Cruce entre el Estado nacional y Clarín por su violencia mediática

Pese a que se comprobó el uso de lenguaje xenófobo y racista en TN, la Defensoría del Público se limitó a emitir «recomendaciones» a la señal de Clarín.

Los avances del grupo Clarín sobre la vida cotidiana de los argentinos y argentinas continúa su paso firme. A los usos y abusos que sus empresas de servicios públicos bajo su paraguas (Fibertel, Personal, Cablevisión, etc) ejecutan contra usuarixs y consumidorxs se suma el lengua desestabilizador y violento de sus omnipresentes medios de comunicación.

En agosto de 2020 se presentó ante la Defensoría del Público de la Nación una denuncia por incitación a la violencia contra la señal TN por una cobertura xenófoba y discriminadora que el «canal de noticias» hizo del conflicto territorial en Lago Mascardi, provincia de Río Negro.

En base a ello y luego de seis meses de trabajo administrativo la Defensoría, lejos de emitir alguna acción que pueda influir en el contenido violento, decidió pronunciar «una serie de recomendaciones».

Antes de esto, y en una resolución oficial, el ente del Estado nacional aclaró que «no puede aplicar sanciones, pero si está en condiciones de emitir resoluciones que son verdaderos llamados de atención a las empresas y periodistas de los medios audiovisuales que discriminan a sectores vulnerables como es el caso de los pueblos originarios».

«La denuncia se realizó en el mes de agosto de 2019 con participación de Verónica Azpiroz Cleñán en ocasión del conflicto sobre tierras en el Lago Mascardi, Río Negro, contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu», puntualizó la Defensoría.

«La resolución que tiene más de treinta páginas fundamenta las recomendaciones al grupo Clarín para que en este tipo de coberturas cite fuentes identificables y oficiales, preserve la identidad de las personas involucradas y remite a la empresa la Guía Para la Cobertura responsable de Noticias Policiales, elaborada por la Defensoría», indicó también.

Según las denuncias recibidas, tanto el diario El Cordillerano, como la señal TN y el diario digital Bariloche 2000 estuvieron «incitando a la violencia contra la población mapuche, a través de una convocatoria de una marcha a Villa Mascardi para enfrentarse con la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu».

El trabajo realizado por la Defensoría constató que «la cobertura mediatiza una entrevista a un propietario de una cabaña que, según él mismo informa, habría sido incendiada por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul, a la cual caracteriza como un ´grupo de delincuentes´».

Sobre ello la oficina nacional destaca que «la información vertida por el entrevistado no es contrastada por parte del noticiero con fuentes oficiales acerca de la investigación sobre el incendio de la cabaña y sus responsables, ni acerca de la mesa de diálogo impulsada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco de la Ley N° 26.160, para dar respuesta a la emergencia territorial de las comunidades indígenas. Esta falta de respuesta habilita la criminalización de la comunidad».

En base a esto la Defensoría del Público recomienda al poderoso grupo Clarín que «una cobertura respetuosa de los pueblos y comunidades indígenas sobre hechos que los involucran debería contemplar sus voces».

En el largo texto dado a conocer por el Estado nacional se mencionan tratados internacionales sobre derechos humanos y consideraciones puntuales de organismos dependientes de la ONU y otras entidades internacionales. También se citan pasajes de leyes nacionales en defensa de las minorías.


La respuesta de Clarín

Por el lado de TN la respuesta a las sugerencias del Estado nacional fueron más mentiras y ocultamiento.

“De hecho, muchos de los involucrados, fueron luego imputados por la usurpación y los daños”, señalaron desde Artear, aunque no se citaron fuentes que lo acrediten durante la emisión y tampoco en la respuesta recibida por la Defensoría.

En el comunicado oficial la Defensoría apunta que «en su respuesta, la apoderada de la denunciada, señala como un cuestionamiento que la emisión “mediatice” una noticia. Sin embargo, el foco del análisis comunicacional y jurídico realizado por la Defensoría no se refiere a la «mediatización” en sí, sino a sus efectos vulneratorios de derechos, en un caso concreto, denunciado por una televidente de la señal TN».

«Cabe destacar que la Defensoría no cuestiona la libertad de expresión de la denunciada, por el contrario, sostiene que ese derecho debe ser ejercido con responsabilidad social, por tratarse de una actividad de interés público, y la señal TN debe asegurar el respeto de los derechos de sus audiencias y los grupos y colectivos que puedan verse afectados, entre ellos los pueblos originarios (art. 2 y 3 de la Ley N° 26.522). Todo ello en cumplimiento de la Ley N° 26.522, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos», considera el ente nacional.

También apunta que «en su respuesta la empresa ARTEAR S.A. parte desde una perspectiva restrictiva de la libertad de expresión, atribuida sólo a periodistas o empresas de comunicación. Sin embargo, nuestra Constitución, la regulación nacional e internacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, reconocen ampliamente la dimensión social y universal de la libertad de expresión, derecho cuya titularidad también radica en las audiencias –televidentes u oyentes- y, por ende, debe ser considerado y respetado por los medios audiovisuales en relación con su público. Para ello se debe asegurar la protección de los derechos humanos de los grupos y colectivos que puedan verse afectados por las coberturas realizadas por estos medios».

Asimismo, indica que «esta concepción jurídica se inscribe en la línea regulatoria y jurisprudencial, tanto nacional como internacional, que busca profundizar políticas redistributivas y de reconocimiento, con el objetivo de revertir patrones estructurales de discriminación y desigualdad en el ejercicio de la libertad de expresión, en la difusión y acceso a la información de grupos sociales históricamente subordinados».

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