La cosa sana

Por Graciana Peñafort

En los hechos, la cosa es bastante simple. Según múltiples disposiciones del propio Poder Judicial federal, los juzgados y tribunales deberían subir todas sus actuaciones a un sistema de gestión de causas en modo virtual llamado LEX 100, al que los abogados que intervenimos en las causas y los fiscales tenemos acceso. También deberíamos hacer lo mismo los abogados con nuestros escritos. De esa forma todos los intervinientes podríamos consultar ese expediente digital sin necesidad de ir verlo al juzgado.

Pero en los hechos, eso no sucede. Primero, el LEX 100 funciona de modo interruptus, la plataforma es inestable y periódicamente queda fuera de servicio, para horror de los abogados que intentamos ingresar para buscar una sentencia que nos notificaron y la pagina web nos da error.

Pero si sucede el milagro y logramos ingresar a la causa digital, descubrimos que está incompleta, que el fiscal no subió su dictamen o que no figura en qué foja está la sentencia o bien que el acta de una declaración testimonial no fue subida por el juzgado. En pocas palabras, el sistema del LEX 100 no funciona pese al enorme esfuerzo que hacemos muchos para que sí funcione. Un ejemplo dramático era el juzgado de Bonadío, que no subía absolutamente nada, una práctica de oscurantismo virtual que tenia su correlato en el mundo real porque en ese juzgado acceder a un expediente para ejercer una defensa no solo era complejo y farragoso, sino que además había que hacerlo en la ventanilla del tribunal, espacio angosto donde mirabas el expediente mientras otros, muchos abogados se agolpaban para ser atendidos por sus asuntos y presentaciones. Va en esto un reconocimiento a quienes trabajan en ese juzgado que, con independencia de verse obligados a seguir las arbitrarias instrucciones de su entonces jefe, siempre fueron cordiales y atentos y en mas de una oportunidad terminaban haciendo pasar adentro del juzgado al abogado que consultaba un expediente en semejante locura.

Pero en general, en la ventanilla de los juzgados se ven escenas de lo más curiosas. Recuerdo una vez que en la ventanilla estaba una querida colega, bellísima ella y además muy coqueta, haciendo una vista de expediente y después de horas de pie leyendo, optó por sacarse sus altísimos tacos, dejarlos al lado del maletín y seguir leyendo descalza.

Pero más allá de las deficiencias del LEX 100, hay pautas que lo hacen un sistema deficiente de consulta. Por ejemplo: todos los anexos donde suele estar la prueba NO se digitalizan. O sea, si querés ver la prueba tenés que ir al juzgado. Tampoco se hacen actas con las audiencias de todos los juicios orales ni se suben los videos, es decir que, si necesitas la audiencia de día 2 de juicio, tenés que ir con un pendrive al juzgado y pedir que te lo graben allí.

Verán entonces que, por múltiples motivos que podrían ser resueltos digitalmente pero que no son resueltos, cotidianamente los abogados nos vemos obligados a ir a los juzgados para acceder a los expedientes de las causas en las que trabajamos.

En lo personal, asumo que me gusta hacer tribunales. Aprovecho para ver mis causas y de paso socializo con colegas y trabajadores. Tengo un amigo de la seguridad en la Corte Suprema que me da religiosamente sus opiniones sobre mis intervenciones públicas y resulta ser el mejor y más criterioso crítico que tengo. Es cierto que podría hacer tribunales en dos horas y me lleva toda la mañana, pero siempre lo tomé como parte de mi trabajo y lo disfruto. Debe ser una de las pocas cosas que extraño de mi vida antes de la pandemia.

Pero en épocas de coronavirus ir a tribunales es imposible, porque así como voy yo, van miles de personas por día. Y entonces el lugar se vuelve un foco de contagio. Y no solo pienso en los abogados, sino en los miles de trabajadores judiciales que se apiñan en oficinas plagadas de papeles, muchas veces sin ventilación y donde deben compartir espacio con otros compañeros de trabajo en condiciones de hacinamiento.

Y ni les cuento por ejemplo en la Corte Suprema, donde no hay baños suficientes para todos vayamos a lavarnos las manos, por ejemplo.

