La historia no terminó

Para tener éxito, el gobierno debe enfrentar a sectores del poder económico

Por Ricardo Aronskind

Desde aquel primer anuncio presidencial sobre la existencia de un acuerdo con el FMI, con muy pocos datos suministrados por el ministro Guzmán, se han incorporado nuevos elementos para el análisis. Por ejemplo, la meta de un débil crecimiento anual en torno al 2% del PBI para casi todo el período de cobertura del nuevo acuerdo, y menciones sobre el tema tarifario, jubilatorio, de regulación cambiaria y otros.

Es cierto que hoy las metas conocidas no implican un ajuste brutal, como el realizado por Mauricio Macri a partir del segundo semestre de 2018. Ni se reclaman los famosos cambios estructurales –traducido: grandes negocios para las corporaciones— que tan profundamente se implementaron en los ’90.

Persisten, claro, muchos puntos de incertidumbre. ¿Cómo se concretará el achicamiento del déficit fiscal? ¿Cómo se logrará reducir la financiación del Banco Central al Tesoro? ¿Cómo se distribuirá la reducción de los subsidios a la energía y el transporte? ¿Cómo se evitará que una tasa de interés más elevada frene la actividad económica? Son indeterminaciones que convocan a la participación popular para que el sesgo no se torne crecientemente recesivo.

Con lo que sabemos del acuerdo hasta ahora, parece probable que haya crecimiento económico en el próximo bienio. Más moderado de lo que se podría poniendo a funcionar a pleno al Estado como gran motor económico, pero crecimiento al fin.

Pero en cuanto al comportamiento político del gobierno, lo que parece improbable es que haya una mejora en la distribución del ingreso. En este segundo aspecto, se ha demostrado impotente para establecer un sendero mínimo de progreso. La presión de las corporaciones agrarias, bancarias y de la cúpula industrial son un freno permanente a cualquier política distributiva.

La visión de los poderes económicos locales es que las mejoras sociales que eventualmente puedan ocurrir tendrán que ver con lo que se desprenda de la realización de sus respectivos negocios: si toman más empleados, si pagan mejores sueldos, si instalan nuevos establecimientos, si contratan algún profesional, será porque les vaya bien a ellos. No admiten ninguna otra vía para la mejora social, porque podría ir en desmedro de su tasa de beneficio.

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que este año habrá alzas en tarifas –segmentadas en una forma aún imprecisa—, y aumentos de precios derivados tanto de la inercia inflacionaria local, como del cuadro internacional, potenciado por los eventos de Ucrania. Es decir, algunas tendencias económicas previsibles, basadas en datos ya disponibles, apuntan a un cierto deterioro de las condiciones de vida de la mayoría si no se hace nada para evitarlo.

Si se continúa aceptando el veto del poder económico a cualquier política pública que neutralice esos impactos negativos previsibles y que incluso los revierta, no sólo no habrá mejoras distributivas, sino que se continuará en la pendiente regresiva de la distribución del ingreso.

Por otra parte, no hay que pensar en este acuerdo como el trayecto que inevitablemente se va a seguir hasta 2034. No decimos nada sorprendente si sostenemos que existe un escenario internacional incierto y complejo, en el cual numerosos países altamente endeudados requerirán algún tipo de solución colectiva para que no se entre en una era de estancamiento productivo, además de las pujas multidimensionales por la preponderancia global.

En el futuro puede haber otros salvatajes, otras flexibilizaciones masivas de las condiciones de las deudas externas, como otras disrupciones en el comercio internacional, o alzas o bajas sorprendentes en productos exportables.

Y también se puede pensar que la Argentina accederá nuevamente al crédito internacional mucho antes del final del acuerdo con el Fondo, aflojando las rigideces fiscales y monetarias que implica. Esto último estará supeditado a dos factores de muy distinto orden:

  • la imagen internacional de la recuperación argentina —lamentablemente influenciada por el FMI y los Estados Unidos—, que puede ayudar a levantar la barrera del crédito global, y
  • algo que sí depende de las autoridades locales, de la bondad de las políticas económicas que se ejecuten y del comportamiento empresarial: la dinámica más o menos vigorosa de las exportaciones argentinas complementadas con un eficiente proceso sustitutivo de importaciones.

