Ha llegado la hora de la condena internacional

Por Antoine Acker, Maud Chirio, Olivier Compagnon, Juliette Dumont, Anaïs Fléchet*

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado viernes. Joédson Alves / EFE

Habiendo batido el récord del mayor número de muertes diarias por la covid-19, Brasil vuelve tristemente a ser el centro de la atención mediática. Las noticias de este drama sanitario, que afecta mayoritariamente a los más pobres, suelen acompañarse con análisis breves sobre el aislamiento y la radicalización del presidente. Pero esta descripción no se atiene a lo esencial: más que fragilizado, Jair Bolsonaro se está dirigiendo sin que nada lo impida hacia la posible instauración de un régimen autoritario. Gracias al apoyo mayoritario del Estado mayor, de una base política fanatizada y de los sectores más reaccionarios de las iglesias evangélicas, el presidente pretende destruir la Nueva República, nacida en 1988 de las ruinas de la dictadura militar. Todo ante la mirada indiferente de la comunidad internacional.

Desde que los gobernadores estatales comenzaron a instaurar las primeras medidas de confinamiento durante el mes de marzo, el poder ejecutivo comenzó una pulseada con las instituciones democráticas. Bolsonaro quebrantó el pacto federal al atacar frontalmente las medidas de distanciamiento social. Acusado de haber promovido cambios en la cúpula de la policía para proteger a su familia, que sostiene lazos estrechos con las milicias mafiosas de Río de Janeiro, el presidente ha multiplicado las provocaciones contra la Corte Suprema, y ha apoyado públicamente a los manifestantes que reclaman el cierre de este órgano judicial. A todo esto, hay que sumarle una intensa campaña en las redes sociales, cuya principal bandera es un hashtag tan largo cómo explícito: #intervençãomilitarcombolsonaronopoder (intervención militar con Bolsonaro en el poder).

Esta “intervención militar” no es una simple amenaza. La posibilidad de una acción militar es promovida a diario no solo por manifestantes y en redes de extrema derecha, sino también por miembros del Gobierno y, el 28 de mayo, por el propio Bolsonaro. Como justificación, los allegados al presidente aluden a un artículo de la Constitución que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar para “la salvaguardia de la ley y el orden” en caso de ser solicitadas por “cualquiera de los poderes constitucionales”. Sin embargo, este artículo 142, vestigio de una transición a la democracia bajo tutela militar, fue concebido como una herramienta para justificar el uso del ejército en misiones de orden público, no para legitimar un golpe de Estado.

En Brasil, el Ejecutivo ya se encuentra fuertemente militarizado: la mitad de los ministros son militares y más de 4.000 oficiales ocupan cargos en los ministerios. Si en los próximos días fueran eliminados los principales contrapoderes, estaríamos asistiendo incrédulos a un viaje en el tiempo que nos llevaría al retorno de una dictadura militar en el país democrático más grande de América Latina. Frente a esta amenaza, las instituciones democráticas brasileñas son extremadamente vulnerables. Entre el oportunismo de sectores parlamentarios preocupados ante todo por conservar sus privilegios, una oposición inaudible y el miedo a represalias por parte del ejército, el Congreso se encuentra totalmente petrificado y se rehúsa a estudiar los pedidos de impeachement que se acumulan por docenas. Peor aún, cada intento de resistir a las provocaciones gubernamentales por medios legales aumenta el riesgo de inclinar el país hacia una dictadura. En los últimos días, una operación de desmantelamiento de una red de fake news cercana al poder condujo a varias personalidades clave del bolsonarismo a pedir la muerte del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, al origen de la investigación.

La amenaza inminente de un golpe de Estado no puede explicarse únicamente por la confusión política generada por la pandemia actual. Esta no hace sino confirmar el debilitamiento progresivo de la democracia, un proceso que las élites financieras, políticas y mediáticas de los países occidentales subestimaron, cuando no lo alimentaron, en sus diferentes etapas: la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, por un motivo superficial y contrario al espíritu de la constitución; los abusos de poder de una justicia parcializada y politizada; el inmovilismo de las instituciones frente a las provocaciones, violencias y trampas de la extrema derecha. La situación es explosiva y la democracia se encuentra al borde del abismo. Pero esta vez nadie podrá darse por sorprendido, pues Bolsonaro y sus allegados vienen prometiendo con constancia, durante la campaña presidencial y desde su accesión al poder, el cierre de la Corte Suprema, la intervención del ejército y la cárcel para los opositores políticos.

El fin de la democracia brasileña tendría graves consecuencias internacionales. Más allá del posible efecto dominó que podría desencadenarse en un continente fragilizado por una serie de crisis políticas graves, la aceleración de la deforestación amenaza con llevar a una grave crisis ambiental y humana que podría, según la comunidad científica, alterar drásticamente el equilibrio climático de la tierra. A corto plazo, Brasil se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia que, a diferencia del precedente chino, europeo o norteamericano, se encuentra totalmente fuera de control.

La Red Europea por la Democracia en Brasil fue creada por un movimiento de solidaridad internacional nacido en 2016 para hacer frente a las amenazas al Estado de derecho en el país. Durante varios años, la comunidad internacional ha observado de brazos cruzados el fortalecimiento del autoritarismo en la segunda mayor democracia del mundo occidental. Frente a esto, pedimos una urgente concientización de los medios y de la opinión europea. Exhortamos a los dirigentes de los diferentes países de la UE de declarar inequívocamente su apoyo a los demócratas brasileños, a la Corte Suprema, a los gobernadores de los Estados Federados y al Congreso, frente a los ataques del presidente Bolsonaro y de aquellos que lo apoyan. Ante un poder ejecutivo obsesionado con su filiación al mundo occidental e inquieto por su reputación internacional, los países europeos pueden actuar imponiendo severas sanciones diplomáticas y comerciales dirigidas particularmente contra los sectores ligados a la deforestación y las empresas asociadas al poder bolsonarista.

 

*Antoine Acker es historiador en la Universidad de Zurich, Maud Chirio es historiadora en la Universidad Gustave Eiffel de París, Olivier Compagnon es historiador en la Universidad Sorbona Nueva (París), Juliette Dumont es historiadora en la Universidad Sorbona Nueva, Anaïs Fléchet es historiadora en la Universidad Paris-Saclay. Todos son miembros de la Red Europea por la Democracia en Brasil (Red.Br, https://red-br.com).

Traducción de Florencia Dansilio y Manuel Rodríguez Barriga.

El País

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