La rebelión de los bobos

Por Ricardo Aronskind

Investigar y castigar

La democracia argentina sigue atravesada por problemas económicos y políticos que no pudo resolver desde su restauración en 1983. Vuelve a chocar contra obstáculos que ya fueron señalados hace 37 años, los principales y más poderosos actores económicos repiten sus comportamientos que traban todo progreso y las autoridades políticas intentan soluciones que eviten violentas confrontaciones y encaminen al país en un sendero de crecimiento. Así lo hizo Alfonsín, así lo hicieron Néstor y Cristina Kirchner y así busca hacerlo Alberto Fernández

En el discurso con el que inauguró el 138º período de Sesiones Ordinarias, el Presidente hizo una serie de señalamientos sobre actitudes y comportamientos que no por previsibles dejan de ser dañinos para la convivencia social.

Recordó que en este año “los vencimientos de capital representan el equivalente a 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa deuda”. Unos párrafos más adelante informó al país que “el Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando, de modo pormenorizado, la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista”.

He aquí un anuncio de extraordinaria importancia, ya que cuando se quiso investigar el gigantesco endeudamiento ocurrido bajo la dictadura cívico-militar, mediante una Comisión Bicameral en 1984, el propio FMI presionó para que la misma fuera desactivada, cosa que ocurrió. Esta investigación es de fundamental importancia para entender el entramado de negocios y poder que asfixia a la Argentina, y hay que saber que las verdades que puede arrojar son insoportables para el poder real.

¿Qué hacemos lxs argentinxs si conocemos en detalle la connivencia entre los principales funcionarios del gobierno pasado con voraces jugadores de las finanzas internacionales para esquilmar a nuestro país?

Gente bien intencionada se ilusiona que tal verdad podría hacer esfumar parte de la deuda externa. No es así. La deuda seguiría en su lugar, porque está respaldada en su legitimidad por todo el aparato de poder global. Pero, ¿podríamos hacer algo con los actores internos de ese endeudamiento, con los actores individuales y colectivos de ese negocio que arruina el futuro de la mayoría de los argentinos?

En la medida que la investigación del BCRA se concrete, será muy improbable que no exista un fuerte clamor público que exija sanciones contra los responsables de ese crimen económico.

Proclamó el Presidente que “nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.”

Ese nunca más no depende lamentablemente de la voluntad de un gobierno, por más popular y honesto que sea, sino de que la sociedad argentina sea capaz de bloquear políticamente, en forma permanente, el acceso de los agentes del capital financiero a los principales resortes del Estado a través del sistema de partidos políticos. Mientras estos agentes sean capaces de arribar montados en los más diversos globos de colores (peronistas, radicales o liberales) y las mayorías no sean capaces de detectarlos y neutralizarlos, la puerta giratoria continuará. El nunca más financiero requiere de una transformación colectiva de la conciencia de lxs argentinxs.

Se trata de una cuestión central de la política argentina —la de cuáles son y cómo se defienden los intereses nacionales—, que no está resuelta en el seno de nuestra sociedad.

¿Quién disciplina a quién?

Más tarde el Presidente abordó otro tema central para el bienestar popular: el elevadísimo nivel de los precios de bienes y servicios que consume la población. Dijo Alberto Fernández: “Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación, un trabajo que ya ha comenzado a dar incipientes resultados, y también trabajamos para crear una política de defensa del consumidor que evite los abusos. Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de la posición dominante. Vamos a fortalecer los mecanismos de defensa del consumidor y la lealtad comercial. Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado, este gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes ‘preservan’ su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus ‘excesos preventivos’. Debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Esa descripción de lo que nos pasa exige un punto final al abuso. No solo es un imperativo económico sino también es un imperativo moral. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta Argentina.”

El Presidente informa que el Estado está realizando una tarea fundamental: contar con datos precisos sobre los mecanismos de formación de precios, y por consiguiente qué niveles de rentabilidad acumulan los distintos tramos de la estructura productiva. Contar con información pormenorizada para la toma de decisiones es parte de la tarea de reconstrucción del Estado, indispensable para que el país funcione.

Ahora, una vez detectadas las evidentes y groseras distorsiones que hacen que determinadas ramas productivas registren ganancias descomunales a costa de los consumidores y de otros sectores productivos que deben resignarse a operar en mercados raquíticos por la succión de ingresos que realizan los monopolios y oligopolios, ¿qué hacemos?

Debemos recordar que Perón, en su último discurso, despotricó contra los especuladores, sin éxito, y que el superpoderoso ministro de un gobierno “tenebroso y siniestro”, José Alfredo Martínez de Hoz, les reclamó responsabilidad en materia de precios a los dirigentes empresariales, y fracasó.

Kazimir Malevich

El único gobierno que logró planchar los precios fue el del irresponsable Carlos Menem, que realizó una apertura tan extrema que destruyó el mercado de trabajo y parte del tejido productivo argentino. Hacia el final de su gestión, los precios no se movían, pero el país se hundía en la miseria.

