La casa que no quiere ser de papel

Por Isauro Blumetti *

Malestar en la diplomacia argentina

Foto: Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina

Toda mudanza es un acontecimiento complejo; más aún si es de apuro y mucho más si el que se retira es un gobierno, ni qué decir si, a la decisión de su máxima autoridad (por caso, el presidente de una Nación) de no preservar la memoria de la administración del Estado durante los 4 años de su mandato, abriendo la posibilidad de borrarlos y dejarlos fuera del alcance judicial, se suman irregularidades internas de distintas dependencias, intentos de “sembrar” funcionarios en la nueva gestión, escamoteo de documentación ante eventuales auditorías y otras desprolijidades.

El tsunami electoral del 11A dio vuelta todo lo previsto por la alianza Cambiemos y sus funcionarios. En los ministerios nacionales (otro tanto sucede en provincia de Buenos Aires) no dan abasto los intentos de “emprolijar” expedientes, ordenar papeles y arreglar números. El apuro, además, genera confusiones, tantas como las que engendran las malas intenciones.

Uno de esos lugares es la Cancillería, una estructura en la que, a la retirada inminente de la cúpula macrista, se suman las características inherentes a su cuerpo profesional, que gusta del respeto por su “Casa”, en la actualidad convertida poco menos que en una “escribanía” bajo la “conducción” de Jorge Marcelo Faurie, embajador extraordinario y plenipotenciario desde 1998. El abogado de 67 años fue vicecanciller de Carlos Ruckauf en 2002, cargo del que fue eyectado hasta la Embajada en Portugal tras “haber omitido consignar en su última declaración jurada una sociedad que comparte con Ramón Hernández, el secretario privado de Carlos Menem”, según la denuncia de la Oficina Anticorrupción en alusión a “Costes SRL, constituida el 27 de diciembre de 1999, con personería el 19 de enero de 2000”. El escándalo se desató cuando a Hernández le detectaron cuentas secretas en Suiza, lo que dejó al ex gobernador bonaerense sin otra alternativa que instalar a Faurie en la encantadora y muy amable ciudad de Lisboa.

El actual ministro reemplazó a Susana Malcorra tras el fracaso internacional al que la ingeniera eléctrica que revistara en cargos gerenciales en IBM y Telecom arrastrara al presidente Macri por seguirla en el intento de convertirse en Secretaria General de la ONU, después de un pésimo diagnóstico de las posibilidades argentinas para acceder a ese cargo.

Algo huele mal en Cancillería

Desde hace largos meses, casi a partir del comienzo de la gestión Faurie, el clima en los palacios de la diplomacia local es espeso. Dos años atrás ya lo calificaban de “entreguista”, no por las posiciones ante Gran Bretaña por Malvinas sino por “entregar” los intereses de sus pares, egresados como él del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, hoy a cargo del resucitado diplomáticamente embajador Fernando Petrella, quien supo tener mejores años bajo el gobierno del riojano antes mencionado, etapa en la que también se ganó las peores acusaciones judiciales.

El tiempo sumó rechazos a su imagen, hasta llegar a la inminencia del retiro con un malestar casi generalizado, tanto por cuestiones de “entrecasa” referidas a la política de traslados diplomáticos o los intentos de privilegiar a su personal cercano, como por asuntos estratégicos relacionados, por ejemplo, con la pésima negociación con la Unión Europea ante un posible futuro acuerdo que el presidente Macri presentó como algo ya concreto y beneficioso para el país o, ahora sí, por la escasísima importancia otorgada a la cuestión de la recuperación territorial de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, usurpadas por Gran Bretaña. Faurie siguió restando a su propia imagen cuando mandó a “aprender a hablar primero” al diputado nacional Felipe Solá, ex ministro de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales colaboradores de Alberto Fernández, al ser consultado acerca de la posibilidad de que lo reemplace en el puesto. Una descalificación muy lejana del estilo requerido para el encargado de la diplomacia nacional.

