Ejecuciones, desapariciones, torturas

Por Liliana Mazea

Foto de Eduardo Longoni, que muestra a José Díaz rendido junto a Iván Ruiz. La historia oficial dice que se fugaron.

A 30 años de la incursión en el RIM 3 de La Tablada por parte de los militantes del MTP, seguimos buscando justicia. Luego de su rendición, se cometieron varias violaciones a los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, torturas, entre otras, estando la recuperación del cuartel bajo las órdenes del general (re) Alfredo Arrillaga.

Desde el punto de vista legal o jurídico se hicieron las denuncias pertinentes ante el juez Gerardo Larrambebere, siendo uno de sus secretarios Alberto Nisman. También se ratificaron en el juicio oral realizado en el mismo año 1989, no teniendo acogida en ningún estamento jurisdiccional. Se formaron causas paralelas, recursos, sin realizarse ninguna investigación sobre las violaciones denunciadas. Se llegó, agotada la vía recursiva argentina, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que produjo en 1997 un informe negativo para el Estado, recomendando una investigación seria para determinar la responsabilidades respectivas.

Siguieron las investigaciones y los recursos para dar con todos los responsables del aniquilamiento en la recuperación del cuartel, sabiendo que el transcurso del tiempo corría en contra de las víctimas. Con el generoso esfuerzo de familiares y sobrevivientes, se llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre del 2014 determinó la imprescriptibilidad de los delitos cometidos y hoy nos encontramos en un juicio oral contra un solo responsable, Arrillaga, ya condenado por varios delitos de lesa humanidad, y una sola víctima, José Alejandro Díaz.

El actual proceso nos da fuerzas para perseguir a los otros responsables que intervinieron ese 23 y 24 de enero, y por los demás militantes que sufrieron las más aberrantes prácticas en democracia, tal cual se ejecutaron en la dictadura que precedió a la instauración del estado de derecho. Y como aseveración de los dichos de los testigos de lo ocurrido, un sargento que ese día 23 actuó al mando de una ambulancia recogiendo heridos militares, reconoció en el presente juicio oral que lo obligaron a firmar un acta junto al secretario Nisman y Larrambebere, y decir que entregó a los dos desaparecidos, Díaz y Ruiz, al mayor Varando, cuando en realidad no los conocía. Se quebró en ese momento el encubrimiento judicial y político que pretendía acusar a los dos militantes malheridos de matar a la persona que Varando confió su guarda.

Como querellante en delitos de lesa humanidad, nunca escuché un reconocimiento de los hechos como el del testigo Quiroga, por lo que el testimonio de las víctimas reafirma la eficacia y valor en todos estos juicios. Seguimos buscando justicia.

* Abogada de derechos humanos y representante de las víctimas de La Tablada.

23/01/19 P/12

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