Circo, odio y fantasía

Por Julio Maier

Ilustración: James Ensor

La administración de justicia penal, al menos la federal, se halla en estado terminal, sufre de enfermedades insuperables que, de alguna manera, sólo son corregibles con la desaparición de los órganos mediante los cuales se expide o decide. Creo que los sustantivos del título pintan de cuerpo entero a esa organización y sus procedimientos, a la manera de atributos expresados por adjetivos que, en este caso, son reemplazados por sustantivos. Veamos:

1. Circo. De aquello que puede conocerse, el proceso penal de “los cuadernos” se asemeja más a pantomimas de payasos que a un procedimiento judicial. Fotocopia de una especie de diario laboral manuscrito de un chofer de ministerio —¿o de misterio?—, cuyo original no fue secuestrado y se predica hoy como inexistente, detención inicial de personas mencionadas en él —en prisiones aparentemente indignas—, al parecer sin imputación concreta alguna por parte de los órganos de persecución penal —mucho menos explicada y fundada—, sólo bajo la sospecha genérica de haber entregado dinero a funcionarios del gobierno nacional anterior, sin especificar la finalidad de la entrega, invitación a que los detenidos expongan el significado de su inclusión en el diario bajo la grave sospecha de que si no lo hacen de determinada manera, quedarán privados de libertad, a la manera de la más rancia Inquisición (ver Lope de Vega, Fuenteovejuna), prisión para unos y simple concurrencia voluntaria para otros, “confesiones” inverosímiles de entregas de dinero no acordes con las citas del diario y con fines poco menos que democráticos —auxilio a partidos políticos, incluso contrarios a sus ideas reveladas, para acceder a la necesaria propaganda precomicial—, casi diría con una finalidad quizás prohibida, pero generosa o filantrópica. Detrás de todo ello la verificación de un procedimiento judicial (¿?) cuyo recorrido comienza con la prisión, sigue con el arrepentimiento de los presos, su “confesión”, y aspira como fin, según creemos, a corroborar la verosimilitud de la llamada confesión, justo al revés del itinerario de un procedimiento judicial normal. Detrás de él la sospecha de una “operación política” —judicial sólo en parte— para perseguir penalmente a la ex Presidente de la Nación, quizás también a otros funcionarios públicos de su gobierno, y privar a todos ellos de libertad para impedirles toda posibilidad en los comicios futuros, por una parte, y ocultar los hechos de corrupción política y económica del partido gobernante —aportes escondidos tras “no aportantes”, “exportación” de divisas y elusión de impuestos y contribuciones al bienestar común—, expuestas ya por el patrimonio revelado de funcionarios y familiares, que nadie ha aclarado ni explicado, por la otra. El protagonista judicial principal, payaso jefe, elegido por la prensa, con desconocimiento y tergiversación de las reglas de adjudicación de casos que aspiran a la vez a la imparcialidad y al reparto igualitario del trabajo judicial. Hoy se agrega, según escucho en este momento, conforme a la multitud de “arrepentidos”, emergentes de la titularidad de empresas, que han aparecido como de la nada y amenaza con superar los dos dígitos, empresarios con poder económico-social de primer orden en nuestro país, difíciles de “apretar” como ellos confiesan sin conocerse en qué consiste la acción de “apriete”, que la sospecha abarca a la necesidad o el deseo transnacional de tomar a su cargo las empresas que conforman aquello que, oportunamente, se llamó la “patria contratista” —nuestra “sufriente” burguesía nacional—, empresas que se repartían, cartelizadamente según una de las “confesiones” principales, las inversiones del Estado en obras públicas, pactadas previamente con “sobreprecios”. La caída en el valor de empresas argentinas, comprendidas en la maniobra, que incluso cotizan en el extranjero, funda esa sospecha.

Confesemos ahora nosotros que, a pesar de la tristeza que nos provocaron las “sospechas” descriptas en la estrecha síntesis anterior y al hecho de que, jurídicamente, siempre abominamos de la “confesión por premios”, alcahuetería que muestra otro tipo de corrupción en el ámbito judicial, sucedió algo impensable con anterioridad que explotó en una sonrisa quizás copiada de la exposición del legislador Pino Solanas en un programa televisivo. Creo que, por primera vez en nuestro país, la llamada “patria contratista”, provocadora principal de la corrupción de funcionarios, ha desnudado sus procederes, parece acorralada y se ha expuesto a la condena penal. Siempre que se ataca judicialmente al gobierno anterior, aparecen los beneficiados, amigos del gobierno actual: ¿inutilidad de los representantes judiciales inservibles mentalmente o meta natural de toda investigación?

2. Odio. Negra, indígena, mujer y perteneciente de origen a la pobreza, el cóctel ideal para la exposición por exclusión de la justicia de clase. Milagro Sala y sus colaboradores principales en la organización Túpac Amaru son íconos de aquello que la mayoría de la clase burguesa entiende por “justicia“. Privados de libertad ya tres años sin fundamento alguno, sólo por ser vulnerables a nuestro sistema penal, sometidos a procederes judiciales que no sólo nada justifican en el caso, sino que, además, no se justifican a sí mismos, continúan en ese estado pese a la decisión de órganos oficiales internacionales, incluidas cortes de justicia, que ordenan la libertad —en casos extremos, la privación de libertad en su domicilio cotidiano—. El país, sujeto de derechos del Derecho internacional, se da el lujo de desconocer la obligatoriedad de las decisiones de cortes internacionales y de la Corte Suprema nacional; para colmo de males, intenta explicarlo con argumentos rayanos en la falta de conocimientos y de educación básicos para representar y administrar un Estado. Desconoce así el remedio de la intervención federal porque la provincia no garantiza la administración de justicia y el llamado juicio político al representante del Estado por mal ejercicio de su función; nos expone a todos los ciudadanos, sin distinción alguna, como incivilizados e indeseables, precisamente porque nos convierte en torturadores por omisión.

Estos son sólo dos ejemplos actuales de nuestra realidad que nos impide comprendernos como república democrática. Ellos no son los únicos, solamente los más actuales y graves como exposición entre personas que aún viven y pueden contarlo. Peor aún son los muertos y las doctrinas que tienden a justificar la pérdida de sus vidas a través de la violencia de los organismos de seguridad del Estado, la pena de muerte incluso sin juicio previo para ellos y sin juicio posterior para sus asesinos.

3. Fantasía. A todo ello gran parte de nuestra ciudadanía —incluidas las unidades académicas específicas— denomina “Estado de derecho” o “democracia” por el sólo hecho de que el gobierno de turno tiene su origen en el resultado de las reglas deficientes de un comicio y del Estado representativo. El mismo gobierno, pese a no ocultar su favoritismo de clase, se denomina a sí mismo como democrático, con el único fundamento de que su jefe no es un dictador, pues su capacidad personal no le alcanza para llegar a ese extremo, apenas para esbozar mendacidades cada vez más pequeñas e infundadas, para confesar que no entiende reglas que son universales para el Estado democrático de Derecho.

Me queda la impresión de que, como sociedad, carecemos de reacción, pues los remedios existen, incluso previstos jurídicamente; para expresarlo mejor, de que, conforme a la expresión adjudicada a Brecht, mientras no vengan por nosotros todo está bien … hasta que, alguna vez, vengan por nosotros.

El Cohete a la Luna

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