Democracia y violencia

Por Mónica Peralta Ramos

Ráfagas de violencia desmadrada azotan al mundo. Los unos contra los otros: esta parece ser la ley que rige nuestra existencia. No es casual. Múltiples formas de violencia subyacen escondidas tras varias capas de lo que hoy llamamos modernidad. Este andamiaje tambalea frente a la pandemia. Por sus fisuras se filtran las emanaciones de un núcleo incandescente: la violencia ejercida por unos pocos que tienen mucho sobre una marea humana que no tiene nada. No es fácil olfatear esta perversidad. Penetra sutilmente en nuestras vidas, y nos controla de un modo natural. Llega de distintas maneras: desde un sentido común violento machacado al infinito por medios de comunicación emborrachados de poder, hasta los mensajes subliminales desparramados a través de la propaganda comercial, las películas, las canciones y un lenguaje que consagra la agresión como norma de la vida cotidiana. Hoy vivimos al borde del precipicio e impregnados de una violencia que ignoramos. Guerras de consecuencias imprevisibles pueden hacer estallar al planeta y vivimos adictos a prácticas que envenenan a la naturaleza. Nada de esto parece amenazar nuestra realidad inmediata.

Según la arqueología, la violencia hacia el otro es un fenómeno muy antiguo en la vida de la humanidad. Sin embargo, rastros de violencia colectiva entre grupos solo aparecerán cuando la organización social se vuelve mas compleja y surgen las diferencias sociales. En el Paleolítico las comunidades de cazadores y recolectores, en constante movimiento, dependían estrechamente de la cooperación y el apoyo mutuo para sobrevivir y reproducirse. En el Neolítico, en cambio, se producen cambios radicales: los grupos se vuelven sedentarios, domestican plantas y animales, producen lo que consumen y almacenan lo que sobra. Aparece así un excedente, las organizaciones sociales se estratifican cada vez más y las guerras se institucionalizan.

Mucha agua corrió desde ese entonces. Sin embargo, el principio básico que hace posible la persistencia de un orden social, se mantuvo intacto a través del tiempo y de las diversas culturas. Hoy sabemos que, mas allá de los conflictos internos y entre colectividades, la vida social solo se reproduce si el orden existente es aceptado por el conjunto social. Ninguna sociedad se puede mantener indefinidamente en el tiempo utilizando abiertamente la violencia y sin buscar consenso y apelar a alguna forma de cooperación y de solidaridad social. Este principio confronta nuestra realidad cada vez más convulsionada. Vivimos en un mundo donde la legitimidad del orden social se deteriora rápidamente y la violencia se ejerce en forma cada vez mas abierta.

La perdida de legitimidad de la democracia como forma de gobierno en el mundo occidental ha venido cocinándose a lo largo de décadas y tiene múltiples dimensiones. La representatividad de los partidos políticos es cada vez más cuestionada por los ciudadanos de a pie y las políticas económicas de los gobiernos tienden a dinamitar su estabilidad política. Poco a poco las instituciones se han ido transformando, y a pesar de mantener todavía la cascara democrática, la violencia descarnada juega un rol cada vez más explícito. Los Estados Unidos son hoy el epicentro del capitalismo global monopólico. Esta forma de organización social que predomina en el mundo ha engendrado nuevas formas institucionales que, adosadas a las instituciones democráticas, las vacían de contenido integrándolas en un verdadero Estado en las Sombras. Inicialmente basado en el complejo industrial-militar denunciado por el general Eisenhower en 1962, esta forma de Estado se ha expandido hasta incorporar estructuras de poder paralelas, secretas y privatizadas que en su accionar dinamitan la legitimidad de su funcionamiento y vacían de contenido a los valores de la civilización occidental.

Estado y espionaje

Desde fines de la década de los ’60 la expansión global económica y financiera de las corporaciones norteamericanas, los desarrollos tecnológicos y la proyección creciente de la industria de armamentos tuvieron enorme impacto sobre la estructura administrativa del Estado norteamericano. Las actividades de inteligencia y espionaje pasaron a tener cada vez más preponderancia. El atentado a las Torres gemelas, la aprobación de la ley antiterrorista Patriot Act y las guerras de Afganistán e Irak institucionalizaron esta injerencia y cimentaron el crecimiento de una enorme burocracia estatal dedicada a la inteligencia.

