La Escuela de las Américas judicial

Una guerra jurídica se cierne sobre los líderes populares latinoamericanos para proscribirlos

Por Mariano Vazquez

Estados Unidos estableció la Escuela de las Américas en 1946 en Panamá. Allí se formaron 61.000 militares latinoamericanos de 23 países en técnicas de contrainsurgencia, tortura, infiltración, espionaje y persecución de opositores. El aprendizaje que recibieron lo utilizaron para sumir a la región en su hora más oscura. El Terrorismo de Estado y la Doctrina de Seguridad Nacional fueron implementados por las dictaduras utilizando la desaparición forzada como método.

Lula da Silva, imbatible. Todas las encuestas le daban un 40% de la intención de voto, superando por más de veinte puntos al segundo. El establishment no lo podía permitir tras el éxito del golpe parlamentario de 2016 contra la presidente constitucional Dilma Rousseff.

Así nació la guerra jurídica contra el líder del PT a través de un oscuro personaje de la justicia federal de Curitiba, quien condenó sin pruebas a Lula. Se trata de Sergio Moro, un magistrado condecorado por el ejército con la Orden Militar al Mérito y en la Universidad católica de Notre Dame, en South Bell, Indiana, por sectores ultraconservadores estadounidenses que le celebraron la persecución al lulismo.

En enero de este año, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ratificó la sentencia de 12 años por corrupción contra Lula. En abril es detenido y encarcelado en la sede de la Policía Federal en Curitiba y proscripto como candidato presidencial. Un día antes de esta decisión el comandante en jefe del Ejército de Brasil, general Eduardo Villas Boas, tuiteó: “El ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución”. Este general fue el que distinguió dos semanas después a Moro.

Otro capítulo de esta guerra irregular la protagonizó la Justicia Electoral de Paraná que le negó a Lula ejercer el voto. En Brasil existen tres instancias en los tribunales, solo pierden el derecho a sufragar quienes sean condenados en la última instancia. Lula está en la segunda.

Los abogados del ex Presidente señalaron que la Justicia ha manipulado el sistema legal para desprestigiarlo e influenciar negativamente a la opinión pública mediante la judicialización de la política. En las calles se palpa un enojo generalizado con la clase política. Así es como aparece el candidato ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, considerado como un antisistema, a pesar de llevar 27 años como diputado, tener una actuación mediocre en el Congreso y haberse opuesto a todas las leyes que ampliaban derechos. Sin embargo, Bolsonazi, como lo llaman sus detractores, no para de subir en las encuestas.

Consultado al respecto, el abogado constitucionalista Hugo Albuquerque responsabilizó al Poder Judicial de la crisis actual: “Su actuación condujo a la onda fascista”.

El letrado repudió la “hipertrofia y omnipresencia de los tribunales confundidos con aparatos policiales”, que derivó “en el agotamiento institucional que condujo a la candidatura de extrema derecha de Bolsonaro mediante la constante alimentación de un sentimiento anti-PT y anti-Lula, que se traslada al candidato de esa formación política que es Fernando Haddad”.

“El caso de Bolsonaro —subrayó Alburquerque— es tristemente asombroso, es la abolición explícita de cualquier derecho, ya sea social, de libertades individuales, de los derechos humanos. Es innegable decir que el Poder Judicial, que tomó a Brasil como rehén, tiene mucho que ver con esto”.

Esta semana se cumplieron 30 años de la Constitución Nacional de 1988. El aniversario derivó en una disertación en la facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo del presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, para repudio y sorpresa de los presentes afirmó que a la asonada militar de 1964 “no lo llamo ni golpe ni revolución, lo llamo movimiento”.

Hace apenas tres semanas la máxima autoridad de la justicia brasileña, nombrado por Lula durante su segundo mandato, designó como asesor a Fernando Azevedo e Silva, un general retirado del ejército de gran influencia en los sectores castrenses, que además integró los equipos técnicos de campaña de Bolsonaro.

El cuadro se completa con una información publicada por el diario Folha de São Paulo en su edición del 3 de octubre que indica que un “grupo de generales está ayudando a Bolsonaro a vencer la resistencia del candidato entre los oficiales de la fuerza”.

Para Albuquerque, “la certeza del escenario actual de polarización política en Brasil es la decantación hacia una vía conservadora que revierte los principios de la democracia social. La exacerbación del juicio ha derivado en una sociedad enojada”.

Y concluyó el abogado constitucionalista: “La cuestión es menos quién irá a la segunda vuelta electoral o quién no debe ir. Sino entender cómo llegamos a este punto límite para poder construir lo nuevo, con realismo y sin perder de vista el horizonte utópico”.

Esta nueva Escuela de las Américas que se instaló en los poderes judiciales de la región para perseguir a ex Presidentes y proscribirlos de la vida política ya ha alcanzado a Lula, Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. Es una guerra no convencional que se basa en la violación de las leyes y la manipulación artera para desprestigiar al enemigo político, que reemplaza al método golpista tradicional.

El escenario de un Estado de derecho violando el derecho en busca de fines políticos es la regla en el Brasil pos golpe parlamentario de 2016. Es legal el abuso, la persecución, la mentira.

¿Por qué este ensañamiento con Lula? Sencillo: nadie puede vencer al líder obrero en las urnas. Como señala el jurista Wagner Francesco: “Este método es más eficiente y menos desgastante que ganar una elección, derrumbando a un opositor, usando una vía más destructiva y camuflada, que es la presentación de procesos judiciales frívolos que intimidan y persiguen a adversarios. Aquel que tiene más poder político y económico gana”.

El Cohete a la Luna

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