El FMI no juega a los dados

Por Horacio Rovelli

No es causalidad. Cambió el gobierno y cambió el FMI. La flexibilidad que mostró para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral más onerosa de la historia mundial mutó en dureza. Su posición devino en fiel reflejo de su estatuto: exige un plazo máximo de diez años y las condicionalidades de siempre. El empresario tucumano Emilio Luque y Marcelo Mindilin, la otra cara de la misma moneda.

Macri lo hizo. La deuda externa se incrementó en más de 100 mil millones de dólares durante su gobierno. Alcanzó los 323 mil millones a fines de 2019. Un resultado al que llegó colocando títulos en los mercados internacionales, tomando deuda con el Fondo Monetario Internacional – 32 mil millones en Derechos Especiales de Giro, unos 45 mil 300 millones de dólares -, y endeudando al país por montos no menores con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Club de París, entre otros. No solo eso. También generó deuda intra-sector público. La contraída por el Estado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el Banco Central, el Banco Nación y diversos fondos fiduciarios.

Un descalabro del que se hizo cargo el Frente de Todos. El acuerdo con los bonistas extranjeros y locales lo renegoció Alberto Fernández. El período de gracia permitirá comenzar la amortización del capital en el segundo semestre de 2024. El acumulado a pagar a los acreedores con títulos bajo jurisdicción extranjera será de unos 6 mil 200 millones de dólares, contra vencimientos originales que hubieran significado obligaciones por 33 mil 664 millones. En forma paralela, los títulos bajo jurisdicción local implican unos 3 mil 910 millones anuales. Un total de 10 mil 100 millones en cuatro años que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para el período.

La renegociación con el FMI

Concretada la negociación con los acreedores privados, el gobierno enfrente ahora el complejo desafío de renegociar el compromiso asumido por Cambiemos con el FMI. Solo para tener una idea. El primer desembolso del organismo fue de 14 mil 458 millones de dólares, ingresó al país el 22 de junio de 2018 y se debería devolver en ocho cuotas trimestrales de 1.807 millones cada una. La primera vencerá en septiembre próximo y la última en junio de 2023. El segundo, por 5 mil 700 millones, se recibió el 30 de octubre de 2018 y se debería pagar también en ocho cuotas, en este caso de 712 millones cada una entre enero 2022 y octubre de 2023… Y así, sucesivamente hasta completar el monto total de 45 mil 300 millones.

La suma de las obligaciones torna impagable el compromiso. Además, la tasa de interés es variable. La razón es sencilla: depende de la evolución del Derecho Especial de Giro. Rondaría el 4,9 por ciento anual. Simplificando: la Argentina tendría que pagar este año 3 mil 826 millones, 18 mil 92 millones el próximo y 19 mil 186 millones en 2023. La cancelación llegaría en 2024, con un pago 4 mil 921 millones. El acuerdo de Macri es ruinoso y la renegociación sumamente compleja. No solo por los montos en juego. También por sus ribetes políticos.

Lo sabido: Donald Trump presionó al FMI para financiar la campaña política más cara de la historia. La excusa de Macri es que tomó deuda para cubrir el déficit fiscal. La repiten sus ex funcionarios. No dicen, sin embargo, que ellos mismos expandieron el déficit al eliminar muchas retenciones y disminuir las aplicadas a la soja y sus derivados. Además, y como se ha repetido en incontables ocasiones, nada justifica que se tome deuda en dólares para afrontar gastos que el Estado debe realizar en pesos.

La deuda, en verdad, se contrajo para para propiciar y facilitar la fuga de los capitales especulativos. Lo señaló el Banco Central: “En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos alcanzó los 45 mil 100 millones de dólares”. Un monto financiado con el préstamo de casi idéntica cuantía del FMI. Para poder hacerlo, el directorio del organismo incumplió su reglamento. Establece como máximo para cualquier país socio el 500 por ciento de su cuota en el organismo. La de argentina era en agosto de 2016 – al momento de solicitarse el crédito – de 3 mil 187 millones de DEG. A 1,4 dólares por cada DEG, la Argentina en ningún caso podría haber obtenido más de 22 mil 300 millones. Por obra y gracia de Trump, a Macri le concedieron 45 mil 300 millones.

Ningún parecido es coincidencia

Ahora, que cambió el gobierno nacional, también cambió el FMI. Era previsible. Fiel a la política externa de los Estados Unidos, se endureció. Cero flexibilidad. Su posición devino en fiel reflejo de su estatuto. Ofrece uno de sus tradicionales planes de facilidades extendidas. Un plazo máximo de diez años y las condicionalidades de siempre: severo plan de ajuste, reforma previsional, mayor presión tributaria sobre la población y reformas estructurales que son casi un calco de las exigidas en 2002, cuando presionaba por una nueva ronda privatizaciones – incluida la del Banco Nación – y pugnaba por la reimplantación del sistema de capitalización previsional.