Otro de los temas que generan irritación entre los cuadros diplomáticos se relaciona con la situación venezolana y el alineamiento del Gobierno con las decisiones intervencionistas de la administración estadounidense de Donald Trump, la intromisión en los asuntos internos de aquel país, sin respeto por las tradiciones argentinas inspiradas en la Doctrina Drago ni por las recomendaciones de sus cuerpos especializados. A lo largo del corriente año el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC) se sumergió en un proceso de desconcierto y malestar, con operaciones internas relacionadas con el papel a jugar en el marco de la desestabilización e injerencia estadounidense sobre Venezuela que empuja el presidente Mauricio Macri y el grupo de sus operadores “confiables” que no habitan, precisamente, el Palacio San Martín ni la torre vidriada de Esmeralda 1212 en la Ciudad de Buenos Aires.

El zafarrancho diplomático llegó a su pico ante el “show de la frontera” del 23 de febrero pasado, que se desplegó en Cúcuta, Colombia, haciendo de pantalla, en realidad, al cerco de tropas, aeronaves y flotas vertebrado por el Comando Sur alrededor de la nación sudamericana desde sus 16 acantonamientos en Aruba, Curazao, Colombia, Brasil, Guadalupe, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, además de las concentraciones alistadas en distintos fuertes de los propios Estados Unidos, bajo la comandancia de “Halcón 1”, nombre de fantasía que asumió la jefatura del despliegue, instalada en Key West, Florida.

Sordera aguda

Durante 2019 se registraron dos hechos críticos en la línea ministerial. Por un lado el rechazo doctrinario de la Consejería Legal al “reconocimiento” del opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” del Ejecutivo venezolano; también se produjo un conflicto de competencias entre la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, a cargo de la “Unidad de apoyo a la Reconstrucción de Venezuela”, y la presidencia de Cascos Blancos, que se vio obligada en las horas previas al espectáculo “humanitario” colombiano a replegar cualquier posible acción en la zona y quedó relegada a empaquetar las donaciones recolectadas entre la colonia venezolana en la Argentina.

La desaprensión del Ejecutivo nacional, hoy en retirada, hacia su cuerpo diplomático, de renombre internacional, en particular en las Américas y Europa, y entre los organismos multilaterales, con cuadros respetados por su formación y manejo de las más variadas temáticas internacionales, hizo estragos en la imagen del “número uno” de la Cancillería, al que el personal a cargo se refiere con un despectivo relacionado con su altura.

El ejercicio de las relaciones internacionales está cargado de formas que, por florentinas, a veces, permiten disimular lo obvio. Una de ellas es la elaboración de “non papers”, documentos que dicen lo que realmente sostiene un funcionario, una dependencia, incluso un Estado, aunque sin carácter oficial, sin membrete ni firma; aunque… ¿quién te quita lo opinado?

El 19 de enero pasado, el jefe de la Consejería Legal, Embajador Mario Oyarzabal entregó a su jefe directo, el canciller Faurie, uno de esos documentos “fantasma”. Le puso un título casi antagónico con la recomendación que contenía: “Reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela”.

El autor de esta nota tuvo a la vista el documento oficioso, sin embargo desconoce si fue redactado a pedido de “la superioridad” o traccionado desde “legales”, ante la inminencia de la “intromisión en los asuntos internos de Venezuela” que estaba por cometer el presidente Mauricio Macri, en comparsa con lo dispuesto por Trump. Esa carilla y media sentenciaba que “en el estado actual del Derecho Internacional, el reconocimiento de un gobierno, cuando hay otro gobierno que efectivamente detenta el control en un país, es considerado una intervención ilegal en los asuntos internos de ese Estado”. Para que no quedasen dudas, el documento dejó de lado el lenguaje elíptico y sentenció: “En este contexto, para el Derecho Internacional el reconocimiento de Guaidó constituiría una intromisión en los asuntos internos de Venezuela”.

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario que lo redactó, master en Leyes por la Harvard Law School, asesor o jefe de delegaciones de la República Argentina ante tribunales como el de “Derecho del Mar”, la Corte Internacional de Justicia en el «Caso de las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay», la Comisión Ballenera Internacional, el Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, o ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, explicó a su superior que quien luego sería “reconocido” por el mandatario argentino “no detenta el control efectivo sobre el territorio ni sobre una parte del territorio de Venezuela”, ni “representa indiscutiblemente la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, estando su representatividad condicionada, entre otras cosas, por el apoyo con que cuenta el régimen de Maduro de un sector de la población, por la falta de cohesión de la oposición, y por la debilidad de fundamentos constitucionales de su eventual gobierno”, además de que “la facultad de la Asamblea Nacional de declarar la vacancia del cargo de Presidente y designar un Jefe de Estado interino no surge expresamente de la Constitución” .

