La pandemia y los desafíos para una salida popular en la Argentina

«La amplitud política y la diversidad social del Frente de Todos que derrotó a Cambiemos en las últimas elecciones expresa claramente una relación de fuerzas que no es de las más favorables para avanzar en los cambios necesarios que los sectores populares necesitan, pero expresa asimismo una determinada capacidad de reacción frente a un neoliberalismo abiertamente antipopular en sus postulados e iniciativas de gestión pasada que hoy se encuentra replegado pero también agazapado».

Por Mariano Pacheco y Mariano Rodolfo Martín

La pandemia y el trastocamiento de los equilibrios en la geopolítica mundial; los descalabros en el Norte Opulento y los desafíos en Nuestro Sur; el impuesto a la riqueza en Argentina, las intervenciones militantes en el Estado y las propuestas políticas para avanzar en una perspectiva popular de salida de la crisis.

La aldea global

Un mundo multipolar, atravesado por tensiones y disputas tanto de orden comercial como de posicionamiento geopolítico de las grandes potencias, es el que tenemos ante nuestros ojos.

Superada la crisis global de la burbuja especulativa inmobiliaria de 2008, EE.UU se propuso el autoabastecimiento petrolero, y en poco más de 10 años, logró conquistar dicho objetivo. Por unos pocos meses fue el primer productor de crudo en el mundo, superando incluso a Arabia Saudí, al mismo tiempo que alcanzaba el pleno empleo con recuperación del salario real. Mientras tanto, Europa debatía su devenir ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea; China continuaba su crecimiento económico, ininterrumpido año tras año desde 1978, en su camino a convertirse –en poco más de una década– en la gran potencia económica mundial, superando en PBI a EE.UU; Rusia se ubicó en el papel de país que logra «contener» militarmente a EE.UU (el caso sirio es elocuente en dicho sentido).

Mientras todo este proceso se desarrollaba en dichos países, el Sur experimentó retrocesos notables, tanto en el plano económico (pérdida de conquista de ciertos derechos adquiridos o recuperados en los años del «ciclo de gobiernos populares o progresistas») como en el geopolítico (UNASUR, CELAC, entre otras).

En ese marco, un acontecimiento logra en semanas, días incluso, trastocar todo el orden establecido.

La pandemia del COVID-19 es un acontecimiento, inédito y único: la difusión de los contagios de país a país, de continente a continente, se verifica en 12 o 24 horas por vía aérea. Queda más que claro que, en el Nuevo Orden Mundial establecido pos caída del muro de Berlín, el capitalismo está más globalizado que nunca, y no hay país que pueda sustraerse de la lógica que ordena el mercado mundial. A diferencia de otras pandemias, que por motivos de circulación de personas eran más lentas o restringidas, el coronavirus llega de un modo u otro a todas las poblaciones. Efecto del mundo global y la interconexión actual, es la catástrofe humanitaria, sanitaria y económica más veloz de toda la historia de la humanidad.

Si bien inicialmente EE.UU, el Reino Unido y otros países europeos (también Bolsonaro sumó a Brasil en nuestro continente) privilegiaron la economía en desmedro de la salud pública, no fue motivo suficiente para detener la parálisis de económica.

En siete semanas, desde el primer contagio, EE.UU perdió –según cifras oficiales– 36 millones de puestos de trabajo (a un promedio de 5.500.000 trabajadores desocupados por semana). La caída del consumo y la parálisis económica empujó a las refinerías a acumular reservas de crudo ante la caída del precio del barril (tras la disputa entre Arabia Saudí y Rusia, a fines de marzo, que ubicó al barril en 30 dolares por unidad). Por exceso de stock acumulado y sin tener compradores (en el ya histórico 20 de abril de 2020) el barril se desplomó un 305% y cotizó al final del día 37 veces por debajo de cero. En las semanas siguientes recuperó cierto valor, entre 15 y 25 dolares el barril.

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Ante la negligencia o ignorancia asociada a la soberbia de ciertos gobernantes, los países que más padecieron y aún padecen los contagios cuentan por decenas de miles a los fallecidos: no pudieron evitar el colapso del sistema sanitario y las escenas de fosas comunes o camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales para resguardar los cuerpos (ya que los servicios fúnebres también colapsaron), resultan dantescas, mientras sus economías continúan estrellándose cada día.

Valga este breve repaso para dimensionar dos elementos fundamentales del actual momento político: por un lado, la velocidad de propagación del virus –del que aún se sabe poco–, a partir del cual podemos dimensionar el impacto catastrófico que sobre el sistema sanitario puede tener si no se toman medidas extremas de «aislamiento social preventivo»; por otro lado, la profundidad de la contracción económica a nivel global, con sus consecuentes impactos en las economías «nacionales».

¿Y en nuestro Sur?

