El hueso y el esqueleto

Por Carlos Del Frade

(APe).- -Ellos estaban dedicados a la blanca y al dinero de la trata. Nosotros hacíamos el trabajo duro…- dijo el ex oficial de La Santafesina SA, José Rubén Lofiego, acusado de torturar a, por lo menos, 69 personas, durante el terrorismo de estado.

Le decían “el Ciego” o “Mengele”. Hasta finales de los años noventa estuvo en la policía de la provincia de Santa Fe y seguía ascendiendo, a pesar de que se conocía su participación en las mazmorras del Servicio de Informaciones, el Auschwitz rosarino, por el que pasaron 1.800 personas detenidas entre 1976 y 1979, tal como lo dijo, en su momento, el teniente coronel González Roulet.

Lofiego sostenía que muchos policías trabajaban, desde el estado, para recaudar de los negocios que permitían y protegían: narcotráfico, trata de personas y juego clandestino.

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Ahora, en septiembre de 2017, los medios de comunicación del segundo estado argentino informaron que la Justicia dispuso la detención de 55 policías de diferentes rangos y vinculados a distintas causas.

Primero fueron 31 efectivos, cinco de ellos de Asuntos Internos, implicados en la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el joven rosarino cuyo rastro se perdió en octubre de 2014 en la seccional 7ª de esa ciudad y apareció flotando en el río Paraná 22 días después.

En segunda instancia la Justicia provincial ordenó apresar a 18 agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica por su participación en la persecución y crimen de Emanuel Medina y David Campos, ocurrido en la zona sur de Rosario el 23 de junio último y por el posterior encubrimiento de la maniobra.

Asimismo, en Santa Fe fueron detenidos el jefe y subjefe de la comisaría 2ª y el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé por introducir en el mercado legal un auto robado en Rosario. Y días después terminaron tras las rejas un ex jefe de policía de provincia, el habilitado de Jefatura y el ex titular del Departamento Logística por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

Por otra parte, desde que asumió el gobierno de Miguel Lifschitz, en diciembre de 2015, un total de 2.870 policías fueron sumariados por distintos motivos, 700 fueron pasados a disponibilidad y a 130 (un 4,5 por ciento del total) se les inició el trámite de destitución, de acuerdo a cifras brindadas por el Ministerio de Seguridad provincial.

Para el criminólogo Marcelo Saín, en su reciente libro “Por qué preferimos no ver la inseguridad”, “la crimilegalidad configura un “orden político alternativo” al orden estructurado en otras regiones por los Estados racionales legales. A esos se refiere Dewey cuando conceptualiza el “orden clandestino” coproducido entre el Estado y la criminalidad como un tejido de interacciones en que la generación de ganancias económicas no constituye el único rédito de sus hacedores, dado que también se apunta a la obtención de un conjunto de utilidades políticas propias del “buen gobierno”.

En suma, la delegación –desde el gobierno- de la seguridad a la policía, el consentimiento gubernamental a la regulación policial del crimen y el desarrollo de éste como modalidad de control del narcotráfico y de apropiación de parte de la rentabilidad generada por este conllevan la conformación de un Estado con un componente esencialmente ilegal. No se trata de un Estado penetrado, sino de un Estado ilegalmente configurado, que combina intervenciones legales e ilegales”, apunta el ex funcionario y organizador de la llamada Policía de Seguridad Aeronáutica y también asesor del Ministerio de Seguridad de la mismísima provincia de Santa Fe.

Uno de los lugares comunes en que cayó el titular de esa cartera, Maximiliano Pullaro, fue decir que las investigaciones deben llegar hasta el hueso.

El problema es identificar el esqueleto al que pertenece ese hueso. Porque la corrupción de La Santafesina SA y la que existe en las fuerzas policiales de la principales provincias argentinas forma parte de los estados y necesitan de las complicidades de otros nichos de las instituciones democráticas.

El carácter paraestatal de los negocios más sustanciosos del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas y juego ilegal, está mucho más allá de las propias fuerzas policiales.

El hueso policial, en definitiva, forma parte del esqueleto estatal del capitalismo argentino.

Fuentes: Diario “La Capital”, jueves 14 de septiembre de 2017; “Diario Uno de Santa Fe”, miércoles 13 de septiembre de 2017; “Por qué preferimos no ver la inseguridad”, de Marcelo Sain; entrevistas personales del autor de esta nota.

Agencia de Noticias de Niñez y Juventud Pelota de Trapo (APe)
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