El EAAF nunca fue un buen negocio para Avruj

Por Ricardo Ragendorfer

(Foto: Secretaría de DDHH)

Conmigo se acabó el curro de los Derechos Humanos», supo soltar Mauricio Macri durante la campaña electoral de 2015. Es probable que ya entonces él considerara un incordio propio del «despilfarro kirchnerista» el «Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera» que el Poder Ejecutivo rubricó en 2005 –y que se renueva cada año con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)– para solventar sus tareas en el país. Los pagos son del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

El EAAF anunció el jueves pasado la suspensión de dichas actividades (recuperación e identificación de desaparecidos durante la última dictadura y de caídos en la guerra de Malvinas, además de aportes en causas complejas, como el atentado a la AMIA, y pesquisas de femicidios) porque el gobierno aún no le giró los fondos acordados por lo realizado en 2018. Y eso provocó fuertes críticas de personalidades e instituciones locales e internacionales.

Pero ahora el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acaba de anunciar por Twitter que «el pago de la primera cuota ya se hizo efectivo, y la segunda se pagará la semana que viene». Así dio por concluido el asunto a pesar de que al cierre de esta edición tal depósito –de 10 millones de pesos– todavía no había sido acreditado en la cuenta del EAAF.

En el aspecto fáctico, semejante morosidad es atribuible a ese protocolo ético del macrismo que se resume con las siguientes palabras: «Si pasa, pasa». Tanto es así que el comunicado difundido el 21 de diciembre por el Ministerio de Justicia es al respecto, quizás involuntariamente, una «confesión de parte».

Porque además de reconocer que el trámite de renovación del convenio –presentado por el EAAF en abril– recién obtuvo la firma ministerial el 30 de octubre, sitúa cinco días después la autorización del pago por la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el párrafo final del texto –probablemente añadido en forma subrepticia a última hora sin corregirse el anterior– echa por tierra esa afirmación al aducir: «Hoy, 20 de diciembre, el Ministerio de Justicia procedió a la autorización del pago de la primera cuota». Ya se sabe que el camino al infierno está empedrado con malentendidos burocráticos.

Pero en lo político, junto a la proverbial desidia del gobierno hacia todo lo que no sea un negocio (y la antropología forense posee esa desventaja), hay que sumar el desapego de sus funcionarios hacia los Derechos Humanos, ya sea en referencia al terrorismo de Estado aplicado durante la última dictadura o a los que actualmente vulnera el régimen del ex presidente de Boca.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio Avruj, son en tal sentido dos adalides.

De hecho, el primero de ellos surgió en la cantera del Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES), un antro que aportó cuadros jurídicos al gobierno cívico-militar. Luego, ya en democracia, no tuvo pudor en propagar las bondades del sistema penal sudafricano en pleno apartheid y desde 2004 se dedica a denostar los juicios por delitos de lesa humanidad. Ese, precisamente, es uno de los ejes de Garavano en su gestión.

Tertulias con abogados de genocidas presos, audiencias con sus familias en la ex ESMA, encuentros reservados con Cecilia Pando, negacionismo en módicas cuotas, teoría de los dos demonios a granel y «reconciliación» forman parte de una agenda cuyo hito fue el fallo del 2×1. Una osadía ejecutada por la Corte Suprema pero concebida desde las sombras por Avruj y él –entre otros integrantes del gobierno nacional–, en sintonía con la Santa Iglesia.

En cuanto al secretario Avruj, sólo basta con reconstruir una semana de su gestión –la del 14 al 21 de noviembre de 2016– para tener una viva imagen de él. En ese lapso supo respaldar el pronunciamiento xenófobo del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto sobre la inmigración; también urdió con el fiscal general de Jujuy, Mariano Miranda –nada menos que el ejecutor de la oleada persecutoria impulsada en aquella provincia por el gobernador Gerardo Morales–, la estrategia para torear el fallo de la ONU que exigía la liberación de Milagro Sala. Remató ambas proezas al establecer «oficialmente» que en la dictadura hubo apenas 7010 desaparecidos. Ni uno más.

En un plano más totalizador, Avruj es el encargado de la desarticulación y vaciamiento presupuestario de áreas y programas de su secretaría, destinadas a intervenir y capacitar en situaciones relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Todo indica que esa política también se extiende hacia el EAAF.

No obstante, ante el cariz de los acontecimientos, el sinuoso Avruj no dudó en tuitear: «El Estado no va a permitir que el EAAF interrumpa su tarea que es tan importante en la defensa de los derechos humanos».

Tiempo Argentino

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