El derecho a resistir

Alegato de Pablo Llonto en el juicio por los crímenes durante la Contraofensiva Montonera

Por Alejandro Jasinski

Imagen: Banquillo de militares acusados por secuestros, torturas y desapariciones en 1979. Foto Gustavo Molfino.

«Este juicio es el más importante después del Juicio a las Juntas», planteó Pablo Llonto el pasado jueves. De inmediato se explicó: «Esta sentencia va a ser mirada por todo el país, porque aquí se juzga por primera vez a toda la estructura de inteligencia del Ejército. ¡A toda! Desde la cúpula de la Jefatura II de Inteligencia hasta los participantes del último destacamento y la última organización de inteligencia en los comandos». Al abogado querellante lo oían de forma presencial y virtual les jueces del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín.

Las palabras de Llonto, que se extendieron por cinco horas y lo harán por varias jornadas más en las semanas que siguen, dieron inicio a los alegatos de la querella mayoritaria en el juicio por delitos de lesa humanidad denominado «Contraofensiva Montonera». Se reclama justicia por casi un centenar de militantes de la organización política y armada que iniciaron acciones de resistencia frente a la última dictadura a partir de 1978 pero fueron capturados, torturados, asesinados y desaparecidos.

El de Llonto es el segundo alegato que se escucha en este juicio luego de la intensa intervención de la fiscal Gabriela Sosti a fines del año pasado. Su querella está unificada con la de Abuelas de Plaza de Mayo. Luego vendrán otras, entre ellas la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Recién entonces el Tribunal dictará sentencia, tras dos años de audiencias públicas y casi una década de tramitación. Las demoras brindaron impunidad biológica para los imputados Ricardo Pianta, Carlos Carpani Costa, Raúl Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Sotomayor. Pero no lo harán para Marcelo Cinto Corteaux, Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Jorge Apa, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo.


El abogado y trabajador de prensa Pablo Llonto durante su alegato en San Martín. Foto Gustavo Molfino.

De desleales, traidores y cobardes

Los acusados en este juicio eran oficiales con grados de teniente coronel y teniente primero, jefes de compañías y departamentos encargados de actividades psicológicas, inteligencia y contra-inteligencia de unidades destacadas del Ejército como el Batallón de Inteligencia 601, el Comando de Institutos Militares y el Destacamento de Inteligencia 201 con asiento en Campo de Mayo, centro de la Zona de Defensa IV.

Al momento de iniciar los alegatos, en noviembre pasado, Sosti explicó que se trata de «funcionarios de la estructura que diseñó, planificó, instrumentó, analizó, documentó, hizo posible el mayor de los genocidios que padeció nuestro país». Llonto metió el arado en el mismo surco. Destacó primero el esforzado trabajo colectivo de investigación para aportar pruebas y reconstruir las trayectorias personales de las víctimas. Luego pidió a los jueces que miren este trabajo con los ojos de las víctimas pero «también con los ojos de los victimarios».

El abogado retomó con detalle numerosa evidencia durante la primera parte de su alegato. Pero fue resonante su inicio, con la lectura de fragmentos de dos documentos encontrados en una misma acción judicial en 2012: el allanamiento judicial en la casa del dictador Jorge Rafael Videla. Esa prueba «fue escasamente valorada en los juicios», advirtió.

«La propia confesión política del genocida Videla», explicó, está en un libro inédito que se tituló Charlas en la cárcel con Videla, escrito por «ese personaje nefasto para el periodismo argentino que fue José Gobello», recordó Llonto (Gobello falleció a los 94 años y recibió una necrológica laudatoria en Clarín, con una escueta referencia a su apoyo al genocida). En dichas charlas, Videla explicitaba que la represión que llevaron adelante «fue una guerra principalmente de inteligencia», aunque el dictador admitía que, en aquellos años de la Contraofensiva, «la guerra» –insistía con este concepto tergiversador– estaba terminada. Llonto se detuvo en un párrafo en el que Videla explicaba cómo era el método utilizado contra el «delincuente subversivo», como se lo definía: «La inteligencia era fundamental para detectarlo, ubicarlo, identificarlo, prenderlo si se podía o aniquilarlo si ofrecía resistencia. Eso era todo».

