Cri-Kri

Por Guillermo Wierzba

En el primer intercambio de correos entre la nueva directora gerente del FMI y el Presidente electo argentino estuvieron claramente presentes dos miradas contrapuestas respecto a la economía y la cuestión de la deuda. La primera advirtió sobre las restricciones presupuestarias como base de la sustentabilidad fiscal, el segundo respondió poniendo como clave la atención al drama social que impide nuevas políticas de ajuste y le hizo llegar su convicción de que la sustentabilidad fiscal y el pago de la deuda provendrán del crecimiento.

Dos concepciones distintas. La del FMI es la neoliberal. La de Fernández resume la vocación por retomar el rumbo nacional, popular y democrático.

Repasando el desarrollo del neoliberalismo, se puede visualizar la alternancia entre las políticas conservadoras y de las del “giro” socialdemócrata, que compusieron ese sistema político que quitó derechos sociales, redistribuyó regresivamente el ingreso y condujo a la concentración de la riqueza. La dinámica y división de tareas dentro del régimen significaron políticas de oferta con reducción de impuestos cuando gobernaban las fuerzas conservadoras, que ampliaban las ganancias empresarias y desequilibraban el presupuesto. El turno “progresista” que las seguía, asumía la “tarea” de recomponer el balance fiscal mediante la racionalización del gasto, con el objetivo de achicar el Estado y provocar la pérdida de su rol en la economía frente al sector privado.

El ejemplo y punto de partida de estos comportamientos fue la sucesión en EE.UU., entre la gestión republicana iniciada por Reagan y los gobiernos demócratas de Clinton, que recompusieron algunos tributos, pero cuyo centro fue el ajuste presupuestario a través de una importante reducción del gasto. El modelo se expandió a Europa teorizado por Anthony Giddens. El giro socialdemócrata hacia la derecha recibió el nombre de Tercera Vía. La evidencia empírica muestra el retroceso social y la obscena concentración de la riqueza a nivel global que produjo este consenso bipartidario que transformó en política de Estado la regresión social y la financiarización de las economías. Consenso que luego se intentó mundializar, al amparo de la lógica de la realpolitik. Estas consecuencias no se deben leer como el resultado de la opción por una mala teoría económica, sino como un triunfo de los sectores más concentrados del capitalismo mundial, que subordinaron a sus objetivos a todo sistema político de los países centrales, dejando sin representación ni alternativas al resto de la sociedad. La lectura del fin de la historia se construía con el fin de la política.

Los intentos del FMI por establecer negociaciones conjuntas con Alberto Fernández, luego del contundente resultado de las primarias, estuvieron dirigidas a generar un sistema político con ese diseño, en el que el desajuste externo y fiscal producido por el gobierno de derecha de Macri, tuviera durante la gestión del Frente de Todos, su momento de ajuste a través de la reducción del gasto público. Fernández, en un comunicado que emitió el 25 de agosto de 2019, rechazó la co-gestión inducida por el FMI y lo co-responsabilizó de las decisiones que llevaron a la Argentina a un nivel de endeudamiento y crisis que constituían una catástrofe social. La insistencia de la nueva gerenta del FMI en la restricción presupuestaria no parece haber tomado nota de lo ya expresado en agosto por el Presidente electo.

En realidad, el enfoque fiscalista del FMI no tiene el sólo objetivo de cobrar sus deudas y garantizar el mayor recupero posible para los acreedores privados, sino de fortalecer el proyecto de redistribución regresiva del ingreso, privatización mayor de la vida económica, especialización productiva desindustrializadora y solidificación del rol periférico de la Argentina en la economía mundial.

Las condiciones para afrontar compromisos externos no dependen de la salud de las cuentas fiscales, ni del superávit o equilibrio fiscal. Las cuentas fiscales son en pesos. La Tesorería de la Nación gasta en pesos. Las obligaciones tributarias son en pesos. La deuda con el FMI y lo sustancial de las deudas con acreedores privados externos son en dólares.

Para afrontar la deuda con esos acreedores la cuestión no pasa por recaudar más pesos o gastar menos. Es conocido el clamor del discurso neoliberal asumido por el empresariado concentrado y por los patrones de la pampa agraria respecto de una supuesta presión tributaria límite — que no es un hecho real, sino una presión sectorial por garantizar niveles de beneficios. Pero el FMI acostumbra a atenderlos y a insistir por reducciones del gasto público, que incluyen la demanda de una reforma previsional regresiva.

