DECLARACION DE LA AAJ DE RECHAZO AL DECRETO 683/2018

La Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivas de la ONU, expresa su rechazo al decreto 683/2018, publicado en el Boletín Oficial el 24 de julio con firma del presidente Macri, que reforma el sistema de defensa nacional habilitando a las Fuerzas armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, pese a la prohibición legal. Dice su 1er. Artículo: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas” y, para que no queden dudas, agrega: “El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”, en tareas de “seguridad interior” y su participación “en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”.

Nuestra historia reciente, como también la experiencia latinoamericana e internacional, nos enseñan que resulta imprudente y temerario involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Tanto las cátedras de derechos humanos de las universidades nacionales como los organismos de derechos humanos se han pronunciado recordando las terribles violaciones a los derechos humanos, llevadas al extremo del terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar.

El decreto en cuestión viola la Constitución Nacional y las leyes 23554 de Defensa Nacional, 24059 de Seguridad Interior y la ley 25520 de Inteligencia Nacional, según las cuales, en concordancia con la Resolución 3314 (1974) de la ONU, las Fuerzas Armadas sólo intervienen y se organizan para enfrentar las agresiones de origen externo, perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando fuera de la órbita del mismo, toda cuestión que haga y/o se refiera a la seguridad interior, como lo demuestra el profundo estudio realizado por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, cuya lectura plena recomendamos. El artículo 4° de la Ley 23.354 dispone que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior” y el art. 7 fija quienes forman parte del sistema se seguridad interior: el Presidente de la Nación, los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley, el Congreso Nacional, los ministros de Interior, Defensa y Justicia, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de que aquellas provincias que adhieran. El decreto 683/2018, en un lenguaje que pretende ocultar sus intenciones para el lector no especializado, sustituye, sin explicar las razones ni el contenido, varios artículos del decreto 727/2006, que definía, en su art. 1º que “las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo, perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados.” Y el art. 3º. decía: “El sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión, de las adquisiciones de equipos y/o medios como así tampoco en las actividades relativas la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior.” Basado en presuntas o reales “nuevas amenazas”, el Presidente de la Nación modificó el decreto para permitir que las fuerzas armadas sean empleadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y estableció: . “El ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”

Varios diputados nacionales, de distinto espectro político, han manifestado, correctamente, que entrometer a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, con la participación de todas las fuerzas políticas en el Congreso. Pero el Presidente Macri ha elegido resolver por la vía de otro decretazo, a todas luces ilegal e ilegítimo, eludiendo el debate social y político sobre un tema tan delicado para la sociedad argentina. “Cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, apela a la demagogia punitiva y profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho”

En consecuencia la AAJ llama a l@s legislador@s nacionales a dictar una ley con idéntico texto al de los arts. 1 y 3 del decreto 727/2006, y a l@s jueces competentes a declarar la inconstitucionalidad del Decreto 683/2018.

Buenos Aires, 27 de Julio de 2018

COMISION DIRECTIVA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS RAMA ARGENTINA

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