Ir a tribunales en épocas de pandemia es la ruptura segura del aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces no se puede ir. Porque el riesgo de contagio es tan alto que casi pasaría a condición de certeza. Pero el Poder Judicial no puede garantizar que accedamos a lo que se necesita para poder trabajar. Así que para preservar a todos dispuso hace ya muchos días una feria extraordinaria y una serie de medidas destinadas a agilizar que se pueda trabajar y presentar algunos escritos de feria por vía digital. Mientras reza —y rezamos todos— que el LEX 100 no se caiga. Y mientras tanto intenta avanzar en una acelerada digitalización del trabajo tribunalicio.

Pero mientras tanto está todo muy parado, aun cuando algunas cosas se hacen; he visto alguna declaración por video conferencia en estos días. Pero el sistema informático no resistiría por ejemplo la realización por video conferencia de un juicio oral. Todos dicen que simplemente tres jueces, la fiscalía, las defensas y las querellas serían más conexiones de las que el sistema de conectividad de tribunales resiste. Y pocos aceptarían que su alegato o su interrogatorio sea una voz y una imagen pixelada que no se entienden. Aunque, no sin cierta maledicencia, algunos colegas han sostenido sobre otros colegas que sería esa tal vez la única oportunidad que los asiste de hacer un alegato brillante.

No hay juicios ni apelaciones ni casaciones. Y eso implica que la situación de muchas personas sometidas a procesos penales esta atrapada en el limbo sin fechas de la suspensión de actividades a raíz de la pandemia. Y algunas de esas personas están presas en un limbo sin fecha, sin juicio, sin sentencia… y sin libertad. Un limbo en el que además las condiciones de hacinamiento en las que están, las escasas posibilidades de elaborar estrategias preventivas frente al coronavirus y la rara asistencia médica disponible, solo pone un pronóstico de tragedia tan certera como terrible.

El limbo en esas condiciones es el infierno propiamente. Y el infierno es violento y espantoso. Ya lo vimos en Florencio Varela. En el penal donde el infierno ardió 12 horas, dejó más de 20 heridos y un muerto, Federico Rey, de 30 años, que a esta hora sabemos que murió por una bala de plomo. Qué arma la disparó, aún no lo sabemos.

También arde el penal de Devoto. Donde la novedad de un miembro de sistema penitenciario contagiado de coronavirus llevó a las autoridades a aislar a los reclusos. El miedo, el aislamiento y el encierro fueron la chispa que dio origen al fuego.

Y el fuego ardió casi todo un día. Las imágenes eran aterradoras. Y lo único para celebrar es que no murió nadie, aunque haya varios heridos.

¿Por qué pasa esto? Por muchas razones. Solo voy a hacer hincapié en una de ellas. La que conozco mejor. Se llama Poder Judicial.

Las cárceles están llenas de personas porque allí las envían los jueces. Las envían como si las cárceles fuesen un deposito de chatarra y no un lugar destinado a la seguridad y no al castigo de las personas. Las envían sin demasiados criterios: porque son pobres, porque no saben qué hacer con ellos en juzgados desbordados de causas y sin personal para atender todas esas causas. Envían a las cárceles porque así sienten los jueces que cumplen con la misión de alejar al presunto delincuente de la sociedad y la ponen a salvo. Envían a la cárcel a las personas por pobres, por negras, por extranjeras, por villeras, por marginales.

Solo 4 de 10 personas que están en las cárceles están allí por la razón de que alguien debe estar en una cárcel, que es porque hay una sentencia firme que lo declara culpable. Cuatro de cada diez. Repitan esa proporción y compréndanla bien en sus implicancias. Y a ello sumémosle el miedo a enfermarse de una enfermedad para la cual no hay ni cura ni vacuna. Bombas pequeñitas, diría el Indio.

Bombas pequeñitas que eventualmente estallan. Y a veces esos estallidos se cobran vidas. Vidas sesgadas que a su vez serán génesis de nuevas bombas. El infierno, como los espejos de Borges, se reproduce infinitamente y proyecta reflejos entre algunos de sus partícipes. Hoy la Justicia federal tiene su propio debate entre sectores de la Casación, que promulgan que se deben tomar medidas alternativas para sacar a los que se pueda del infierno. Que deben priorizarse las personas que pertenecen a los grupos de riesgo del coronavirus, a quienes están cerca de cumplir su pena, a quienes no están tras esos muros de fuego y olvido por delitos violentos y así una serie de situaciones particulares.

