La Argentina del eterno perdón
Acuerdo con el FMI
Por Gabriel Bencivengo
El Gobierno asegura que se cumplirá con las metas trimestrales pactadas con el FMI. Se descuenta que la primera revisión pasará el test, ya que alcanza con lo hecho hasta marzo. La segunda revisión será otro cantar. Consultoras y economistas pronostican que los objetivos pautados van camino a ser incumplidos en los próximos meses.
No se trata de echar culpas. Sabrá el lector adjudicarlas. Tampoco de hacer un tedioso listado de los famosos “waivers” (perdones) pedidos al FMI en la larga y complica relación de Argentina con el organismo. Se trata de pintar el panorama que se viene. Nada bueno, por cierto. Según las consultoras, las metas definidas en el memorándum de entendimiento, que negoció el gobierno y aprobó el Congreso, van en camino al incumplimiento.
La primera revisión, que será evaluada por el directorio del FMI en la primera quincena de junio, se descuenta que pasará el test. Alcanzará con lo hecho hasta marzo. De ahí en más se verá, pero todo indica que la relación con el organismo se complicará en el segundo semestre del año. De no alcanzarse las metas, el gobierno deberá solicitar un waiver y justificar los motivos.
Se sabe, el directorio, donde manda Estados Unidos, deberá decidir si acepta o no la disculpa. ¿La consecuencia práctica? Si concreta o no los desembolsos atados a las metas. Además, no se puede descartar que el FMI corra el arco. Que plantee nuevas exigencias. No sería raro. Lo ha hecho muchas veces. En definitiva, en un mundo donde cada vez pesan más los factores geopolíticos, Washington busca mantener al país atado a una permanente renegociación.
Los interrogantes comenzarán a despejarse a fines de este mes. Para esa fecha, el Banco Central (BCRA) debería haber acumulado reservas netas por 4 mil 800 millones de dólares y haber transferido al Tesoro Nacional en concepto de adelantos transitorios como máximo 438 mil 500 millones de pesos. Ambos datos se conocerán en forma inmediata. No el déficit fiscal primario, la tercera meta clave, que no debería superar los 566 mil 800 millones de pesos.
Va de suyo que las metas fiscales y financieras pueden redefinirse. Lo que seguramente ocurrirá. Se fijaron en términos nominales con una inflación prevista del 43 por ciento anual. Hoy, todo señala que el año terminará entorno al 65/70 por ciento. Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), “seguirán siendo (las metas) de muy improbable cumplimiento si solo se actualizan en términos nominales y no se incorporan los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en los precios de la energía y los alimentos”.
La lectura puntualiza que “el actual régimen inflacionario tiene componentes cada vez más difíciles de desarmar” y que “no se trata sólo de ‘ordenar’ el comportamiento de un puñado de oligopolios descomprimiendo la puja distributiva, aunque eso también debe formar parte de una estrategia antiinflacionaria integral”. ¿La prueba? La gestión de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, que no pudo administrar el problema.
El impacto de la inflación obliga ya a elevar los subsidios energéticos y las transferencias sociales. De no primar el realismo, las metas seguirán sumando incertidumbre a la macroeconomía. Hoy, el país depende de los desembolsos para cumplir con los vencimientos que asumió Macri. Si el programa se cae, el gobierno quedará sujeto a la voluntad de Washington, cuando la agenda mundial pasa por garantizar la seguridad alimentaria y energética.
En lo inmediato, la inflación sigue siendo sideral, y nada indica que se pueda regsitrar una reducción sustancial. El precio internacional de los commodities no beneficia a las mayorías. El rédito lo capturan un puñado de exportadores. Los de siempre. Para peor, los alimentos lideran la inflación y el superávit comercial no se traduce en una importante acumulación de reservas. Una condición sine qua non para y enfrentar la volatilidad en el año electoral que se avecina.
La meta fijada para la primera revisión -1.200 millones de dólares- se cumplió por efecto del propio acuerdo. Para el 30 de junio, el objetivo luce difícil. La mayores importaciones impulsadas por la reactivación económica, el incremento del costo de la energía importada, la reanudación del turismo emisivo y una dolarización de ahorros, que ronda los 200 millones mensuales, juegan en contra. También la cancelación de préstamos tomados en el exterior por el sector privado a un ritmo de 500 millones de dólares mensuales.
