El Indio Castillo seguirá entre rejas

Rechazaron el pedido de domiciliaria de un parapolicial

Por Daniel Cecchini

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, jefe de la patota de la CNU platense condenado a prisión perpetua por crímenes de Lesa Humanidad.

El líder platense la organización parapolicial de la ultraderecha peronista conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU) Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio seguirá tras las rejas en el penal de Marcos Paz, luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal rechazara el jueves pasado el pedido de prisión domiciliaria presentado por sus defensores con la excusa de la pandemia de Covid-19.

Castillo fue condenado en 2017 a prisión perpetua al ser encontrado culpable de los secuestros y asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino, apenas seis de los más de cien crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo que él comandaba y que formó parte del aparato terrorista de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976..

La decisión de rechazar el pedido fue tomada por la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes consideraron que la negativa a la solicitud de prisión morigerada planteada por los defensores «resultaba ajustada a derecho y a las circunstancias del caso teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la gravedad de los hechos por que el nombrado fue sancionado».

El rechazo de los jueves impedirá a Castillo gozar del cuestionado beneficio otorgado en diciembre pasado a otro de los líderes de la CNU, el exfiscal marplatense Gustavo Demarchi, quien por estos días aprovecha su prisión domiciliaria para crear perfiles falsos en las redes sociales en los cuales se burla perversamente de sus víctimas.

La Concentración Nacional Universitaria

La Concentración Nacional Universitaria nació en La Plata, en la segunda parte de la década de los 60, como una organización universitaria de la ultraderecha peronista inspirada en el catolicismo preconciliar y el falangismo español, con una fuerte impronta antisemita y anticomunista. Para englobarlos, metía a todos sus enemigos en la difusa categoría de «agentes de la sinarquía internacional».

Conducida ideológicamente por el latinista y helenista Carlos Disandro (a) El Pélida – un hombre que solía visitar a Juan Domingo Perón en su exilio español y que acusaba de comunista al Papa Juan XXIII – la CNU surgió alrededor del Instituto Cardenal Cisneros, también fundado por Disandro, donde por aquellos años también difundían sus ideas cavernarias el arzobispo de La Plata, Antonio Plaza; el comisario de la Bonaerense Jorge Schoó, famoso por sus redadas contra los estudiantes de países limítrofes que asistían a la Universidad, y el profesor de Lengua y Literatura Néstor Beroch. Para difundir sus posiciones, fundaron la revista La Hostería Volante, donde Disandro firmaba sus artículos con el seudónimo de El Bodeguero.

Capitaneados por Patricio Fernández Rivero, varios estudiantes que asistían a las charlas en el Instituto conformaron un grupo de choque dedicado a hostigar a los militantes de las agrupaciones estudiantiles de izquierda en las universidades de La Plata y Mar del Plata. Sus primeras armas fueron los puños, los palos y las cadenas, pero pronto empezaría a utilizar otras.

Prácticamente desconocida fuera del ámbito de esas dos universidades, la CNU incursionó abruptamente en las primeras planas de los diarios a principios de diciembre de 1971, cuando uno de sus grupos – formado por estudiantes y dos policías bonaerenses – interrumpió a los tiros una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a Silvia Filler, una alumna de 19 años. Algunos miembros de la patota fueron rápidamente detenidos y procesados pero salieron en libertad con la amnistía del 25 de mayo de 1973.

Instrumento de «depuración»

La masacre de Ezeiza – de la que participaron no pocos integrantes de la CNU, algunos de los cuales fueron fotografiados disparando contra las columnas que querían llegar al palco -, la renuncia de Héctor J. Cámpora, la presidencia provisional de Raúl Lastiri – yerno de José López Rega – y la conformación de la fórmula Juan Domingo Perón- María Estela Martínez Perón para las elecciones de septiembre de 1973 terminaron de volcar al peronismo en el poder hacia la derecha. Pero el ala izquierda del Movimiento resistía y el gobierno tomó la decisión de neutralizarla. Fue el inicio del terrorismo de Estado previo al golpe.

