Las mil y una noches

Por Horacio Rovelli

El libro que conocemos como Las Mil y Una Noches ni siquiera tiene un origen determinado: se lo atribuyen árabes, persas, hindúes. Es un largo relato, armado por mil cuentos, en que el Sultán Schariar, engañado por su esposa, la decapita; y decide desposarse con una nueva mujer cada día, para decapitarla al día siguiente. Scherezade, la hija del visir, se ofrece como esposa y logra sobrevivir a su ejecución contándole un cuento cada noche y dejando al Sultán con la curiosidad de saber cómo acaba el mismo cuando llega el alba.

Con respecto a cuentos y narraciones podemos decir que se le atribuyen al Departamento de Estado de los EE.UU. estas frases: “Ustedes creen que las soluciones surgen de su juicioso análisis de la realidad observable. Y mientras ustedes estudian esa realidad criteriosamente, como desean hacerlo, nosotros somos los actores de la historia”.

Pero lo cierto es que alguien escribe lo que sucede en nuestro país y no solo somos sus habitantes; es como una senda, un desfiladero del que pocas veces podemos apartarnos.

El Paquete Fiscal aprobado en la madrugada del 25 de octubre de 2018 demuestra palpablemente lo que afirmamos. Independientemente de los diputados que levantaron la mano, antes lo habían firmado los 18 gobernadores de las provincias (menos Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Formosa) en la Adenda del Consenso Fiscal en los primeros días de este mes, aceptando que se les quite el subsidio que reciben de la Nación para el transporte y la energía, que se reduzcan fuertemente las obras del Plan Plurianual de Inversiones, recibir menos partida para salud y educación, etc. Incluso aprueban un presupuesto que estima que el gasto público va aumentar en un 24,3% cuando en el mismo presupuesto infieren que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor IPC nivel nacional del año próximo va a ser del 34,8% y, seguramente, que la inflación va a superar ese guarismo.

Gobernadores que saben la situación crítica de los trabajadores jaqueados por la desocupación o el empleo precario, del aumento de los precios de los alimentos, vestimentas, gas, luz, agua, medicamentos, de los medios de transporte, de los útiles escolares, y sin embargo, en la Adenda que firmaron, aceptan recibir un crédito del Tesoro de la Nación Argentina para pagar planes de retiro de empleados públicos (puestos público que deben quedar vacantes y no pueden ser reemplazados); en el acuerdo firmado por la Nación con el FMI en junio de este año se convino lo mismo, que parte de los préstamos que recibirá son para financiar planes de retiro.

Gobernadores que saben que el presupuesto 2019 contempla la venta de acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional de la ANSeS por $ 73.661.475.170, mientras que la jubilación mínima mensual de octubre 2018 [1] es de $ 8.637,13 y equivale apenas al 40,5 % de la Canasta de los jubilados de $ 21.127, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad. Y que el promedio del haber previsional en octubre de 2018 es de $13.224 por mes.

Los ingresos

Ante la inflación desatada por impericia del propio gobierno, en la madrugada del 25 de octubre se aprobó también la ley de ajuste de las ventas y costos de las empresas por el Índice de Precios al Consumidor – IPC nivel nacional; de esa manera, la determinación de la renta o ganancia implica un mayor pago del gravamen.

El otro impuesto aprobado fue la modificación a Bienes Personales, pero al fijar un mínimo no imponible tan bajo de $ 2.000.000, aproximadamente unos U$S 52.000 dólares, alcanza a unos 300.000 nuevos contribuyentes de los sectores medios de la población que poseen un departamento de dos o tres ambientes y un auto mediano. El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda llegaba al recinto con el Impuesto a los Bienes Personales a las propiedades rurales, pero la media sanción en Diputados de esa ley las exime expresamente. El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un “esfuerzo” por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones, pero no dicen cuanto pagan por sus tierras, cuando toda la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural (que recaudan las provincias) sobre el PIB es del 0,2%. El campo, como les gusta llamarse, paga menos impuestos a la propiedad que lo que se recauda de impuesto inmobiliario urbano. Se recauda más de impuesto inmobiliario a las casas y departamentos del primero, segundo y tercer cordón del gran Buenos Aires que lo que pagan los propietarios rurales de esa jurisdicción, cuando 1.303 propietarios poseen 11.081.138 hectáreas (más del 65% de la tierra cultivable de la provincia). Tampoco es un sacrificio, después de una devaluación de más del 100%, que le fijen “al campo” en sus exportaciones una retención máxima de $ 4 por dólar, cuando por consumir un producto un ciudadano de a pie paga el 21% de IVA.

No estaba en el Proyecto de Presupuesto Nacional remitido por el gobierno al Congreso de la Nación y lo pusieron en el Dictamen de la Mayoría oficialista, pero los Diputados de la oposición se enteraron a las 21 del día martes 23 de octubre de 2018 —porque se lo remitieron por mail, para ser tratado el día posterior a las 11 en el recinto—, que se le permite a “los sujetos cuya actividad sea la prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores de esas empresas editoras”, computar como crédito fiscal del gravamen (IVA), las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal afectado a dichas actividades, devengadas en el período fiscal y efectivamente abonadas al momento de presentación de la declaración jurada del tributo.

El gasto y la deuda

Tomando exclusivamente el Esquema Ahorro-Inversión de la Administración Nacional (todos los gastos de todo el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, excluyendo los Fondos Fiduciarios y otros gastos del sector público nacional), el Gasto de Capital presupuestado solo representa el 4,6% del Gasto Total de la Administración Nacional ($ 184.216,8 millones), una suma más de tres veces menor a lo que se destina para el pago de los intereses de la deuda ($ 593.224,5 millones).

