La causa del centro clandestino móvil

A partir de varios testimonios, la Justicia empezó a reconstruir un caso del que poco se sabía

La investigación la conduce el juez Daniel Rafecas, que ya procesó a siete militares del regimiento Mercedes, entre ellos los ex carapintadas Emilio Morello y Eduardo Sánchez Zinny. Una de las víctimas es la hermana de Víctor Heredia, aún desaparecida.

Por Alejandra Dandan

La causa es una de las más importantes entre las que Rafecas tiene en trámite en su juzgado. Imagen: Pablo Piovano

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Cuando hacía el servicio militar, un superior pidió voluntarios. Lo subieron a un auto, le vendaron los ojos y después de veinte o treinta minutos de andar lo dejaron en una casa quinta con cerco de ligustros que todavía es buscada por la justicia. Adentro estaba estacionada una camioneta con caja térmica de acero inoxidable con un grupo de prisioneros, según explicó aquel soldado ante el juez Daniel Rafecas muchos años más tarde. “Eso se abrió porque gritaban que se estaban asfixiando, más o menos eran las diez u once de la mañana”, dijo. “Estaba Pérez, ahí con nosotros, que no se animaba a abrir. Me dio la pistola para abrir (…) Yo vi a una chica que estaba más gordita, tenía vientre y la atendí primero. Ella me dijo que no estaba embarazada. Fue a la primera que atendí, no se podía caminar adentro. Era una camioneta que tenía una caja térmica, como la de los frigoríficos. Había un muchacho que estaba contra la puerta, alto, de un metro ochenta más o menos. Lo recuerdo porque entraba prácticamente doblado en la camioneta”.

La investigación que dio con la existencia de ese centro clandestino móvil y una quinta que aún nadie sabe dónde está, es una de las causas más importantes que tramita en el juzgado de Rafecas.

En el marco de ese expediente, el magistrado procesó a siete militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, una unidad operativa de los pagos del dictador Jorge Rafael Videla por primera vez “tocada” en las causas de crímenes contra la humanidad. Entre los procesados, hay nombres muy simbólicos no sólo de la represión sino de la historia reciente, entre ellos los ex carapintadas Emilio Pedro Morello y Eduardo Martín Sánchez Zinny, que la semana pasada obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, medida que la querella de Pablo Llonto se dispone a apelar. La importancia de esta causa, sin embargo no termina ahí. La investigación tomó como punto de partida un operativo ilegal realizado el 10 de julio de 1976 contra una imprenta del PRT-ERP donde se hacía El Combatiente y La Estrella Roja. Con la lógica de una reconstrucción arqueológica y siguiendo una pesquisa basada en líneas de caída –y no en la reconstrucción de la dinámica de un centro de detención como hasta ahora–, Rafecas logró establecer los vínculos entre los perpetradores y una serie de 37 personas secuestradas, 30 de las cuales permanecen desaparecidas. Las víctimas habían compartido espacios comunes como la Escuela de Arte de Luján y la Escuela Nacional de Comercio 1, pero también lugares como la casa del escritor y poeta Dardo Dorronzoro, también desaparecido, donde se hacían talleres literarios y se había generado un espacio de debate político. La mayoría de los desaparecidos pertenecían al PRT-ERP, a la Juventud Guevarista y cuatro al PST -Partido Socialista de los Trabajadores. Y los secuestros sucesivos y concatenados tuvieron relación con la creación, impresión o publicidad de la Revista El Combatiente, según estableció el juzgado. El modo de reconstrucción, la reconstrucción misma y el testimonio de los conscriptos son parte de los aportes centrales de esta causa.

