Cristilula, Bolsomacri

Por Luis Bruschtein

“Ora, sou um ser humano, portanto, não sou perfeito” dijo Onyx Lorenzoni cuando todavía era diputado federal y admitió haber recibido una coima de cien mil reales. En el nuevo gobierno de Brasil, Lorenzoni será el ministro de la poderosa Casa Civil, según ya fue anunciado, aunque el derechista Jair Messias Bolsonaro se jactaba de que en su gobierno no habría corruptos. Junto con Lorenzoni, asumirá como Ministro de Justicia Sergio Moro, el juez de Curitiba que, de la mano del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, investigó a la empresa Odebrecht en el famoso Lava Jato que provocó el golpe legislativo contra Dilma Rousseff, a quien no le pudieron probar ningún delito. Tampoco le pudieron probar nada a Lula, a quien Moro condenó por “íntima convicción”. Habría que agregar ahora: “íntima convicción política”.

Es un mundo que se enciende en flamígera lucha contra la corrupción. Pero son llamas de artificio: en la cúspide de esa construcción, el Fondo Monetario Internacional, la gran autoridad financiera mundial aceptada por estos gobiernos, la que establece reglas de juego y el tono moral de las operaciones financieras globalizadas, tiene récord de directores acusados o condenados en causas de corrupción.

Desde la actual directora, Christine Lagarde, que fue condenada por el desvío ilegal de fondos en el escándalo de Crédit Lyonnaise, cuando era ministra de Economía del presidente Nicolás Sarkozy, hasta Jacques de Laroissiere, que dirigió el organismo financiero internacional entre 1978 y 1987, y que estuvo involucrado en calidad de cómplice también en la casi quiebra del Crédit Lyonnais.

Otro de sus directores durante los ‘90, el español Rodrigo Rato, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las llamadas “tarjetas black”, también referido al desvío de dinero a su favor o a favor de grandes empresas. Pero quizás el caso más estrepitoso fue el del economista francés Dominique Strauss-Kahn que fue director del FMI entre 2004 y 2008 y fue denunciado por agresión sexual y más tarde por proxeneta, al aparecer vinculado con una red de alta prostitución en Europa.

Onyx Lorenzoni aceptó que recibió coimas después de aparecer en las declaraciones de dos empresarios “arrepentidos”, pero no se le abrió causa. Onyx pertenece a la “bancada da bala” que representa en la Cámara de Diputados a los intereses de la industria armamentística brasileña. Taurus y CBC, dos de las empresas más importantes de ese rubro, financiaron la campaña de Lorenzoni. El favorito de Bolsonaro para presidir Diputados es Joao Campos, diputado federal por el estado de Goias, que pertenece también a la bancada da bala y además es pastor evangelista, o sea que suma a la “bancada da Biblia”. Estos grupos proponen derogar las leyes que limitan la posesión de armas de fuego.

Es un gobierno de derecha. Se puede estar de acuerdo o no, siempre que se respeten las reglas de juego democráticas. Pero el descarado nombramiento de Moro se convirtió en una burla a la democracia. Ni siquiera se preocuparon en ocultar que el juicio y la condena contra Lula se basaron en la parcialidad política del juez. Con Lula en libertad, Bolsonaro nunca hubiera ganado esas elecciones. La derecha llegó al poder en Brasil gracias a la actitud inmoral de Moro, patrocinado por el departamento de Justicia norteamericano. La justicia brasileña quedó expuesta abiertamente y sin disimulos en el barro de los golpistas.

Desde la Cumbre de Mar del Plata en 2005, cuando Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez desbarataron la propuesta del ALCA y diseñaron organismos de integración regional que dejaban fuera a Washington, como la Unasur, la inteligencia norteamericana buscó deponer a los gobiernos populares de la región. Y la forma que encontró fue el lawfare sostenido por fakenews. Un dispositivo que se basa en los servicios de inteligencia que producen contenidos falsos, sobre el concepto de posverdad, que son difundidos por las grandes corporaciones de medios y por granjas de trolls en las redes que, a partir de la repetición y saturación de denuncias crean el clima que justifica el accionar arbitrario de una parte del Poder Judicial contra dirigentes de movimientos y gobiernos populares.

Es imposible deslindar la actitud de Moro de la obsesiva persecución judicial contra Cristina Kirchner en Argentina y contra Rafael Correa en Ecuador. El mecanismo diseñado para los nuevos golpes antidemocráticos en los países latinoamericanos se apoya en esas tres patas: servicios de inteligencia, medios y funcionarios judiciales. De los tres, la participación más grave es la de ese sector del Poder Judicial, porque se da por descontado que espías y corporaciones mediáticas siempre responden en última instancia a los intereses del poder económico concentrado.

