Cristóbal Colón recargado

Por Valeria Vegh Weis*

La contaminación ambiental ha aumentado exponencialmente en la Argentina durante los últimos 20 años. Muchos de los proyectos contaminantes están localizados en tierras indígenas y han sido llevados a cabo sin previa consulta con las comunidades. Sin embargo, el sistema de Justicia penal se concentra en los pueblos indígenas e ignora los daños ecológicos producidos por las corporaciones y las acciones sobredimensionadas (y a menudo ilegales) de las fuerzas de seguridad cuando actúan en la represión de los pueblos en resistencia.

Este sistema penal tuerto ha sido descripto como selectividad penal. Y no es nada nuevo. Desde la época colonial, el sistema de justicia penal se ha dedicado a la sobrecriminalización sistemática de los actos realizados por grupos desfavorecidos (indígenas, morenos, pobres, jóvenes) incluso cuando actúan en defensa de la naturaleza, y a través de la infracriminalización de actos cometidos por sectores privilegiados de la población (ricos y blancos) y por las agencias de seguridad que defienden sus intereses, sin perjuicio del impacto de los daños ambientales que nos afectan a todos/as.

La antesala: siglos de exterminio y expropiación

Específicamente en relación con los pueblos indígenas, este sistema penal tuerto y selectivo aparece como la frutilla del postre de siglos de exterminio, estigmatización y destrucción. Solo durante los primeros cincuenta años de conquista, la población nativa continental se redujo al 25%, o sea que tres de cada cuatro indígenas fueron muertos antes de llegar al 1500. En el territorio que ahora es la Argentina, el censo no consideró a la población nativa en forma comprensiva hasta 2001 y recién en 2004/5, un censo específico estableció que 600.329 argentinos/as se reconocían como pertenecientes a los pueblos originarios. Finalmente, el último censo nacional en 2010 indicó que la población indígena total es de 955.032 individuos, lo que representa al 2,38% de la población nacional.

La independencia argentina en 1810 no modificó la situación. El Ejército Argentino persiguió el exterminio indígena y poblar el territorio vacante con inmigrantes europeos que traerían la “civilización”. Las campañas fueron financiadas por corporaciones británicas a cambio de grandes parcelas de propiedades. Desde el 1900, la estrategia fue de asimilación y exclusión de los indígenas e incluso hoy en día, la historiografía dominante afirma que descendemos de inmigrantes europeos, invisibilizando a la población indígena.

Como resultado del exterminio, la expropiación e invisibilización en nombre de la «civilización», la tierra que actualmente es reclamada por los pueblos indígenas es propiedad de o está siendo explotada por corporaciones extranjeras. Un informe del Registro Nacional de Tierras Rurales de 2015 establece que, de un total de 16 millones de hectáreas de tierras rurales, los inversores extranjeros poseen un 6%, el doble del porcentaje exigido por las poblaciones indígenas. La Compañía Benetton, dueña del terreno donde desapareció Santiago Maldonado, es uno de los mayores terratenientes con 900,000 hectáreas ubicadas en cuatro provincias.

Ya no son bárbaros anti-civilización; ahora son terroristas

Tratando de confrontar y deslegitimar las demandas indígenas, el gobierno y los principales medios de comunicación fomentan su estigmatización: ya no son descriptos como la barbarie anti-civilizatoria de antaño, sino como «delincuentes», «anarquistas», «personas violentas que no respetan la ley, la patria o la bandera, y asaltan permanentemente a todos» o, sencillamente, “terroristas”.

En particular, autoridades nacionales alegan que los Mapuches pertenecen a una organización terrorista financiada desde el exterior que opera bajo el nombre de «Resistencia Ancestral Mapuche – RAM», que busca “imponer una república autónoma y mapuche en el centro de la Argentina”, aunque se ha confirmado repetidamente que esto no es cierto. En la misma línea, un informe del Ministerio de Seguridad de 2016 declaró que los mapuche «están dispuestos a imponer sus ideas a través de la fuerza» y que cometen «usurpaciones, incendios, destrucción de propiedades, amenazas», acciones que constituyen delitos federales. Las acusaciones también vinculan a los pueblos indígenas con las FARC colombianas, los grupos llamados extremistas kurdos en Turquía y la organización terrorista española ETA. Bajo la misma lógica, un informe conjunto escrito por el Ministerio Federal de Seguridad y los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, afirma que la RAM «es un movimiento violento nacionalista étnico que ha estado operando en el territorio argentino durante ocho años (…) Los diferentes delitos cometidos por la RAM comparten el mismo objetivo político que promueve una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada». Además, principales medios de prensa declararon que “la resistencia ancestral defendida [por mapuche] no es retórica ni discursiva, sino violenta [y que la] RAM se siente facultada para ejercer la fuerza para lograr sus objetivos”. Alfredo Astiz, uno de los actores más notorios de la última dictadura civil-militar que involucró la comisión de delitos de lesa humanidad con el pretexto de luchar contra “terroristas”, acusó a los mapuche de ser los nuevos terroristas y aplaudió el papel de la Gendarmería para enfrentarlos.