No hay en toda la historia nacional reciente un mecanismo que logre movimientos de precios sensatos, compatibles con el bienestar popular. ¿En qué consistiría, entonces, “usar todas las herramientas legales con las que cuenta el Estado”, cuando es evidente que hasta un gobierno muy decidido a enfrentar intereses sectoriales, como el de Cristina, tuvo que aguantar el boicot empresarial y de los jueces que se solidarizaban inmediatamente con los pedidos de protección de los poderosos?

Además, luego de la “reformas de mercado” ocurridas en los años ’90, jamás hubo real protección a los derechos de consumidores y usuarios. Nuestro país es un terreno propicio para la prepotencia empresarial, que no está sujeta a límites o sanciones serias que los disuadan de cometer abusos.

Tres días después de la inauguración de las sesiones parlamentarias, el Presidente volvió sobre el tema precios en un almuerzo ofrecido por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el Hotel Alvear: “…y lo que necesito también, los argentinos necesitamos, son industriales comprometidos con la Argentina, no solo con los resultados de sus empresas, con la Argentina; ¿y por qué digo esto? Porque el sector alimenticio tiene que hacer una revisión de lo que está pasando, nosotros hemos ayudado a toda la producción a empezar a recuperarse, lo hicimos frenando las tarifas de luz y de gas; lo hicimos frenando el aumento de combustibles; lo hicimos abriendo el crédito nuevamente del Banco Nación y del Banco Provincia: no es posible que con todo eso los precios sigan subiendo. Y en esto quiero serles franco: voy a ser implacable, porque no estoy defendiendo un Gobierno, estoy defendiendo a la Argentina, estoy defendiendo a los consumidores, eso tiene que parar, y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo”.

El estado de los precios, de los ingresos populares, de las remarcaciones insólitas que observamos constantemente lxs argentinxs desde hace años, dan cuenta por sí solas del ínfimo nivel de responsabilidad y de solidaridad del mundo empresario con el resto de la comunidad.

No se necesitan gestos grandilocuentes. Se necesita eficacia real. Porque si de algo saben “los vivos” es de desgastar y dejar mal paradas a las autoridades estatales, haciéndolos lucir como “bobos”, incompetentes frente a la población.

Si algo saben es machacar a través de sus múltiples voceros en los medios con la frase “de nada sirven los controles, que han fracasado desde hace 5.000 años” y con “hay que dejar que las fuerzas del mercado actúen, sin las interferencias distorsionantes del Estado”. Así estamos.

Inercias

El gobierno está en un punto clave desde el punto de vista económico y político. Es el punto en dónde las inercias sociales –basadas en el predominio de los poderosos y en su derecho adquirido al control sobre el resto— pretenden continuar, haciendo caso omiso de las declaraciones del Presidente, de su programa de gobierno o de la existencia de una mayoría de ciudadanxs que no están pasando un buen momento y necesitan soluciones concretas.

El fenómeno de la inflación inercial o por “expectativas”, a la que se refirió Alberto Fernández, es en el fondo la inercia de los formadores de precios de seguir con sus prácticas rentistas independientemente de lo que opine la sociedad; es la inercia de una población que parece resignada a ser esquilmada y sufrir individualmente el saqueo y es la inercia de las rutinas legales que admiten y propician las super ganancias empresarias a costa de la sociedad.

Al mismo tiempo, las patronales agrarias han lanzado un lockout contra el gobierno porque se oponen a que se aplique la Ley de Presupuesto, que admite subir las retenciones hasta el 33% a las exportaciones de soja. Nuevamente otro sector acostumbrado a que la legalidad es lo que se le ocurre de acuerdo a sus conveniencias.

Este gobierno necesita recaudar recursos debido a la precariedad de las cuentas públicas dejada por el gobierno que “el campo” consideraba propio. Parece que nada tiene que decir ese sector tan propenso a la indignación contra los gobiernos populares del gigantesco endeudamiento producido por el macrismo, ni tampoco de que lo que realmente los está afectando son variables externas, en plena contracción por causas estructurales del capitalismo mundial y por el impacto del Covid 19 —el coronavirus— sobre los mercados globales.

Si las prácticas sociales predatorias y los actores que las ejecutan pretenden seguir con la inercia de comportamientos que dañan a la sociedad y a sus posibilidades de desarrollo, debería ser el Estado quien rompa la inercia de una democracia siempre perdedora frente a los poderes fácticos. Romper con la inercia en materia de medidas, en materia de discurso, en materia de imaginación.

Parece ser un camino improbable el de las apelaciones, o de las advertencias, a actores que no les importa la sociedad sino como un espacio del cual extraer ganancias. Pero romper la inercia de una democracia que no termina de cumplir con sus promesas profundas, dependerá del fortalecimiento del Estado para hacer cumplir la ley.

El gobierno debe evitar el desgaste y la corrosión que a cuentagotas realiza el poder económico para demostrar que ningún cambio es posible y que los políticos son todos unos inútiles.

Por eso es extremadamente importante que se cumpla la palabra presidencial: investigación de los delitos y de los abusos y condigno castigo a los “vivos”, para que los bobos dejemos de serlo.

El Cohete a la Luna

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