Demanda México ante Corte de EEUU a fabricantes de armas

Por Arturo Sánchez Jiménez

Ciudad de México. México presentó ayer ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero la principal motivación radica en que las empresas asuman una responsabilidad y adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito.

Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la demanda civil interpuesta ante un tribunal de Boston, Massachusetts,tiene como objetivo que «las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México».

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a ese armamento en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma. En una conferencia transmitida en línea por la SRE, Ebrard informó que una de las exigencias de México es que los productores de armamento desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico ilegal de sus artefactos. «Las firmas saben esto, pero argumentan que cuando sus productos salen a la venta ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quién compra armamento pesado», subrayó Ebrard.

También se demanda que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en sus productos para prevenir que sean usados por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia, y que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de pistolas, fusiles de asalto, armas de alto poder y otros pertrechos.

Ebrard aseguró que esta demanda no sustituye otros esfuerzos que se hacen y que es obligatorio continuar para prevenir el tráfico de armas. «México debe hacer más y mejor para controlar su frontera». Añadió que «sin una demanda como esta, y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país».

México confía en la calidad de los argumentos legales que presentó, expuso Ebrard, y manifestó que se ganará el litigio. Agregó que México «tiene razón jurídica y moral» en esta demanda, por lo que no prevé ninguna diferencia diplomática con Estados Unidos derivada del procedimiento judicial.

El abogado responsable del caso, Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, manifestó que la demanda es un «litigio estratégico» con el que se dará cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale la pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos «cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes compran armas y en dónde».

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, aseguró que esta demanda no es en contra del gobierno de Estados Unidos, «a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones»; sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder.

El senador Ricardo Monreal sostuvo que la demanda «es un hecho sin precedente». Con el recurso «se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive.»

Drogas y corrupción, verdaderas causas, responden

La estadunidense Asociación Industrial del Comercio de las Armas rechazó las acusaciones del gobierno de México y afirmó que se busca un «chivo expiatorio. Las acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras«, sostuvo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF. «La actividad delictiva de México es resultado directo del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público», afirmó la NSSF.

La Jornada