Cuestión de fondo

Reconquistar la autonomía nacional exige lograr una refinanciación de más de 20 años con el FMI

Por Guillermo Wierzba

Movilización contra el FMI en 2019. Foto Télam.

El ciclo de gobiernos nacional populares que se cerró con el acceso del tercer neoliberalismo al poder dejó un nivel de pobreza inferior al 30%. Cambiemos entregó un país con guarismos que rondaban el 38% en el punto final de su mandato, con un aparato productivo devastado, decenas de miles de pymes destruidas, un endeudamiento colosal y una distribución del ingreso agudamente empeorada por el crecido nivel de desempleo, la caída de más del 20% del salario real y el retroceso de los ingresos de los jubilados y otros sectores vulnerables de la sociedad.

El gobierno del Frente de Todos, apenas superados los 90 días de su asunción, tuvo que lidiar con la pandemia y sus efectos sobre la economía, que permanecen en el presente y amenazan con agudizarse por la segunda ola que se extiende tanto a nivel global como regional. Así, la reciente medición de la pobreza para el segundo semestre del 2020 arroja un 42% frente al 35,5 del último semestre de 2019, mostrando un empeoramiento de las condiciones de vida. La indigencia también superó a la de 2019, alcanzando un 10,5% sobre el 8% de aquel momento. La pobreza de la población menor a los 14 años es del 57,7% y subió más de 5 puntos en un año.

Los economistas ortodoxos machacan absurdamente en responsabilizar de estos números a la cuarentena extensa que dispuso el Presidente Alberto Fernández cuando comenzó la peste. Descalifican una medida acertadísima que permitió la expansión estructural del sistema sanitario, evitando su saturación y desborde, sin la cual el Covid-19 hubiera provocado un impacto diferencial, desembocando en un drama y desorden social y económico. Los ejemplos de los que evitaron medidas severas al principio son muy cercanos: Brasil vive una catástrofe de la mano del ultraderechista Jair Bolsonaro como Presidente y el neoliberal ortodoxo Paulo Nunes Guedes al mando de su economía.

Los que son críticos de esa perspectiva suelen adjudicar la razón de la situación de retroceso social a dos causales concurrentes: la herencia del gobierno de Macri junto a las graves consecuencias de la pandemia. Sin embargo, una propuesta alternativa sería listar cuatro concausas responsables del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares:

  • La herencia del gobierno del tercer turno neoliberal, que al igual que sus dos predecesores concluyó su mandato dejando acrecidos niveles de endeudamiento, desindustrialización, precarización laboral, empeoramiento de la distribución del ingreso y de la pobreza.
  • La pandemia del Covid-19, con su inevitable efecto sobre el aparato productivo y el nivel de actividad económica. No sólo por las limitaciones a la vida normal y su impacto en el consumo y la demanda local sino también por las provenientes de las condiciones de comportamiento de los agentes de la economía mundial.
  • El tamaño inédito del endeudamiento heredado con el FMI, que incide en precauciones fiscalistas que perjudican la utilización a pleno de las políticas públicas. La búsqueda de un entendimiento «ordenado» con la burocracia y autoridades de ese organismo no crea nunca un buen clima para la expansión decidida del gasto público, imprescindible para momentos como el presente. Tres cuestiones reflejan este problema: la eliminación precoz del IFE y los ATP, el retardo en la implementación de una política de shock de demanda mediante el impulso de la recuperación salarial, de las jubilaciones y otras asignaciones, así como en la adopción de un decidido incremento de la inversión pública.
  • El papel de los grandes formadores de precios locales que han resistido las diferentes políticas de ordenamiento, regulación y control de precios. Estos han subido desmedidamente durante la pandemia debido a la puja distributiva de carácter desigual desatada por ese poder económico concentrado frente a la inevitable restricción que la pandemia impone a los sectores populares para movilizarse en resistencia.