 

Y eso que se presupuesta con un dólar promedio a $ 40,10. Si el dólar vale más el año que viene, exige reducir otros gastos porque la administración nacional recauda pesos y los intereses de la deuda son mayoritariamente en divisas.

Camino al default

El paso de lo que el gobierno de Cambiemos llamaba “gradualismo”, que era financiar el monstruoso déficit fiscal a razón de una suma equivalente a 35.000 millones de dólares por año, a la política de “shock” en materia de ajuste fiscal, con fuertes ajustes del gasto, paralización de la obra pública y reducción del personal, no resuelve el problema central que es: ¿de dónde saldrán los dólares para financiar el déficit externo que se incurre básicamente por el pago de la deuda?

El FMI con dudas y el gobierno de Cambiemos como quien se aferra a un milagro suponen que una política de dólar flexible es suficiente para reequilibrar el balance externo del sector privado al disminuir vía contracción de la producción las importaciones y a la espera de las buenas cosechas, pero el “ajuste fiscal” y monetario impactará negativamente sobre la economía nacional y el nivel de empleo general, como lo reconoce y afirma el Informe del staff report del FMI a sus Directores del 12 de julio de 2018, donde sostiene: “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.

En ese marco nos planteamos la pregunta: ¿quienes están dispuestos a comprar títulos de deuda argentina (y acciones de empresas privadas argentinas) en el mundo, cuando se está en una economía recesiva donde se caen las ventas internas y las tasa de interés imposibilitan financiar stock? Es más, ¿por qué los tenedores de títulos de deuda argentina se quedarían con ellos para a su vencimiento renovarlos por otros, si no está garantizado el pago de los mismos, cuando el ajuste fiscal alcanza solo para pagar los intereses pero no para el vencimiento de capital?

Supongamos que el ajuste fiscal permite pagar los intereses de la deuda por 14.788 millones de dólares. Los recursos del FMI y su adelantamiento no alcanzan para pagar los 13.100 millones de dólares por vencimientos con tenedores privados y organismos más las LETES (Letras del Tesoro) por un equivalente a 16.700 millones de dólares, conformando un total de deuda del Tesoro de la Nación de 29.800 millones de dólares. Cifra a la que se debe agregar la de déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que alegremente coloca LELIQs (Letras líquidas del BCRA) a tasas en torno al 73% anual y que al 23 de octubre de 2018 sumaban $ 596.410 millones de pesos, más el saldo de LEBACs (Letras del BCRA) por otros $ 190.584 millones, que a una tasa del 70% promedio en un año significan $ 550.895 millones y que a un dólar de $ 40,10 implican que se debe pagar unos 13.700 millones de dólares más.

Para el año 2019, a los 29.800 millones de dólares de vencimiento de títulos de deuda le sumaremos los 13.700 millones de dólares del déficit del BCRA [2], que significan un vencimiento por 43.500 millones. El FMI se comprometió a prestar 22.658 [3] millones de dólares para el año 2019, y no hay otro voluntario que aparezca en el horizonte financiero de este endeudado y recesivo país.

Es más, en la Carta de Intención firmada por el Directorio del FMI y dada a conocer ese mismo 26 de octubre de 2018, el staff del “Fondo” sostiene que: “…la deuda permanece sustentable, pero no con una alta probabilidad”. Advierte distintos riesgos como la elevada proporción de pasivos nominados en divisas – el ajuste del tipo de cambio empeoró la relación deuda/PBI- o la posibilidad que no se restablezca la confianza en el programa económico, entre otros peligros, para terminar afirmando: “…sobre la posibilidad que el programa económico no funcione. Entre ellos, que la renovación de la deuda (Letes y otros títulos) sea baja, que la macroeconomía no logre los resultados esperados y que se dificulte el acceso al financiamiento de los mercados.

El gobierno de Cambiemos nunca tuvo un plan, si asociarse al capital financiero internacional y tener como base de apoyo al “campo” (donde la familia materna del Presidente de la República posee 25.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires); si contar con el apoyo de los medios (trato diferencial tributario constatado en la media sanción del Presupuesto Nacional 2019) y de la Justicia (a cuyos representantes los socios menores de Cambiemos pretendieron cobrarles impuesto a las ganancias para ser rechazados a las 6,30 horas del 25 de octubre). Pero, una vez fracasados ante el retiro de los capitales internacionales, se abrazaron al FMI.

La parte más granada de los empresarios locales, encabezados por Paolo Rocca, vio la oportunidad y publicó un Plan de 14 puntos que defendía sus intereses en desmedro del capital financiero internacional. La respuesta inmediata fueron las fotocopias del cuaderno de Oscar Centeno.

Obviamente dichas fotocopias le pegan a la candidata más temida por unos y otros, a lo que le sumamos que ninguno de los jerarcas sindicales soporta una foto del “gran diario argentino” de las mansiones donde viven.

El logro es que no aparecen alternativas a este calvario con un fin conocido y desastroso. Pero eso sí, la doncella Scherezade conoce o pretende contarnos como siguen las mil y una noches.

[1] Resolución 12/18 de septiembre de 2018 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
[2] Descontamos las utilidades del BCRA porque ya están contabilizadas como ingresos en el Presupuesto Nacional 2019 y forman parte de los $ 179.535 millones de Rentas de la Propiedad.
[3] El acuerdo Stand-By es por DEG 40.710 millones, aproximadamente unos 56.300 millones de dólares. El DEG (Derechos Especiales de Giro) es un activo de reserva internacional que se basa en una cesta de monedas (dólar, euro, renminbi, yen y libra esterlina). Actualmente representa a 1,383 dólares.

El Cohete a la Luna

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