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Por Horacio Verbitsky

El 3 de enero de 2016, advertí sobre el intento de imputar a CFK por traición a la Patria. El propósito no es detenerla sino ponerla a la defensiva y mellar su liderazgo.

Entre las elecciones de octubre y el pedido de desafuero de CFK transcurrieron 45 días durante los cuales ningún obstáculo formal hubiera impedido su detención. El simultáneo juicio político al juez Daniel Rafecas por haber archivado en 2015 la denuncia el fiscal Natalio A. Nisman y la cuidadosa sobreactuación del gobierno nacional que se declara ajeno a una decisión que dice preocuparlo, completan el cuadro. La idea no era privarla de la libertad sino acosarla de modo de mellar su liderazgo y colocarla figuradamente a merced del Peornismo Opoficialista que gerencia el senador Miguel Pichetto, el candidato del Frente para la Victoria derrotado por mayor diferencia en las elecciones de 2015. Para los lectores atentos no debería ser novedoso. Lo que sigue fue publicado en el diario Página/12 el 3 de enero de 2016, cuando Maurizio Macrì no había cumplido un mes en la presidencia:

“Un columnista del Grupo Clarín sostuvo que cuando fue apartado de la causa el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponía denunciar a Cristina por traición a la patria a raíz del memorando de entendimiento con Irán (…). El mismo día, un boletín electrónico dirigido por dos editores del Grupo Clarín dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la Cancillería donde realizaba un trámite personal, que el entonces ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y que el ejecutor sería el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos días después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano fue a Puerto Madero a verificar los hechos (¡!). Como corresponde, la extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podría tomar en serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadío. El 28 de diciembre, el rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que ‘CFK va a ir presa por el asesinato de Nisman’, cuando a casi un año el único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la familia y de los amigos políticos de Nisman. En coincidencia con estos episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del ex senador radical Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del ex fiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la ex presidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se proponía rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual motivó una tajante reacción de familiares de las víctimas del atentado. ‘Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecería que lo homenajearan?’ fue la pregunta airada que escuchó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (…). El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los autores del atentado eran los iraníes denunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007 el juez Canicoba Corral. En 2013, cuando el presidente de la AMIA Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le respondió que no podía negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron los iraníes. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena puntería de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. Los audios forman parte del libro Nisman debe morir, del periodista Daniel Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la injuria contra el anterior gobierno. Santoro también fue el vehículo elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habría consistido en la creación de una comisión de la verdad que implicaría transferir la soberanía al ‘estado sospechoso’ de haber ordenado el atentado. También entiende que el tratado restringe ‘la potestad de encarcelamiento’ del juez al ‘dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables’. Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de cinco juristas de prestigio internacional, que no podía incluir iraníes) revisaría la documentación y transmitiría una opinión a los dos gobiernos, pero no que desplazaría la jurisdicción de los tribunales argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia” (…).

“El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa ‘Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita’, instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como ‘Juez de la Revolución Libertadora’, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas”.

“(…) No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de políticas contrarias al interés popular que pregona defender, pase por la política internacional. Macrì nunca ocultó que ése era su propósito; (…) antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la política soberana de la Argentina frente a los fondos buitre. Así lo contó en una investigación sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados Unidos, el sociólogo Jorge Elbaum, quien precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Elbaum reveló que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí, que su vez fue su vía de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las anteriores autoridades argentinas (…). Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en 2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrì sostuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus dictámenes contra la infiltración iraní en Venezuela y América del Sur. A través de los contactos de Nisman, Macrì se reunió con referentes de la derecha israelí y con el primer ministro Netanyahu”.

Hasta aquí, la simpática sección “Yo te lo dije”. Después supimos que Adelson también le pagó 280.000 dólares a Nisman y fue un gran contribuyente a la campaña de Trump, quien junto con Netanyahu pretenden revocar el acuerdo nuclear con Irán. Cuando el premier israelí visitó la Argentina lo acompañó una comitiva de vendedores de equipamiento de defensa, seguridad e inteligencia para el espionaje y el control social. Para superar las restricciones constitucionales (“La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, artículo 119), el doctor Glock adhirió a la doctrina del Comando Sur sobre las Nuevas Amenazas, por la cual se expande la definición de guerra en múltiples direcciones, de modo de incluir a los atentados de 1992 y 1994. Y para soslayar el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, finge que los diputados y senadores que convirtieron el memorando en ley estaban coaccionados o no sabían de qué se trataba. Pocas veces la definición de mamarracho jurídico estuvo mejor atribuida.

Como sostuvo el CELS el jueves 7, sin debido proceso, no hay justicia: hay persecución. Este es el texto difundido por la organización, que representa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano a las víctimas del atentado nucleadas en Memoria Activa:

“Desde hace meses, el juez federal Claudio Bonadío impulsa una causa paralela irregular por la firma del memorándum con Irán. Hoy, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y otras cuatro personas, por los delitos de traición a la patria y encubrimiento.

“El juez utiliza como argumento para la prisión preventiva la llamada ‘doctrina Irurzun’: sostiene que los imputados, por haber sido parte del gobierno, pueden entorpecer la investigación o fugarse, o que tendrían ‘nexos’ para hacerlo, sin elementos concretos que den cuenta de que esto sea realmente así.

“Este tipo de argumentación genérica, sin base constitucional, viola lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Loyo Fraire y los estándares de prisión preventiva del sistema interamericano de derechos humanos.

“Si no se cumple con los parámetros objetivos de los riesgos procesales, la prisión preventiva es una medida desproporcionada e ilegal que atenta contra los principios del debido proceso e implica una violación de las garantías constitucionales. Si no hay debido proceso, se trata de una instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos.

“La investigación del atentado a la AMIA es la historia de la degradación de la justicia federal argentina. La construcción de impunidad caracterizó desde el primer momento la respuesta judicial. Veintitrés años después, las víctimas siguen esperando que avance la causa que debe investigar lo que ocurrió mientras el juicio en el que se investiga el encubrimiento trascurre sin que se le preste mayor atención. En 2004, las víctimas aceptaron la nulidad del juicio oral en el que se acusó de forma irregular a un grupo de policías: siempre buscaron justicia con debido proceso. La causa impulsada por Bonadío es una expresión más de la utilización política del atentado y de las arbitrariedades y violaciones al debido proceso que se justifican en una supuesta lucha contra la impunidad”.

El cohete a la luna