Resulta casi imposible, hoy, realizar una aproximación a qué tipo de mundo arribaremos en el periodo post-pandemia. Pero independientemente del modo en que cada país encare las formas de sobrellevar las consecuencias sanitarias, humanas y económicas del gran Acontecimiento, Nuestro Sur parece estar en mejores condiciones políticas para enfrentar la misma emergencia, aún sin contar con las mejores condiciones objetivas con las que cuenta el Norte Opulento.

El continente no se encuentra en el mejor de los momentos políticos, sobre todo si tenemos en cuenta que por la pandemia se detuvo el proceso ascendente de luchas populares en Chile y que, muy por el contrario, no se detuvo el también proceso ascendente pero de hostigamiento contra la Venezuela Bolivariana, apenas meses después de que Evo Morales fuera desalojado del gobierno en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia por un Golpe de Estado orquestado desde el Norte.

Así y todo, existen en Latinoamérica, entendemos, resquicios de un poder popular capaz de articular políticas ante los tan deslegitimados modos de abordar la crisis en los países centrales, y una memoria del corto plazo en donde se ejercieron poderosas resistencias al neoliberalismo, y se ensayaron durante más de una década formas de gestión estatal que buscaron correrse, al menos un poco, de los dictados imperiales para su patio trasero.

Cabe recordar que Brasil y Argentina encabezaron los países del continente con mayores índices de rechazo a las políticas imperiales cuando, en noviembre de 2003, se realizaron las votaciones impulsadas por la «Campaña Continental Contra el ALCA, la Deuda Externa y la Militarización», los tres ejes centrales sobre los que se asentó la dominación neoliberal. Dos meses antes, ambos países ya habían oficiado como voceros Latinoamericanos en Cancún, cuando Estados Unidos y Europa reclamaban un comercio unidireccional. De allí en más, es innegable el cambio en materia de política internacional por parte de los países de la región en lo que hemos denominado el «ciclo de gobiernos populares y progresistas». La reconfiguración del Mercosur y la negociación en bloque tanto en el ALCA como en la OMC dieron cuenta de una voluntad de expresar otro modo de enfrentar el vínculo desde estas latitudes con el poder imperial. La Cumbre de Mar del Plata, en diciembre de 2005, entierran definitivamente las aspiraciones norteamericanas de implementar el ALCA y dan paso a un proceso en el cual Venezuela Bolivariana comienza a ganar terreno y lanzar una serie de iniciativas en las búsqueda por hacer efectivo un suelo mínimo de unidad regional.

Hoy el panorama es mucho más desalentador en términos de capacidad de actuar en bloque, y tras el Golpe en Bolivia y con Brasil gobernada por la derecha, Venezuela se encuentra mucho más aislada y Argentina mucho más limitada. Así y todo, y si bien la situación también es muy diferente a la de 2005, el gobierno de Alberto Fernández viene dando señales respecto de cómo nuestro país pretende enfrentar el tratamiento de la deuda externa.

Independencia económica-soberanía política

El 16 de abril pasado el gobierno argentino presentó su oferta de reestructuración de deuda con los bonistas privados: quita de USD 41.500 millones y tres años de gracia.

La propuesta para la reestructuración de deuda implica una «mayor reducción de intereses que de capital» y, en ese sentido –precisó el gobierno– se trata de una «reducción de capital de US$ 3.600 millones de dólares, y una reducción del pago de intereses de US$ 37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%».

Según el decreto 250/20, que dio luz verde al canje, la deuda privada bajo legislación extranjera a reestructurar sería de poco mas de 62 mil millones de dólares. «Del otro lado, piden más ajuste fiscal, más rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de millones de personas en la Argentina y es algo que no vamos a permitir», definió el ministro de Economía Martín Guzmán. Inicialmente, los bonistas privados rechazaron la oferta y se inició el clásico tira y afloje. Al día de hoy (22 de mayo) es casi seguro de que el plazo de negociación de la deuda sea extendido.

La resolución de la deuda externa en términos favorables para la Argentina resulta crucial respecto de las posibilidades de sortear de la mejor manera posible no sólo esta coyuntura crítica, sino también los próximos tres años y medio. El periodo de gracia que contempla ese período no solo refiere al no pago a los acreedores privados, sino también al FMI, tal como fuera señalado por Alberto Fernández, tanto durante la campaña electoral como una vez asumida la presidencia de la nación. Es el tiempo que el país necesita para recomponer el aparato productivo, severamente dañado tras los cuatro años de gestión macrista, y la emergencia de la pandemia que paralizó aún más la economía durante las últimas semanas. Entre las consecuencias virtuosas esperables pueden enumerarse:

1) La recuperación de trabajo.

2) Una mayor recaudación impositiva y acumulación de Reservas en dólares.

3) Recomposición de la pequeña y mediana empresa.

4) Aumento del consumo interno y mejora de la situación de los sectores más castigados por la crisis, así como de los sectores asalariados, jubilados y pensionados.