Es difícil saber si Pompeo, verdadero responsable de los lineamientos de la política internacional argentina, leyó los argumentos diseñados en una institución que no es precisamente “chavista”, pero sí experta en derecho internacional público, respetuosa de sus normas y también de sus prácticas, dentro de las cuales “no existe ningún caso en que se haya aprobado credenciales de delegados nombrados por un gobierno que no haya poseído en algún momento control sobre el territorio de un Estado”, ni “delegados nombrados por gobiernos que no han ejercido nunca poder efectivo en un país”, como lo remarca con un subrayado Mario Oyarzabal. A su juicio, Guaidó “no constituye una ´autoridad efectiva´, con lo que los actos que realiza -incluyendo el nombramiento de representantes– no producen consecuencias para el derecho internacional (no son oponibles a otros Estados u organismos internacionales)”.

Con el casco abollado

Creada hace un cuarto de siglo, con orientaciones distintas según sus sucesivas conducciones, la Comisión Cascos Blancos logró entre 2003 y 2015 formalizarse como el organismo de asistencia humanitaria internacional de la Argentina y constituirse en un ejemplo mundial de articulación humanitaria, con respeto absoluto por los principios que deben regirla y participación decisiva de los estados nacionales en la toma de decisiones de los organismos multilaterales, impidiendo que sus burocracias, tanto en la OEA como en las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actuaran sin atender los mandatos y orientaciones de los gobiernos que los componen y a los que se deben.

A lo largo de los primeros 15 años del siglo Brasil y Argentina, a través de sus organismos específicos (Coordinación General de Acciones Internacionales de Combate contra el Hambre y Cascos Blancos), tomaron el liderazgo regional del tema y sembraron un modelo de “asistencia humanitaria” en el que el país afectado debe expresar, ante todo, una declaración formal de “emergencia” en la zona en la que se va a operar, además de reconocer que su capacidad de respuesta ha sido superada. Recién en ese momento podría requerirse y concretarse la asistencia internacional, como lo plantean los principios humanitarios de la ONU, junto a las prácticas más avanzadas que desarrolló Latinoamérica y el Caribe en el período mencionado.

Estas consideraciones fueron totalmente obviadas ante la situación venezolana. El gobierno de Mauricio Macri borró de un plumazo el respeto humanitario y decidió transformar una herramienta que debe ser neutral, imparcial y políticamente independiente, en parte del dispositivo injerencista de Washington contra Venezuela. Por su cuenta, las autoridades de Cascos Blancos hasta avanzaron en un acuerdo directo con la Comandancia del Comando Sur de los Estados Unidos, a través de un “Memorándum de entendimiento” entre “el Comandante de la Fuerza Naval del Comando Sur (USNAVSO) de los Estados Unidos y la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina para establecer los términos de la asociación de intercambio de recursos entre la asistencia cívico humanitaria y/o la misión de respuesta a desastres de asistencia humanitaria durante el desplazamiento del UNSU Comfort hacia el área de responsabilidad del Comando sur USA (USSOUTHCOM)”.

Voceros informales de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires explicaron que el “propósito” buscado por el acuerdo fue “definir las circunstancias bajo las cuales Cascos Blancos utiliza las plataformas y los recursos de la misión naval para proporcionar atención médica, dental y quirúrgica a los pacientes, en apoyo al despliegue del COMFORT”, con participación de “personal de apoyo y recursos logísticos”, siempre en respaldo a las actividades de la nave estadounidense.

La comisión de la Cancillería opera a partir de voluntarios debidamente inscriptos en una base de datos que cumple con los protocolos internacionales de registro, genera postulantes en función de sus calidades y su experiencia y evita la manipulación discrecional de las selecciones; sin embargo la mayoría de las decenas de médicos y personal de apoyo sanitario, embarcados en los últimos meses, no forma parte de ese listado.

