La ley del garrón

Por Ricardo Ragendorfer*

Con Cambiemos, la tasa de encarcelamientos es la más alta de la historia de la provincia de Buenos Aires, con 240 presos por cada 100 mil habitantes. Según las estadísticas, unas siete mil personas están detenidas injustamente. La ley del garrón, donde inocentes son condenados por crímenes que no cometieron.

El armado de causas penales contra inocentes en situación de vulnerabilidad social es desde la noche de los tiempos una de las industrias más pujantes de la Argentina y, a la vez, un deporte practicado con deleite por policías, fiscales y jueces. En la jerga tumbera al asunto se le dice la “ley del garrón”. Entre sus móviles resalta el deber de “hacer estadística” que rige para los comisarios, el apuro por cerrar algún caso de elevada exposición o la necesidad de encubrir a sus autores, aunque también son usuales las venganzas y extorsiones, además de la simple incompetencia de los investigadores.

En 2005 el Ministerio de Justicia bonaerense vaticinó que el 28% de los presos en su jurisdicción serían absueltos puesto que estaban procesados con pruebas inconsistentes y testimonios dudosos. Dicho de otro modo, sólo en esa provincia había cinco mil personas “engarronadas”.

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Ahora, bajo la administración de la alianza Cambiemos –donde la tasa de encarcelamientos es la más alta de la historia provincial con 240 presos por cada 100 mil habitantes–, tal desgracia ya alcanza a siete mil personas. Típica inflación penitenciaria.

Sin embargo, ese no fue el único aporte macrista a la cuestión. Porque en los últimos dos años esta práctica ensayó un giro notable, una renovación cualitativa impulsada desde la cima del poder. Y consistió añadir al listado de sus víctimas a dirigentes opositores y ex funcionarios del gobierno anterior. De hecho, la causa por el Memorándum con Irán –hermanada a la increíble transformación jurídica de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman en un “asesinato”– es su ejemplo más obsceno.

Pero vayamos por partes.

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El método del malentendido

La condena a un inocente más emblemática del país tuvo como protagonista a Fernando Carreras. Su pesadilla –que hasta inspiró la película The Rati Horror Show, de Enrique Piñeyro– se desató el 25 de enero de 2005 al ser confundido su Peugeot 205 con el de un pistolero que acababa de cometer una salidera en Villa Soldati. El malentendido produjo una persecución policial que derivó en la llamada “masacre de Pompeya”; allí murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al ser embestidas por ese vehículo, ya sin control tras recibir ocho balazos su desafortunado conductor. A Carrera, que sobrevivió, le tiraron el Código Penal en la cabeza: 30 años de prisión. Su temporada en el infierno se extendió por 92 meses. Recién en 2016 fue definitivamente absuelto por la Corte Suprema de la Nación.

Lo cierto es que hay una escalofriante similitud entre Carrera y Josef K, el personaje de El Proceso (Der Prozess), la novela de Franz Kafka publicada de manera póstuma por Max Brod en 1925. “Alguien debió haber calumniado a Josef K., pues fue arrestado una mañana sin haber hecho nada malo”, es la frase que desata su tragedia. La de Carrera se precipitó ya atravesado por los tiros, entre el zamarreo de los uniformados y los insultos del público presente. Al recobrar la conciencia no tuvo la menor idea de qué se lo acusaba. Aquella ignorancia –también padecida por Josef K– es una clave del asunto. Con ese interrogante ambos atravesaron su aventura terrorífica en los laberintos de la burocracia judicial. Al igual que en el texto de Kafka, Carrera tuvo una pelea desigual contra una denuncia sorda, absurda e invisible. Tan invisible como a veces lo suele ser la administración de la justicia misma. De eso –entre otras cuestiones– trata El Proceso y también el caso Carreras, al igual que todas las historias de inocentes llevados al banquillo: nada menos que de la condición humana ante la ley. Un vínculo invariablemente dramático, con desbarajustes memorables y coincidencias dignas de mención.

