El horror al Estado intervencionista

Por Nora Merlín

El coronavirus puso al descubierto las enormes desigualdades que existen en la Argentina entre las distintas clases sociales y regiones del país. El virus mostró a las claras las diferencias económicas y sociales, condicionando las posibilidades de respuesta a la pandemia por él generada. Por ejemplo, visibilizó la falta de agua corriente y cloacas en las villas, así como la de computadoras e Internet en amplios sectores, herramientas imprescindibles para proseguir con la educación virtual en vastas zonas.

Durante décadas de neoliberalismo a medida que crecía la concentración del capital en unos pocos, las desigualdades se fueron acentuando. La famosa teoría del derrame consistió sólo en la formulación de una promesa incumplible: en realidad, la concentración de la riqueza condujo a que los ricos se hicieran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Durante los tres gobiernos kirchneristas, a pesar de no haberse resuelto el problema de la desigualdad, el cambio en el rol del Estado generó las condiciones para la creación de trabajo, el aumento de la demanda y el consumo interno. La decisión política a favor del intervencionismo estatal funcionó como una interrupción, un freno de mano a la lógica neoliberal. Una política de Estado condicionó la economía, posibilitando la movilidad social ascendente de sectores populares, lo que generó una ampliación de la clase media achicando parcialmente la desbalanceada desigualdad.

El gobierno neoliberal de Cambiemos, según datos del Indec, volvió a profundizar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres desde el año 2018. Todos los indicadores describen una regresión en la distribución del ingreso provocada por la caída del poder adquisitivo, el salario, la pérdida del empleo y la escasez de changas. Por su parte los negocios financieros, concentrados en unas pocas manos, multiplicaron su riqueza.

Durante la pandemia, la ayuda social solicitada al gobierno de Alberto Fernández funcionó como un censo. La clase dirigente se vio sorprendida por la cantidad de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ascendió a 7.854.316 personas (incluyendo trabajadores informales y desocupados). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el IFE llegó a un 19,5% de la población total, observándose una marcada focalización en las provincias que presentaban mayor situación de vulnerabilidad.

A nivel global se puede constatar la misma lógica: desde la segunda guerra mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética, el capitalismo se caracterizó por el intervencionismo de Estados fuertes. Como consecuencia de esa presencia y funcionamiento de los «estados de bienestar», la desigualdad avanzó lentamente. Con la caída del muro en los años ‘90, el capitalismo devenido neoliberalismo globalizado operó como un virus que fue penetrando en todos los aspectos de la cultura, contaminando las instituciones y tomando los gobiernos. El virus neoliberal transformó las democracias en «ceocracias», que funcionaron como garantes del monopolio del poder.

La desaparición de las regulaciones estatales en los distintos países determinó que la desigualdad creciera en forma exponencial, causando estragos en la vida del planeta: dañó el medio ambiente, rompió el tejido social, despojó de derechos a la subjetividad y arrasó con las industrias nacionales que fueron sustituidas por empresas globales.

Al poco tiempo de haber comenzado el 2020, un «bichito» alteró la «normalidad» mundial, borrando de un plumazo los esfuerzos invertidos en la propaganda neoliberal que buscaba demonizar los Estados, calificándolos de burocráticos e ineficientes. La pandemia permitió constatar el absoluto desinterés del mercado para cuidar la vida y la salud de los más vulnerables. La emergencia sanitaria y económica planteada por el coronavirus requirió no ya de sujetos emprendedores, como predicaban los yuppies neoliberales, sino de Estados emprendedores que amparen la subjetividad, inviertan en salud pública para todxs y ayuda social para lxs que la precisen. Las sociedades de los distintos países del mundo demandaron la participación del Estado.

En Argentina, la tanática gestión de Cambiemos gerenciando un Estado «manejado por sus dueños» dejó a la mayoría social en la indefensión más radical.

Con un giro de timón que busca un cambio de modelo y del rol estatal, en sintonía con el intervencionismo del período kirchnerista, el gobierno de Alberto Fernández se hizo cargo de la emergencia sanitaria y económica. Ni bien se desencadenó la pandemia, se trabajó arduamente en el fortalecimiento del sistema de salud pública que venía en caída libre desde el 2015: el Estado asistió a las empresas y a los más vulnerables. El gobierno tomó la decisión -jalonada de avances, presiones y retrocesos-, de subordinar la economía a la política: primero el crecimiento, después el pago de la deuda externa y los compromisos con los acreedores financieros.

La presencia de los dos virus, el coronavirus y el neoliberalismo, plantea un escenario crítico que exige una importante intervención del Estado para revitalizar la economía, ampliar la asistencia a los más afectados y corregir la desigualdad social.

La experiencia global y local dejó expuesto que sin intervencionismo estatal la democracia se transforma en una mercadocracia que funciona por selección natural: «Que se muera el que se tenga que morir», afirmaron los agitadores neoliberales. No hace falta aclarar quiénes son los que «se tienen que morir».

El poder con su voracidad ilimitada siente horror al intervencionismo de un Estado que regule la distribución de la riqueza. Vive como una amenaza o un atentado todo lo que significa límite a la angurrienta y patológica concentración. La élite irracional, pretendiendo conservar sus privilegios y la obscena desigualdad existente, ataca al gobierno del Frente de Todxs con periodismo de guerra y lawfare. Los miembros de esa derecha vernácula se autoperciben como garantes de la República y de la democracia única y verdadera, que es la que en realidad defiende la hegemonía del gran capital: se oponen al «autoritarismo» de un Estado intervencionista y a un gobierno orientado por la igualdad y la justicia social.

La oposición no cesa de acusar al gobierno de Alberto Fernández: hace circular noticias falsas, como «la cuarentena más larga del mundo»; boicotea la campaña de vacunación; cuestiona la idoneidad de la vacuna «rusa», supuestamente «floja de papeles»; le achaca la situación económica; etc. En nombre de una idea de libertad agresiva, antisocial e individualista, hablan de «infectadura» y de autoritarismo estatal. Incitan a la violencia, demonizando al Estado, al peronismo y, finalmente, a la justicia social y la igualdad.

A esta altura se cayeron todas las caretas, sabemos que la cuestión no es la cuarentena, ni la Sputnik V, ni la libertad. El ataque es hacia el Estado intervencionista que pretende equilibrar algo, aunque sea poca cosa, del obsceno funcionamiento loco de privilegios y desigualdades sociales. No se trata de economía sino de empoderamiento, de quién es el dueño de la pelota, para no usar una vulgar expresión machista.

Es la compulsión agresiva de una voluntad caprichosa, disimulada bajo un ropaje libertario, que aspira a un poder ilimitado y pretende un Estado títere, que no intervenga en sus negocios y asuntos privados (privados de solidaridad y acción colectiva).

Se trata, en definitiva, del odio de la derecha a la democracia en términos de igualdad y justicia social.

El Destape