Estado y mercado en nuestro capitalismo

Por Ricardo Aronskind*

En los años ’80, antes de las reformas neoliberales que introdujo el menemismo, el economista Adolfo Sturzenegger, padre de quien fuera Presidente de Banco Central en la actual gestión macrista, escribió un interpretación en la revista Ensayos, del Banco Central, sobre cómo funcionaba la economía (“Mercado, plan, crecimiento, estabilidad en la Argentina”), tratando de abordar las cuestiones de fondo que explicaban según su criterio el mal funcionamiento de nuestro país.

El argumento de ese artículo llevaba a la conclusión, sintética, de que la Argentina era una mezcla de “socialismo sin plan y capitalismo sin mercado”. Salvando la evidente confusión entre socialismo y sector público, vayamos al planteo.

Se refería a que en aquella época (1984), en la cual aún existía un importante sector público proveedor de bienes y servicios, el área económica estatal funcionaba muy ineficientemente, porque no estaba organizada en una forma tal que permitiera aprovechar todo su potencial y evitar el despilfarro de recursos. Añadía que, al mismo tiempo, el sector privado tampoco cumplía con las expectativas en materia de eficiencia, porque la argentina era una economía en la cual raramente existía la competencia, ni interna ni externa, en las principales ramas productivas, y por lo tanto, no había presiones para mejorar la productividad y la competitividad.

Si bien se pasaban por alto las depredaciones en el Estado causadas por Martínez de Hoz y su equipo neoliberal, el texto aludía a problemas históricos que no debían ser ignorados. Los problemas de mal funcionamiento del sector público, falta de planificación, desorganización, carencia de una burocracia motivada y articulada, y de desaprovechamiento de sinergias internas y externas, venían desde hacía rato, y la inestabilidad política del período posterior a 1955 no había contribuido a que esas características del sector público pudieran ser subsanadas con tiempo y método. Además, en torno a las empresas públicas se habían ido articulando un conjunto de intereses privados que vivían y prosperaban de la ineficiencia del Estado, aprovechando todas las falencias públicas para concretar negocios con bajo riesgo y alta rentabilidad.

El “capitalismo sin mercado” de Sturzenegger, era el entramado de grandes empresas locales que habían conquistado posiciones de dominio en sus respectivas áreas, y que habían constituido un feudo de negocios (Alfonsín los rebautizaría fantasiosamente como “capitanes de la industria”) logrando del sector público un conjunto de regulaciones que los protegían de la competencia externa y al mismo tiempo les garantizaban alta rentabilidad con un mínimo esfuerzo inversor. En muchos casos, el esfuerzo inversor lo realizaba el Estado y era finalmente apropiado por los grandes empresarios privados.

Disyuntivas históricas

Del texto podían extraerse conclusiones que apuntaban en direcciones políticas contrapuestas.

Alguien podía afirmar que el Estado argentino era esencialmente un peso muerto, un obstáculo para la iniciativa privada, y que por lo tanto lo mejor era demolerlo. Y también interpretar el diagnóstico del “capitalismo sin mercado” como la necesidad de abrir ampliamente la economía argentina –como ya había hecho la dictadura cívico-militar— a la importación de todo tipo de bienes, y desregularla, para que existiera “la competencia”. Es decir, el texto abría la posibilidad al devenir que efectivamente el gobierno del menemismo imprimiría al país desde 1989, a partir de la mirada estratégica y los intereses de los sectores dominantes de la Argentina y los acreedores externos.

Pero también podía deducirse del diagnóstico un curso alternativo: proceder a la reconstrucción de un Estado capaz de planificar, gestionar con eficiencia y tener capacidad de aprendizaje y de corrección de los problemas –liderando e incluso produciendo directamente el desarrollo—, e introducir mecanismos económicos y legislación clara que acotaran el poder de los oligopolios internos, además de desmantelar el conjunto de vínculos consolidados de la colonización privada del sector público. Había mucho para hacer en materia impositiva, en la protección del consumidor y la competencia, en la regulación del comercio exterior. En la creación de nuevas empresas innovadoras y dinámicas. No fue ese el curso que siguió nuestro país.

Las reformas menemistas cambiaron el escenario sobre el cual escribió Sturzenegger. El Estado quedó desmantelado, y más penetrado aún en sus estructuras por los lobbies privados. El efecto de la implementación del Consenso de Washington —privatización, apertura, desregulación—, no fue introducir la competencia y mejorar la eficiencia, sino quebrar a una parte del aparato productivo, cuando se suponía que el objetivo no era que desapareciera, sino que fuera más competitivo. La reacción a la apertura combinada con la degradación estatal hizo que muchos de los grandes empresarios vendieran sus empresas al capital extranjero, reforzando la extranjerización económica. El puñado de automotrices multinacionales encontraron su propio refugio en los acuerdos sectoriales –que evitaban la competencia externa— con Brasil. Para las pequeñas y medianas empresas industriales, la competencia externa abierta e indiscriminada fue absolutamente destructiva. Los grandes grupos económicos se refugiaron en actividades naturalmente protegidas de la competencia, virando hacia otros negocios (importaciones, actividades financieras, servicios públicos privatizados monopólicos, licitaciones estatales) en los que pudieron sobrevivir y prosperar. Todo menos competir.

