La extinta guerrilla de las FARC pasa por su peor crisis política

Por Diana López Zuleta

Imagen: El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño (centro), durante una rueda de prensa de su partido Comunes, en enero 2021. Luis Eduardo Noriega A. (EFE)

A las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) les está resultando más difícil sobrevivir en la lucha democrática que en la lucha armada. Como guerrilla duraron y crecieron durante más de 50 años; como partido político, estarían al borde de la disolución. En una carta elaborada por militantes y difundida la pasada semana, más de 200 firmantes anunciaban su renuncia al partido aduciendo no sentirse representados por la colectividad. Las decisiones e instancias «en nada coinciden con nuestra historia de lucha y las banderas revolucionarias», se puede leer en la misiva.

El paso a la vida civil de los excombatientes se dio a través de la creación, en 2017, del partido Comunes, producto del acuerdo de paz. En un principio el partido mantuvo como denominación la misma sigla de la guerrilla (FARC), aunque le dieron otro significado —Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—. En 2021, decidieron cambiarlo a Comunes para evitar la estigmatización y ser asociados con el grupo armado. El exsenador Israel Zúñiga —conocido en la guerrilla con el alias Benkos Biohó— es uno de los firmantes de la carta de renuncia. Su enojo con los actuales dirigentes del partido viene de tiempo atrás, pero solo hasta ahora lo hizo oficial con la dimisión. «Lo único común que tiene el partido Comunes es el nombre», dice en una llamada telefónica con EL PAÍS.

Zúñiga considera que las prácticas del partido se asemejan a la forma clientelar de las clases políticas tradicionales y lo que critica con mayor dureza es que algunos dirigentes no hayan podido abandonar el manejo centralista y vertical que tenían en la antigua estructura de las FARC. «No han querido entender que un partido se fundamenta en la búsqueda de consensos, y los consensos solamente son posibles a partir de los debates. En el interior del partido hay una negación permanente de la posibilidad de debate y del disenso», explica, y anuncia que se reagruparán para crear un nuevo movimiento político.

El punto mayor de discordia de los renunciantes ha sido el manejo que el partido ha dado a la reincorporación a la vida civil. En la carta, afirman ser víctimas de la exclusión de los dirigentes del partido. «No existen espacios para el debate democrático, por el contrario, priman el autoritarismo y la exclusión», se puede leer en el escrito.

El presidente del partido Comunes es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo comandante de la otrora guerrilla. En las elecciones pasadas, el partido apoyó a Gustavo Petro, quien fue elegido presidente.

Victoria Sandino fue una de las negociadoras del acuerdo y formó parte del Consejo Político Nacional del partido. Su descontento también viene desde hace mucho tiempo. El mismo partido le había quitado la vocería el año pasado. Sandino se queja de que los dirigentes del núcleo siguieran actuando como si todavía fueran parte del secretariado, a pesar de que habían pasado de una estructura militar a una política. Ella sentía que sus opiniones no eran tenidas en cuenta. «Renunciamos porque no teníamos ninguna otra alternativa, ni garantías para la militancia política en un partido que no las ofrece, que no permite la discusión», explica Sandino.

Desde que, producto del acuerdo de paz, se anunció que los excombatientes de la antigua guerrilla marxista leninista tendrían participación política, la derecha recalcitrante se opuso con tenacidad. No concebían que tuvieran representación en el Congreso sin haber respondido ante la justicia por sus crímenes. Sin embargo, el acuerdo firmado estableció una justicia transicional, distinta a las penas de la justicia ordinaria. Desde que comenzaron las conversaciones entre el gobierno y las FARC, la guerrilla rechazó el cese del conflicto sin participación en la vida política. Para los firmantes no había punto medio: dejaban las armas a cambio de que su voz fuese tomada en cuenta en la política.

Los militantes fieles al partido le restan importancia a la salida de sus compañeros y equiparan la situación a las diferencias habituales que puede haber en cualquier partido político. Pablo Catatumbo —actual senador y excomandante de las FARC— denuncia que varios de los que supuestamente firmaron la carta no fueron consultados, algunos ya habían sido expulsados del partido por violar el reglamento y otros nunca se habían afiliado. En efecto, Oswaldo Mendoza, alias Pacho Quinto, denunció que su nombre figuraba entre los renunciantes a pesar de que nunca se pidió su autorización, pues continúa siendo miembro de Comunes. Victoria Sandino tuvo que rectificar la lista con la eliminación de varios de los que aparecían allí.

En contra de lo que dice la carta, Catatumbo niega que haya persecución o discriminación. «La pelea es con el establecimiento que no ha querido cumplir con los acuerdos, pero se van contra los propios compañeros y, lamentablemente, cometieron una gran equivocación al retirarse unilateralmente del partido, sin dar la pelea», explica.

«Ahí hay más ruido que realidad», afirma Julián Gallo, integrante del Consejo Político Nacional del partido y excomandante de las FARC. «La militancia en un partido no es obligatoria y, si no se sienten representados, se van y no pasa absolutamente nada», agrega.

La separación de los excombatientes del partido viene desde hace rato. Aunque Israel Zúñiga señala que se han retirado más del 50% de los militantes, Pablo Catatumbo dice que esto no es cierto pues, de los 13.500 firmantes del acuerdo de paz no todos militaban en la formación. «El partido tiene registrados entre 6.200 y 6.400 militantes», aclara Catatumbo.

La molestia de Zúñiga también se debe a que el partido no haya denunciado el asesinato de los firmantes de paz con la suficiente contundencia. «No hubo preocupación por el universo de excombatientes en la mortandad a la que ha sido sometida nuestras bases», dice. Desde la firma del acuerdo de paz han asesinado 325 firmantes. Ante esto, Pablo Catatumbo opina distinto. «Adjudicarle la culpa del incumplimiento de los acuerdos al partido me parece un absurdo. Ellos no han sido víctimas de nada; han sido víctimas del sistema colombiano que no respeta los derechos humanos, que asesina», afirma.

El partido Comunes es uno de los más mencionados y controvertidos de Colombia, pese a sus escasos votos. En su primera elección, en 2018, el partido obtuvo 85.000 votos entre los diez escaños de Senado y Cámara de Representantes. En los recientes comicios de marzo perdieron más de 30.000 votos: entre el Senado y Cámara sacaron solo 50.000, menos del 1% del total de votos. La sociedad no ha olvidado décadas de crímenes de guerra y de lesa humanidad que dejaron miles de víctimas, aún sin resarcir. En junio pasado, el máximo comandante de la otrora FARC, Rodrigo Londoño, reconoció la gravedad de los delitos cometidos y pidió perdón.

Si no consiguen más adeptos, el partido Comunes corre el riesgo de desaparecer definitivamente, pues en los próximos comicios deben participar en igualdad de condiciones con las demás formaciones y, de no alcanzar el umbral, se quedarían sin escaños en el Congreso y sin personalidad jurídica. Están obligados a ganar simpatizantes en el periodo legislativo que acaba de comenzar, el segundo y último, según el acuerdo de paz.

El País

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