Si el saldo comercial argentino positivo se consolidara y ampliara, el acceso a los mercados resultaría cada vez más sencillo, ya que el riesgo de un impago argentino se reduciría fuertemente. En este plano hay muchísimo por hacer, al punto de que el saldo del comercio exterior podría no ser en el futuro una amenaza en cuanto al incumplimiento con lo pautado con el FMI.

Lo que se interpone a una visión muy optimista en ese sentido es que el escenario global está atravesado por una enorme incertidumbre, a la cual contribuyen los principales países centrales y especialmente Estados Unidos, empeñado a toda costa en mantener su primacía hegemónica.

Lo notable es que si una buena política comercial argentina lograra cumplir el objetivo de conseguir suficientes dólares para ir cubriendo los pagos que el país tiene por delante, persistiría el grave problema fiscal: ¿cómo haría el Estado Nacional para juntar en los años más críticos los 15.000 millones de dólares de superávit para pagar los vencimientos, si toda la presión empresarial local es para pagar menos impuestos, al punto de ponerse en modo insurreccional cada vez que se menciona la necesidad de una mayor recaudación?

En el tema redistributivo el gobierno, para tener éxito, debe enfrentar a sectores del poder económico. Sin ese éxito de mejora social, no podrá aspirar a continuar luego de 2023.

Y en cuanto al cumplimiento con el FMI, si no logra cobrar más impuestos —tal cual las leyes lo establecen— a los sectores con alta capacidad contributiva, también fracasará en poder cubrir los pagos externos, salvo que opte por reducir el gasto social, atacando a su base electoral.

Mirarse en el espejo

Sectores de izquierda, tanto dentro como fuera del Frente de Todos, denuncian el carácter infame de la deuda con el FMI, su carácter condicionante y describen todas las cosas que podríamos hacer si no tuviéramos que pagar. Estoy de acuerdo: el crédito del FMI es una infamia urdida entre Trump, Lagarde y Macri para rescatar a los fondos de inversión globales y al gobierno macrista. Los acuerdos con el FMI limitan y condicionan las políticas públicas nacionales, y los pagos a efectuar si fueran aplicados al desarrollo económico y social serían fantásticos.

Pero no es posible hacer ese análisis recortándolo de la historia argentina reciente.

La postración nacional no empieza con la firma del actual acuerdo con el FMI, sino que es la condición previa para que lleguemos a esto.

¿Pruebas de esta postración nacional? Vayamos del presente hacia el pasado: en primer término la existencia del propio gobierno macrista, que implica la reafirmación del poder del capital global sobre la sociedad argentina. ¿Cómo a ese gobierno le iba a temblar la mano para endeudar a nuestro país? Pero también hay que decir que ese gobierno contó con la ayuda para dar «gobernabilidad» de sectores no menores del peronismo. Y ese gobierno surgió, ganando por muy escasa diferencia, producto de las discrepancias internas del mismo espacio que hoy se llama Frente de Todos. El gobierno kirchnerista fue un laborioso esfuerzo por remendar un país destrozado por el gobierno democrático más neoliberal que hayamos tenido: el de Carlos Menem… que privatizó y extranjerizó a las grandes empresas nacionales, mientras se instalaba el individualismo y se pauperizaba a vastos sectores. Es decir, la postración nacional viene de hace rato, y la lucha por revertirla también.

Este gobierno, desde que se inició, no tuvo como prioridad este tema central, porque su programa era mucho más modesto: desplazar a las fuerzas más antisociales y entreguistas, y lograr cierto crecimiento reparador. No es un tema de este gobierno revertir la postración nacional.

Pero lo cierto es que la izquierda, dentro y fuera del FdT, debe asumir sus propias responsabilidades políticas: si parte importante de «la gente», a esta altura de la historia nacional, no entiende qué es la deuda externa, ni qué implica para su vida, ni qué es el FMI, ni qué significa un acuerdo con ese organismo, el problema es del campo popular, y no de la derecha, ni de Alberto. Especialmente para el amplio espectro patriótico, constituye un severo fracaso que estemos colectivamente en un grado tan serio de desconocimiento de cuestiones elementales. Porque la conciencia del problema es políticamente central, para poder apelar a la movilización y a la lucha contra la colonización ideológica y la dependencia.

El nivel de incomprensión popular en este tema es muy grave y directamente funcional al tamaño de los buzones que la derecha le podría vender próximamente a la mayoría de la población utilizando el aparato comunicacional existente. «Alberto es malo, el peronismo es malo, no existió la pandemia, no existe el FMI».