Hoy, se agregan otras no escritas, como la presión para que el gobierno concesione nuevamente la mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná. Además de muchas que no se explican si no es por la presión de los acreedores privados que el FMI representa. Todas tiene un común denominador: limitar el poder del Estado, como las engendradas con la reforma financiera del ‘77 – incluidas en la ley de Inversiones Extranjeras -, y las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica del ’89, que trazaron el plan desregulador y privatizador de la era menemista. Un marco que incluyó la Ley Nacional de Puertos (24.093/92) y el Decreto 817/92, dos instrumentos que desregularon y privatizaron la actividad portuaria para permitir la construcción y operación de puertos privados por parte de las multinacionales del comercio de granos sobre el río Paraná.

Ayer, como hoy, el FMI impone condicionalidades. Cualquier parecido con el Decreto 949 del 26 de noviembre de 2020 que impulsa una nueva licitación de la hidrovía no es coincidencia. El organismo presiona para que el multimillonario negocio por donde fluyen divisas a granel siga en manos de las mismas empresas. Una nueva licitación para que nada cambie.

A confesión de parte…

Micheal Mussa fue jefe de los economistas del FMI en los años noventa. Firmó seis acuerdos de financiación con la Argentina entre julio de 1991 y enero de 2001 por un total de 29 mil millones de dólares. Sostuvo entonces que el directorio del organismo no quería ver la degradación política y económica del país. Presionado por Estados Unidos, el FMI – según admitió Mussa – quería sostener a Menem y después a De la Rúa, cuando ya entonces era evidente que no había forma de que la economía se recuperara con las exigencias que imponía el propio organismo.

El director y representante del Cono Sur ante el FMI, el argentino Sergio Chodos, dejó en claro el tablero en el que se juegan las negociaciones de hoy y siempre. Lo hizo en una entrevista concedida a El diario AR, el 16 de febrero pasado: “Hay que entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital dentro del organismo. Es un sujeto, pero al mismo tiempo una herramienta. Tiene su línea teórica, su visión, sus parámetros, pero también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los que tienen más preponderancia en el directorio”. Clarísimo.

En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de este año, Alberto Fernández fue tajante: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”.

Por lo pronto, la posición oficial se manifestó en la voluntad de promover una querella criminal por administración fraudulenta contra los entonces funcionarios de Cambiemos que obtuvieron y gestionaron el crédito. Los actores del desfalco son conocidos. La investigación del fiscal federal Franco Picardi deberá determinar si esos ex funcionarios obtuvieron como contrapartida del ruinoso acuerdo beneficios indebidos para sí y/o para terceros, o si les proveyeron información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes. El capítulo de la historia está abierto.

Una historia que viene a cuento

Emilio Luque es un empresario tucumano. Su caso es paradigmático. Apelando a un recurso preventivo de crisis, y luego de una quiebra fraudulenta, en octubre del año pasado cerró su cadena de supermercados que operaba en tres provincias del noroeste. Dejó en la calle a 1.200 familias. Según las denuncias, para liquidar la cadena, que tenía 20 sucursales, contó con la complicidad del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio. Lo acusan de no haber movió un dedo para impedir los despidos. Luque, durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, compró para sí 17 millones 803 mil dólares.

El proceso fraudulento de cierre y los despidos masivos los concretó evitando declarar la quiebra durante largos meses. En ese lapso suspendió el pago de salarios para que, ahogados por la necesidad, los trabajadores aceptaran su miserable oferta: retiros voluntarios e indemnizaciones con quitas del 40 por ciento, que encima pagó en trece cuotas. Va de suyo que la Afip, a la que Luque en el momento de bajar las persianas le debía 200 millones de pesos, tendría llamarlo como mínimo para que explique cómo hizo para comprar semejante suma de dólares si su empresa estaba en crisis y el borde de la quiebra.

Lo mismo vale para otros empresarios muchos más conocidos que el tucumano Luque. Es el caso de Marcelo Mindlin, el dueño Pampa Energía y socio de los Macrì en una offshore radicada en el Estado de Delaware. Lo suyo supera la muy extendida contabilidad creativa. El hombre lideró el “top ten” de fugadores. Entre 2016 y 2019, durante el festival propiciado por Cambiemos, compró mediante Pampa Energía unos 900 millones de dólares. Sin embargo, en el mismo lapso, no pagó impuestos a las Ganancias en forma proporcional al monto de divisas que adquirió. ¿De dónde salieron los fondos? No es imposible imaginarlo.

Algo es claro. No es justo que amplísimos sectores de la sociedad que sufren las catastróficas consecuencias del gobierno de Cambiemos agravadas ahora por la pandemia paguen la deuda contraída con el FMI por Macri y sus socios. Es imperativo auditar exhaustivamente como hicieron los Luque y los Mindlin para comprar los millones de dólares que compraron. Sería una forma de comenzar a recuperar lo fugado y pagar gran parte de la deuda con el FMI.

Socompa

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