Derechos humanos y pandemia

Por Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

El nivel de contagios por coronavirus en el AMBA y en zonas densamente pobladas, en especial en los barrios populares, crece de manera importante. A la par, aparecen con mayor fuerza algunas reacciones de diverso carácter, pero coincidentes en cuestionar la continuidad de la cuarentena y de algunas medidas de aislamiento social impuestas desde el gobierno.

Como organizaciones y personas comprometidos en la lucha por los DDHH vemos con preocupación el avance de quienes ponen los privilegios propios y de su clase ante el bien supremo de la vida y la salud de todos y todas.

EN LOS BARRIOS POPULARES NO BASTA CON EL AISLAMIENTO

El virus llega a todos lados, sin embargo es en los barrios populares donde su incidencia muestra con crudeza la precariedad estructural, que desde hace muchos años produce la pobreza, el desempleo, la precarización laboral y las faltas de respuestas del Estado para una vida digna. Sin planes de vivienda para los sectores más humildes, sin urbanización, sin cloacas u otras soluciones que permitan acceder a las condiciones de salubridad necesarias, no solo ante el coronavirus, sino también, ante enfermedades que estaban erradicadas a mitad del siglo pasado como tuberculosis, dengue, etc. y que nuevamente, hoy, proliferan por falta de estas condiciones.

Es real que la asistencia ha llegado en muchos barrios, pero esa asistencia no llega a todos y todas en forma y cantidad suficientes, hoy más que nunca el Estado a través de los gobiernos, nacional, provincial y municipal, debe poner los recursos suficientes y de manera inmediata para garantizar los derechos en los barrios populares. No es tolerable que cientos de miles de personas no posean, por ejemplo, agua potable estando a menos de 5 minutos de viaje a residencias que hasta cuentan con grandes piletas de natación.

Los recursos están, pero es imposible luchar contra la pobreza sin enfrentar a la riqueza insultante de unos pocos. Urge que se sancione una ley creando un impuesto a las grandes fortunas y que en la misma se especifique que ese dinero debe estar destinado en su totalidad a dotar de todos los elementos necesarios en los barrios populares para la lucha contra la pandemia y la asistencia alimentaria suficiente y luego para mejorar las condiciones urbanas y sanitarias que permitan una vida digna. No nos parece ético y al contrario nos parece agraviante, que se otorguen subsidios a empresas multinacionales para pagar sueldos de sus empleados. Estas empresas y sus dueños acumulan ganancias suficientes sin necesitar del socorro estatal.

Los medios de comunicación concentrados siempre estuvieron al servicio de la oligarquía y en estos meses han desatado una campaña de miedo y una ofensiva contra las políticas de defensa de la salud pública, ocultando su verdadero motivo y alertando sobre el «peligro democrático» que produciría la «infectadura». Anuncian el sinfín de desgracias económicas que traería la cuarentena, ocultan que el gobierno anterior, que ellos promovieron y defendieron, destruyó sistemáticamente todo lo público, incluida la salud. También de manera artera y muy llamativa, hablan de versión aggiornada de la teoría de la «seguridad nacional» en clara alusión al genocidio dictatorial, cuando la mayoría de los firmantes son negacionistas y relativizadores de las atrocidades cometidas por la dictadura instaurada en marzo de 1976. Buscan como único propósito defender la totalidad de sus privilegios de clase a costa de la salud y la vida del pueblo

CÁRCELES Y LUGARES DE ENCIERRO

Alertamos y denunciamos la grave y difícil situación de las personas privadas de su libertad en los lugares de encierros, cárceles, comisarías y alojamientos cerrados para menores: La primera causa de las muertes en contexto de encierro (el 55%) se producen por enfermedades que con una atención adecuada no hubiesen sido mortales. Allí el común denominador es la tortura, el hambre y el hacinamiento por superpoblación.

Recordamos que el 45% de las y los privadas y privados de su libertad se encuentran procesadas/os, por lo que todavía no fueron condenadas/os, por lo cual no han podido defenderse en un juicio y con la consecuente imposibilidad de acceder a apelación alguna.