La SIDE paralela de los jueces

Hace casi 56 años, el asesinato de la adolescente Norma Mirta Penjerek, hallada muerta en un baldío el 15 de julio de 1962, sacudió al espíritu público. Ella había desaparecido 63 días antes en alguna calle del barrio de Flores. Y sobre el hecho se consideraron hasta las hipótesis más descabelladas. El caso ocupó por meses las portadas de los diarios. Sin embargo quedó impune por el antojadizo empeño de los investigadores en involucrar al comerciante Pedro Veccio, cuyo perfil fiestero facilitaba esa intención. El tipo no tuvo nada que ver. Aun así, el juez lo conservó tras las rejas hasta el otoño1965. Se trataba del doctor Alberto Garganta.

Al cumplirse 49 años de esa trama, un cuádruple femicidio en La Plata también sacudió al espíritu público. Las víctimas –Bárbara Santos, su madre, Susana Bárttole, su hija, Micaela, y la amiga Marisol Pereyra– habían muerto a golpes y cuchillazos en una casa del barrio La Loma durante la noche del 27 de noviembre de 2011. Fue significativa la obstinación de los instructores por involucrar a Osvaldo “Karateca” Martínez. Sin pruebas, el fiscal lo tuvo preso por siete meses. Se trataba del doctor Álvaro Garganta, el hijo pródigo de don Alberto. Cosas de la genética. Y de la historia judicial argentina.

En aquel año también ocurrió el caso de la niña Candela Sol Rodríguez. La investigación por su secuestro y asesinato –articulada con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes– consumó una obra maestra de la dramaturgia jurídico-policial. Esa puesta en escena fue instigada por la cúpula misma de La Bonaerense y cumplida por el juez Alfredo Meade y el fiscal Marcelo Tavolaro con el padrinazgo del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate.

Para la crónica roja ambos fueron los episodios más taquilleros de ese año. Y bien vale una comparación entre sus respectivas imposturas procesales: mientras que la pesquisa del caso Candela no tuvo otra meta que encubrir en los arrabales de ese crimen –un territorio atravesado por el tráfico de drogas y la piratería del asfalto– los negocios sucios de los uniformados con el hampa, la investigación por la muerte de las cuatro mujeres –nutrida con una hipótesis disparatada, pericias contradictorias, declarantes dudosos y la detención de un inocente– exhibe motivaciones más difusas: la perseverancia del juez y el fiscal por confundir sus corazonadas con la realidad.

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En este punto cabe una pregunta: ¿hasta dónde una ensoñación obsesiva puede lanzar a individuos con formación universitaria y entrenamiento en la administración de la justicia al ejercicio delictivo del error? Porque el arresto arbitrario de personas inocentes es un delito. Y si con tal objetivo se incurre en el ocultamiento de pruebas cruciales o en la producción de evidencias falsas, el delito de agrava. Eso bien los sabe el olvidado ex juez Hernán Bernasconi, quien obraba así por su ambición de convertirse en ministro de Seguridad. No está de más repasar la historia que lo marcó para siempre.

El 8 de octubre de 1996, una comisión de La Bonaerense irrumpió en el edificio de la Avenida del Libertador 3500. Guillermo Cóppola poseía un piso allí. Y un jarrón. En su interior había 400 gramos de cocaína. Su pureza: siete por ciento. Una basura. Pero plantada por los uniformados.

Paralelamente fue detenido el ex futbolista Alberto Tarantini y el RR.PP de la noche porteña, Héctor “Yayo” Cozza, junto con otros seis desgraciados. Era el show de Natalia Di Negri y Samantha Farjat. Era el gran momento de los extravagantes policías Daniel Diamante y “Tony” Gerace. Había que ver a Bernasconi, siempre bien dispuesto a la requisitoria de las cámaras.