Como corresponde a cualquier cierre de gestión, la Cancillería está desarrollando un proceso de auditoría interna, destinado a detectar irregularidades propias, completar documentación faltante y organizar el traspaso documental al próximo canciller. En ese marco, la Auditora interna titular, Silvina Nora Fazio, solicitó al Canciller la remisión a Cascos Blancos de un documento de referencia 82355660, de dos carillas y ocho puntos de investigación, cuya respuesta debió ser presentada el pasado viernes 4.

El primer punto que plantea la revisión se refiere a la “Normativa aplicable y principales Acuerdos Internacionales de los que forma parte nuestro país, relacionados con la Responsabilidad Primaria y acciones de la Comisión Cascos Blancos, según la Estructura Organizativa vigente”.

Ante el requerimiento, los asesores legales de la Comisión que preside el embajador Alejandro Daneri, alertaron sobre la situación que genera ese reclamo, teniendo en cuenta que el acuerdo suscripto con el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, hasta el momento, no habría sido registrado ante el departamento correspondiente de la Cancillería y, en el caso puntual, las estructuras que dependen de modo directo de la unidad del titular de la cartera, como es el caso de Cascos Blancos, no siempre tienen delegadas esa capacidad. Entre las cuestiones que analiza un estudio como el mencionado, figura la pertinencia de los acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento por parte de cada área del Ministerio; la relación legal con la comandancia de una estructura castrense de un gobierno extranjero no pareciera estar en manos de una estructura como la de Cascos, más allá de la opinión que merezca asociar la asistencia humanitaria internacional con la principal fuerza de choque militar de la más poderosa potencia regional.

La situación, por encima de los vericuetos burocráticos y las formalidades, incluye una arista de política internacional de fuste, como es el alineamiento irrestricto del macrismo con los lineamientos internacionales del gobierno de Estados Unidos, con boicot de todas las instancias políticas y económicas de integración regional preexistentes, como Mercosur, Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o Parlasur (Parlamento del Mercosur) y, en lo puntual, el intervencionismo en los asuntos internos venezolanos.

Este punto adquiere un relieve mayor ante el cambio de gobierno que, más allá del nombre de quien conduzca el futuro ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (con una fuerte impronta hacia el Comercio Internacional y sin tener en cuenta sus capacidades oratorias), volverá a la tradición de respeto por la soberanía política de las naciones del mundo. La participación activa de Cascos Blancos en el intento estadounidense de “invasión humanitaria” de Venezuela pone a sus autoridades actuales en la antípoda de las concepciones que se vienen.

El anecdotario suma problemas relacionados con las acciones de recolección de donaciones realizadas entre la comunidad venezolana existente en el país, acumulada en la actualidad en una decena de bultos de un metro y medio cúbico, que debía enviarse de manera “urgente” y lleva más de seis meses estibada en la zona portuaria de la capital argentina. La reversión de la situación en el país del Norte de Sudamérica, con debilitamiento de los sectores golpistas a los que apoyó el gobierno argentino, hoy en retirada, y ampliación de los espacios negociadores internacionales -de los que Alberto Fernández, además, forma parte o defiende- cambió el panorama. En la actualidad, las autoridades colombianas que inicialmente recibirían esos envíos, no aceptan hacerse cargo de la recepción. Los responsables del trámite buscan los recursos para el pago del envío; los fondos de la Organización de Estados Americanos pueden llegar a ser la salida para el nudo, a través de un Fondo sobre cuyo manejo también pide detalles la Auditoría.

En caso de concretarse la ingeniería antes del próximo 10 de diciembre, las autoridades locales podrían darse el lujo de fotografiarse junto a una docena de bultos y sin la presencia del hoy “contagioso” Juan Guaidó. Tal vez hasta podrían intentar destrabar la recuperación de lo que Cascos Blancos llama “hospital propio”, a la fecha inmovilizado en Cúcuta, con insumos, ecógrafo, camillas, carpas, sillas e instrumental, una inversión costosa para el país y de utilidad ante cualquier emergencia, nacional o internacional.

* Historiador argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

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