Bolivia: el terrorismo acusa de terrorismo

Por E. Raúl Zaffaroni*

No sorprende que un régimen de «no derecho» mienta, pues todos los que ejercen poder sin derecho lo hacen, siguiendo las enseñanzas del maestro Göbbels, que fue un buen sistematizador, pero tampoco el inventor de la mentira ni mucho menos. No obstante saber esto por viejísima experiencia histórica, por suerte seguimos siendo jóvenes en el sentido de no perder nuestra capacidad de asombro, elemento indispensable para filosofar y pensar, como decían los antiguos.

En este caso, se trata nada menos de que el régimen de «no derecho» boliviano pretende procesar a Evo Morales como «terrorista». Y todo el edificio de ese disparate estaría apoyado en una supuesta grabación de conversación telefónica que no fue ordenada por ningún juez. Desde el comienzo de la patraña se olvidaron de la teoría del fruto del árbol envenenado, o sea, el principio elemental conforme al cual, cuando un proceso se basa en una prueba ilegal, todas las demás se caen.

Pero los diarios dominantes informan que se sigue adelante porque la veracidad de la llamada ilegalmente grabada se confirma con un «peritaje» colombiano que, obviamente, nadie controló, salvo ellos y algún sabio colombiano de incuestionable saber. Hasta donde sabemos, los peritajes se controlan por las defensas, que nombran peritos de parte, pero en este caso el régimen decidió que todo eso no es necesario.

También pretenden ignorar datos del dominio público, porque dicen no saber dónde vive Evo Morales y lo citan por edictos. Es obvio que esto responde a la intención de declararlo rebelde y seguir adelante con este insólito exabrupto, nombrándole algún defensor de oficio prevaricador que con seguridad lo dará por «confeso», como ya lo están mintiendo los diarios bolivianos, inventando inexistentes declaraciones de Evo con la mayor desfachatez.

Sobre esa endeble base fuertemente mediática, los improvisados émulos de Vichinski del régimen boliviano solicitan la detención del ex-presidente en el penal de San Pedro, que es la cárcel de La Paz donde ya murieron 34 presos por el COVID.

En esa misma cárcel mantuvieron preso en condiciones humillantes al ex–ministro del interior, Dr. Carlos Romero, contagiándolo de COVID. Después de engorrosos trámites y una fianza insólita de 50.000 dólares, lo dejaron en arresto domiciliario e infectado, siendo una persona que padece hipertensión, obesidad, problemas coronarios y renales. Al parecer, mientras estaba en el penal, el superministro del régimen instruyó que no se le preste ayuda ni asistencia médica.

En tren de atrocidades, cabe mencionar que Patricia Hermosa, ex-Jefa de Gabinete está detenida y procesada por haber recibido llamadas de Evo Morales, detención en que la hicieron perder un embarazo y trataron de infectarla de COVID, puesto que con certificación médica se verifica que la mantuvieron durante horas con una paciente positiva.

Pero volviendo al caso del disparate con nombre de proceso contra Evo Morales, es obvio que se pretende detener a todos los que hayan recibido llamadas del ex-presidente para que el MAS se quede sin candidatos y, de este modo, proscribir al partido mayoritario.

Si alguien cree que esto pasa en Bolivia, pero no puede pasar entre nosotros, es bueno recordar que los argentinos no tenemos nada de que asombrarnos, pues lo mismo les pasó a los radicales yrigoyenistas en 1930 y a los peronistas en 1955 y, para mentiras, basta con leer los diarios hegemónicos de estos días y verificar los desmanes de los «anticuarentena».

De paso es bueno tener presente que, aun cuando el «fruto del árbol envenenado» fuese verdad, eso no tiene nada de terrorismo, pues como máximo hubiese sido una «tentativa de rebelión» que, como cualquiera sabe, es un delito objetivamente político, que no puede dar lugar a extradición. Pero tampoco podría serlo, porque se olvidaron que a la fecha en que le imputan esa llamada, Evo Morales era el Presidente Constitucional y ellos los golpistas, o sea, los sujetos activos de la rebelión. ¿Quién era quién en esos días?

Leyendo el tipo del código penal que eligieron para armar este dislate, creemos que deberán extremar mucho la imaginación los armadores del magno embuste para explicar que Evo, habiendo salido en un avión militar mexicano para que no lo maten, formaba parte de una «organización armada» y que pretendía «subvertir el orden constitucional» (subvertido por un golpe de Estado) y «deponer al gobierno elegido constitucionalmente» (cuando él era el presidente constitucional).

