Cabezas llenas de plumas

Hay rincones de Comodoro Py donde parecen no percibir que los días del lawfare se están terminando

Por Graciana Peñafort

El 18 de julio de 2009 a las 15:06 el diario La Nación publicó una nota en la que informaba que «Claudio Lifschitz, uno de los principales testigos de esa causa, denunció que a las 2.40, en Merlo, un auto salió al cruce del que él conducía y, según relató a lanacion.com, un hombre bajó y le efectuó tres disparos».

«Mi custodio de la Policía Federal, que iba a mi lado, me agarró del cuello, me tiró hacia abajo y me salvó la vida mientras repelía el ataque con su pistola», explicó.

Los tres disparos atravesaron el parabrisas, agregó Lifschitz, y uno dejó un orificio en el cabezal de su asiento y otro en el respaldo del mismo. «Fueron dos disparos al pecho y uno a la cabeza».

La denuncia la radicó en la Comisaría 1ª de Merlo e interviene la Unidad Fiscal 3 de Morón. Tanto Lifschitz como su custodio ya prestaron declaración y el sumario se caratuló como «tentativa de homicidio».

18 de julio. Un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

En aquellos días yo estaba bastante lejos del Fuero Penal Federal. Hacía Derecho Administrativo, estaba trabajando en la nueva Ley de Servicios de Comunicación audiovisual y mi memoria, que suele archivar datos que no resultan de utilidad, archivó el recuerdo de la nota. Tal vez porque todo lo que refiere a la causa AMIA me hacía acordar a mi entonces amigo Alejandro Rúa.

Debe hacer sido Alejandro quien me explico qué era “una pluma” en materia de servicios de inteligencia. Básicamente, un policía federal que hace tareas de inteligencia. Eso parece haber sido Lifschitz, como contó Raul Kollmann: “Lifschitz revistaba en Inteligencia de la Federal y fue abogado de esa fuerza. De allí fue llevado por Palacios a la causa AMIA. El ex secretario prestó un testimonio clave para desnudar todas las maniobras del expediente, entre ellas el pago de 400.000 dólares al entonces imputado Carlos Telleldín, pero luego hubo una arrasadora suma de testimonios que demostraron que todo lo denunciado por Lifschitz era cierto. Más allá de ese hecho puntual, Lifschitz siempre fue un personaje oscuro, que terminó trabajando en los prostíbulos de Raúl Martins, un ex agente de la SIDE que manejó enormes cabarets tanto en Buenos Aires como en Cancún, México, donde provocó un escándalo de proporciones. La aparición de Lifschitz de la mano de Palacios hizo pensar al principio en una guerra de la Federal contra la SIDE”. Mas adelante, el periodista agrega en la misma nota: “Sin embargo, de entrada, nomás, no quedó claro si Lifschitz era un hombre de la Federal dispuesto a dinamitar a la SIDE dentro de la causa AMIA o si jugaba con un sector de la SIDE contra otro sector de la SIDE”.

Como sea, la información que reveló Lifschitz selló la suerte del juez que encubrió al atentado a la AMIA e intento desviar a investigación: Juan José Galeano, hoy condenado en primera instancia por dicho encubrimiento.

Unos meses después de la nota en La Nación, esa entidad tan lejana y oscura llamada servicios de inteligencia se volvería una realidad concreta. Fue un domingo de octubre, cuando leí en el diario Miradas al Sur, una nota que decía: “Durante el mediodía del viernes 25 de septiembre, mientras en el Parlamento se debatía la Ley de Servicios Audiovisuales, el senador de la UCR por Mendoza, Ernesto Sanz, permanecía reunido con algunos colaboradores y un empresario de medios en el lobby bar del Hotel Savoy, situado en la avenida Callao 181. Tal vez el legislador no imaginara que sus dichos eran prolijamente grabados. En ese mismo instante, un equipo de espías instalado en el cuarto piso de ese establecimiento se dedicaba a ello, además de monitorear las comunicaciones telefónicas de otros políticos oficialistas y opositores, funcionarios del Poder Ejecutivo y periodistas. Es que allí funciona una unidad de Inteligencia dirigida por el ex jefe de la Side duhaldista, Miguel Ángel Toma, que ahora trabaja alternativamente por cuenta y orden del Ministerio de Seguridad porteño, para el peronismo disidente y a la vez para el Grupo Clarín”.