Una «orden reservada» del Consejo Superior Justicialista para los delegados del Movimiento el 1° de octubre de 1973 – y que, a raíz de una filtración de la reunión secreta en que se dio, se publicó en los diarios La Opinión y Crónica al día siguiente – no sólo aporta una prueba documental que conecta con la represión estatal las acciones de las bandas parapoliciales que sembraron el terror antes del golpe del 24 de marzo de 1976 sino que muestra que tenían un objetivo claramente definido: acabar con la llamada «heterodoxia marxista», esto es un sector de la población. Asimismo, el documento asimila los intereses del Movimiento Nacional Justicialista en el gobierno con los del propio Estado. Esta utilización del aparato estatal en la represión de un sector de la población por el hecho de no compartir la ideología del gobierno permite calificar a los crímenes cometidos por esos grupos parapoliciales como delitos de lesa humanidad.

La importancia de los personajes que participaron de esa reunión secreta no deja dudas de que la «orden reservada» bajó desde la más alta jerarquía del Estado. Allí estaban el presidente electo Juan Domingo Perón; el presidente interino en ejercicio, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional, entre ellos José López Rega. Según La Opinión del 2 de octubre de 1973, el lector del documento fue el senador justicialista José Humberto Martiarena. Luego de la filtración, el gobierno negó durante tres días la existencia de esa «orden» hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla.

Poco después, la Triple A asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña, mientras que la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense, capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, perpetraría en La Plata, un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. Para entonces, en la provincia de Buenos Aires, la CNU se había puesto a las órdenes del nuevo gobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y operaba en zonas liberadas por la policía bonaerense. En los primeros tiempos, para pulir su accionar como grupo de tareas, la CNU platense actuó en conjunto con la patota de la Triple A conducida por Aníbal Gordon (a) El Viejo, quien fue reconocido por varios testigos. Para reforzar su capacidad de fuego, en octubre de 1974 también integró en sus filas a un grupo de policías provinciales.

Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas realizaban acciones de similares características, iniciando una escalada de terror que ya no se detendría.

A las órdenes de las Fuerzas Armadas

En octubre de 1975, todos estos grupos pasaron a operar bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En los meses previos al golpe, en el Gran La Plata la CNU operó varias veces en conjunto con grupos de tareas del Ejército y de la Armada, sobre todo cuando los «objetivos» eran dirigentes sindicales de base. Después del 24 de marzo de 1976, la mayoría de sus integrantes se sumaría a la represión ilegal de la dictadura, hasta que su accionar «indisciplinado» de Castillo y sus secuaces obligó al jefe del Área 113, coronel Roque Carlos Presti, a desactivarlos. Entre 1974 y 1976, sólo la patota de la CNU platense cometió casi un centenar de secuestros y asesinatos.

Recuperada la democracia a fines de 1983, la magnitud de las atrocidades cometidas por los grupos de tareas durante la dictadura cívico militar dejó fuera de foco otros aspectos del terrorismo de Estado en la Argentina. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que la Justicia prestara atención a la participación civil en el aparato dictatorial y muchos más para que se empezaran a investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados por un terrorismo de Estado preexistente al golpe del 24 de marzo.
Un «facho» asumido

«Yo era un facho con vínculos con los sindicatos. Todo esto es una puesta en escena, armada por los tipos a los que nosotros perseguíamos. Fue una guerra en la que tuve atentados, enfrentamientos callejeros, fui herido y los que vienen a llorar acá son los que dicen que estuvieron desparecidos, pero cobraron y andan por ahí», dijo Castillo con un cinismo a prueba de balas en su alegato final frente al tribunal que lo juzgó.

Ni esas palabras, ni la estrategia de sus defensores de reinstalar la teoría de los dos demonios, le sirvieron para zafar de la condena a perpetua. Una condena que deberá seguir cumpliendo en el pabellón de Lesa Humanidad del Penal de Marcos Paz, que comparte con otros genocidas.

Socompa. Periodismo de Frontera

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