Hoy existen en aquel país 16 agencias federales, dedicadas exclusivamente a la inteligencia y el espionaje. Esta “comunidad de inteligencia” incluye además a agencias gubernamentales en distintos Estados dedicadas a la inteligencia, e innumerables secciones consagradas a esta actividad e insertas en agencias estatales —del gobierno federal o de los Estados— que se dedican a otros fines no relacionados con la inteligencia. Incluye además a comités específicos del Congreso y a un agregado de Cortes Federales, algunas de las cuales operan en secreto. Esta mega estructura de Seguridad Nacional opera visiblemente, pero sus actividades son muchas veces cubiertas por el secreto y difíciles de controlar.

Se ha constituido así una maquinaria global de espionaje interno y externo de una magnitud y poderío inéditos, de la cual no escapan ni los individuos, ni las empresas ni los países. Paralelamente a estas agencias administrativas, existe un entramado de redes de poder, dinero e influencias que penetran en sectores de la sociedad civil, especialmente en los medios de comunicación, las finanzas y la política. Conjuntamente con las agencias de inteligencia constituye un verdadero Estado en las Sombras, recorrido por conflictos “territoriales” por acrecentar poder, dinero e influencia. Hoy estos conflictos han alcanzado una intensidad inusitada.

Democracia norteamericana en crisis

La pelea entre las agencias de inteligencia por influir en la política del gobierno ha sido una constante en la vida moderna norteamericana, debilitando severamente a varios Presidentes constitucionales y culminando con el asesinato de John Kennedy y otros dirigentes políticos. Sin embargo, desde principios de este siglo esta pelea se volvió más compleja y turbulenta. Estos desarrollos se dieron en el contexto de una creciente influencia de las grandes corporaciones e individuos super ricos sobre los partidos políticos, las campanas electorales y las políticas de gobierno y un anquilosamiento de los dirigentes en sus cargos políticos. Estos procesos han derivado en una creciente apatía electoral y en una crisis de representación de los partidos políticos.

La idea de una democracia en crisis no es nueva. Surgió a principios de los ’70, impulsada por el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger junto con otros dirigentes políticos (Willy Brandt, Samuel Huntington, entre otros). Se impulsó así una “desintegración controlada” del poder de los Estados nacionales para decidir su política económica. El mercado y la gestión de nuevas instituciones globales irían a asegurar la “gobernabilidad” del mundo. Paralelamente, esta élite globalista liderada por Kissinger piloteó una reforma de las agencias de inteligencia, dando más poder a organismos civiles para promover cambios de régimen en varios países del mundo. Entre estas organizaciones se destacó la National Endowment for Democracy, uno de cuyos presidentes iría a reconocer en 1991 que “mucho de lo que hacemos hoy abiertamente lo hizo clandestinamente la CIA durante 25 años… la única diferencia es que actuar abiertamente es más efectivo y seguro” (newsweek.com 5 3 2018). Entre las actividades promovidas por esta institución se cuentan las “revoluciones de color” que con diversas tácticas insurreccionales promovieron cambios de régimen político en distintas partes del mundo, desde la Unión Soviética, Irak, Egipto y Líbano, hasta más recientemente Irán, Venezuela y Hong Kong.

La intervención militar de Estados Unidos en Afganistán, en Irak y otras regiones del mundo contribuyó a profundizar la militarización de la política interna y externa del país, y consolidó la influencia de los neoconservadores sobre los globalistas en la gestión de los gobiernos desde principios de este siglo. En este contexto, y siendo totalmente ajeno a los partidos políticos y a las disputas por el poder, Trump irrumpió sorpresivamente en la escena política a mediados de 2015, atacando al “pantano de Washington DC” constituido por una elite, que según el, se perpetuaba en el poder y a una prensa liberal que solo publicaba información falsa (fake news). Con una campaña electoral mechada de comentarios misóginos y racistas, Trump se apropió de la estructura del partido republicano apelando a la frustración de los estratos populares, especialmente blancos. Prometiendo reconstruir la grandeza americana, poner fin a las “guerras interminables” y limpiar “el pantano de Washington DC”, Trump accedió a la presidencia en 2016. Este fue el inicio de una era de rápida degradación institucional en el contexto de una creciente polarización política y de luchas entre facciones por controlar la política del gobierno. Trump sufrió dos escandalosos intentos de destitución en el Congreso, que fracasaron gracias al apoyo recibido en el Senado por el partido republicano. Ahora Trump ha desatado un procedimiento criminal contra funcionarios actuales y pasados de las agencias de inteligencia y de otras áreas del Estado, acusándolos de haber fabricado información para destituirlo.