“Obtuvimos información de una línea de cocaína y éxtasis vinculada a la esfera íntima de Cóppola. Entonces designé un agente encubierto que hizo un trabajo estupendo: se infiltró en el grupo, obtuvo los números telefónicos de los involucrados y así obtuvimos casi mil horas de escuchas. Estamos ante una organización con conexiones internacionales”, explicó el juez luego de los arrestos sin que se le moviera un solo músculo del rostro.

Al tiempo, una pesada nulidad aplastó aquel expediente. Bernsconi fue sucesivamente apartado de la causa, destituido y procesado. Sus cómplices terminaron presos. Y él puso los pies en polvorosa. En febrero de 2000 fue capturado por Interpol en Río de Janeiro y extraditado al país. Tras cumplir su condena se extravió en las hendijas del anonimato.

Es cierto que la práctica sistematizada del armado de causa era ya por aquellos días un secreto a voces. Pero fue la primera vez que un engarronador serial terminaba expuesto ante la opinión pública en forma tan explícita.

“¿Te gusta la tierra? ¡Comé tierra!”

Hubo otros especímenes tribunalicios dignos de ser evocados.

La jueza federal de Morón, Raquel Morris Dloogatz, supo ser una de las más conspicuas. Íntima del poderoso comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, supo proporcionarle talonarios enteros con órdenes de allanamiento rubricadas previamente, para así abortar delitos salidos de su imaginación. Se calcula en más de 200 las personas inocentes encarceladas por ella durante una década de fructífera labor. La doctora tuvo el dudoso mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura.

Hay más: la jueza de garantías de Quilmes, Adriana Mitzkin, es también una especialista en la materia.

Una pesquisa antológica de su autoría fue la que intentó esclarecer el secuestro y asesinato del comisario inspector Jorge Piazza durante una mañana estival de 2003. Fue en el estacionamiento de un supermercado de Avellaneda. Las cámaras de seguridad habían registrado el instante en el cual la víctima era arrastrada hacia una Traffic blanca, para ser luego fusilada en un baldío. En consecuencia, se detuvo al conductor de una Traffic blanca que, a la hora del hecho, circulaba por ese mismo lugar. Por cierto, no era el asesino sino un jubilado de 66 años que acababa de comprar unos kilos de asado. Éste aclaró su situación tras permanecer casi un año tras las rejas.

Otra pesquisa suya fue la que intentó resolver el crimen de una mujer. Un verdulero fue encarcelado por ello porque las pericias efectuadas sobre la camioneta del imputado no pudieron diferenciar presuntos rastros de sangre con restos de tomate.

La jueza Mitzkin se retiró de la magistratura en 2015.

Represión, muerte e impunidad

Razón de Estado

Tal vez el affaire Dreyfus haya sido el infortunio judicial más emblemático de la historia del último siglo y medio. Su víctima; el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, un oficial judío condenado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Ocurrió en 1894, antes de su envío a la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador de documentos. El caso agitó los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la opinión pública al compás del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones políticas difundidas por la prensa amarilla de la época. En defensa del desventurado militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario L’Aurore su aún recordado artículo “Yo acuso” (J’Acusse), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Sin embargo, recién en 1906 fue rehabilitado por la justicia.

Zola, por cierto, tendría un arduo trabajo en la Argentina actual, en vista de las profusas conspiraciones judiciales urdidas en los despachos oficiales con finalidades políticas.

Nunca desde el final de la última dictadura se había puesto en marcha un modus operandi semejante. Ni siquiera durante el menemismo, época en que el control de los magistrados tuvo el propósito de resguardar la impunidad de sus funcionarios pero no de perseguir a la oposición. De hecho, durante 32 años de democracia no hubo dirigente político que fuera hostigado a través del Código Penal por mandato de ningún gobierno. Hasta enero de 2016, cuando el jerarca de Jujuy, Gerardo Morales, ordenó la detención de Milagro Sala. Su vía crucis dura hasta el presente.