Y así descubrí que, sin saberlo, los servicios de inteligencia habían entrado en mi vida. Y como cuando se salta el punto de un tejido, y empieza a destejerse y el agujero es cada vez mas grande, así fue con los servicios de inteligencia. Los que saben de esos temas señalan que partir de 2009 los servicios dejaron de obedecer y se dedicaron a todo tipo de cosas menos cuidar la seguridad de los argentinos. La eclosión final de ese sistema fue sin duda la suscripción del Memorándum de Entendimiento con Irán. Pero mientras tanto había jueces con padrinos dentro de los servicios de inteligencia y hasta un fuero que parecía inventariado a nombre de la SIDE. Y entonces se hacía cada vez más difícil encontrar Justicia en el Poder Judicial argentino

Porque como ya había pasado en la investigación de La Tablada, en la causa AMIA y en la causa por el encubrimiento del Atentado, cada vez que alguien de la SIDE aparecía por tribunales, por la otra puerta salía vejada la Justicia.

A finales del 2014, Cristina Fernández de Kirchner removió a la cúpula de la SIDE y despidió a su hombre fuerte, el mismísimo Jaime Stiuso. La respuesta fue terrible. Alberto Nisman en plena feria presentó una denuncia por encubrimiento contra la ex Presidenta, su canciller Héctor Timerman y varias personas más. Los acusaba de haber intentado encubrir a los iraníes acusados de realizar el Atentado a la AMIA mediante la suscripción del Memorándum de Entendimiento. A los pocos días Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento. Hace más de cinco años que el Poder Judicial argentino no logra dilucidar cómo murió, salvo por la predicción que supo publicar el diario Clarín cuando anuncio que el resultado de los peritajes ordenados en la causa sobre la muerte de Nisman, seria que Nisman había sido asesinado. Un verdadero pálpito periodístico publicado meses antes de que las tareas siquiera comenzaran,

Cristina Fernández de Kirchner reformó la Ley de Inteligencia, pero eso fue inútil para detener el horror que se había ya desatado. Los servicios de inteligencia también y los tribunales argentinos permeados por la relación promiscua con esos servicios le prendieron fuego a la Constitución y se olvidaron de ella durante cuatro años.

Respecto a AMIA, apenas un día después de asumir, en diciembre de 2015, el Ministro de Justicia, German Garavano ordenó a los representantes del Estado desistir del recurso para sostener la Constitucionalidad del Memorándum. Y la causa por el presunto encubrimiento denunciado por Nisman terminó, previa maniobra de forum shopping, en manos de un juez que se volvería emblema del lawfare: Claudio Bonadio. Lo paradójico –o no— es que Bonadio ya había tenido a su cargo la investigación del encubrimiento de AMIA llevado adelante por Galeano. Fue apartado en durísimos términos por la Sala I de laCámara de Apelaciones en noviembre de 2005, por tener la causa paralizada casi cinco años. En 2004, Alejandro Rúa y el hoy ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti habían denunciado a Claudio Bonadio por encubridor del encubrimiento.

Todo se volvió escandaloso durante los cuatro años de gobierno de Macri. Las escuchas que ordenaba el Poder Judicial se mostraban en TV. Estaban los espías y los aspirantes a serlo. Los espías eran ahora testigos y las pruebas que aportaban los espías estaban fabricadas a la medida en los organismos de inteligencia. A las personas las detenían con doctrinas con nombre y apellido. Nunca faltaba la foto de las detenciones. Aparecieron operadores judiciales de lo más variopintos, siempre con terminales en los servicios de inteligencia. A algunos jueces los perseguían al punto de obligarlos a renunciar. A otros los destituían con causas fantasmagóricas que luego se cayeron. Pero mientras tanto, el Poder Ejecutivo junto con el Consejo de la Magistratura trasladaban jueces a dedo. El gobierno de Macri tenía una “mesa judicial” que decidía el destino de las causas. Los diarios contaban su existencia sin inmutarse. Apretaban personas para que declararan como arrepentidas, les pagaban para que se arrepintieran. Era tal el exceso, que el sistema no pudo sostenerse.

En febrero de 2019, un juez de Dolores llamado Alejo Ramos Padilla detuvo a un falso abogado vinculado a los servicios de inteligencia: Marcelo D’Alessio. La investigación de los hechos de D’Alessio desnudó no solo el nivel de promiscuidad de la relación de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial, sino también con los periodistas. Porque sin periodismo que se pliegue a las estrategias de persecución, no hay lawfare. Sectores de la política, del Poder Judicial y del periodismo constituyeron una macabra familia de relaciones vergonzantes que, para esos días, ya se había cobrado una víctima: Héctor Timerman, que en diciembre de 2018 murió sin poder ver su nombre reivindicado.