El segundo documento destacado por Llonto fue una conferencia brindada en 2003 por el abogado Florencio Varela, defensor de múltiples condenados como Santiago Riveros, ex jefe de Campo de Mayo entre 1975 y 1978. Varela nunca pensó que dicha conferencia sería grabada, transcripta, guardada, allanada y puesta en juicio para consideración de un tribunal. La charla había sido organizada por la Asociación Unidad Argentina (Aunar), nucleamiento de militares que ensaya interpretaciones históricas en términos de «anticuerpos y antígenos». En aquella conferencia Varela admitió y arengó: «Está claro que el sistema que se adoptó era conocido absolutamente por todos los militares que estaban en actividad a partir de 1975, no hay uno solo que pueda decir que ignoraba todo esto y el que así lo afirma es un desleal, un traidor y un cobarde». No fue la única exposición de sinceramiento del abogado, que había sido secretario de Minoridad y Familia durante la dictadura y dedicó sus últimos años a defender genocidas.

Llonto insistió con una longeva y consensuada conclusión: «Todos los que participaron en este sistema, fundamentalmente en Inteligencia, conocían el sistema de exterminio». Por ello exhortó a les jueces a dirigir las investigaciones, las pruebas y sentencias hacia este aparato, para poner fin a la impunidad.

¿Por qué no aprovechar el exhorto para esbozar una genealogía de esta inteligencia del Estado? En la comunidad de investigadores coinciden en que se trata de un campo todavía muy poco explorado.

Vacancias de la historiografía

Todo poder moderno crea su sistema de información secreta. La república oligárquica argentina, en su etapa modernizadora, en las últimas décadas del siglo XIX, tuvo el suyo. Entonces se iniciaba el primer ciclo de la historia obrera del país, con anarquistas, sindicalistas revolucionarios y socialistas. La ruptura política –cívica y radical– jaquearía al régimen desde adentro. En 1901 el comisario José Rossi dirigía una sección especial de la policía de la Capital Federal para perseguir militantes sindicales. Veinte años más tarde tomaría el mismo encargo de parte de los principales empresarios del país –la Asociación del Trabajo– para crear una policía privada que sabría utilizar el espionaje.

En aquellos años de conflictividad obrera y agitaciones revolucionarias se había formado en Argentina una red de espionaje sostenida por las embajadas de Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos para investigar al movimiento obrero de Argentina y Uruguay y combatir al «maximalismo», es decir a quienes levantaban las banderas de la revolución rusa. La red –se lee en una reciente investigación histórica– contaba con espías infiltrados en las organizaciones obreras y usaban un novedoso sistema de comunicación por antenas radiales para escuchar e identificar a más de 400 «peligrosos» activistas. Entonces se adjudicaba a los obreros que luchaban la intención de crear «soviets» a granel.

Al entrar a la década de 1930 el «peligro comunista» o la «amenaza roja» había tomado una forma tanto más definida, en la medida en que también lo iban haciendo los aparatos estatales encargados de la represión y la inteligencia. Aquella década marcada por la primera irrupción dictatorial y la democracia fraudulenta vio resurgir la conflictividad obrera y los alzamientos de los radicales yrigoyenistas. Con una lógica poco formalizada, la política represiva tuvo como nervio a la Sección Especial de Represión al Comunismo, dependiente de la División de Investigaciones, dentro de la Policía de la Capital. El anticomunismo se transformaba entonces en un marco político-ideológico que permitía definir a un enemigo del Estado cuyas fibras podían ligarse fácilmente con las fuerzas políticas populares de gran base social: por entonces, el yrigoyenismo.

Las actividades de inteligencia estatal fueron ganando complejidad con el paso de los años. Entre ellas, las tareas de construcción de legajos y fichas que dejaban ver una ya tonificada práctica de espionaje, observación y recolección de información, sobre la cual se sustentaría la práctica represiva, distintas prohibiciones y detenciones. Antes de surgir el peronismo parecía estar todo dado para la construcción de una inteligencia de alcance nacional.

Uno de los primeros actos de gobierno de Juan Perón fue la creación de la primera Coordinación de Informaciones del Estado. La recolección, producción y circulación de información generalmente se producía a través de fuentes secundarias y primarias, atravesando incluso los distintos aparatos estatales a lo largo del país. En 1951, por ejemplo, de forma confidencial y reservada, desde el Ministerio de Gobierno de Santa Fe se remitía al Ministerio de Interior de la Nación un informe producido por un policía internado en el monte del kilómetro 124 del ramal La Gallareta, norte de Santa Fe, para informar sobre un encuentro gremial que congregaba a unos 40 hacheros.

Tras el derrocamiento del peronismo se producirían cambios sustanciales en el funcionamiento de la inteligencia estatal. La dictadura encabezada por Pedro Aramburu cambió el nombre de la central de inteligencia: Secretaría de Informaciones del Estado. También se creó la Dirección de Informaciones Antidemocráticas, que coordinaría y reuniría información producida por otros organismos similares. En ese contexto comenzaron a financiarse con fondos reservados. En paralelo se creó la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense, luego conocida como Dippba.