El FMI: un organismo de intervencionismo financiero

Los intelectuales orgánicos del neoliberalismo intentan desdramatizar la deuda con el FMI. Frente a la advertencia sobre el carácter impagable que tiene la deuda argentina, replican argumentando que todas las deudas de los países tienen diseños impagables y que, por lo tanto, lo que hacen los gobernantes es renovarlas. A su vez, sostienen que los intereses que cobra el organismo internacional son bajos y que por lo tanto no es cuestión de andar pidiendo rebajas. Los menos precavidos respecto al problema central que abordaremos sostienen que el país se puede ordenar sólo si se acuerda un programa con el FMI. Las autoridades del Fondo mientras tanto sostienen que los plazos, condiciones y diseños para sus préstamos están establecidos y no existen posibilidades de consideraciones de excepcionalidad. Agregan que el fondeo de la institución es un fondo rotatorio constituido por el aporte de sus países socios y que por eso es imposible cualquier quita. Toda esta serie de articulación de deseos, caracterizaciones y limitaciones lleva a construir las condiciones para la resignación a la inexistencia de posibilidad de plazos mayores a diez años –que es el que ofrece la línea de facilidades extendidas–, de reducción de tasas de interés y de quitas de capital.

En el prólogo de Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Oscar Ugarteche, Capital Intelectual, 2016) el historiador mexicano Carlos Marichal escribe que «el FMI no sólo ha empujado el avance de una globalización financiera que mina la soberanía de las naciones del sur, sino que ha tratado de romper los intentos de unificarse y hacer coaliciones regionales en contra del neoliberalismo». Lo expresado por Marichal anticipa muy bien las razones por las que el FMI sí se permitió la asistencia excepcional que le brindó al gobierno de Macri tratando de posibilitar su reelección. Una de ellas es funcional con la política del lawfare desplegada en la región: desarticular el proceso de Unidad Latinoamericana e impedir luego cualquier rearme de la misma. Como el mismo ex Presidente entusiasta de la Fundación Libertad confesó, el apoyo financiero que recibió fue por preferencias políticas. Efectivamente, tal como sostuvo Cristina Fernández en Las Flores, el Fondo otorgó un crédito por un monto que más que duplicaba su atribución estatutaria por indicación del Presidente de los Estados Unidos, país que tiene el control hegemónico en ese organismo con el 16.5% del poder de voto, cuando las decisiones de importancia requieren el 85% de los sufragios. Nada significativo se puede hacer si no se cuenta con el beneplácito de la superpotencia del norte.

Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, pidió esta semana la liberación de la ex dictadora Jeanine Añez –refieriéndose a la misma como interina– y de dos de los que fueran sus ministros, además de manifestar que «Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia». El reemplazante de Donald Trump irrumpe con el objetivo continuista de la política de su predecesor respecto del activismo para evitar la recomposición de una perspectiva de autonomía y unidad para América Latina. Marichal continúa en su prólogo reflexionando que «desde sus estatutos originales, el FMI tiene entre sus objetivos principales contribuir a mantener la estabilidad financiera a escala internacional, lo cual implica supervisar la banca y las finanzas internacionales con el objeto de anticipar serios problemas financieros a los países miembros. Pero –¡oh, sorpresa!– en el caso de los países en desarrollo y, en particular, de Latinoamérica, y de manera reiterada, el FMI ni ha previsto ni ha anunciado los peligros de crisis inminentes, pese a que ha tenido y tiene toda la información requerida para hacer sonar las alarmas. Al contrario, con frecuencia ha sido testigo mudo de aquellas peligrosas coyunturas mientras se estaban gestando las crisis, para luego ingresar como el bombero al rescate a posteriori, cuando ya era demasiado tarde para evitar la catástrofe. Las razones son manifiestas: el FMI no adquiere más poder si prevé y disuade las crisis. En cambio, después de que explotan las crisis el FMI asume el papel de bombero de fuegos financieros, lo cual aumenta su poder enormemente, en tanto organiza los rescates e impone sus puntos de vista, así como sus estrategias y requerimientos, a los gobiernos deudores en problemas». La conceptualización de Marichal calza como anillo al dedo al rol del Fondo en la crisis de la deuda macrista. El carácter político del préstamo para favorecer la reelección de Macri aportaba, también, a la restauración hegemónica de los Estados Unidos en la región. Hay una estrategia lawfare-FMI en Argentina y en la región. Ni el cambio de Christine Lagarde por Kristalina Georgieva, ni el de Trump por Biden han de modificar ese plan. Los rumbos del FMI no atienden a estilos personales sino a estrategias de largo alcance de las potencias centrales, especialmente del aparato militar-industrial-financiero estadounidense.