 

 

La emergencia no puede ser permanente

El kirchnerismo no se caracterizó por contar inicialmente con un plan articulado de reconstrucción estatal, ni con una idea clara de qué hacer con el desastre legado por el menemismo en materia de estructura productiva. Los instintos fueron buenos, en el sentido de fortalecimiento del poder público y de percibir la importancia de la industria nacional, pero no se contó con un diagnóstico preciso de las necesidades estratégicas del país, ni del comportamiento improductivo que venía mostrando la llamada “burguesía nacional”.

En un primer tramo se logró revertir el derrumbe del aparato productivo, y luego la crisis global de 2008 y el ataque del “campo” contra el gobierno insumieron fuertemente las energías de la administración. No se previó que el muy positivo crecimiento económico que se estaba promoviendo, la mejora del salario real y de la distribución del ingreso, y la consiguiente elevación del consumo popular, llevarían rápidamente a revertir el saldo de la balanza energética, que las empresas extranjeras enviarían cada vez mayores ganancias a sus casas matrices, que los sectores medios volverían a viajar y consumir en el exterior, que la fuga de capitales continuaría como en las etapas previas y que las importaciones industriales se dispararían, dada la estructura extremadamente dependiente de una industria que venía de pasar por dos episodios de desarticulación previa.

Parte de los sofocones políticos que sufrió la gestión kirchnerista en sus últimos tres años, y que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli supieron manejar en un contexto complicadísimo, tuvieron que ver con las imprevisiones y de alguna forma el cortoplacismo de los años previos, que hicieron que la administración se dejara estar ante un escenario estructural muy peligroso para la propia estabilidad macroeconómica. Incluso el tema tarifario, que pareció ser visualizado cuando Cristina anunció, al comienzo de su segunda gestión, la intención de realizar “sintonía fina”, no se continuó. La convivencia con el legado privatizador menemista, en transporte, en energía, en desregulación monopólica, fue una fuente de serios dolores de cabeza para la gestión kirchnerista.

Si leyéramos a la gestión de Cambiemos desde las categorías que usó Sturzenegger en su momento, hoy diríamos: están dejando un Estado debilitadísimo, despojado de herramientas regulatorias eficientes, e hiperendeudado, lo que lo condena a la impotencia permanente. Un estado ínfimo e inútil para promover el bienestar y el progreso. Y dejan un sector privado donde una parte importante —que es precisamente donde hay más competencia— está simplemente peleando por sobrevivir. Mientras que el gobierno promueve a otro sector, monopólico y concentrado, que está absorbiendo parte de los ingresos del resto del país y obteniendo una rentabilidad formidable, sin competir, y con muy escasa inversión. Estos enclaves de hiper-ganancias no tienen relación alguna con las bondades teóricas de la economía de mercado y su prometida “satisfacción del consumidor”. Son todo lo contrario.

Eso es lo que se ve si se alcanza a levantar la mirada sobre los vaivenes del dólar, de la tasa de interés y de las licitaciones de LELIQs. Pero también de la mera descripción de las crecientes desventuras cotidianas que sufren las mayorías. Mantenernos en éste nivel de análisis no alcanza.

¿Torbellino sin ideas?

La aceleración de los tiempos políticos y económicos pone presión sobre los actores, especialmente para responder a las premuras del corto plazo, que son severas. Se entiende.

Pero justamente, por el desastre que está generando y legando el macrismo, surge la necesidad de retomar los grandes enfoques en relación a la economía y la sociedad argentina.

Sería hora de que aparezcan en el debate las grandes cuestiones estratégicas. En el momento de la irrupción de Néstor Kirchner en la escena política argentina, el desastre era mayúsculo. Incluso él no tenía previsto llegar tan rápidamente a las máximas responsabilidades institucionales. Emergencia, incendio, cuarto subsuelo.

Hoy probablemente nos encontremos con condiciones similares, pero no nos está permitido protagonizar un nuevo episodio de emparchamiento del capitalismo argentino realmente existente.

La clase dominante argentina vio en Duhalde y en Kirchner bomberos que debían apagar el incendio que ellos habían generado con el experimento grotesco de la convertibilidad. Néstor Kirchner, y aún más Cristina, se les fueron de las manos a los grandes poderes, e hicieron políticas autónomas para promover y fortalecer el mercado interno y la inclusión social. Además de la solidaridad sudamericana. Apenas quisieron tocar las estructuras que garantizan el subdesarrollo, legadas por los experimentos neoliberales, recibieron la furiosa reacción del poder económico.

El próximo gobierno opositor que surja no debería aspirar a desempeñar meramente el papel de bombero del incendio provocado por este nuevo experimento catastrófico de la clase dominante, o ser gestor prolijo del país zombie que van a dejar.

Si lo que se busca es cambiar algo, habrá que levantar la mirada.

* Ricardo Aronskind es economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El Cohete a la Luna

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