Estos aparatos, junto a los propios de las Fuerzas Armadas, encabezaron la brutal represión contra la resistencia a la dictadura y trabajaron en la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Arturo Frondizi.

En aquellas décadas de radicalización política la inteligencia estatal estuvo crecientemente militarizada. Se complejizaron sus tareas y aumentó el personal, sumando la participación en operaciones políticas internas, la manipulación de información y una mayor propensión a la infiltración y al espionaje. Adquirió una mayor centralidad en el conjunto del sistema de inteligencia del Estado, controlado cada vez más por el Ejército, que adoptaba entonces el enfoque de la doctrina contra-revolucionaria francesa y luego la estadounidense de Seguridad Nacional. Adoctrinados en la noción de que la nueva guerra era de conciencia antes que convencional, el lenguaje de la inteligencia estatal se fue organizando sobre el viejo concepto del «peligro comunista» y los nuevos de «delincuentes subversivos» y «delincuentes terroristas».

Cuando sobrevino la última dictadura la SIDE contaba con una vasta experiencia para transformarse en el cerebro de una criminal represión ilegal y clandestina. Con las manos libres, fuera del alcance del control civil y democrático, sólo les quedaba seguir perfeccionando los métodos de producción de información a través de la extorsión y la tortura.

En la transición democrática, el Presidente Raúl Alfonsín desarmó el control militar pero el aparato de inteligencia no dejó de tener vida propia. En los últimos años, en efecto, ha sido un actor de enorme potencia política. En buena medida a ello se refirió Alberto Fernández en los inicios de su gestión presidencial cuando dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), creada en 2015 en reemplazo de la vieja SIDE.

Hacer amar la Constitución

Al igual que lo hizo la fiscal Sosti, Llonto retomó sin vacilar los ejes de un viejo, herrumbroso y vigente debate. Se preguntó cuál era el país al que venían y en el que vivían les militantes montoneros que eligieron participar de la Contraofensiva. Las premisas planteadas son: una América Latina plagada de golpes de Estado y dictaduras; decenas de movimientos de resistencia, políticos, sociales, religiosos, sindicales y armados, que luchaban en cada país contra esas dictaduras y por el regreso de las democracias; una dictadura que proyectaba a futuro.

«Estaban planificando quedarse tranquilamente», interpretó Llonto luego de leer fragmentos de documentos del ministro de Interior, general Albano Harguindeguy. El militar se pronunciaba en uno de ellos contra la apertura de la actividad política y partidaria, y en otro prescribía «dar particular preferencia a la generación intermedia como forma de ir plasmando la dirigencia política de 1990». «Este era el país que querían los seis imputados», remarcó.

Desde este escalón, Llonto plasmó el concepto central que vienen esbozando desde hace años quienes han construido esta querella: el derecho a resistir a la dictadura, «no sólo el que ejerció Montoneros sino el derecho de todo ciudadano y ciudadana a defenderse de la agresión, a pelear por una democracia clausurada por años». Se ahondó entonces en que la estrategia era amplia: incluía tareas políticas y la acción armada.

«Había un invasor que había trasvasado todos los límites», comentó Llonto. «Jamás se valorizó y es hora que esta Justicia lo haga, el derecho a la resistencia. El derecho a defenderse de esta dictadura y de cualquier otra que incluye el derecho a las acciones armadas. Por supuesto, resulta dificultoso para muchas y muchos abogados que escriben alrededor de estos temas meterse con el tema de la violencia. Pero nosotros decidimos echar una mirada para ver cómo estaba todo en aquel momento».

El artículo 21 de la Constitución Nacional vigente entonces, las reflexiones del catedrático italiano Pellegrino Rossi –que proponía el arte de hacer amar a los pueblos su propia Constitución– y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron citados para argumentar la legitimidad de aquel derecho a resistir. «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión», reza el preámbulo del manifiesto que sostienen las Naciones Unidas desde fines 1948.

Contra este derecho, recalcó, actuó el criminal aparato de inteligencia del Estado, controlado por el Ejército y al que no fue ajena la «prensa oficial». Un aparato «organizadísimo», bien financiado, con capacidad de acción nacional e internacional. «Mostrar ese encadenamiento de actos va a ser el logro de la justicia en esta causa», concluyó el abogado tras sus primeras horas de lo que será otra extensa e intensa exposición alegatoria.

El Cohete a la Luna