Protesta social, racismo y elecciones

El mal manejo de la pandemia por parte de Trump y su recurso a la violencia abierta para controlar las protestas sociales desatadas luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis, han despertado la inquietud y el distanciamiento de algunos senadores republicanos que temen por su futuro, estrechamente ligado al voto independiente, en las próximas elecciones de noviembre. Al mismo tiempo, la retracción del apoyo que la autoridad militar le diera inicialmente a Trump para reprimir con la Guardia Nacional y tropa militar a las manifestaciones, lo ha debilitado políticamente en momentos en que arrecia la oposición abierta de los demócratas que tratan de cooptar la protesta social y a los militares. Joe Biden, candidato a la presidencia por el partido Demócrata, acusó a Trump de haber fraguado un plan para “robar” el resultado electoral en noviembre. Asimismo ha dicho que está convencido de que Trump no entregará el gobierno si pierde en las elecciones, y que de ocurrir esto los militares que ahora le han quitado el apoyo, lo sacarán rápidamente de la Casa Blanca (nbcnews.com 11 6 2020, theatlantic.com 16 6 2020). En cualquiera de estas dos circunstancias, la situación será caótica.

Trump trata ahora de salir del aislamiento convocando a sus seguidores a masivas movilizaciones para iniciar la campaña electoral y no se priva de hacer alusiones racistas, incluyendo panfletos con símbolos nazis (bbc.com 17 6 2020). Las movilizaciones multirraciales contra la discriminación y el abuso de la policía no han cesado, aunque la violencia ha disminuido drásticamente. Las demandas de poner fin a la militarización policial, de disminuir el presupuesto policial, de imponer restricciones al armamento y material usado y una estricta fiscalización de las actividades policiales son procesadas por la oposición política y las autoridades de diversas ciudades, pero violentamente rechazadas por Trump.

El asesinato de otro ciudadano negro en Atlanta derivó esta semana en nuevos incidentes violentos, seguidos por la renuncia de la jefa de la policía y el procesamiento de los involucrados. Esto ha incentivado la oposición de los sindicatos de la policía, apoyados por Trump, a los intentos de reformar los departamentos policiales. Paralelamente, organizaciones de camioneros se niegan a transportar mercancías en las ciudades donde hay protestas y violentos incidentes entre manifestaciones opuestas empiezan a encender las alarmas (zerohedge.com 14 6 2020, usatoday.com 17 6 2020). Todo esto ocurre en un contexto de fuerte recesión económica, creciente desempleo y nuevos picos de contagio de Covid-19 en todo el país.

Así el futuro inmediato está plagado de incertidumbre. Diversas opciones parecen abiertas: desde un intento de vaciamiento de la protesta social convirtiéndola en una “revolución de color” que tiene por objetivo destituir a Trump, hasta la incentivación de enfrentamientos raciales por un Trump decidido a ganar las elecciones a cualquier precio. Una cosa, sin embargo, es evidente: el contexto de fuerte deterioro de la legitimidad institucional y la proliferación de la protesta social han aumentado el peso de los militares en la vida política del país.

La Argentina y la violencia de la oposición

Esta semana los contagios con Covid- 19 han trepado sustancialmente en el AMBA, la región mas poblada del país, y la crisis sanitaria está a la vuelta de la esquina. El intendente de la Capital Federal sigue negándose a adoptar medidas mas drásticas para prevenir los contagios, a pesar de que las autoridades de las clínicas privadas más importantes de la Capital advierten que pronto serán desbordadas por las demandas de internación. Así, en los hechos el intendente se pliega a la conducción macrista, dispuesta a provocar el caos por cualquier medio.