Por todo esto la cuestión de la deuda resulta fundamental en esta coyuntura, en tanto que la historia Argentina ha ratificado en más de una oportunidad aquél lema que sostiene que no hay soberanía política sin independencia económica.

No hay Justicia social posible sin afectar otros intereses

En medio de la crisis que el país atraviesa, en el contexto de la pandemia que azota al mundo, una propuesta de «Impuesto a la riqueza personal» –ni siquiera a las empresas– ha comenzado a circular en las filas del oficialismo, y los sectores de poder han puesto el grito en el cielo. Con la iniciativa se pretende recaudar 3.000 millones de dólares, aportados por alrededor de 12 mil contribuyentes.

Hace más de ocho semanas que empezó la cuarentena, cinco que se comenzó a discutir el Impuesto a la riqueza y tres que la Corte avaló las sesiones virtuales del Congreso, ya que el Ejecutivo no puede crear impuestos. Pasado ya más de un mes desde que Alberto Fernández se reuniera con los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Máximo Kirchner (puntales de la propuesta), esta semana los tres volvieron a juntarse, y el presidente ratificó con mayor firmeza el impulso inicial, tras casi un mes de impasse.

Si bien la medida no modificaría en nada la situación estructural del país, viene siendo fuertemente resistida por los sectores de poder, históricamente reacios a cualquier tipo de reformas en favor de mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Esta medida –que podríamos caracterizar como «de mínima»– podría contribuir a destrabar cierto atolladero en el que el país se encuentra actualmente.

Y así como podemos tener cierta cautela frente a los planteos que desbordan optimismo respecto de la posible crisis del capitalismo en medio de esta pandemia mundial, también cabe llamar la atención sobre la hendija que toda crisis abre.

El desafío está abierto: sobre todo respecto de la creatividad política de la que seremos (o no) capaces de ejercitar en este contexto. Contamos, además, con unas «reservas de dignidad» presentes en la historia corta, mediana y de largo plazo de nuestro pueblo que dan cuenta de un recorrido rico en experiencias. También existen en la actualidad organizaciones populares que han logrado introducir agendas y militancias en la nueva configuración estatal.

Así como en numerosos países del mundo hoy se discute cuánto aumentar el ya existente «impuesto a la riqueza», en la Argentina está pendiente el debate sobre la posibilidad de implementarlo, y contar con los fondos necesarios para abordar esta crisis con mayor justicia social, en un contexto en donde la extensión de la cuarentena se puede tornar asfixiante para por lo menos la mitad de la población trabajadora del país, que hoy se encuentra ejerciendo su trabajo por fuera de las relaciones formales de empleo asalariado.

La amplitud política y la diversidad social del Frente de Todos que derrotó a Cambiemos en las últimas elecciones expresa claramente una relación de fuerzas que no es de las más favorables para avanzar en los cambios necesarios que los sectores populares necesitan, pero expresa asimismo una determinada capacidad de reacción frente a un neoliberalismo abiertamente antipopular en sus postulados e iniciativas de gestión pasada que hoy se encuentra replegado pero también agazapado, es decir, que no ha sido totalmente derrotado.

Esta relación de fuerzas expresa asimismo –de manera paradojal– una capacidad de intervención militante de proyectos populares en el Estado como quizás no había sucedido desde 1983 a la fecha, con una docena de Diputados Nacionales, por lo menos, que provienen del sindicalismo y los movimiento sociales, así como la ocupación de espacios tanto en carteras del Estado nacional, como Seguridad y Desarrollo social (donde incluso se creó una Secretaria de Economía Social, y una subárea de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores) como el flamante nuevo Ministerio de la Mujer (gestado tras años de luchas feministas), además de los espacios conquistados en las esferas provinciales y municipales, tanto legislativas como ejecutivas.

Espacios, todos estos, importantes dentro de la restrictiva institucionalidad actual –es cierto– pero que así y todo pueden implicar un momento de avance en función de cambiar las relaciones de fuerza para avanzar en cambios más profundos, siempre y cuando sean espacios que cuenten con los presupuestos necesarios para que sus postulados no queden en buenas intensiones.

De allí la importancia de avanzar con el Impuesto a la riqueza, para que propuestas como las de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (la UTEP, el nuevo sindicato del precariado que agrupa a una enorme diversidad de organizaciones del sector), puedan ser viables. Entre otras cuestiones, la UTEP ha planteado la necesidad de avanzar en la creación de mil fábricas, un millón de viviendas, y un millón de chacras, como respuesta urgente y complementaria al establecimiento de un «Salario Mínimo Complementario Universal», para todo trabajador y trabajadora de la economía popular que quede registrado en una nueva base de datos del Estado a partir de la cual se puedan tomar medidas políticas que permitan salir de la crisis actual con una perspectiva popular.

Agencia Paco Urondo

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