La judicialización de la política no empezó ahora. Lo que es nuevo es la práctica de llevarla a un extremo que la convierte en herramienta de golpes antidemocráticos contra gobiernos y movimientos populares. Antes eran depuestos o perseguidos por elementos de las Fuerzas Armadas formadas en la Escuela de las Américas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y ahora por estos funcionarios judiciales que aplican mecanismos diseñados por Estados Unidos para forzar al extremo y desnaturalizar instrumentos legales.

No se trata de ocultar o disimular hechos de corrupción. Por el contrario, cuando desaparecen los parámetros que permiten investigarlos y juzgarlos, todos o ninguno pueden ser corruptos. No alcanza con que “parezca” que todos son corruptos, porque eso es lo que crean las campañas mediáticas. Tiene que haber una institución imparcial que pueda investigar y decidir con pruebas concretas y no circunstanciales, dudosas o, por la más dudosa y cuestionable “convicción” personal del juez. Tiene que haber respeto a las garantías individuales y a la libertad. No se puede forzar instituciones como el sorteo del tribunal, la prisión preventiva o el secreto de sumario en beneficio del show mediático o para favorecer a determinada fuerza política. La desaparición de la Justicia como parámetro, punto de referencia ante la sociedad, termina por favorecer a la corrupción.

Al igual que en Argentina, tras la derrota electoral se hicieron muchas lecturas. La principal de ellas es que los gobiernos populares no pudieron dar respuesta a reclamos sobre seguridad y corrupción. Y que en los hechos, estos reclamos fueron más importantes que las mejoras logradas en vivienda, salud, educación, trabajo, alimentación, salario, jubilaciones y demás, que son factores que cada ciudadano percibe en forma personal. Esa jerarquización es todavía más compleja porque la corrupción, aún cuando existiera, no tiene impacto directo en el ciudadano. Y sobre inseguridad, que sí la tiene, no existe solución mediata o inmediata porque confluyen en esa problemática muchos factores.

Para realizar esa maniobra de jerarquización, la derecha tuvo que sacar de la abstracción la idea de corrupción y hacer creíbles soluciones mágicas sobre la inseguridad que ya han fracasado. La primacía de estos reclamos sobre los primeros no se produce de manera natural. Nadie sacrifica la posibilidad de una vivienda propia o de una jubilación digna en función de una promesa de solución mágica de la inseguridad o de una supuesta corrupción que no tiene incidencia en su cotidianeidad.

Un negro no tendría que votar a un racista o una mujer a un machista que la desprecia o un homosexual a un homofóbico. Una maestra que vio la mejora de su salario y las notebooks de sus alumnos no tendría que votar en contra de esa situación, lo mismo que el que se jubiló decorosamente con las moratorias o el que obtuvo la casa propia gracias a un programa estatal de viviendas. Esos cortocircuitos que contraponen a las personas con sus intereses objetivos tienen que producirse a partir de una intervención en la subjetividad, en la valoración de esas problemáticas.

Es reduccionista achacar estos fenómenos tan complejos a una sola causa. Pero en el trazo grueso se trata de identificar por lo menos al más nuevo y visible. La subjetividad es el terreno de los medios de comunicación y las redes sociales. Se ha dicho que esa lectura es una justificación de la derrota porque es incapaz de reconocer las propias limitaciones. Por el contrario, la primera limitación que se deduce a partir de esa lectura es la subestimación del adversario.

Diez días antes de la segunda vuelta, la campaña de Bolsonaro emitió por whatsapp millones de mensajes con denuncias falsas contra el PT. Grandes empresarios compraron paquetes de llamadas por robots o “bots” y el Tribunal Supremo Electoral analiza una denuncia contra Bolsonaro por esta financiación política encubierta. La denuncia fue publicada por la Folha de Sao Paulo, competidor de la Rede Globo.

Tras constatar esas denuncias, Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica y jefa de la misión electoral de la OEA en Brasil, dijo: “Nos preocupa el uso de la noticia falsa para movilizar las voluntades de las personas. El fenómeno que estamos viendo en Brasil no tiene precedentes en el mundo”, manifestó la veedora. En las últimas dos semanas de la campaña se estancó la tendencia de crecimiento del candidato del PT y pegó un salto la figura de Bolsonaro. La maniobra mediática se aplicó los diez días previos a la primera y la segunda vuelta. Resulta interesante que una de las primeras declaraciones de Bolsonaro como presidente electo fue: “La Folha tiene los días contados”.

03/10/18 P/12

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