Las postales se suceden: Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Carlos Zannini (con casquito y chaleco antibalas) y Amado Boudou (descalzo, esposado y en pijama). La lista es larga.

Y siempre la señora Elisa Carrió, copa de champán en mano, brindando por cada nuevo desplome del estado de Derecho.

Los grandes medios naturalizan la cacería. Y los Barones de Comodoro Py cumplen al pie de la letra: imputaciones sin sustento probatorio y prisiones preventivas para comenzar a “investigar”.

Los suplentes Supremos de Macri

Al respecto, lo del fiscal Nisman se lleva todas las palmas.

El 18 de enero de 2015 ocurrió su “conflictivo” deceso. Una tragedia

robustecida por una cuestión de agenda: al día siguiente aquel hombre debía presentarse ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para fundamentar su denuncia por el Memorándum con Irán. Nadie entonces suponía que ambos hechos derivarían tres años después en la ficción jurídica más notable de la historia judicial argentina. Sus actuales libretistas: los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio.

Seguramente haría falta una obra de varios tomos para relatar sus ideas y vueltas en torno a las dos cuestiones inexistentes –el “asesinato” y el “pacto secreto” del anterior gobierno con Irán– que ellos dan por ciertas. No obstante, para calibrar las respectivas desmesuras de esos magistrados sólo alcanza con ceñirse a los últimos avances de sus respectivos expedientes.

En el primer caso, el doctor Ercolini acaba de procesar al informático Diego Lagomarsino como “partícipe necesario” del “magnicidio”. ¿Participe de quién? Nadie tiene la menor idea. Pero según el magistrado, Lagomarsino colaboró en un crimen que tampoco se sabe cómo fue cometido.

Bonadío, por su parte, es incluso más audaz: solicitó el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su prisión preventiva, además de ordenar el arresto de Zannini y del ex canciller Héctor Timerman, junto al de otras personas por “traición a la patria”, una figura sólo aplicable en caso de guerra. ¡Perfecto! El juez sostuvo que el atentado a la AMIA fue un acto de guerra. Y de paso puso en duda el buen nombre y honor del ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, por negar la existencia de un supuesto pedido del gobierno kirchnerista para levantar las órdenes de captura con alerta roja, en salvaguarda de los iraníes sospechosos del hecho. Y finalmente, para evitar que Noble declarara –lo cual era su derecho– Bonadío se apuró en elevar la causa a juicio oral.

La historia argentina está atravesada por semejanzas. Y si hay alguien a quien Bonadio se parece es al inefable Próspero Germán Fernández Alvariño, más conocido como “Capitán Gandhi”. Se trataba de un viejo comando civil, notoriamente chiflado, quien fue utilizado por los militares que derrocaron a Perón en lo que peor podía hacer un paranoico: la investigación de delitos. Así fue puesto al frente de la llamada Comisión 38, con sede en una oficinita del Departamento Central de Policía. Ante su escritorio desfilaron “sospechosos” de la talla del historiador José María Rosa y Héctor J. Cámpora, entre otros.

Allí, en aquel oscuro cubículo, el tal Gandhi despuntó su gran obsesión: probar que el suicidio del hermano de Evita, Juan Duarte –ocurrido en 9 de abril de 1953–, fue en realidad un asesinato ordenado nada menos que por el presidente depuesto. El asunto –sin duda un antecedente profético del caso Nisman– tuvo ciertos ribetes dignos de mención. En el marco de esa pesquisa, fue interrogada una antigua amante del difunto, la actriz Fanny Navarro.

Y tal vez para diluir la reticencia de la señora, Gandhi simplemente dijo: “Le voy a mostrar algo que la va a ayudar a recordar”.

Entonces puso en medio del escritorio una caja de cartón, y lo abrió con estudiada lentitud.

Antes de caer desmayada, ella alcanzó a ver la cabeza descompuesta de quien en vida fue el cuñado del General.

Cualquier similitud con la actualidad es una mera coincidencia.

* Ricardo Ragendorfer es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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