Los tribunales orales y los jueces le contestan a la Casación en idioma muy judicial: “Libérenlos ustedes. Si se escapan o cometen otro delito, no queremos ser responsables nosotros”. Y así entre idas y venidas las personas siguen presas en enorme mayoría. Presas con los puños apretados de impotencia y de miedo. Bombas pequeñitas listas a estallar al primer aullido.

Además están los otros participantes del debate. Que son los medios de comunicación. Los que señalan con el dedo a los jueces que liberan presos en virtud de las razones de la pandemia. Y que también piden que ciertos y determinados presos que aun no tienen condena firme sigan presos. Como si no fuesen personas. Como si no tuvieran derechos. Como si su único destino fuese el de convertirse en bombas pequeñitas.

Y algunos jueces aceptan esos cantos de sirenas y se olvidan de lo que estudiaron y juraron defender. Que se llama Constitución Nacional. Les voy a mostrar lo que dijo un juez de Casación ante un recurso por la morigeración de la prisión de alguien: “Es que adoptar criterios generales como el que la parte pregona arriesgadamente y que otros defienden haciendo gala de un humanismo además de dudoso, oportunista, llevaría a la situación paradójica de que mientras los ciudadanos libres del mundo se ven limitados y afectados en casi todos los aspectos de su vida, incluso en el de transitar libremente y de lograr el propio sustento, los criminales (o aquellos sobre los que recae sospecha de serlo) serían los únicos beneficiados de esta difícil situación, circunstancia que además de generar alarma en la sociedad por la liberación continua de los delincuentes, socava uno de los pilares en que se apoya cualquier República sana: la Justicia, valor innegociable”.

Le faltó decir, como canta también el Indio, que “la gente decente es diferente”. El argumento del magistrado seria traducido al castellano de este modo: “Nosotros los decentes ya tenemos mil restricciones por la pandemia y usted que no sé si es decente quiere aprovechar la tragedia de los decentes para salir de prisión. Sabe usted, señor, que no sé si es decente el miedo que nos da a nosotros los decentes esa idea?”

¿Será que los decentes tienen más derecho a la salud y a la vida que aquellos sobre los que pesa la sospecha de no serlo?

Sin duda la justicia es un valor innegociable. Como escribió hace muchos años Petracchi, citando a un clásico: “Numerius —gobernador de Narbonensis— se hallaba sometido a juicio criminal y había asumido su propia defensa negando su culpabilidad y la falta de prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación, se dirigió a Juliano: «¡Oh! Ilustre César —le dijo—, si es suficiente con negar, qué ocurrirá con los culpables»; a lo que Juliano respondió: «Y si fuese suficiente con acusar, qué le sobrevendría a los inocentes». (Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum. L.XVIII, C.l)”.

La enseñanza de la historia la escribió también Petracchi: “Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido, sino a riesgo de negar la propia dignidad humana y la Constitución Nacional, pues, según reza ésta, «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo» (art.18 de la Constitución Nacional). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme».

Se llama presunción de inocencia. Que podríamos traducir como que todos son decentes y deben ser tratados como decentes hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme.

Agrego: los culpables también tienen derechos. Que merecen respeto y protección por parte de las autoridades judiciales. Yo podría entender que un magistrado rechace la solicitud de morigeración de prisión de un culpable con sentencia firme. Y una buena forma de resguardar esos derechos sería dar por finalizado el infame hacinamiento de culpables con personas que no son culpables y ordenando la morigeración de las prisiones preventivas. (Siempre que no sean personas que representan un riesgo por la entidad de los delito violentos que se les imputan, por ejemplo.) Porque si en un pabellón hay 20 detenidos y se morigera la pena de 10, está claro que los 10 que continúen en dicho pabellón tendrán muchas mejores opciones para llevar adelante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y podrán evitar contagiarse con mayor eficiencia.

Quiero ser clara: no pido la libertad de los culpables, pero exijo que se respeten sus derechos. Porque son personas.

La morigeración de las prisiones de los que aun son inocentes ante la ley exige mayores y mas delimitadas consideraciones. Que deben hacerse caso por caso. Nunca en modo genérico. Nunca en modo “nosotros, los decentes”. Nunca.

Porque voy a señalar que quienes se piensan a sí mismos como decentes, están en claro riesgo de no serlo. De ser a su modo también bombas pequeñitas. El respeto a la dignidad y a los derechos de las personas es uno de los pilares de la República sana. Y todo lo que se aleje de ello es pura indecencia.

El Cohete a la Luna

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