Bien público

Esta emergencia prueba que el capital tiene razones que es hora de cuestionar

Por Graciana Peñafort

Empecé esta nota enojada y muy triste. Las pantallas de TV mostraban imágenes desoladoras de un montón de personas agolpándose en la puerta de los bancos. Muchas de esas personas tienen la edad de mis papas o de mis abuelas. Otros son discapacitados. Y había mujeres embarazadas. Los veía agolpándose en plena cuarentena. Un montón de personas que estaban donde no deberían haber estado, en condiciones en las que tampoco deberían haber estado.

Apenas 24 horas después las imágenes son bien distintas. Aún hay gente en los bancos para cobrar su jubilación, pero no están amontonados. Las pantallas los muestran tranquilos, muchos de ellos sentados en sillas dispuestas para esa espera. Y lo que ayer era un caos indignante hoy es un día inesperado de paz. Lo cual demuestra lo que siempre hemos sostenido los peronistas, aquello de que “la organización vence al tiempo” y —lo aprendimos durante estos días— que también vence al virus que circula entre nosotros.

Nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. Y a estas alturas solo me resta rezar para que no tenga las peores consecuencias, las que nos asustan a todos. Las que no me animo a pronunciar ni a escribir.

¿Qué cambió entre ayer y hoy? Muchas cosas. La primera: la comunicación oficial fue mucho mas clara y precisa. No solo en cuanto a quienes debían concurrir a cobrar, sino también puertas adentro del sistema de gobierno. Algunos funcionarios se enteraron de que hay un mundo real detrás de sus escritorios. Un mundo que requiere que lo conozcan y que tomen medidas adecuadas. Y esto se los dice alguien que hace derecho administrativo desde hace muchos, pero muchos años. Alguien a quien cualquiera de ustedes llamaría, con justo derecho, una gran burócrata.

Se equivocaron, compañeros. Y de la peor forma. No es que no entienda que están desbordados, porque todos lo estamos. No es que no sepa que no hay manual de instrucciones para una situación inédita como esta que atravesamos. Tampoco desconozco que a muchos de ustedes les toca lidiar y ejecutar decisiones con una estructura básicamente desguazada por el gobierno de Mauricio Macri. Una verdadera tierra arrasada, como dice mi amigo Tristán.

Los que me parece menos excusable son los bancos. Que le pagan a jubilados y planes sociales desde hace años. Y que conocían exactamente el alud de gente que una vez por mes se presenta a cobrar las jubilaciones. Y que, aun así, solo tenían habilitadas tres cajas cuando son bancos con 15 boxes de atención.

Se equivocó horrible uno de los mejores y más lúcidos dirigentes sindicales que tiene este país, el secretario general de la Bancaria. Que exigió que el personal bancario no hiciese atención al cliente durante los primeros días de la cuarentena.

También nos equivocamos todos cuando no nos percatamos de las dificultades que tienen las personas mayores con los medios electrónicos de cobro y pago. Que no supimos enseñarles a manejar las herramientas tecnológicas para que no necesiten ir al banco. Y que no entendimos que, para ellos, el hecho de ir al banco y sentirse autosuficientes es uno de los pocos espacios de autonomía de libertad que tienen quienes ya no van a trabajar.

A quienes no imputaría error es a los viejos. Porque todos vamos llegando a la edad donde nos cuesta entender las cosas nuevas o simplemente no nos gustan. Lo dice alguien a quien su sobrina de 4 años le enseñó a manejar un teléfono de pantalla táctil cuando ya bordeaba los 40.

Todo esto mostró con crudeza las cosas a las que nos hemos acostumbrado y que solo nos llaman la atención cuando se tuercen de modo inesperado.

Nos acostumbramos a esperar horas en los bancos. Que tienen 15 boxes y solo atienden en 3. Esperas eternas que toleramos porque de algún modo somos cautivos. Nos hemos acostumbrado a que en esos lugares tan hostiles donde hay atención al público, no haya un solo puto baño para el público. Quien escribe esta nota padece hace años de colon irritable por diversas intolerancias alimentarias y cada vez que me toca ir a un banco, créanme, la paso muy mal. He llegado a pedir el baño, pero siempre me explican que no haypara el publico y me mandan al de un bar. Ayer no había bares abiertos y por ende un montón de personas no tenían baño para afrontar una espera de horas.

