Las reglas del juego

Ganar las elecciones a cambio de sostener un Poder Judicial vergonzante sería un triunfo pírrico

Por Graciana Peñafort

Sospecho que se trata de unas simples vacaciones atrasadas, pero igual fue inconmensurable el caudal de especulaciones que despertó en los pasillos de Comodoro Py la licencia que tomará a partir del 1° de mayo y por 20 días Claudio Bonadío. Los chistes al respecto también.

Voy a rescatar caprichosamente una versión de los hechos de esa licencia. Porque aun no siendo cierta, refleja el particular momento que vive el Poder Judicial estos días. La versión da cuenta de que Bonadío “se toma licencia y amenaza no volver”. La razón de ello: desde el “norte” (¿se referirán a la Embajada a la que Bonadío es tan adepto a concurrir?) llegó la instrucción de detener el avance del Poder Judicial sobre los empresarios argentinos. No es una piedad sin justificar. El motivo es más prosaico: el derrumbe electoral de Mauricio Macri y la posibilidad de que regrese un gobierno populista han hecho que los grandes titiriteros del mundo se pongan en estado de alerta. Porque comprueban, casi desconcertados, que la lealtad de los que tienen dinero no deviene de un amor apasionado e invariable sobre ciertos gobernantes, sino de algo más terrenal como el mero interés. Y está claro que quien no está enamorado no tolera con resignación, no solo el hecho de estar perdiendo dinero, sino además la posibilidad para nada bella de ser sometido a un juicio y además de verse obligado a vender sus tenencias accionarias, luego de que sus abogados convencieran a muchos de ellos de declararse arrepentidos para eludir la prisión preventiva que les auguraban Bonadio y Stornelli, mejor conocido como el fiscal ausente… de su propia indagatoria.

“Si vos te arrepentís te vas inmediatamente en libertad y si no te arrepentís vas a la cárcel”, fue lo que contó Gerardo Ferreyra que le dijo el fiscal Stornelli el día que lo detuvieron y lo llevaron a declarar en indagatoria [1].

“¿De qué me tengo que arrepentir?”, preguntó el empresario, dueño de la constructora Electroingeniería.

“De haber colaborado con esos mugrientos. El matrimonio, los mugrientos que estuvieron en la Rosada”, contestó el fiscal.

“Bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme”, le dijo Ferreyra a Stornelli. “Participé de licitaciones. Algunas grandes gané, otras las perdí. Electroingeniería le bajó 40 a 45 por ciento los costos a la obra pública, comparada con lo que sucede en otros países de América Latina y Europa. Bajamos los valores de las empresas que hegemonizaron o cartelizaron el mercado. Y nuestras obras prestan un servicio hoy de alta performance. No tengo por qué arrepentirme tampoco por el desendeudamiento del país ni porque mandaron a la cárcel a los genocidas. No puedo arrepentirme porque durante la dictadura estuve nueve años preso. No puedo arrepentirme por mis hijos y mis nietos”.

“Bueno, si no podés arrepentirte irás a la cárcel”, remató Stornelli.

No quiero dejar de señalar que Gerardo Ferreyra no se arrepintió, y que es el único empresario que continúa preso por la causa de las fotocopias de los cuadernos del poeta y dos veces arrepentido Oscar Centeno, chofer y literato.

Diálogos como estos los cuentan reiteradamente quienes transitan los grises pasillos de Comodoro Py. Solo que en general concluyen en forma diferente. Con el empresario o ex funcionario arrepintiéndose.

Lo que no podían saber los abogados que llevaban a sus clientes ante el despacho de Stornelli para arrepentirse es lo que vendría después. Algún rumor da cuenta de que, dentro del proceso de arrepentimiento, se barajaba la promesa de que luego de los procesamientos el sistema judicial encontraría la forma de evitar que los arrepentidos —que, señalo, se habían autoincriminado al hacer esa declaración—, fuesen a la cárcel ya en forma definitiva y sólo sufriesen en el peor de los casos penas muy menores. Los mismos rumores señalan que muchos de los empresarios arrepentidos decidieron resguardarse de eventuales olvidos de los pactos prexistentes y declararon ante escribano público que habían sido obligados –extorsionados con la prisión, para ser exacta— a declarar como arrepentidos. Y que cuando la existencia de esos registros de la extorsión ante notarios llegó a oídos de Stornelli y Bonadio, estos se indignaron –con justo motivo, digo yo— y endurecieron su posición respecto a la situación procesal de los arrepentidos. Y que este es el origen de las imputaciones gravosas que pesaron sobre muchos, los pedidos de prisión para algunos de ellos solicitados luego de que Bonadío los procesara y también el de la rara figura que usó Claudio B. para dictar algunos de sus procesamientos, ya que no solo los procesó, sino que les dicto la “prisión preventiva no efectiva”, calificación legal que no existe en nuestro país. Un invento jurídico de Bonadío y Stornelli para recordarle a los empresarios que, al primer cambio de viento, a la primera picardía, podían terminar en prisión. Supongo que alguien pensó, que como solía decir Perón, “el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”.