Urge la aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los diferentes tratados internacionales que condenan y buscan eliminar las torturas y vejaciones en lugares de encierro.

EXCARCELACIONES A LOS GENOCIDAS

Es alarmante como algunos reaccionan cuando se habla de dar domiciliarias frente al peligro de contagio que conlleva el hacinamiento, la escasa y mala alimentación y la deficiente asistencia sanitaria, a la vez que callan o aún defienden cuando esas domiciliarias y excarcelaciones se las dan a genocidas, culpables de miles de muertes, secuestros, desapariciones, torturas, robos de bebes, violaciones, etc. y que han tenido sus juicios, y agotado sus posibilidades de apelación.

Desde que comenzó la etapa del aislamiento social, se presentaron 177 recursos por parte de 135 genocidas para obtener prisión domiciliaria o excarcelación.

El 72 % fue rechazado. Otros 34 fueron beneficiados y 16 aún no resueltos. De los beneficiados se otorgaron 25 domiciliarias, 8 provisorias que no salen en libertad por tener otras causas y 1 libertad condicional o excarcelación.

Repudiamos las excarcelaciones o cualquier otro beneficio a los genocidas. Por el carácter de sus crímenesno deben acceder a estas condiciones, porque además de ser crímenes imprescriptibles por leyes nacionales y tratados internacionales, al no revelar nunca el destino de los desaparecidos o de los bebés robados y nacidos en cautiverio, sus delitos se continúan cometiendo.

Por otra parte, los pabellones donde están recluidos gozan de todas las garantías para enfrentar la pandemia. Estas cárceles están subocupadas. No hay hacinamientos como ocurre con los presos comunes.

NUESTROS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES

Desde el comienzo de la pandemia en todos los foros de salud mundiales, especialmente de la OMS, se hace énfasis sobre la vulnerabilidad de las personas de edad más avanzada, sin embargo vemos que el Estado ha llegado tarde con el control y asistencia a muchos de los lugares de alojamientos de nuestros mayores. Urge el asegurar y controlar el funcionamiento en estos hogares.

Vemos con mucha preocupación y reclamamos en consecuencia el que nuevamente a los y las jubilados y jubiladas se les niega el acceso a una vida más digna y aún a la posibilidad de auto sostenerse por las jubilaciones y pensiones de hambre que cobran en su gran mayoría. No defendemos el anterior sistema de ajuste, no abogamos el volver a él, pero creemos que los aumentos por decreto han estado lejos de cumplir con las expectativas de una vida más digna. Los 16.860 pesos no alcanzan y eso es lo que tiene que atender el Estado, no cambia nada si el porcentaje de aumento es del 6,2 o del 8%, ya que ni uno ni otro cubre ni siquiera la mitad de una canasta básica de adulto mayor. Es cierto que ha habido algunos avances en cuanto a la prestación, sobre todo en la cobertura de algunos remedios en el PAMI, sin embargo esto es a todas luces insuficientes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de los y las mayores.

DEFENDER LA SALUD PÚBLICA ES DEFENDER A QUIENES TRABAJAN EN ELLA

Hemos afirmado y repetimos que apoyamos la política sanitaria de la cuarentena, pero esta necesita que todos los recursos sean destinados a sostener a los sectores más humildes y brindar al personal de la salud los elementos necesarios para su labor.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyamos el reclamo de los profesionales de la salud, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, laboratoristas y personal de maestranza, para que se les brinde los elementos de protección necesarios para quienes están en contacto directo con la enfermedad o con tareas ligadas a esta.

Asimismo, los trabajadores residentes, concurrentes y becarios -del ámbito público y privado- aun reclaman por una recomposición salarial y siguen soportando jornadas extenuantes sin horario, sin descansos en post-guardia y la falta de cobro de horas extras. Solicitamos se realicen los testeos necesarios al personal sanitario y se amplíen las plantas de profesionales en los nuevos lugares de atención.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y PANDEMIA

La violencia de género crece en nuestro país desde hace tiempo, como lo señalan las luchas, cada vez más masivas, que se desarrollan por el «Ni Una Menos», sin embargo es alarmante el incremento de ataque a las mujeres, sobre todo en el ámbito familiar, que se está dando a partir del inicio de la cuarentena.