El contexto en que se extrema el caradurismo hasta el punto de imputar por terrorismo a Evo Morales en ese mamarracho con forma de proceso, es harto complicado, puesto que el régimen de «no derecho» cambió trece ministros en seis meses y no parece muy segura la posición de la autoproclamada presidenta, al punto que los militares decidieron ascenderse por sí mismos, sin requerir el acuerdo del senado.

Las internas parecen ser demasiado fuertes y ha circulado la versión de que el anuncio de que la mandante padece el COVID, en definitiva, sería una maniobra para generar simpatía y mostrarse sufriendo al lado de la población en procura de solidaridad. Si bien esta versión puede no ser verdad, lo cierto es que al mentiroso se termina por no creerle nada.

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La conflictividad social también es parte del contexto de la invención del terrorismo de Evo. Pese a la cuarentena, se vienen registrando protestas contra el gobierno y hace unos días, en la zona sur de Cochabamba, estalló un serio problema con la población, que reclama acceso a alimentación y alivio impositivo, a lo que hasta ahora se está respondiendo con amenazas de persecución por parte de grupos vandálicos afines al régimen y corte del suministro de agua.

En este marco conflictivo, el régimen está aprovechando el COVID para tratar de controlar las protestas. En abril y mayo, se promulgaron dos decretos estableciendo que las personas que «desinformen o generasen incertidumbre a la población» en cuanto al COVID, serían penadas con hasta diez años de prisión, al tiempo que el ministro de Gobierno anunció un «ciberpatrullaje» a cargo de las fuerzas armadas y la policía para identificar y enjuiciar a los responsables.

De paso, bueno es recordar que el régimen de «no derecho» boliviano, desde el comienzo, se ha dado el lujo de ignorar las más elementales reglas del derecho internacional consuetudinario y convencional, y ahora lleva casi ocho meses negando el salvoconducto de salida a siete funcionarios del gobierno constitucional asilados en la embajada de México en La Paz, amenazando incluso con que sus bandas armadas violen la inmunidad de la sede diplomática ante la indiferencia policial. Entre los asilados hay una mujer y uno de ellos tiene una niña de corta edad con problemas neurológicos, pero ni la dignidad de la mujer ni razones humanitarias conmueven a los detentadores del poder sin derecho.

Es posible que alguien piense que esta y otras llamadas de atención sobre el régimen de «no derecho» sean producto de simpatías «populistas», pasando por alto que en nuestros países tenemos que agradecerle a los populismos la ampliación de la base de ciudadanía real.

Pero, salvo que se sostenga que el partido demócrata norteamericano también merezca ese calificativo por parte de quienes le asignan un sentido peyorativo, lo cierto es que siete senadores estadounidenses encabezados por Sanders dirigieron una carta al Secretario de Estado Pompeo, impetrando su apoyo para que se garanticen las elecciones libres en Bolivia y denunciando la crisis.

Desde el primer párrafo, la carta de los senadores demócratas es terminante: «Estamos cada vez más alarmados por el creciente número de violaciones de los derechos humanos y la restricción de los derechos civiles realizados por el gobierno interino de Bolivia. Estos comenzaron poco después de que el gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez llegara al poder en noviembre pasado cuando Evo Morales renunció, en medio de protestas generalizadas y la presión de las fuerzas armadas. Los informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones -enmarcadas como respuestas a la pandemia del COVID-19- que se usan para intimidar y socavar a los adversarios políticos del gobierno interino antes de las elecciones presidenciales y legislativas que actualmente se esperan llevar a cabo el 6 de septiembre». Como puede verse, no se andan con medias palabras y, en ese mismo tono, sigue el resto del texto.

Esta carta encolerizó al embajador del régimen boliviano ante el gobierno norteamericano, que se permitió el lujo de imputar a los senadores valerse de Bolivia para hacer campaña electoral contra el presidente Trump. Es posible que el embajador sea un brillante diplomático, pero como polemista es muy pobre –aunque ni el mejor dispondría de argumentos serios-, porque su imputación indicaría que cree que, para decidir su voto, el electorado de Estados Unidos está pendiente de lo que sucede en Bolivia. Todo comentario sale sobrando.

Buenos Aires, 11 de julio de 2020

* Profesor Emérito de la UBA

La Tecl@ Eñe Revista Digital de Cultura y Política

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