También nos acostumbramos a ver viejos parados a la intemperie. Bajo temperaturas extremas de frio o de calor. Sin una silla, sin un té caliente en el frío, sin agua ni sombra en el calor. Sin protección ante la lluvia. Y me pregunto y les pregunto: ¿cómo fue que nos acostumbramos a ver eso sin indignarnos? ¿Cómo?

También nos acostumbramos a que los tramites bancarios además de lentos sean larguísimos. ¿Cuánto demoran en reponer un tarjeta de débito? Infinitamente más que una de crédito, por cierto. Pero además la tarjeta de crédito te la mandan a tu casa, de hecho, te la mandan con extensiones que nunca pediste. Porque la tarjeta de crédito es un negocio para el que sí existen recursos. No así la de débito, salvo que tengas la fortuna de pertenecer a grupo de clientes selectos. Pero, además, nadie te avisa cuando llegó la tarjeta de débito. Te dicen que en una o dos semanas, después vas a buscarla y no llegó, cosa que te enteras después de esperar como mínimo 40 minutos. O vas a los días y te enterás de que llegó, y como no fuiste cuando llegó –como si pudieras adivinar cuándo ocurrió eso— la destruyeron. Y todo el trámite, cargado de incertidumbres y plazos imprecisos, debe comenzar de nuevo.

¿Y la asignación caprichosa de la sucursal donde va a estar radicada tu cuenta? Que es donde al banco se le ocurre y que no tiene en cuenta tu domicilio. Así te pasan cosas como tener un banco a dos cuadras de tu casa y que te manden a la sucursal que está a 25 cuadras. En un banco público hice alguna vez el planteo de lo absurdo que era eso, y encaré el trámite de cambio de domicilio de la cuenta. El resultado fue horrible. Tengo la cuenta sueldo y una de las tarjetas con sucursal en Microcentro y las otras dos tarjetas en una sucursal de Plaza Italia. Me cansé de pelear y dejé de usar esas tarjetas. Pero claro, yo tenía la opción de dejar de usar esas tarjetas porque tenía otras. ¿Y los que no tienen esa opción?

Además yo voy y vengo todo el día, pero quienes son viejos o discapacitados… ¿qué hacen? O mejor dicho, ¿cómo hacen? ¿Cómo los vas a mandar a cobrar a José C. Paz si viven en Del Viso? Absurdo al que nos acostumbramos también, casi sin protestar. Tan mansamente.

Y en parte, señores, eso es culpa de la ley. Hoy a las entidades financieras, esto es los bancos comerciales, las regula una ley que heredamos de la última dictadura militar, la Ley 21526 que se publicó el 21 de febrero de 1977.

Mas neoliberal no se podía y pese a los múltiples proyectos presentados a lo largo de la democracia, en lo que aquí importa ni siquiera han conseguido volver a declarar los servicios financieros como de interés público. Algo que si hacían las legislaciones anteriores (Decreto-Ley 13.527/57 y Ley 18.061), que así los consideraban.

Hace varios años Heller presentó un proyecto declarándolos servicios públicos. Recuerdo haberle dicho a Carlos que lo aprobara y que yo me comprometía a defendérselo luego ante el Poder Judicial. Pero no prosperó. Porque el capital tiene razones que todos entendemos.

¿Qué significa que una actividad sea de interés público? Refiere a determinadas actividades [1] que no han recibido una publificación expresa, pero que son objeto de una intensa regulación interventora de la Administración Pública correspondiente, en cuanto existe en ellas un interés público que se considera debe ser tutelado, pues aunque son «servicios privados», están dotados de una relevancia que trasciende los términos estrictos del interés particular donde solo se encuentran en juego derechos subjetivos privados, y por ello se justifica su dimensión pública. Se trata de actividades claramente servidas por particulares que, al mismo tiempo, son fuertemente intervenidas en razón del hecho que las cuestiones a que se refieren las mismas y que se traducen en un bien o en un servicio, no tienen un interés meramente particular, sino que se excede dicho ámbito, encontrándose comprometido con ello un interés general o colectivo –público finalmente–, con lo que realizan.