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández durante 2019 reunieron al peronismo en una única fuerza y ganaron las elecciones. Y las cosas comenzaron a cambiar. El Presidente Alberto Fernández intervino la agencia de inteligencia y en esos oscuros archivos del horror empezó a surgir la prueba de lo que habían sido los cuatro años de gobierno macrista.

Mas de 500 periodistas espiados, fondos reservados usados para nadie sabe qué cosa. Un sistema de espionaje ilegal, armado de causas y de pruebas que funcionaba en la ex SIDE. Y otra vez las «plumas», policías haciendo inteligencia. En una investigación que se lleva adelante en Lomas de Zamora se acreditó que por instrucción de Bonadio, algunos miembros de la Policía Metropolitana que luego se convertirían en agentes de la AFI macrista fueron designados para los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz. Luego aparecerían realizando inteligencia ilegal durante 2018. Cuando fueron descubiertos, porque cargaban más chapa que seso, una “ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que trabajaba en Asuntos Jurídicos contó con lujo de detalles ante la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades del organismo cómo se armaron informes truchos para dar aspecto de legalidad al espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria. Uno de los datos que más sorprendió a diputados y senadores fue que contó que ella misma tuvo que confeccionar esa documentación falsa con el contenido que le indicaba un ex secretario del fallecido Bonadio, a quien el juez federal habría mandado a trabajar a la central de espías en 2016″, relató hace pocos días Irina Hauser.

Los servicios de inteligencia conducidos por Macri espiaban no sólo a quienes perseguían judicialmente, incluso cuando estaban detenidos con arbitrariedad, sino además a sus abogados. Ya en 2019 habían sido puestas al aire escuchas de detenidos conversando por teléfono con sus defensores, algo prohibido por la ley. Además se investiga una formidable red de espionaje con cámaras y micrófonos en los establecimientos penitenciarios.

Alberto Fernández, con una indudable vocación democrática y de respeto por el Estado de Derecho se comprometió a reformar el sistema judicial argentino para que este espanto que apenas estoy delineado no vuelva a suceder. Mientras el proyecto de Reforma Judicial será enviado en breve al Congreso argentino, la intervención de la AFI trabaja en poner transparencia a ese lugar oscuro y en denunciar todas y cada una de las maniobras ilegales que surgen de sus archivos. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla continúa investigando los hechos de D’Alessio. Por primera vez en años, el Congreso también colabora a través de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Y el Consejo de la Magistratura comenzó el proceso de revisar los traslados de los jueces. No solamente de los jueces trasladados durante el macrismo, sino de todos los traslados ocurridos

Hay rincones de Comodoro Py donde parecen no percibir que los días del lawfare se están terminando. Aun cuando Stornelli, el amigo de D’Alessio, siga siendo fiscal. Aún cuando el Procurador sea interino, designado luego de que el macrismo obligara a renunciar a Alejandra Gils Carbó. Aún cuando la oposición se niegue a tratar la designación de un nuevo procurador. Aun cuando algunos periodistas sigan actuando como patrulla perdida que no comprende que los tiempos cambiaron. Y aun cuando la Corte Suprema siga como estatua de sal sin decir nada acerca de lo que paso ante sus ojos y de lo que por omisión –en el mejor de los casos— fueron parte.

La causa por el atentado de la AMIA sigue ahí inmóvil, como hace 26 años. Sin justicia para nadie. Supimos hace poco el modo en que la Vicepresidenta de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, presionaba al encargado de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, para que protegiese a uno de los fiscales acusado junto a Galeano de encubrimiento de AMIA. Los familiares de las víctimas del atentado están pidiendo la revisión de la condena ínfima que se le aplico a los fiscales, luego de que el Ministerio de Justicia y las entidades comunitarias pidieran su absolución.

Y este domingo, muchos de nosotros, abogados, vamos a recordar a un hombre extraordinario. Abogado, juez, docente, hace unos días murió Julio Maier, el maestro de todos nosotros. Inmenso, generoso, humano, fueron su sabiduría, sus textos y su lealtad inamovible al Derecho el sitio donde muchos encontramos refugio para resistir el espanto. Te vamos a extrañar, profesor Maier. Siempre tan presente. Siempre tan sabio, tan generoso, tan justo. Siempre tan necesario.

El Cohete a la Luna

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