Para atender la deuda son necesarias divisas. Estas provienen del balance de pagos. Ingresan por exportaciones, préstamos, inversiones, etc., y egresan por importaciones, pagos de deuda, etc. Como se ve, no se trata de ajuste fiscal sino de recomponer las cuentas externas. Una de las cuestiones necesarias a reinstalar en función de esa necesidad es la recuperación del instrumento que había sido denominado “Fondo del Bicentenario”. Esa herramienta permitió cancelar la deuda pública externa sin afectación presupuestaria. Con ese Fondo, el Tesoro no requería darle pesos al Banco Central para que este suministre los dólares con destino a realizar pagos externos. De manera que no resulta necesario que se reduzcan jubilaciones, ni salarios públicos, ni otros gastos sociales, ni privatizar ninguna propiedad pública para afrontar la deuda.

Lo que requiere el pago de los compromisos en dólares es la generación de las condiciones para una mayor disposición de recursos en esa moneda. Un mayor nivel de actividad implica una demanda mayor de dólares para importaciones. Esa mayor actividad resulta del crecimiento de todas y de cualquiera de las variables de la demanda agregada de la economía. Del gasto público, que incluye el consumo y la inversión pública, y del gasto privado, que incluye el consumo privado y la inversión privada. Entonces, el remedio neoliberal y fondomonetarista es obligar a reducir el gasto público para inducir a la reducción del consumo y, en consecuencia, de la inversión privada. Lo que conduciría al desempleo y a la caída del nivel de actividad y de las importaciones. O sea, al ajuste que provocaría más pobreza, más desigualdad y más destrucción del aparato productivo.

El turno de Cambiemos fue el de la destrucción de ingresos del sector público, la eliminación de las retenciones, la disminución de aportes patronales, la reducción de los impuestos a los bienes personales, etc., que confluyeron con aumentos de tarifas de servicios públicos sin quita de los subsidios a las empresas que participaban de su suministro, y que obtuvieron ganancias extraordinarias. También el tiempo de los ajustes que redujeron un 23% las jubilaciones, y un 12% a los salarios formales en un promedio, según el Informe de Coyuntura n°32 de CIFRA-CTA, mientras que los salarios informales cayeron en un porcentaje sustancialmente mayor.

El mismo informe señala que el aumento de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.308 millones entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019, y la fuga de capitales de 93.667 millones para el mismo período. O sea que se fugaron el 90% de los capitales ingresados.

El mecanismo de fuga tuvo como condición el innecesario financiamiento del déficit fiscal con endeudamiento en dólares. El Tesoro de la Nación tomaba préstamos en el extranjero y le vendía las divisas al Banco Central para obtener los pesos para financiar ese déficit. A su vez, el Banco Central proveía esas divisas a quien se las demandara, sea para fuga de capitales (que, como lo evidencian los números, fue su destino principal), turismo, giro de utilidades de empresas extranjeras y otros fines. CIFRA realiza la comparación del ritmo de endeudamiento durante el gobierno de Cambiemos con el período 1976-2001, siendo de U$S 32.500 anuales el promedio para el período macrista, frente a 7.192 valuados en dólares de 2018 para el segundo. Otra modalidad de la fuga se basó en el carry-trade, maniobra de ingreso de fondos especulativos para lucrar con tasas de interés internas elevadísimas en términos reales, e incomparablemente elevadas frente a las del mercado internacional, con salida rápida, luego de acumular importantes beneficios en dólares, remitidos al exterior raudamente. El endeudamiento no trajo ningún beneficio productivo, convirtió a los intereses de la deuda en un rubro clave del déficit presupuestario, benefició al capital especulativo, produjo una recesión interna y polarizó el ingreso. El informe de ODE-UMET de julio de 2019 reseña que desde diciembre de 2015 a mayo de 2019 la salida neta total de divisas considerando turismo e intereses de la deuda ascendió a 137.994 millones de dólares.

Durante el gobierno del tercer turno neoliberal el PBI cayó un 8,8%, lo que demuestra que el endeudamiento no tuvo ningún fin productivo, financiando fuga de capitales, turismo e intereses que el mismo provocaba. Agrava la situación el descuidado perfil de vencimientos que fueron concentrados sobre el período de gobierno que se iniciará en diciembre.

