impuso como tema central de la reunión y que en realidad se convierte en el Lawfare o guerra jurídica, que reemplaza con la manipulación de la información, de jueces y amplios sectores del Poder Judicial, a los viejos golpes de Estado y la antipática doctrina de la seguridad nacional.

Un exponente de esa política es el juez Sergio Moro que, en el marco de esa estrategia internacional, ordenó encarcelar a Lula para evitar que ganara las próximas elecciones en Brasil. El currículo académico de Sergio Moro, divulgado en la plataforma Lattes, muestra un magistrado muy vinculado a la escuela estadounidense. En julio de 1998, participó en el Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. En 2007, participó del International Visitors Program, organizado por el Departamento de Estado Norteamericano, e hizo visitas a agencias e instituciones norteamericanas encargadas de la prevención y del combate al lavado de dinero.

En los últimos dos años, las visitas a América del Norte se volvieron más frecuentes. En julio de 2016, dio una conferencia en Washington sobre la importancia de los medios de comunicación en el apoyo a investigaciones criminales. En septiembre participó de un ciclo de conferencias en Pensilvania, donde fue presentado como “líder central en el fortalecimiento del Estado de Derecho” en Brasil.

Entre las coincidencias entre los dos procesos destituyentes (golpe parlamentario y lawfare) en Paraguay y Brasil, llama la atención el nombre de la diplomática estadounidense Liliana Ayalde. La mujer dejó la embajada de Estados Unidos en Paraguay meses antes del derrocamiento del entonces presidente Fernando Lugo, en 2012. En un informe de diciembre de 2009 filtrado por WikiLeaks, Ayalde llegó a afirmar que Estados Unidos debía expresar apoyo a las “instituciones democráticas de Paraguay”, pero no a Lugo personalmente. Con la consolidación del golpe en Paraguay, en menos de 48 horas, Liliana Ayalde asumió la embajada estadounidense en Brasil. Permaneció hasta el 11 de enero de 2017 y siguió muy de cerca el golpe contra Dilma Rousseff.

En los documentos de Wikileaks que detallan el derrotero de Ayalde, el nombre del juez Sergio Moro es citado como participante de una conferencia ofrecida en Rio de Janeiro por el programa Bridges Project (“Proyecto Puentes”), vinculado al Departamento de Estado Norteamericano, cuyo objetivo era “consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de la ley”.

Según aquel documento, los juristas brasileños que participaron en la conferencia, indicaron a las autoridades estadounidenses – como la Consejera Residente para Cuestiones Legales de la Embajada de los EUA – cierta “impotencia” en el uso del Código Penal. Sergio Moro, particularmente, fue llamado a presentar los obstáculos más frecuentes en los casos de lavado de dinero.

Entre las conclusiones filtradas por WikiLeaks, los responsables por el Proyecto Puentes destacaron la “necesidad continua de asegurar entrenamiento para jueces federales y estaduales en Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal”. Según ellos, la estrategia debería “ser de largo plazo y coincidir con la formación de fuerzas tarea de entrenamiento”.

En este contexto, donde Estados Unidos prioriza “la lucha contra la corrupción”, que en realidad es una guerra judicial para mantener su hegemonía regional, Trump nombró como nuevo embajador en Argentina al conservador ex juez de Texas, Edward Prado. Este ex juez del distrito Oeste de Texas y capitán de la reserva, fue muy claro sobre su misión en la Argentina: “estoy comprometido a fortalecer la capacidad de la policía y promover la seguridad de un aliado regional vital”, señaló en su presentación ante el Senado que debe confirmar su designación. Agregó que “el apoyo a las fuerzas armadas debe continuar” y blanqueó su deseo para trabajar con abogados y jueces para fortalecer la justicia. Inmediatamente se refirió al atentado a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman: “El gobierno del presidente Macri está avanzando con la investigación de ese terrible atentado y también de la muerte sospechosa y oscura de Alberto Nisman y espero poder ayudar en todo lo posible” dijo Prado.

La guerra judicial no es una conspiración secreta internacional, sino la estrategia de poder de la administración norteamericana y la derecha latinoamericana para los países de la región. Se aplica en cada uno, según los procesos políticos y las alianzas que puedan realizar. Pero resulta cada vez más evidente que habría que encuadrar las resoluciones judiciales en el marco que plantean estos antecedentes.

La intervención del Partido Justicialista por la jueza María Servini de Cubría es un buen ejemplo. Sería exagerado decir que fue ordenada por Washington. Pero es evidente que se da en un contexto donde las derechas regionales aliadas a Washington están utilizando la misma estrategia que pasa por la manipulación de la información y la cooptación de jueces y sectores del Poder Judicial como herramientas de la acción política.

Y sería ingenuo decir que la intervención del principal partido de oposición fue la decisión de una jueza. Servini de Cubría no habría avanzado sin tener respaldo de Macri. Y la decisión de Macri tiene varias implicancias. La principal es que ya está operando para repetir en 2019. Si Cristina Kirchner hubiera ganado las elecciones del año pasado, seguramente estaría corriendo la misma suerte que Lula. No fue así, pero la incipiente reunificación de la mayoría del peronismo constituye una amenaza para su reelección. Para neutralizarlo y dividir al peronismo estimuló la reunión en Entre Ríos. Pero no fue nadie de peso. Ni un solo gobernador. La intervención del PJ que llegó pocos días después, es una amenaza para la posible intervención en distritos que manejan los gobernadores.

Hay otras implicancias. Un gesto tan drástico presupone que el que lo decide siente una fuerte amenaza. Lo cual podría entenderse por la caída de la imagen de Macri, que estaría arrastrando también a María Eugenia Vidal, según las encuestas. No muestran a un Macri perdedor, pero sí con dificultades. Y en el caso de Vidal, lo importante es que se rompió su impunidad. Ultima conclusión: la reunión de Entre Ríos fue un fracaso. La designación de Barrionuevo, un viejo menemista aliado del Coti Nosiglia, en vez de asustar a los gobernadores, promovió una declaración de repudio por parte de la mayoría de ellos. Pero tampoco se puede ser tan inocente de pensar que la intervención se decidió de la noche a la mañana sin consultar con otros sectores del peronismo que por ahora se hacen los indiferentes.

14/04/18 P/12

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