La diputada nacional Fernanda Vallejos recuerda en un tweet del 30 de marzo que el préstamo stand-by terminó representando, cuando se amplió a 57.000 millones de dólares, casi el 1300% de la cuota argentina en el FMI, pese a que el límite tolerado para este tipo de acuerdos por las normas del fondo es el 435%. Finalmente se usaron 44.000 millones, el doble del tope reglamentado. El mismo Fondo reconoció, continúa Vallejos, la insostenibilidad del nivel y de la arquitectura del préstamo. Se quebrantaron «todas las normas para otorgar esto que fue un disparate, ¿por qué no puede haber flexibilidad para encontrar una solución a algo que, indudablemente, estuvo mal dado?» Como dicen los intelectuales y operadores mediáticos del establishment, las deudas de los Estados son impagables por eso las refinancian. La observación que continúa a ese dictamen es que consiguen refinanciarla si realizan políticas generadoras de confianza en los mercados financieros, que son las que coinciden con aceptar expresa o implícitamente las condicionalidades que el FMI impone.

Es por esta razón que la solución razonable, de reconquista de la autonomía nacional, consiste en que la refinanciación sea sostenible, mediante un monto anual de servicio de intereses y capital que pueda ser pagado sin necesidad de discutir refinanciaciones, que se convierten luego en un permanente condicionamiento de la política económica. Por lo anticipado, una refinanciación de más de 20 años con un quinquenio de gracia –lo mínimo que se requiere para la sustentabilidad– sin condicionalidades estructurales ni restrictivas, no será fruto de una concesión ni espíritu comprensivo del FMI sino de una actitud firmísima del gobierno nacional y popular. Porque como investigó Noemí Brenta en Argentina atrapada, los «acuerdos de facilidades ampliadas» le permiten al FMI, a partir de extender los plazos, intensificar su injerencia en las economías prestatarias. Todas estas características y reflexiones son las que llevaron la convicción a Néstor Kirchner sobre la necesidad de cancelar íntegramente la deuda con el FMI en el 2005. También las que indujeron al FMI a abrazar a Macri para macroendeudarnos nuevamente.

Rodolfo Puiggrós

Este notable historiador marxista afirmaba en Pueblo y oligarquía (Corregidor, 1972) que «a los políticos que se valen de la historia y de la economía como muletillas ajenas o contrarias al devenir nacional, les vienen de perillas las tesis de los economistas o historiadores que ocultan o subestiman la función determinante de las causas internas en el desarrollo de la sociedad. Entre el economista que propone contraer empréstitos o buscar gravosas e incontroladas inversiones en el extranjero con el objeto de remediar dudosas crisis, el político que espera alcanzar el poder mediante la ayuda de una gran potencia y el historiador que reduce el pasado de su país a una serie de hechos cronologados formalmente con los hechos mundiales, hay diferencias de profesión y no de calidad. Todos ellos poseen la mala conciencia que en las colonias, dependencias y factorías, marca con su deleznable sello a las clases sociales enajenadas a las ideas y los intereses del imperialismo extranjero… No es que las causas externas dejen de tener influencia, a veces primordial, en el nacer y desarrollarse de la sociedad. El error consiste en colocarlas en el lugar correspondiente a las causas internas… Las causas externas intervienen en los cambios sociales a través de las causas internas en la medida en que estas se lo permiten». Esta cita tiene una doble dirección: una respecto a una cuestión interna y la segunda a su vínculo con la propia relación con el FMI.