Complementariamente, un problema central que parece aquejar a todo el campo nacional y popular y de izquierda es que no hace énfasis en la importancia de las restricciones internas que se plantean, las que son sistemáticamente ignoradas. En todo este asunto con el FMI aparecen en el relato crítico dos malos: el propio FMI y el gobierno que acuerda con el FMI. Así se pone mucho más énfasis en el ataque al gobierno que al poder económico que lo condiciona, debilita y boicotea, suponiendo que «son lo mismo», cuando no lo son.

Sorprende la falta de alusión a los fuertes socios locales del FMI, corresponsables tanto del endeudamiento, como de las políticas neoliberales que vienen socavando a la Argentina desde 1976. Fueron esos socios los que lo reintrodujeron nuevamente en 2018, cuando Kirchner había logrado sacarlos de Argentina en 2005. Esta naturalización del poder económico local lleva a gruesos errores, como por ejemplo subestimar la posibilidad de un golpe de mercado para obligar al gobierno a cerrar sí o sí con el Fondo.

Porque lo que está detrás de esta recaída sistemática en el FMI y en el default es la continuidad de un poder económico y social cuyo modus operandi es el endeudamiento. Ese poder ha sido permanente desde la dictadura, y se mantiene impune y actuando.

Hoy los diversos sectores del capital concentrado reclaman mayores deterioros en el ingreso de las mayorías, sin ningún disimulo.

No hace falta que venga el «malvado» Fondo a pedirlo: lo reiteran constantemente en sus medios de prensa y en las declaraciones de sus organizaciones sectoriales: menos impuestos, menos derechos laborales, menos gasto público social, menos Estado, menos controles.

La acción política absolutamente retrógrada de estos factores de poder es naturalizada no sólo por el gobierno, que no pretende ponerla en tela de juicio, sino por actores políticos a la izquierda del gobierno, que ponen el «mal» afuera de las fronteras del país, o en las oficinas gubernamentales, y no contribuyen a formar una visión popular profunda de los problemas nacionales.

Presentar al actual acuerdo como el fin del mundo y del proyecto nacional es incorrecto.

No sólo porque las indeterminaciones del acuerdo son una zona de disputa económica y política importante, que no debe ser abandonada, sino porque una mirada apocalíptica extendida llevará a la gente común al desasosiego y la pasividad, y dejará sin política ni consignas para la acción a la militancia.

Todo el tiempo el acuerdo estará en disputa, si es que la sociedad se decide a pelear por sus derechos, poner límites a los diseños mecánicos de la burocracia fondomonetarista, y presionar al gobierno para que resuelva las indeterminaciones existentes poniendo a salvo los intereses de la mayoría.

Este episodio, por otra parte, debe ser entendido en el marco de una larga pugna por el horizonte del país y el perfil más o menos democrático de su sociedad. Salvo que se entienda que se arribó al fin de la historia.

Conclusiones

Existe un debate político pendiente, no abordado públicamente, sobre qué es y cómo está la sociedad argentina actual y qué se puede esperar de ella.

¿Qué apoyaría esta sociedad, qué situaciones estaría dispuesta a enfrentar y qué derechos desearía conservar? Debate nada sencillo, dada la complejidad de su conformación, su fragmentación, la diversidad de discursos que circulan, las identidades políticas y culturales, las regiones, la estratificación etaria, etc. Pero esa «foto» de la sociedad es fundamental para que las propuestas que se hagan desde una perspectiva popular tengan algún grado de viabilidad fáctica.

Cuanto más el gobierno se acerque a las auto-contradictorias demandas sectoriales de las corporaciones que operan en el país, más se alejará de la viabilidad macroeconómica y social. No queda claro que esto haya sido entendido por la cúpula del gobierno nacional.

Lo acordado deja márgenes para ciertas acciones económicas progresistas que dependerán de

  • la movilización popular –que es mucho más que salir a la calle— y
  • de la audacia que pueda desplegar el gobierno y su capacidad para superar su dinámica previa.

Los aspectos viables del acuerdo se pueden cumplir de diferentes formas y dependen por lo tanto de las luchas sociales. Si la lucha de clases la va a realizar solamente la clase dominante, como viene ocurriendo en los últimos años, el acuerdo con el FMI tomará su nefasta forma tradicional. Por eso es tan importante que el movimiento popular se ponga de pie, no sólo por la coyuntura presente o por lo que ocurra en 2023, sino por el horizonte soberano de nuestro país.

El Cohete a la Luna