El invento fue duramente reprochado por la Cámara Federal cuando revisó la sentencia de Bonadío. En la sentencia de Cámara que fue dictada el 20 de diciembre de 2018 se dijo: “d) Prisiones preventivas no efectivas o fictas. En lo atinente a los agravios deducidos por las partes en torno a las llamadas ‘prisiones preventivas fictas’ —como así también a la solicitud de su aplicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal—, consideramos que la cuestión no requiere mayor análisis, en tanto dicha formulación constituye un status procesal no contemplado en la legislación vigente, por lo que corresponde su revocación. En este sentido, ante la ausencia de previsión legal al respecto, advertimos que el dictado de la medida de coerción personal respecto de este grupo de imputados colisiona con la decisión del a quo de no hacerla efectiva, plasmada en el mismo pronunciamiento”.

Tampoco podían saber los empresarios, al momento de declarar como arrepentidos, que Estados Unidos se preocuparía por los bienes que fuesen señalados como provenientes de la corrupción. Ni que ese interés iría más allá de los supuestos departamentos de Muñoz y alcanzaría a las empresas argentinas involucradas. Y que el interés en esas empresas tendría más que ver con la manifiesta intención de confiscarlas que con el exigirle reglas de transparencia a futuro.

Menos aún podía saber que luego de confesar como arrepentidos, los empresarios se verían obligados a vender sus acciones de empresas para obtener financiamiento para futuras obras públicas. Vender o quebrar son las alternativas que tienen de ahora en más los empresarios. Ello porque es difícil conseguir financiamiento y el que existe por ejemplo para los proyectos de obras de participación público-privada serán financiadas con fondos del BICE. Sobre esos fondos publicó hace unos días el diario La Nación[2]: “La solución ideada en agosto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, se llamó ‘marco de integridad’ y obliga a los salpicados que quieran participar de un PPP y que pretendan conseguir financiamiento del fideicomiso creado por el BICE —una de las pocas opciones existentes para financiar grandes proyectos de infraestructura— no solo a dejar afuera del consejo directivo de la firma al individuo salpicado en una causa de corrupción, sino también a que aquel que venda sus acciones.

“Si dicho evento de integridad (procesamiento firme en segunda instancia, una sentencia o arrepentimiento) está relacionado con una persona humana, dicha persona humana será desvinculada de su empleo, función o posición dentro de la estructura del cliente, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la detección de dicho evento”, dice una de las cláusulas del marco. “Si dicho evento de integridad está relacionado con un accionista persona humana, el derecho a voto de dicho accionista (directo o indirecto) será revocado inmediatamente. Asimismo, dicho accionista deberá transferir y/o vender todos los derechos políticos o económicos que posea en el cliente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la ocurrencia de dicho evento”, agrega la siguiente en el texto del fideicomiso”.

Y ni de casualidad imaginaron que un tal Marcelo D’Alessio iba a extorsionar a un empresario que no figuraba en la causa cuadernos, usando el nombre de Stornelli, fiscal de esa causa. Y que el empresario iba a denunciar la extorsión. Y que iba a estallar un escándalo de dimensiones siderales. Tan siderales que en la investigación de esa denuncia, iba a saltar el nombre de la mujer con la que, dicen las crónicas siempre anónimas de Comodoro Py, mas de un empresario anche uno que otro abogado, se habrían reunido a los fines de acordar cómo solucionar amablemente –mas no económicamente— el conflicto con la ley generado por el arrepentimiento.

Entonces y luego de que pasaran tantas cosas que ningún empresario imaginó que pasarían, resulta bastante lógico que de pronto los empresarios no se ilusionen mucho con la reelección del Presidente Macri. Un poco porque no los trató bien –porque no hay modo que entender como trato amable que te involucren en una causa penal—; y otro poco, porque en el gobierno de Mauricio Macri las actividades empresarias “preferidas” son las vinculadas a energía, industria ganadera o especulación financiera. A diferencia de Rodríguez Larreta, cuya actividad empresarial favorita es cambiar baldosas de la vía pública.