La caracterización de los grupos originarios como terroristas y delincuentes ayudó a legitimar su creciente sobrecriminalización. El referido Informe utiliza el eufemismo «revalorización de la ley penal» para clasificar las reclamaciones territoriales como amenazas contra la seguridad nacional y reconoce que el gobierno realiza tareas de inteligencia dentro de organizaciones indígenas. En particular, ha habido una expansión en las intervenciones de las agencias policiales cuasi-militares, la Prefectura y la Gendarmería, para enfrentar manifestaciones indígenas. Como lo afirma la declaración realizada por grupos indígenas en todo el país en 2017: «Hacemos este reclamo… con la presencia de Gendarmería en nuestros territorios, con docenas de autoridades mapuche penalizadas, con desalojos pendientes, y corporaciones mineras y petroleras protegidas por la política extractiva del Estado, la explotación irrazonable y la falta de respeto por los recursos naturales”.

La intervención más sorprendente de Gendarmería ocurrió el 1° de agosto de 2017 en el operativo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El día anterior, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad se había reunido con los Ministerios de Seguridad de las Provincias de Chubut y Río Negro y los jefes de policía para «coordinar acciones de defensa» contra posibles ataques de la RAM, autorizándolos a actuar conforme a los procedimientos de flagrancia, que no requieren una orden judicial previa. En este marco, el Jefe de Gabinete afirmó que los Mapuches querían «generar caos y desorden y amenazar a la población» y que podrían tener relaciones con grupos kurdos extremistas. El poder ejecutivo y la rama judicial provincial sustentaron esta declaración al expresar que la comunidad mapuche de Cushamen pertenecía a la RAM y que sus miembros eran «terroristas». Durante la desaparición de Maldonado, un mensaje filtrado del gobierno mostró que había una orden para referirse a «la RAM» en lugar de a los «mapuche», al hacer declaraciones a la prensa. Mientras tanto, el senador de la provincia de Río Negro Miguel Pichetto advirtió públicamente sobre el riesgo de una insurrección y pidió una intervención militar.

A pesar del impacto masivo del caso, Maldonado no fue la última persona que murió a causa de la represión de los pueblos indígenas. El 25 de noviembre de 2017, en Bariloche, un Grupo Especial de la Prefectura entró en las tierras de una comunidad mapuche, disparó al menos 114 veces con armas de fuego y terminó matando por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche desarmado. Los principales medios de comunicación, el Gobernador de la Provincia de Río Negro, un senador de esa provincia y la vicepresidenta del país alegaron falsamente que Nahuel era un miembro de la RAM y se refirieron a la situación como un «enfrentamiento», lo que no solo sugiere que las dos partes estaban igualmente armadas, sino que también es una noción con fuertes connotaciones políticas, ya que fue utilizada por los medios y los militares durante la última dictadura para justificar asesinatos y desapariciones.

El sistema penal tuerto y la resistencia indígena

Con base a la retórica antiterrorista, el sistema penal ha venido actuando sobre los pueblos indígenas. Como la evidencia probatoria a menudo está ausente o es insuficiente, el poder punitivo opera principalmente a nivel policial y a través del abuso de la prisión preventiva. Asi, Félix Díaz junto a otros veintitrés Qom fueron detenidos preventivamente acusados de ocupación de tierras a pesar de que los casos fueron posteriormente desestimados a nivel judicial por falta de pruebas. En la misma línea, el representante mapuche Relmu Ñamku fue acusado de intento de asesinato bajo la ley antiterrorista por parte de la compañía petrolera Apache porque un policía resultó herido mientras los miembros de la comunidad lanzaban piedras para resistir el avance de la maquinaria que pasaba por sus casas en 2012. Una vez más, el discurso contra el terrorismo fue suficiente para fomentar la intervención policial y someter a Ñamku al control penal, pero, más tarde, a nivel judicial, los cargos fueron rechazados por falta de pruebas.