“Creo que desde el primer momento investigación quedó claro que se trató de un operativo que buscaba una censura sangrienta”, dice Coco Ernesto Lombardi, abogado querellante de la causa pero también compañero de varios desaparecidos. Coco es además parte de la red de rescatadores de historia que sumó a cinco sobrevivientes, los colimbas, pero también amigos de la vida de los desaparecidos que pertenecían a otros espacios políticos y que durante los años de las leyes de olvido escribieron primeras reconstrucciones con datos hoy importantes para las causas. “El ingreso a la imprenta mostró que necesitaban acallar los medios que en ese momento eran clandestinos –dice Coco– porque imaginate cómo tenía que funcionar la prensa de la resistencia a la dictadura. Esa cruzada causó la muerte de una cantidad tremenda de personas, todos comprometidos políticamente, socialmente, pero también verdaderos revolucionarios del campo de la cultura”.

Entre las víctimas se encuentra María Cristina Cornou, la hermana de Víctor Heredia. María Cristina era docente, delegada de Ctera, madre de una niña de dos años y embarazada de cuatro meses. Tal vez, aquella mujer de la que hablaba el conscripto. A más de cuarenta años del secuestro, su hermano y su hija Yamila continúan buscando su cuerpo, el de su esposo Claudio Nicolás Grandi y al hijo o hija de ambos que debía haber nacido en octubre o noviembre de 1976.

Coco era vecino de Nico, como le dice, y dio clases con Cristina en la Escuela 19 de Paso del Rey. Todavía se acuerda de los dibujos de sus alumnos llenando las paredes, de la inspectora que era esposa de un militar, y las reprimendas por la militancias en Ctera. Nico era poeta, estudiaba Letras en Filosofía y Letras de la UBA y trabajaba como escritor en Galerías Grande de Viamonte. El 22 de junio de 1976, un grupo del RI6 con hombres que solía encarar los operativos con pelucas, barba y aspecto de ciruja, entraron a la casa de la calle Ciudadela de Paso del Rey. Yamila que tenía dos años pudo ver que a sus padres los golpeaban, contó Victor Heredia en su declaración. “Y cuando era chiquita contaba que los habían mojado con ‘agüita de la chimenea’, que es un bidón de querosene que tenían para prender la chimenea. Mi cuñado alcanzó a escribir algo en una puerta”, dijo sobre una frase en letras grandes de imprenta de la que hablan todos los testimonios: “Yamila te amo –escribió Nico– y también a tu mamá.” El grupo operativo robó los cuadros de la casa, cuadros del padre de Nicolás, Mario Darío Grandi, gran plástico de la época. Victor Heredia se enteró de gran parte de la historia de los últimos años de militancia de su hermana con el avance de la causa.

“No sabíamos que estaban trabajando en la prensa del PRT. Mi hermana era divina, súper comprometida, docente, siempre intentó que sus trabajos tuvieran una cercanía con los barrios más pobres y creo que pagó un precio concretamente por su actitud militante. Lamentablemente estos tipos actuaron de esa manera. Lo más triste y aún a pesar de estas detenciones, es que uno siempre tiene la expectativa de conocer, de saber, el paradero de los restos, por lo menos. O alguna guía que te lleve a saber si el bebe que estaba en su vientre nació y si era un varón o era una mujer. Y desde allí intentar buscar, pero nada, guardan un silencio espantoso. Yo sigo creyendo en algunos jueces y fiscales probos, de hecho en esto la causa se llevó adelante, siguió su curso y ahí está. O sea, la desaparición forzada de estas personas, sobre todo por las fechas, son inapelables desde todo punto de vista, los que están presos están presos con absoluta justicia y son crímenes de lesa humanidad. A menos que nos quedemos quietos, y ahora digan otra cosa, no pueden llevarse adelante lo que ha pasado en la historia y la menor de este país, nos haría mucho daño”.

El punto de partida de la causa fue la investigación sobre el operativo del 10 de julio de 1976 en la Imprenta del ERP. En el lugar, el RI6 asesinó a José Emilio Arancibia, privó de libertad y torturó a otra persona aún identificada como NN; ambos estaban custodiando al vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen mantenido en una cárcel del pueblo en ese lugar. Ahora se sabe que los militares llegaron hasta allí luego de interrogar a un alto Jefe de propaganda del ERP detenido unos días antes, el cual fue llevado a la Imprenta y el día antes a otros domicilios.

12/11/17 P/12

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