Como sea, los empresarios no parecen muy felices con este gobierno. Y se da una rara división dentro del mismo grupo de adeptos a Cambiemos. Por un lado el establishment, digo gente como Trump, Lagarde, La Nación, que aun con defectos le darían otra oportunidad a Macri; y por otro lado el sector del dinero, al estilo Paolo Rocca, que ya no sostienen a este gobierno de paparulos sin ley ni destino.

Reflexión que le escuché a Máximo Kirchner hace unas horas y me encantó. Si leemos los diarios de estos días, sucede una rara situación: a nivel nacional podría ganar Lavagna, a nivel Ciudad Autónoma podría ganar Lousteau y en la provincia de Buenos Aires mide muy bien Axel Kicillof. Los tres fueron Ministros de Economía del kirchnerismo. Lo cual señala al menos dos cosas, la primera es que es la economía y no la farofa falsamente republicana de Cambiemos lo que invita al voto. La otra es que la sociedad parece haber estado mas de acuerdo con el modelo de producción del gobierno anterior que con el modelo de producción de este gobierno. Será tal vez que las compras en el supermercado no pueden pagarse con hojas de cuaderno o fotocopias de billetes.

Faltando un semestre para las elecciones, el establishment decidió que era el fin de la guerra contra el dinero. Porque ahora se trata de ganar elecciones y eso es realmente difícil sin el apoyo de los sectores capitalistas. La extraña tregua de una guerra nunca declarada, pero actuada a conciencia, requería una decisión: la persecución judicial a los empresarios debía terminar. Idea que a varios parece convencerlos mucho. Pero no a todos. Sobre todo no convence a quienes han actuado como verdaderos generales, aun cuando no lo sean, en ese frente de batalla. Bonadío está entre ellos.

De allí que el “cese de hostilidades” no sea una situación que esté dispuesto a tolerar. Si los mandos superiores dicen que debe terminar la guerra, los mandos intermedios transmiten la orden. Pero el cabo primero Bonadío no está de acuerdo. Así que se va unos días de licencia y amenaza no volver.

Cuando me explicaron este rumor, estallé en carcajadas. Luego reflexioné y me pareció una explicación posible, verosímil entre otras tantas explicaciones.

Pero tengo alguna objeción sobre esta versión. Y es que no me gusta. Creo que está mal sacar un procesamiento cuyo objetivo es ayudar a desapoderar a los accionistas de Electroingeniería, procesando al otro accionista. Creo que está mal meter en cana a un empresario para lograr un efecto político. Como dijo Romina Manguel en Twitter: “No hay medida judicial que distraiga de un dólar a 47”.

Pero también creo que está mal no investigar. Y no es que considere que ha sido investigación lo que se ha hecho hasta ahora, porque claramente ha sido persecución y no investigación. Pero sin duda la cartelización de la obra pública merece ser investigada. El endeudamiento corrosivo del país también merece ser investigado. En pocas palabras, el dinero merece ser investigado.

Investigaciones futuras que deberán ser hechas por jueces y fiscales con vocación de ser jueces y fiscales y no con vocación política. Con testigos reales y no con arrepentidos para la ocasión. Buscando la verdad y no el titular en letra catástrofe de un diario.

Y digo esto creyéndolo con sinceridad: ganar las elecciones a cambio de sostener un Poder Judicial vergonzante es un triunfo pírrico, que no vale realmente la pena. Porque nada cambiará si aceptamos como ciudadanos esas reglas de juego tan perversas. Donde muchos van presos y otros tantos quedan en libertad por criterios que nada tienen que ver con la justicia. Y muchos de nosotros, que somos simples ciudadanos, queremos justicia. Buenos jueces. Buenos fiscales. Y no la continuación del escándalo por otras vías, menos visibles, igualmente peligrosas, desaconsejables y por sobre todas las cosas injustas.

[1] https://www.pagina12.com.ar/188848-el-apriete-a-ferreyra

[2] https://www.lanacion.com.ar/economia/cuadernos-los-acusados-deben-vender-sus-acciones-para-que-sus-empresas-entren-en-los-ppp-nid2238332

El Cohete a la Luna

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