Desde el Estado, teniendo en cuenta que la cuarentena obliga a convivir, en muchos casos, a mujeres con sus agresores, se debe agilizar y reforzar la atención a estas situaciones, dotar a los centros de atención y protección con el presupuesto necesario y además propiciar y dictar leyes que impidan cualquier morigeración de penas a quienes maltratan, agreden y matan a las mujeres. También durante la pandemia se agudizó la extrema situación de vulnerabilidad en la que viven las personas trans y travestis. El Estado también debe prestar especial atención y asistencia a este sector.

Desde que comenzó la cuarentena hubo 55 femicidios y 11 travesticidios, de los cuales el 68% fueron cometidos por sus parejas o ex parejas y el 75% de los casos acaecidos en sus viviendas.

Durante la cuarentena se agudizan las condiciones de precariedad de quienes deciden abortar. Se sigue vulnerando el derecho a las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos. El aborto debe ser legal y en hospitales públicos para evitar las cientos de muertes de mujeres pobres por no poder abortar en condiciones seguras

LA PANDEMIA HA AGUDIZADO EL RACISMO Y LA VORACIDAD POR LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE LOS ORIGINARIOS

Los pueblos originarios fueron, en mayor o menor grado, invisibilizados, por todos los gobiernos: intervenciones, represiones y desalojos llevaron al despojo ilegítimo de sus territorios ancestrales. Sus hábitat fueron reducidos, cercenando sus posibilidades de subsistencia y sostenimiento, mayormente ligado al laboreo de las tierras y a la pequeña ganadería.

En la actualidad, utilizando el aislamiento preventivo como excusa han sido nuevamente víctimas de atropellos, represiones, violaciones a sus derechos por distintas fuerzas de seguridad. En Villa Mascardi, la comunidad lof Lafken Winkul Mapu, cercana a Bariloche, la misma en la que asesinaron a Rafael Nahuel, fue agredida con armas de fuego por la policía local en distintas oportunidades, provocando como parte de esos ataques, un incendio en las proximidades. Y solo diez días después policías de la provincia del Chaco, en el barrio Fontana, cercano a Resistencia, atacaron a una familia Qom derribando la puerta de su casa, secuestrando a cuatro jóvenes, entre ellos a una menor de edad, arrastrándolos a la comisaría tercera en donde fueron abusados y torturados. Unos días mas tarde sucedieron hechos similares en la localidad del El Maiten con la comunidad Lof Kurache, otra comunidad mapuche

La pandemia ha agudizado el racismo. La injusticia y el olvido aún continúan. Nosotros defendemos sus resistencias por sus tierras y su riqueza cultural y como ellos llaman su buen vivir.

SOBRE LAS POLÍTICAS REPRESIVAS

Desde el 20 de marzo se han producido con la excusa de la pandemia un gran número de hechos represivos sobre los sectores más vulnerables en diversas provincias de nuestro país.

Sabemos que no son hechos aislados. Sabemos que las fuerzas de seguridad actúan con impunidad y con represión cuando se les da el poder de actuar. Exigimos que se investigue, que se encarcele y juzgue a los autores de tales acciones. Que no suceda como tantas veces que los culpables terminan en libertad y reubicados en otras dependencias.

El miércoles 17/6 la gendarmería asesinó por la espalda a Facundo Scalzo. La versión, como siempre, habla de enfrentamiento, los vecinos y vecinas narran una ejecución y un claro hecho de gatillo fácil. Este es el accionar de la gendarmería, la misma que resultó impune por el secuestro y asesinato a Santiago Maldonado. Exigimos al gobierno nacional y a su ministra de seguridad el inmediato encarcelamiento de todos los involucrados en este nuevo caso de gatillo fácil.