Las revelaciones sobre el espionaje aportadas por las causas judiciales en curso comprometen cada vez más al macrismo en el montaje y utilización de un aparato clandestino que, con apoyo de jueces y periodistas, tenía por objetivo perseguir a CFK y a la oposición. Esto empuja al macrismo a intensificar la desestabilización política del gobierno y utiliza la posible expropiación de Vicentin para sublevar al campo. Reedita la táctica utilizada desde diciembre del año pasado: impulsar a los “productores autoconvocados” a cortar las rutas y provocar una 125 contra el gobierno. Esta vez la excusa es la defensa de Vicentin y las empresas privadas amenazadas “por el avance del comunismo”. Utilizando una retórica violenta y mentirosa, agitan miedos ancestrales en el mejor estilo de la propaganda fascista. De nada valen las deudas que la empresa sembró entre las cooperativas y los productores que le vendieron sus cosechas. De esto no se habla y no interesa. Tampoco se habla de los negociados sucios y la corrupción de la empresa.

Las entidades que representan a los sectores económicos más poderosos del país también se abroquelan en defensa de Vicentin y la propiedad privada. Paralelamente, urden planes para promover una “argentinización” de la empresa con participación mayoritaria de grupos monopólicos vinculados a la agroindustria. En este contexto, el endurecimiento de los acreedores de la deuda externa liderados por el fondo de inversión BlackRock no parece casual. A último momento ha presentado demandas de modificación de los contratos de deuda a ser renegociados, especificando que deberán ajustarse a la letra chica de las cláusulas contractuales de los bonos de la deuda de 2005. Esto abre la puerta al vuelo rasante de los Fondos Buitres. Asimismo pretenden que las mismas condiciones rijan para cualquier deuda que posteriormente emita la Argentina hasta que se terminen de pagar estos bonos. Esto condena al país a vivir por décadas bajo la amenaza de los Fondos Buitres.

BlackRock posee un 6% de las acciones de Glencore (lpo.com. 9 6 2020). Con sede en Suiza, esta multinacional es considerada la principal empresa dedicada a la compraventa y a la producción de materias primas y alimentos del mundo. Su filial argentina, Oleaginosa Moreno, es hoy la principal exportadora de subproductos de la molienda de granos y oleaginosas, habiendo sustituido a Vicentin en este rol desde que declaró la cesación de pagos en diciembre del 2019 (lavoz.com 17 6 2020). Glencore es además socia de Renova, empresa asociada a Vicentin, a la cual ha intentado comprar en el pasado. Así, por un medio o por el otro, Glencore y BlackRock pretenden aumentar su control del negocio agroindustrial argentino.

Todos saben cuál es el problema principal: la expropiación de Vicentin le permitirá al Estado nacional intervenir de una nueva forma en la economía para poner algún tipo de limite a la estructura de poder que desde hace décadas condena al país a la dependencia tecnológica y al endeudamiento ilimitado. Al controlar Vicentin el gobierno podrá, entre otras cosas, poner la mira sobre las exportaciones, los precios de los alimentos y un desarrollo industrial basado en la integración creciente de las cadenas de valor del campo y de la industria, eliminando así grados de dependencia de tecnología importada y generando más empleo. Esto implica empezar a ejercer algún tipo de control sobre el enorme poder que tienen unos pocos grupos económicos asociados al capital extranjero para formar precios, apropiarse y liquidar divisas e importar tecnología.

Hoy 9 de cada 10 ciudadanos reciben algún ingreso del Estado para capear la crisis y las encuestas muestran que el manejo de la pandemia por parte del gobierno le ha granjeado la aprobación de vastos sectores que no lo votaron. Mientras la oposición macrista incita a la violencia para erosionar la legitimidad del gobierno, los grupos económicos más poderosos se oponen a cualquier intento del gobierno de avanzar en el proyecto de inclusión social que fue votado en las urnas. Históricamente han desestabilizado a los gobiernos democráticos con la violencia brutal de la inflación desmadrada y de la corrida cambiaria. La expropiación de Vicentin le permitirá al gobierno defender mejor al país de estos ataques.

El Cohete a la Luna

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *