Bolivia: ni Pinochet

Por Pedro Miguel

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, rostro supuestamente «presentable» de los golpistas que se encaramaron al poder en ese país, anunció ayer que presentará un reclamo a México para que le exija a Evo Morales «que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está; eso es verdaderamente vergonzoso».

Horas antes, el ex presidente y ex candidato presidencial Carlos de Mesa, uno de los dos cabecillas civiles de la asonada, expresó en rueda de prensa algo parecido y «denunció ante el mundo» que México «le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana». Y fue más allá: «Es una vergüenza que el gobierno de México permita que el señor Morales se mueva como si no hubiera pasado nada; el Presidente de México tiene que entender que la institución del asilo político tiene unas características; un asilado político no puede hacer declaraciones políticas».

A lo que puede entenderse, los que de facto controlan Bolivia en estas horas no tienen idea de la existencia de la Convención sobre Asilo Territorial, adoptada en Caracas en la décima Conferencia Interamericana (1954), y que establece el derecho de todo Estado «a admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente» «sin que ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno» y «el respeto que según el derecho internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los asilados en su territorio». El instrumento asienta también que «ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos», por lo que los exiliados en México gozan de los derechos (salvo los derechos políticos reservados a ciudadanos mexicanos) consagrados en la Constitución. La Convención reconoce explícitamente, además, que «la libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo que constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante» (https://is.gd/mdV3T2).

Aunque los reclamos de los golpistas bolivianos fueron fácilmente desbaratados en lo jurídico y en lo diplomático en una nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://is.gd/vQPEA0), previsiblemente darán combustible a la gritería de las derechas locales que ante la llegada de Evo Morales al país han expuesto sus facetas descarnadamente racistas, cuartelarias y mezquinas. Pero el derrocado mandatario sudamericano es una figura muy querida por el pueblo y gobierno mexicanos, tiene un alto valor simbólico para diversos movimientos sociales nacionales y la reacción no va a alterar eso por más que propaguen fake news, como la imaginaria «resurrección» del Estado Mayor Presidencial para cuidar a Evo, o ladre por el costo del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana dispuesto para rescatarlo.

Lo más preocupante es que las protestas referidas son uno más de los signos de que en Bolivia hoy se conforma una dictadura: las fuerzas policiales propinan palizas, encarcelan y hieren a manifestantes que exigen el retorno de Evo, disparan contra opositores y anuncian –por boca de Arturo Murillo, que encabeza el Ministerio de Gobierno del régimen de facto– una «cacería» contra los «animales» que se atreven a disentir de los golpistas. En conferencia de prensa De Mesa ya juzgó y declaró culpables a diversos funcionarios del gobierno depuesto por un fraude electoral que ni siquiera ha sido demostrado (el informe de la OEA es un manojo de afirmaciones sin pruebas) y exigió (o más bien anunció) la pronta realización de elecciones con un Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Evo) cuidadosamente diezmado y depurado a gusto de los golpistas para asegurarse un triunfo holgado. Y, a semejanza de los regímenes militares de décadas pasadas, el actual de Bolivia ha lanzado una campaña propagandística para intentar convencer a la opinión pública internacional de que el golpe de Estado no fue tal, sino una suerte de «democratización».

En cuanto a los absurdos reclamos a México, hay que recordar que ni Pinochet ni Videla ni García Meza –el sanguinario narcogorila boliviano– se atrevieron en su momento a un gesto tan desmesurado e impresentable como exigir a nuestro país que suprimiera los derechos políticos de los chilenos, argentinos y bolivianos que buscaron refugio en México.

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La Jornada, México

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