Justicia a la carta

Por Pablo Slonimsqui*

Nuestros jueces no se caracterizan por investigar a los gobernantes en tiempo real: lo venían haciendo, gentilmente, una vez que estos abandonan el poder. No investigar al gobierno de turno es una costumbre, bastante elemental, que exhiben muchos jueces y fiscales para garantizar su supervivencia. Cronoterapia: justicia eficaz, pero solo para los que se fueron.

Esto pasa, entre otras cosas, porque quien se encuentra en el poder tiene, por definición, distintas formas de incidir, a modo de sutil presión, en los funcionarios judiciales y su actividad. El Consejo de la Magistratura sigue ahí para exhibir su pasión desenfrenada por la intrascendencia.

Difícil encontrar jueces que resuelvan sus casos sin tomar en consideración las consecuencias personales que podrían sufrir si su decisión no fuera bien recibida en alguno de los ámbitos con posibilidad de perjudicarlos; jueces independientes del poder político, de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de sus superiores o de su grupo de pertenencia.

Lo novedoso, ahora, es la virulencia, el hostigamiento -con una sobreactuación que toca cuerdas tragicómicas-, la criminalización de cualquier acto de gobierno y el direccionamiento de los expedientes judiciales, que dejan de reflejar investigaciones y juicios para convertirse en operaciones políticas.

También es nuevo el absoluto desprecio por las garantías constitucionales más elementales que tiene cualquier persona involucrada en un proceso penal: en vías de extinción la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente.

La exclusión violenta –más cercana a un ajuste de cuentas que a otra cosa– de aquellos funcionarios judiciales que no se ajusten a un plan de actuación prefigurado, así como un diseño que se traduce en una actuación milimétricamente coordinada de diferentes instancias judiciales, que deberían prescindir por completo las unas de las opiniones de las otras, y tomar intervención en cada caso exclusivamente cuando la ley lo prevé, son recientes incorporaciones al menú: justicia a la carta.

Como una mística que no necesita reglas, porque en definitiva lo que interesa son los resultados y no los medios, y sin temor a causar zozobra académica –en la facultad de derecho se estudia lo que ocurre en los tribunales–, se continúa retorciendo a gusto el código procesal, dando una lucha conmovedora contra el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un juez imparcial. Una idea sencilla y elemental que se ha convertido en la pesadilla de profesores que la divulgaron durante años.

Se discute en estos días cual será el tribunal de Casación que intervendrá en el caso de los cuadernos de Centeno, y todo indica que la cuestión va a ser resuelta sin problemas, echando mano a otra de las especialidades de la casa, la utilización discrecional de las reglas de conexidad, en pos de un objetivo que aunque no se declame puede deducirse sin problemas: elegir a dedo a los jueces que van a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner.

Como si la posibilidad de llevar adelante un juicio penal de un modo normal no estuviese dentro de las posibilidades que ofrecen nuestros tribunales.

¿Por tan poca cosa pagamos tantos impuestos?

En este caso, la idea de debido proceso legal sería, sintéticamente expuesta, que la ex presidente enfrente un tribunal diseñado a su medida por sus enemigos

Más justo, imposible.

* Abogado. Autor del libro Fórum Shopping Reloaded.

09/09/18 P/12

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