El régimen macrista y las banderas del liberalismo democrático

Por Edgardo Mocca

La libertad de prensa, la independencia judicial y la persecución de la corrupción estatal son los pilares de la república. Tal el credo del liberalismo. La historia argentina desde 1930 hasta nuestros días es, en gran parte, la historia de la perversión de ese credo hasta convertirlo en su exacto contrario: el monopolio informativo, el uso del poder judicial en contra de la justicia y la utilización del estado para asegurar los negocios espurios de las clases privilegiadas. No está mal, entonces, la recuperación del liberalismo democrático como componente, y no como enemigo, del desarrollo de las causas populares.

El macrismo en el gobierno fue la experiencia más degradada de esa perversión. Ante la difusión de un video del presidente Alberto Fernández sobre el proceso de persecución política autoritaria llevado a cabo por el gobierno recientemente derrotado, la coalición desalojada se declaró escandalizada por tal afirmación. Sin embargo, el mensaje presidencial está en plena sintonía con el pronunciamiento de la relatoría de la ONU en su dictamen de noviembre último, acerca de lo que denomina un plan sistemático de persecución judicial a la oposición. El gobierno de Macri respondió a ese fundado documento como si se tratara de un “panfleto populista”. La misma relatoría había hecho conocer con anterioridad documentos críticos sobre otros países de la región, entre ellos Venezuela. Como al pasar, digamos que una buena tarea que podría darse el actual gobierno sería la elucidación de esos dichos del organismo internacional, dado que una respuesta seria del estado argentino a la comunidad mundial está todavía pendiente.

De algún modo, la libertad de prensa, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción estatal podrían ser las nuevas tres banderas del movimiento popular, completamente armoniosas con las históricas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. La libertad de prensa tiene hoy como principal obstáculo la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de oligopolios que se han constituido en el principal partido político de la derecha argentina. El pluralismo informativo se ha degradado en un absoluto dominio de un puñado de consorcios que, sin ocultamiento alguno, trabajan para sembrar el odio entre los argentinos y argentinas. Que arman campañas de opinión en defensa de privilegios corporativos disfrazados de resguardos republicanos, como los que hoy se ponen en discusión a propósito de las jubilaciones que cobran los jueces. Que fogonean el rechazo a cualquier política redistributiva, con el recurso a la condición sacrosanta de la propiedad privada. Los grandes jerarcas de la comunicación de masas expropiada a favor de un grupúsculo de patronales monopólicas se presentan a sí mismos como garantes de la república.

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¿Qué decir de la “justicia independiente” y su desgraciada promiscuidad con la cloaca servicial y los designios de “políticas judiciales” de grandes potencias, cuyas embajadas no tuvieron siquiera el buen gusto de ocultar sus planes de “ayudar” a la justicia a crear condiciones para la defensa de los intereses de sus propias naciones en nuestro territorio? El debate actual sobre el law fare y la persecución macrista a sus opositores tiene un punto ciego que es la cuestión de la “división de poderes”. Pero la división de poderes en una democracia es una división funcional: el poder es único y corresponde a la soberanía popular. Es inadmisible la existencia de presos políticos en democracia. No son presos “a disposición del poder ejecutivo” pero son presos que lo están por formar parte de una fuerza política y por haber sostenido conductas dignas e independientes ante poderes fácticos que el pueblo argentino nunca convalidó. Presos, además, víctimas de testimonios conseguidos sobre la base del soborno y el chantaje, como se está revelando cada día. Esto hace honor al documento de la ONU antes citado; allí se habla de un “plan sistemático” de persecución, lo que equivale a reconocer que el macrismo no se redujo a tal o cual práctica de gobierno, sino que constituyó un régimen, bastante divorciado del espíritu de nuestra constitución.

La cuestión de la corrupción estatal es una cuestión nodal. Los argentinos y argentinas estamos sufriendo masivamente las consecuencias de un despojo brutal puesto en marcha a partir de la asunción presidencial de Macri. ¿Puede ser legal y constitucional el otro “plan sistemático”, el de la fuga de capitales, el endeudamiento innecesario e irresponsable, el enriquecimiento de funcionarios principales del régimen a favor de esas políticas? Esta cuestión es muy seria: los supuestos luchadores por la república y contra la corrupción han sido promotores y beneficiarios de un despojo de la riqueza nacional. Si eso, de yapa, se hace en nombre de la “lucha contra la corrupción”, alcanza un alto nivel de perversidad. El nuevo nunca más pronunciado por el presidente en su discurso inaugural constituye un eje programático.

Está muy claro que el operativo de esclarecimiento, reversión y castigo de este operativo antinacional debe ser llevado a cabo con un alto nivel de inteligencia y de prudencia política. La indignación es un componente moral necesario pero debe ser encauzado y conducido por la estrategia política. La inteligencia política se lleva mal con la retórica de la indignación moral, con la impaciencia, con el voluntarismo. Pero los dolores y las reivindicaciones deben ser atendidos porque son la razón fundamental de que el resultado electoral haya sido el que fue. Y la elección es un contrato político. La elección dio lugar a una masa crítica desde la que hoy se puede proyectar un nuevo contrato social, un nuevo punto de partida para la unidad nacional, para un proyecto de país independiente, democrático y socialmente justo.

Dentro de pocos días asistiremos al mensaje presidencial correspondiente a la apertura del nuevo período legislativo. Seguramente la referencia a su discurso de asunción, el 10 de diciembre último, y la experiencia de estos densos primeros días de su gestión serán una herramienta para pensar los días que vendrán. Es de esperar que las líneas directrices del nuevo contrato social ciudadano vayan apareciendo cada vez más claras y conectadas con la práctica política cotidiana

El Destape

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