Otros ejemplos de la sobrecriminalización de los pueblos indígenas incluye el arresto de 80 miembros de la comunidad de Nam Qom, incluidos ancianos y niños/as, por la policía de la provincia de Formosa en 2002, y el desalojo violento y arresto de uno de los miembros de la comunidad de Indios Quilmes en 2011. Bajo la misma lógica, uno de los jefes de la comunidad Wichi en la provincia de Formosa, Agustín Santillán, sufrió detención de seis meses por protestar a pesar de que finalmente fue liberado por falta de pruebas. Por su parte, el líder mapuche Facundo Jones Huala permaneció bajo custodia policial durante casi un año hasta que un juez reconoció que el arresto violaba derechos constitucionales y que no había evidencia que apoyara los cargos en su contra por violación a la propiedad privada y posesión de armas de fuego. En la misma línea de acusaciones y detenciones preventivas sin evidencia suficiente, quince personas de la comunidad mapuche, incluido un niño, fueron arrestadas durante una manifestación que siguió a la confirmación de la extradición de Jones Huala. En uno de los ejemplos mas dolorosos de esta mecánica, Milagro Sala, dirigente de la organización social Tupac Amaru, ha estado detenida por más de tres años a pesar de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos exigieron su liberación.

El lado b: bala policial y destrucción de los recursos naturales

La suerte de aquellos que cometen daños ecológicos es más optimista. Desde el año 2000 al 2008, se registraron, a nivel nacional, 1254 casos penales por delitos ambientales, aunque solo 5 terminaron en condena. La falta de voluntad política para avanzar en estos casos se hace evidente en el hecho de que solo el 9.38% de casos registrados entre 2010 y 2016 tienen al gobierno como parte querellante. Un caso ejemplificativo es el de la compañía minera la Alumbrera: el proceso comenzó hace 16 años como resultado de los esfuerzos de la ONG Pro-Eco y solo el año pasado hubo escasos avances cuando el CEO fue procesado sin detención preventiva por cargos de contaminación de un río con metales pesados.

En relación con la infracriminalización de las fuerzas de seguridad, no hubo consecuencias penales por las ilegalidades cometidas durante la operación que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, incluido el ingreso sin orden judicial pese a que no había una situación de flagrancia, el lanzamiento de piedras a los manifestantes o cómo prendieron fuego a las pertenencias de la comunidad. A ello se agrega que el único miembro de la Gendarmería que aún está bajo investigación fue promovido por el Ministerio de Seguridad Nacional. En otro ejemplo, Javier Chocobar, de la comunidad diaguita, fue asesinado por disparos de la policía, pero no se encontró a ningún responsable. Del mismo modo, ninguno de los oficiales involucrados en la represión de la comunidad de Potae Napocna Navogoh en 2010 fue procesado a pesar de que varios testigos confirmaron que hubo violencia policial. En mayo de 2016, la Gendarmería y el Grupo de Operaciones Especiales de la Provincia de Chubut allanaron el territorio de comunidades mapuche con autos no identificados y agentes encapuchados, pero nadie fue acusado penalmente por ello. Durante la manifestación que siguió a la decisión judicial de conceder la extradición de Jones Huala en marzo de 2018, la policía utilizó balas, gases y balas de goma, pese a que había niños y ancianos, pero no se avanzó con cargos contra los agentes involucrados. Continuando en la misma lógica, en 2017, la Gendarmería y la policía de Chubut cerraron todos los accesos a las tierras indígenas de la comunidad mapuche de Cushamen, golpearon a mujeres y niños, hirieron a manifestantes, destruyeron casas, robaron animales y arrestaron a diez personas sin orden judicial, pero nadie fue castigado. La infracriminalización del accionar de las fuerzas de seguridad en detrimento de los pueblos indígenas es tal que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas expresó en su informe 2017 que «lamenta la falta de investigación y sanción de los violentos actos cometidos por la policía militarizada y terceros contra defensores de derechos humanos y miembros de las poblaciones indígenas, así como la falta de medidas para prevenir estos actos violentos».

Queda claro entonces que el sistema penal está más que tuerto. Quizás resta reafirmar que esta selectividad que culmina en la esfera penal, a través de la sobrecriminalización de los sectores más vulnerables y la infracriminalización de las corporaciones y las agencias de seguridad del Estado, opera como el último mojón de una selectividad que comenzó mucho antes, a nivel de distribución de la riqueza, de oportunidades laborales y de reconocimiento identitario. Evidenciar la selectividad penal develando la falacia de la igualdad ante la ley puede ser un primer intento para desandar las desigualdades estructurales más profundas.

* Profesora de Criminología en UBA y UNQUi

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