La Corte, las Cortes

Por Juan S. Pegoraro*

No es una novedad afirmar que las sucesivas Cortes Supremas de nuestro país han dictado fallos que legalizan ilegalidades. Basta recordar que en 1930 legalizó el golpe contra el gobierno democrático del presidente Irigoyen; en 1955 otra Corte Suprema legalizó el golpe contra el gobierno democrático de Juan Perón por la así llamada Revolución Libertadora que persiguió y proscribió a miles de ciudadanos entre otras injurias sociales y fusiló clandestinamente a una decena de peronistas en los basurales de León Suarez. Además legalizó un Bando Militar que derogó el 27 de abril de 1956 la Constitución Nacional de 1949.

En 1976 se produjo el golpe de estado contra Isabel Martínez de Perón, tras lo cual asumió un gobierno cívico-militar encabezado por una Junta de militares de las tres FF.AA. con la aprobación de la Corte Suprema y dicha Corte, así como miembros del Poder Judicial, no consideraron que fueran delitos secuestros, desapariciones forzadas, torturas realizados por las FF.AA. y de civiles a su servicio.

En algunos casos la desposesión por la fuerza y luego la legalización de los títulos de propiedad de nuevos poseedores se realizó invocando intereses del bien común, supuestamente necesarios para el desarrollo de emprendimientos de mayor productividad (en realidad de mayor rentabilidad privada) y así los Tribunales impartieron justicia legalizando la usurpación, la expulsión, la violencia física, la persecución de ocupantes originarios. Claro que esto no es historia pasada, sino también actual y continúa con algunos ejemplos emblemáticos: la empresa Hidden Lake SA de Joe Lewis cerró el acceso al Lago Escondido en el sur del país aduciendo que está comprendido en su propiedad de 11.285 hectáreas. Esto es parte de un proceso de privatización de tierras fiscales del Estado Nacional o provincial, de humedales y bosques en ciertos casos por medio de incendios previos para dedicarlos a la agricultura intensiva y el uso de agrotóxicos. Pero este modelo de legalización por parte del Poder Judicial, como saben aquellos que han acumulado una memoria de lo que es injusto, tiene una larga historia en toda América Latina; ella no intervino para hacer justicia en el proceso por el cual los países europeos se apoderaron por medio del Arcabuz y luego con el Remington de tierras y riquezas naturales que sirvieron para el desarrollo de los nuevos apropiadores. Jorge Luis Borges dice en la Milonga del infiel: “Había en su toldo una lanza/que afilaba con esmero/de poco sirve una lanza/contra el fusil ventajero”. El resultado está a la vista: un proceso continuo de creciente desigualdad social ante la pasividad de la “Justicia”.

El proceso de independencia de estas colonias en América como en África y parte de Asia y Australia llevó tiempo, no tanto en declararla como en lograrla; aún hoy no pocos gobernantes de raigambre neoliberal añoran relaciones más íntimas con los otrora y actuales imperios. Estos han sido denominados cipayos, un término referido a soldados nativos de la India que en los siglos XVIII y XIX se alistaban para luchar contra su país al servicio de Gran Bretaña, Portugal, Francia, entre otros. Se trataba de personas nacidas en las colonias y reclutadas por ejércitos europeos para luchar contra los independentistas patriotas. Aquí, de manera simbólica en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810, la infanta Isabel de Borbón fue recibida con honores por las “fuerzas vivas” y el presidente Figueroa Alcorta la paseó en su mismo carruaje por las avenidas de Buenos Aires adornadas con banderas argentinas y españolas. Hace apenas un poco más de cuatro años, en ocasión del Bicentenario de la declaración de la independencia de 1816, el entonces presidente de la República Argentina le pidió disculpas a un visitante español, Juan Carlos de Borbón, llamándolo querido Rey, e hizo referencia a una supuesta angustia que le habría ocasionado a nuestros patriotas declarar la independencia de sus colonizadores. Hace poco más de un mes, en ocasión de conmemorarse el 12 de octubre de 1492 el inicio de la conquista bárbara de América por España, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires iluminó con los colores de la bandera del Reino de España y de la República Argentina edificios emblemáticos de la ciudad (entre ellos la Facultad de Derecho).

Es de recordar que los miembros del Poder Judicial y de la Corte Suprema no son elegidos democráticamente, sino por procedimientos complejos y silenciosos, inaccesibles al control de la ciudadanía y generalmente nominados por integrantes de la clase social más acaudalada, ya sea por sí misma o por sus representantes políticos.

Agreguemos que los derechos, aun los constitucionales, son una contingencia para el Poder: para eso está la Ley. Siempre dispone de algún miembro del Poder Judicial que la interpreta conforme a requerimientos de aquél, ya que forman parte sea de manera ideológica o por sus relaciones corporativas. Un ejemplo reciente lo dio un juez de la ciudad de Reconquista que rechazó la intervención por 60 días dispuesta por el Gobierno Nacional de la sociedad agro-exportadora Vicentin, en concurso de acreedores que organismos del Estado Nacional, el Banco Nación y acreedores agropecuarios y aun bancos internacionales la consideran fraudulenta. Dicho juez no solo impidió la intervención sino que restituyó la dirección y administración de esta sociedad a sus directores con procesos penales. Este fallo del juez de Reconquista (ciudad con nombre honroso) impidió al Estado Nacional además controlar la continua evasión impositiva que se realiza por medio de puertos privados sobre la Hidrovía Río Paraná tanto de esta empresa como de otras como Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland, Louis Dreyfus –cuatro de las mayores traders de granos en el mundo.

Volviendo a la Corte y las Cortes, éstas tienen una historia en relación con el poder y en el poder: recordemos que los barones ingleses dueños de tierras, togas y espadas que engalanaban las Cortes del Rey Juan sin Tierra lo amenazaron en 1215 con la llamada Carta Magna para que no dictara medidas impositivas contra ellos. El Rey, amenazado, cedió.

Jorge Luis Borges frecuentó a Don Nicolás Paredes, “capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida” en la década de los veinte del siglo pasado, que aunque ya mayor le alcanzó a decir: “hay dos cosas que un hombre no debe permitir: la primera es amenazar y la segunda dejarse amenazar”.

*Juan S. Pegoraro es profesor consulto (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).

19/11/20 P/12

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