LAS NUEVAS NORMALIDADES

Mucho se viene hablando acerca de lo que es y será la nueva normalidad, por lo pronto la pandemia está mostrando, entre otras cosas, la realidad de lo que un sistema injusto y desigual trae aparejado. La planificada destrucción del sistema público, especialmente el de la salud, la precarización y el desempleo, el hambre como política de disciplinamiento social, la concentración de la riqueza, el robo sistemático a los y las jubiladas, no pueden ni deben ser parte de esa nueva normalidad. Sabemos del catastrófico estado de todo lo público encontrado por el nuevo gobierno, sin embargo esta situación no puede ni debe llevar demora a las tareas urgentes que aseguren el menor daño posible por el Covid-19 en nuestro pueblo, pero además para que el Estado emprenda ya el camino hacia las soluciones definitivas que lleven a condiciones de vida dignas para todos y todas.

La nueva normalidad debe partir por transformar al Estado para que defienda de manera irrestricta a los sectores más vulnerables, ya sea durante y después de la pandemia.

La nueva normalidad debe romper con la normalización de la miseria.

La nueva normalidad debe defender a los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a vivir, por sobre los derechos a mantener los privilegios de los poderosos.

Julio de 2020

Adhieren a este documento

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL (Premio Nobel de la Paz)
NORA CORTIÑAS (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora)
ELSA PAVON (Abuela de Plaza de Mayo, Asociación Anahi)
MIRTA BARAVALLE (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora)
ELIA ESPEN (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora)
ARTURO BLATESKI (Pastor MEDH Quilmes)
DIANA KORDON (Coordinadora EATIP)
CLARA PETRAKOS (hija de desaparecidos, busca a su hermana Victoria, apropiada por los genocidas)
PABLO PIMENTEL (APDH La Matanza)
HORACIO SEILLANT (Sobreviviente OLIMPO)
MARTA UNGARO (Familiar Noche de los Lápices)
APDH LA MATANZA
APDH LA PLATA
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD)
CADeP (Coordinadora por los Derechos del Pueblo)
CENTRO por los DDHH HEMANOS ZARAGOZA
COMISION DE HOMENAJE A MADRES DE PLAZA DE MAYO DE QUILMES
COMISION por los DDHH de TRENQUE LAUQUEN
CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)
EATIP- EQUIPO ARGENTINO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL
EPCT- ENCUENTRO DE PROFESIONALES CONTRA LA TORTURA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS de la COLECTIVIDAD JAPONESA
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
LIBERPUEBLO
COLECTIVO DE ABOGADXS POPULARES – LA CIEGA
COOPERATIVA DE EDUCADORXS e INVESTIGADORXS POPULARES HISTORICA
EQUIPO DE EDUCACION POPULAR PAÑUELOS EN REBELDIA
ATE PROVINCIA de BUENOS AIRES
BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR
CCC
CORRIENTE SOCIAL y POLITICA MARABUNTA
CTA AUTONOMA PROVINCIA de BUENOS AIRES
MARCELO AIMAR (Periodista)
FLAVIA ANGELINO (Docente carrera de sociología .UBA)
ANA BIANCO (Periodista)
MIRTA FABRE (EPCT
DANIEL FEIERSTEIN (Investigador/Docente CONICET/UNTREF/UBA
LILIANA SILVIA GARCIA (Integrante Del MEDH)
MYRNA INSUA BELFER (Docente de la Universidad de Paris)
ANA JEMIO (Centro de Estudios sobre Genocidio UNTREF)
DARIO LAGOS (Psiquiatra- EATIP)
HERNAN MORENO (Sociólogo, profesor UBA)
VERONICA QUINTEROS (Abogada DDHH)
NICOLAS TAUBER (Abogado DDHH)
LETICIA TORI (Integrante de la UNION x los DDHH LA PLATA)
CAROLINA VILCHEZ (Abogada de DDHH-Docente UNLP)
Alejandro Dausá ( Teólogo-ex Detenido Desaparecido)
Josefina Bergues (Abogada)
Laura Serra (Periodista)
Liliana Colecchia
Elsa Cola Arena (Feminista abolicionista, CABA)
Karen Wittenstein (La Plata)
Sergio Moriscot (Credicoop-Neuquen)
Alicia Nelly Vattino (Hermana de de Daniel Omar Vattino y Ada Margaret Burgueño Pereyra, detenidos desaparecidos)

 

(adhesiones a: aedd@exdetenidosdesaparecidos.org )

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