El poder concentrado de las grandes empresas locales les permite fijar precios para maximizar ganancias, aun en plena pandemia. Son inconmovibles a los llamados a la solidaridad. Tienen la misma conducta deshumanizada que permite la concentración de las vacunas en un puñado de países mientras hay otros que no han recibido ninguna dosis hasta el momento. Pero la lógica de esos empresarios no se detiene en el aumento desmedido de precios. También promueven que el Estado gaste poco para garantizar su debilidad y, en consecuencia, conservar para un grupo de actores privados la dirección de la economía. Además desean dolarizar sus ganancias y mantener la mayoría de sus activos en el exterior, restándolos a la posibilidad de invertir internamente. Por eso insisten en liberalizar el mercado de cambios y en autorizar el movimiento irrestricto de capitales con el exterior. Pero también aspiran a una legislación que desregule el mercado de trabajo, para poder competir con bajos salarios, y también pregonan la desregulación de importaciones para reducir costos, aun a costa de convertir sus industrias en armadurías.

En vez de responder con actitud ciudadana al aporte solidario de las grandes fortunas, muchos litigan para no pagar. Las firmas que integran la cadena de bienes agroindustriales, que participan mayoritariamente de las exportaciones del país, se oponen a la intervención del Estado en el comercio exterior y resisten a las retenciones, manteniéndose amenazantes contra cualquier aumento en las mismas, porque quieren apropiarse de las rentas diferenciales extraordinarias. Estos agentes internos tienen suficientes razones para contentarse con la presencia permanente del FMI y sus programas de reformas pro-mercado y contrarias a la intervención estatal. Sus móviles principales se alinean con ese paradigma, antagónico al de los intereses de las pymes. Móviles muy diferentes respecto de la porción de la burguesía nacional –que aniquiló la dictadura terrorista–, que aliada con los asalariados constituía parte de un proyecto nacional que requería la expansión del mercado interno sobre la base de salarios e ingresos dignos de los sectores populares.

Muy vigente resulta el epígrafe de Mario Rapoport en Las políticas económicas de la Argentina, una breve historia (Booket, 2010), citando a Manuel Belgrano: «Yo espero… evitar los grandes monopolios que en esta parte tengo noticias se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes sólo aspiran a su interés particular, y nada les importa el que la clase más útil del Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos».

El déficit fiscal

El equilibrio fiscal es la condicionalidad central que impone el FMI. El logro de esa meta bajo condiciones recesivas se sustenta en la reducción del gasto público que empuja la recaudación impositiva hacia abajo exigiendo luego recaudar menos. Es el camino de la recesión profunda. El superávit fiscal que se obtuvo en la primera etapa del ciclo nacional, democrático y popular se debió a que la altísima tasa de crecimiento del PBI aumentó la recaudación. Pero el gasto público no decrecía en relación a esa variable, la tendencia fue inversa. Por eso el cierre de la ecuación presupuestaria con superávit o déficit es de orden económico. No es una ecuación contable. La idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene corresponde a actores privados. El Estado posee la potestad de definir la cantidad de dinero de la economía e incidir sobre su oferta y su demanda. Emitiendo e invirtiendo. Por eso pierde sentido la idea de «gastar lo que se tiene». El resultado del presupuesto debe constituir lo menos negociable con el FMI. No sólo porque de él depende el tamaño del gasto necesario para mitigar, reducir y erradicar la pobreza y la indigencia –a través del impulso del crecimiento y de la determinación del volumen del gasto social–, sino porque es una cuestión de soberanía. El poder monopólico del Estado sobre la moneda propia debe ser innegociable.

El Cohete a la Luna

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