Según el Ceso, “para cerrar un balance cambiario neutro este año, las exportaciones deberían alcanzar los 90 mil millones de dólares, un récord absoluto que solo se puede dar de la mano de altos precios internacionales y un nivel de actividad sostenido en Brasil, que demanda nuestras manufacturas industriales”. Muchos supuestos.
Uno de los puntos centrales de lo exigido por el FMI es la reducción de la asistencia financiera del BCRA al Tesoro Nacional. Según el memorándum, no debería superar el 1 por ciento del PBI durante este año. Unos 705 mil millones de pesos. No es el único problema. “La distribución del financiamiento demuestra que históricamente el mayor volumen se concentra en el cuarto trimestre”, puntualiza el Ceso. El acuerdo lo concentró en el inicio del año y, desde allí en más, pautó un sendero a la baja. “Para el último cuatrimestre, el acuerdo reservó apenas el 13 por ciento del total”, advierte el informe del Ceso.
También la recaudación y el gasto tienen componentes estacionales. Uno es muy conocido. Los derechos de exportación se concentran en el primer semestre. Para cumplir la meta que reclama el FMI, los excedentes del sector privado deberían ir en una porción cada vez mayor a financiar el déficit público para, de esta forma, reemplazar el financiamiento del BCRA. El tema tiene una arista adicional. Los saldos del sector privado son los que permiten las colocaciones de deuda del sector público. Si se reduce la emisión se reducirá el saldo y al Tesoro tendrá mayores dificultades para refinanciar la deuda emitida bajo legislación local. Más problemas tendrá para conseguir financiamiento extra.
En los hechos, la elevada incertidumbre obliga ya al Tesoro a emitir deuda con vencimientos a plazos muy cortos. Si en el año electoral no puede estirarlos más allá de 2023, el temor a un nuevo reperfilamiento dirá presente. Sería por cuenta del futuro gobierno, y nadie querrá arriesgarse. No, al menos, a tasas razonables.
El resultado fiscal tampoco luce bien. El año pasado cerró con un déficit primario del 3,5 por ciento del PBI -sin contemplar los DEGs del FMI y el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas-. El lado bueno es que la mayor actividad permitiría aumentar la recaudación y reducirlo en 0,5 puntos porcentuales. Otro tanto aportaría el menor gasto asociado a la pandemia. La idea que el rebalanceo presupuestario reste al gasto corriente un 0,8 por ciento del PBI parece improbable.
La mayor parte se esperaba por la reducción de los subsidios energéticos. Imposible con los actuales precios del gas natural licuado que deben afrontar CAMMESA e IEASA para pagar las importaciones de combustibles y subsidiar las tarifas. El informe del Ceso agrega que también la estacionalidad juega en el déficit fiscal. Su comportamiento es similar al financiamiento monetario. Suele acrecentarse hacia a fines de cada año. Además, y por efecto de la inflación, según transcurra el año será necesario destinar mayores recursos para garantizar el acceso a los alimentos y los ingresos de amplios sectores de la población.
El cuadro es complejísimo y no pocos adviertan sobre la urgencia de adoptar múltiples medidas. Agregan que de nada serviría un acuerdo que congele los precios. La estabilidad sería provisoria. Retrasaría los precios relativos sin formar una referencia. Quienes tiene una mirada críticas de la política oficial enfatizan que el gobierno deberían regular en forma directa el tipo de cambio y los principales precios de la economía. Nada que se parezca al rumbo que adoptado Martín Guzmán. Su lectura y la letra del memorándum sostienen que el problema de la inflación es en esencia un problema fiscal y monetario.
Por lo pronto, con una inflación que se dirige al 65/70 por ciento anual, la desestabilización macroeconómica podría quedar a la vuelta de la esquina. No es descabellado. Se viene un año electoral y la escasez de divisas podría acentuarse obligando a una brusca devaluación. Historia conocida. Estaría en juego no solo la política oficial, sino la misma gobernabilidad. El alimento de las recetas del liberalismo extremo, como las del dinamitero loco Javier Milei.
Socompa