La eterna crisis política en Perú: el 28 de marzo se decidirá la suerte de Pedro Castillo

El Congreso peruano comenzó la «moción de vacancia», el proceso de destitución del presidente, con veinte cuestionamientos que deberán ser tratados en un parlamento dominado por la derecha.

Por Gerardo Szalkowicz

Foto: Carlos Mamani / AFP

La oposición de derecha que controla el Congreso peruano dio un nuevo zarpazo aprobando la convocatoria a una votación para destituir a Pedro Castillo. El Día D es el 28 de marzo y será la segunda «moción de vacancia por permanente incapacidad moral» que enfrenta el presidente quien, además, ya tuvo que cambiar cuatro veces su gabinete en apenas siete meses y medio de gobierno.

«Me apena que se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo», afirmó este lunes Castillo, y confirmó que hoy a las 5 de la tarde se presentará a exponer ante el recinto legislativo. El mandatario se defendió: «Tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robarle un centavo y eso lo diremos mañana en el Parlamento. A nosotros nadie nos distrae, porque el que nada debe, nada teme».

La moción de vacancia fue aprobada en el pleno del Congreso con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 abstención. Con esos números, la oposición está a solo 11 votos de los 87 que se precisan para tumbar a Castillo, aunque es sabido que la aritmética y la previsibilidad no se llevan bien con la política peruana.

Son veinte los puntos que intentan argumentar el pedido de salida del presidente: supuestas reuniones secretas, designaciones de ministros cuestionados, investigaciones por corrupción a funcionarios, «contradicciones y mentiras» del jefe de Estado durante las investigaciones fiscales, la intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia, etc.

Todas de un calibre aparentemente menor para justificar una destitución. En declaraciones al diario La República, el abogado constitucionalista Omar Cairo aseguró que la acusación carece de sustento constitucional: «Todos los fundamentos de esta moción son imputaciones de presuntos delitos que están en investigación. También hay descripciones de hechos que corresponden a terceras personas».

Para el jefe de gabinete, Aníbal Torres, en la avanzada destituyente pesa también una cuestión racial: «Para esa clase política que ahora quiere vacar al presidente, ninguno de los que estamos aquí tenemos las condiciones para ser presidente, porque no reunimos las características raciales que probablemente ellos tienen».


Sistema político en descomposición

La arremetida contra Castillo es un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, con un Congreso que tiene la facilidad de destituir presidentes gracias a esa polémica herramienta de «vacancia por incapacidad moral». Ya lo padecieron Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo renunciar en abril de 2018 por un escándalo de corrupción, y Martín Vizcarra, destituido en noviembre del 2020 en una maniobra muy floja de papeles.

Ya son seis los presidentes que pasaron por la Casa de Pizarro en los últimos cuatro años. Pero la fragilidad institucional viene de lejos: los últimos seis mandatarios electos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Desde que asumió la presidencia el 28 de julio del año pasado, Castillo sufrió los constantes embates de la oposición en el Congreso. Apenas si en este tiempo logró conformar su gabinete, cediendo a las presiones y nombrando a funcionarios conservadores lo que derivó en la ruptura de su partido Perú Libre y el alejamiento de sus aliados de izquierda de Juntos por el Perú.

La editorial del portal Otra Mirada resume la compleja etapa que atraviesa el país: «Asistimos a una crisis de régimen político y un franco proceso de descomposición que involucra a casi todos los actores que sucedieron a la transición política de inicios de siglo. Lejos de significar una fuerza de cambio, este gobierno mantuvo vigente el modelo económico y político heredado de la dictadura fujimorista, convirtiéndose en férreos defensores de la constitución política de 1993.

Se trata, por tanto, de una crisis que antecede a la aparición de Pedro Castillo, lo cual no es óbice para omitir que, tras llegar a la presidencia y traicionar el Plan Bicentenario que enarboló en la campaña electoral, se convierta en un actor más de los muchos que han decepcionado a la población al desperdiciar una oportunidad histórica para impulsar los procesos de cambio que los peruanos y peruanas esperábamos».

Tiempo Argentino