Pero ni siquiera eso hemos podido conseguir respecto a los bancos de nuestro país.

Menos aún conseguir que los servicios bancarios sean declarados como servicios públicos. Aun cuando, si así fuese, se solucionarían muchos de los problemas que conté en esta nota. Y tal vez tampoco hubiese sucedido lo que pasó ayer.

Enseña Agustín Gordillo que “la noción de servicio público floreció en Francia, caracterizada como actividad de determinado tipo realizada por la administración, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. La relación con el servicio público era lo que justificaba la competencia contencioso-administrativa, la naturaleza de contrato administrativo que asumían ciertos convenios con la administración, el régimen jurídico del dominio público, etc… Posteriormente la noción fue perdiendo importancia, y hoy en día se supone que sirve para fundamentar un régimen jurídico especial para regir la actividad que se resuelva denominar como tal”.

Pero en los tiempos que corren, ya no todos los servicios públicos son brindados por la administración pública. Así sucede con las telefónicas, por ejemplo. Herencia esta vez de los furiosos ’90, el consenso de Washington, la mucha cocaína, la música electrónica y otras plagas de esos años. Estos servicios públicos en manos privadas son los que se llaman servicios públicos impropios, y se caracterizan entre otras muchas cosas por cumplir una actividad de interés publico esencial y por tener un régimen regulatorio llamado por la doctrina “exorbitante” (definitivamente quien nomina domina, tiene razón aun hoy Ursula K. Le Guin), que refiere a las condiciones que el propio Estado pone a los particulares concesionarios de dichas actividades para que brinden el servicio. Lo vemos todos los días cuando se quejan las empresas porque no pueden aumentar la tarifa de los servicios que brindan.

Los servicios públicos tienen además características distintivas: la Continuidad (por ninguna causa debe ser interrumpida la prestación del servicio), la Regularidad (deben ser prestados conforme las reglas), la Uniformidad o Igualdad (todos tienen derecho a exigir y recibir los servicios en igualdad de condiciones), la Generalidad (todos deben acceder) y la Obligatoriedad (es decir que su prestación es, valga la redundancia, obligatoria).

Claro que estas categorías no son absolutas y están llenas de excepciones, pero delimitan bastante bien que es un servicio público. Aun en estas épocas de servicios públicos impropios.

¿Cómo se transforma una actividad en servicio publico o en actividad de interés público? En la Argentina se sigue un criterio nominalista, esto es que un servicio público o una actividad de interés publico lo es porque una ley así lo declara. Siempre que haya un interés publico comprometido en dicha actividad y que la ley sea razonable. Por ejemplo Cafiero junior, según mis amigas, involucra un verdadero interés público en sí mismo, pero no podría declarárselo así porque no sería razonable.

¿Estoy pidiendo que declaren los bancos como servicios públicos? La respuesta es NO. Solo estoy recordándole a todos que el Estado cuenta con las herramientas y facultades para exigir que las actividades que hoy son manejadas por manos privadas se cumplan adecuadamente y atendiendo siempre a interés colectivo que le gana por goleada al interés individual. Promoción aplicable entre otras cosas a los servicios de salud de las prepagas, si llegara el caso.

Cuando pase esta emergencia podríamos analizar si el sector bancario no puede ser declarado como una actividad de interés público. Para que ajusten su pauta de actuación a criterios más racionales. Y para que el Estado pueda regularlos con mayor eficiencia.

Y para que nunca más nos acostumbremos, tan mansamente y tan rehenes, a que nos maltraten. Digo esto sabiendo que mi pena y mi enojo no van a curar a nadie ni van a impedir que nadie se enferme. Digo esto sabiendo que el Estado sí puede curar y sí puede impedir que las personas nos enfermemos. Digo esto convencida de que esta emergencia nos demuestra, por si faltaba más evidencia, que el capital tiene razones que la razón sí entiende. Y que tal vez sea tiempo de cuestionarlas.

[1] Christian Rojas Calderón “LA CATEGORÍA JURÍDICA DE LOS » SERVICIOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO». EL CASO DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA DE RÍOS en Rev. chil. derecho vol.41 no.1 Santiago abr. 2014

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