La responsabilidad del FMI en la constitución de este raudo e inútil endeudamiento es importantísima. El Fondo no tiene como objetivo financiar la fuga de capitales. Lo hizo. El FMI no debe prestar para que el Estado financie la estabilización cambiaria. Lo hizo. El FMI debe brindar préstamos en un nivel moderado, cuyo objetivo es la superación de un desequilibrio para que los países recuperen el crédito externo voluntario. Sin embargo, acudió en auxilio de una política y un gobierno con una masa de fondos que generó el efecto contrario. Su objetivo principal estuvo dirigido a lograr un segundo período de gobierno en el que Cambiemos produjera las reformas estructurales que el neoliberalismo pregona, y lo hizo volcando el 60% de sus fondos prestables en la Argentina.

La historia del endeudamiento

Tanto el destino del endeudamiento que financió la fuga y las grandes ganancias de los fondos, en base a un diseño hecho a medida de sus intereses, más el comportamiento sistemáticamente irregular del FMI, deberían someterse a una profunda investigación que también incluya las actuaciones y responsabilidades personales que se conjugaron para provocar el endeudamiento. Es preciso determinar eventuales violaciones de la ley y construir la historia del endeudamiento de esta etapa, que debe ser la última del neoliberalismo depredador.

La posición de Fernández en el documento del 25 de agosto y en el correo del 19 de noviembre reafirma la idea que la Argentina tiene disposición a cumplir con sus compromisos, pero sin incurrir en planes de ajuste. Eso significa que, como reiteradamente anunció, promoverá una reactivación económica, de manera organizada, con un acuerdo sectorial amplio, que significará mejoras en los ingresos reales de la población, una baja de la tasa de interés para la reactivación del crédito productivo dirigido a las pymes y la reinstalación de derechos quitados por el gobierno neoliberal que culmina en diciembre. Una política de ese carácter requiere una reorganización de la deuda que la haga compatible en sus plazos y niveles, con su despliegue.

El gobierno electo se propone tomar medidas dirigidas a que los costos del pago de la deuda recaigan en quienes se beneficiaron con la política que termina: las empresas que cobraron tarifas abusivas, los bancos que obtuvieron beneficios extraordinarios, los capitales especulativos y los productores de bienes exportables que fueron eximidos de liquidar sus divisas y cuyos derechos de exportación fueron notablemente reducidos durante los últimos cuatro años, permitiendo que capten una parte mucho mayor de la renta agraria. En ese sentido, las herramientas fiscales adquieren una importancia clave como redistribuidoras del ingreso.

Esa reorganización en plazos y niveles de deuda requiere de un período cuya extensión permita la expansión de las exportaciones. También necesita de políticas selectivas de importaciones que restrinjan el ingreso de bienes de consumo producidos en el país, y que privilegien el desarrollo de sectores cuyo balance de divisas esperado sea superavitario.

Políticas que, en el marco de la recuperación del nivel de actividad, de ingresos de los sectores populares y de reducción sustantiva del desempleo, implicarán… encarar la re-industrialización del país.

La re-industrialización

Esa re-industrialización supone la necesidad de una enérgica recuperación de la inversión. No de cualquier inversión, sino de la dirigida a la consecución de los objetivos de la política planteada, lo que necesitará de la revalorización del Estado y de su rol como agente productivo directo, como así también de la priorización de los complejos empresarios vinculados al mismo y a los proyectos más implicados con las metas buscadas por la política económica.

Siendo una característica clave del funcionamiento de la economía, particularmente desde la primera fase de la valorización financiera inaugurada por la dictadura militar, la fuga de capitales, la política de controles sobre el ingreso y egreso de los mismos y sobre el mercado de cambios resulta una condición indispensable para el éxito de estas transformaciones que propenden al equilibrio externo de la economía.

De forma que la re-estructuración de la deuda a emprender debería contemplar que los plazos y la definición sobre los eventuales niveles de quita, como de los rendimientos que devengue, estén armonizados con la recuperación, el crecimiento y el desarrollo nacional. Las declaraciones de Alejandro Werner, director del departamento occidental del FMI, insisten con la consistencia fiscal en un programa completo. El FMI deberá empezar por comprender la autonomía de la capacidad de pago de la deuda en moneda extranjera respecto de su obsesión fiscal, y también deberá asumir las responsabilidades por las irregularidades que cometieron en la gestión conjunta de la economía que compartieron con Macri. Kristalina y Werner deberán asumir que el gobierno de Alberto Fernández no será al de Cambiemos lo que fue el de Clinton a los republicanos. Más allá de los matices sobre los instrumentos, predomina la coincidencia de recuperar a la política como el instrumento transformador de la vida del pueblo.

* Profesor de la UBA, ex director del CEFID-AR

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