La parábola histórica

Por Claudio Scaletta

El nuevo ministro Luis Miguel Etchevehere fue el candidato a dirigir el área de agricultura macrista desde antes del triunfo de Cambiemos en el ballottage de 2015, es decir desde antes que la secretaría elevada a ministerio por el kirchnerimo pase a llamarse de “Agroindustria”. Quizá algún consultor haya sugerido que largar con un hombre de la ultramontana Sociedad Rural (SRA) al frente de un ministerio era un símbolo demasiado fuerte para el minuto cero de un gobierno pretendidamente “gradualista”, aunque los mismos pruritos no corrieron para el nombramiento del representante de una multinacional petrolera importadora en Energía o de empleados conspicuos del poder financiero multinacional en Hacienda y Finanzas. Cualquiera sea el caso, el nuevo ministro siempre estuvo en el banco de suplentes y su ascenso, más allá de la dispar consideración de sus pares, no representa una ruptura en la representación de un sector conducido desde fuera por las grandes exportadoras. El dato, sin embargo, no deja de ser fuerte. Para encontrar a hombres de la Sociedad Rural (SRA) ocupando ministerios es necesario remontarse a la última dictadura militar, cuando José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta, el recientemente fallecido padre de Máxima de Holanda, nutrieron el gabinete que abortó a sangre y fuego el modelo de desarrollo con inclusión de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones), proceso que dio origen a un cuarto de siglo largo de neoliberalismo. Como puede observarse, desde la llegada de Cambiemos al poder el género de la parábola histórica no demanda mayores esfuerzos.

Dentro del llamado “campo” es conocido que la burguesía agraria más dinámica y vinculada a la producción, la más “moderna” en la jerga autorreferencial, se encuentra agrupada principalmente en CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), cuna del ministro saliente Ricardo Buryaile, quien en rigor provenía de la periferia de la agrupación. Con los cambios recientes en la organización de la producción, especialmente a partir del desarrollo de las diversas formas del contratismo rural, los grandes propietarios ligados a la SRA, una nómina de menos de dos centenares de terratenientes, se volvieron predominantemente arrendatarios absentistas, aunque quedaron algunos productores directos vinculados mayoritariamente a la ganadería, especialmente al engorde. No obstante, la SRA siempre conservó su ascendente oligárquico. Como fue señalado por sus dirigentes en tiempos de las revueltas de 2008, “el campo es anterior a la Nación”, financió la mal llamada “Campaña del Desierto”, que aniquiló a mapuches y ranqueles para sumar extensos territorios a sus financistas, y batalló duramente contra el estatuto del peón de campo y el aguinaldo, dos estandartes de su gran enemigo desde mediados de siglo XX, el peronismo. Su historia reciente es más conocida. La SRA no sólo apoyó ideológicamente y nutrió de cuadros al golpe de 1976, sino que lo empujó abiertamente a través de una sucesión de lockouts. Ya en las últimas décadas se destacaron los abucheos a Raúl Alfonsín en el picadero de la exposición rural y el férreo enfrentamiento con el kirchnerismo desde la Mesa de Enlace, que integró junto con CRA, Federación Agraria y Coninagro. Aunque la SRA no es en la práctica el sector que conduce a la burguesía agraria pampeana, que con la extensión de la frontera agrícola a partir de la sojización dejó de ser sólo pampeana, si es garantía de “pureza ideológica” en materia de librecomercio y libremercado.

Sin embargo, las causas del recambio en agroindustria fueron más triviales. Entre las decisiones clave del macrismo destacaron, ya en el mismo diciembre de 2015, la fuerte devaluación, una decisión con efectos transectoriales, y la eliminación parcial de retenciones, agrarias y mineras. Desde la visión neoliberal del mundo, se esperaba que estas dos medidas redunden en un salto exportador y alentaran el ensueño del “supermercado del mundo”. A casi dos años del cambio de gobierno apenas se registró un aumento inicial de las ventas al exterior como producto de la liquidación de stocks acumulados a la espera del cambio de reglas. Hoy las exportaciones se encuentran virtualmente estancadas, cuando no afectadas por la impericia de la política exterior, como es el caso del biodiesel. Una vez más se confirma la teoría de que el nivel de las exportaciones de commodities depende de la demanda externa antes que de los estímulos arancelarios y cambiarios internos.

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La segunda cuestión es la de las llamadas economías regionales, como se define a los enclaves productivos de las provincias que no son ni aceiteras ni cerealeras, desde la lechería, a la vitivinicultura, las frutas, los cítricos, tabaco, yerba mate, caña de azúcar, etc. Se argumentó que estas economías se encontraban destruidas y, aquí también, se creyó que la política más eficiente era el simple abandono de la intervención estatal, la devaluación y la eliminación de aranceles. El resultado, que parte de los funcionarios de Cambiamos atribuyen a la virtual ausencia de gestión de Buryaile, es que estas economías regionales no sólo no mejoraron, sino que empeoraron.

Otros problemas del campo, como la agricultura familiar, directamente están fuera de la órbita de las preocupaciones de la actual administración. Finalmente, la vieja disputa por los royalties de la biotecnología, especialmente de las semillas, dejó de ser un problema. La legislación específica se encuentra a punto de perder estado parlamentario. Simplemente se chequea en el puerto de salida el tipo de semilla de origen y las biotecnológicas cobran entre 10 y 14 dólares por tonelada exportada. El debate residual es, en todo caso, por cuánto se cobra.

A grandes rasgos, el cambio de ministro tiene de fondo el problema exportador. Los sectores que se suponía deberían ser los mayores proveedores de divisas “genuinas” de la economía no las está proveyendo en la magnitud que se esperaba en los papeles, donde sólo crece el déficit estructural de la cuenta corriente. Dicho esto al margen del neoliberalismo ingenuo de liberar por una década la obligación de liquidar las divisas de exportación. Sin embargo parece difícil que un abogado provocador que ganó fama por las denuncias de trata laboral, extremista en lo ideológico y cultor de la baja de aranceles y el tipo de cambio alto sea el perfil ideal para un giro productivista en la agroindustria local que, por ahora parece lejos de asomar.

01/11/17

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