Libertarios y Republiquetanos: propuestas que ya fracasaron en Argentina y el mundo

Se presentan como paradigmas modernos, pero atrasan. Además, conllevan un sentido y propósitos antipopulares y antidemocráticos.

Por Alvaro Ruiz

Los paradigmas «modernos» de los que nos plantean una libertad «libertaria» y una República «Republiqueta» no avanzan, sino retrasan hacia los tiempos más aciagos, y son planteados con absoluta conciencia de su sentido y propósitos antipopulares y antidemocráticos. Revisar lo que ha ocurrido nos devela lo que puede suceder, o lo que ya está sucediendo, y nos obliga a tomar posiciones que no admiten futuras excusas de haber sido sorprendidos por formulaciones engañosas.

Inserción en el mundo

El apotegma, que se explica como frase o sentencia breve en la cual se expresa una enseñanza o pensamiento y que se enuncia como una verdad revelada e indiscutible, es lo que encierra la declamada exigencia de insertar a la Argentina en el mundo.

Por un lado, implica el presupuesto de considerar que el país se encuentra aislado, fuera del contexto mundial -reducido al centralismo occidental dominante-, cuando los gobiernos responden a las mayorías populares.

El camino para torcer ese rumbo que se señala como desvarío inconducente, es abrir las fronteras, no sólo las que marcan los límites geográficos sino en todos los ámbitos y, principalmente, en el campo económico.

Convocar a los inversores externos, liberarlos de toda traba para el manejo de sus flujos financieros y, en lo posible, exceptuarlos de cualquier carga impositiva que pueda inhibir sus decisiones de radicarse -sin compromisos de permanencia- en nuestro suelo para llevar adelante sus negocios.

Por cierto, que el Estado es siempre un obstáculo para el desenvolvimiento del libre mercado y, por tanto, debe limitarse a asumir sólo aquellas funciones básicas en materia de seguridad que garantice la propiedad privada, asumiendo algún rol en toda otra cuestión que no interese a los empresarios privados o que importe proveer de una infraestructura indispensable para el desenvolvimiento de los emprendimientos lucrativos.

En consecuencia, un Estado mínimo es lo deseable, que se expresa de manera inigualable en el lema que hizo suyo la última dictadura cívico-militar: «achicar el Estado es agrandar la Nación».

Esa proposición no sólo implica replegar al Estado de toda intervención en la Economía, desecharla en toda área de producción o limitar al máximo su función regulatoria, sino que apunta a reducirlo estructuralmente.

Lo que supone una franca estigmatización del sector público, con su consiguiente efecto en lo que concierne a la Administración nacional y provincial que deben llevarse a su mínima expresión, contrayendo al máximo la planta de personal y, en especial, suprimiendo las Agencias estatales de contralor y supervisión de la actividad privada incluso en aquellas áreas que hubieran sido privatizadas.

Libre mercado y desregulaciones

La idea fuerza que sostiene ese andamiaje es presentar al Mercado como el único y racional asignador de recursos, llevando al extremo su libre desenvolvimiento e imponiendo al Estado profundas reformas estructurales, inflexibles medidas de austeridad para un disciplinamiento fiscal que asegure un presupuesto equilibrado y una dura restricción a la emisión monetaria o, en su caso, suprimir la moneda soberana sustituyéndola por la divisa norteamericana para hacer frente al fenómeno inflacionario.

En esa misma dirección se plantean un conjunto de políticas de desregulación del comercio, los servicios y del mercado de capitales tanto en su operatoria interna como a nivel internacional. Acompañado de la privatización de empresas públicas, que no se limita a aquellas que ocupan espacios en el campo de la producción sino también a las que tienen por objeto funciones que el Estado desempeña para garantizar una provisión equilibrada de bienes para satisfacer necesidades básicas de la población.

En materia impositiva atiende a minimizar las cargas tributarias, cuestionando mecanismos de progresividad con impacto en los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio, considerando que con ello se asegura una articulación virtuosa del rol que se atribuye al Capital en la promoción y ampliación de la inversión para el crecimiento de la Economía.

Las premisas que informan la concepción que viene describiéndose, tiene en algunos ámbitos vinculados al trabajo -que incluye al sector pasivo- una constante irreductible, que opera como condicionante de un desarrollo virtuoso e imprescindible para natural derrame en la sociedad en su conjunto.

Aquí sí es convocado el Estado, para poner orden y desatar los nudos que inmovilizan el (mal llamado) «mercado de trabajo», desmadejando la legislación laboral protectoria tildada de «anacrónica» y que no haría sino impedir la creación de empleo e inhibir a los empresarios a abrir generosamente las puertas de sus empresas para que ingrese esa masa trabajadora que hoy padece la desocupación.

Orden, en materia de «libertad sindical», restringiendo la acción lícita de las organizaciones gremiales, limitando la injerencia de los sindicatos en las decisiones patronales, minimizando las unidades de contratación colectiva dando prioridad -en tanto la negociación paritaria no pueda evitarse- a los convenios o acuerdos de empresa.

Reprimiendo, como criminalizando, las protestas sindicales y estrechando lo máximo posible el ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Desregulando el trabajo, en realidad regulándolo de manera inversa y regresiva. Otra tarea que confían al Estado, para implementar mecanismos flexibilizadores a ultranza en el ingreso y egreso al empleo (con modalidades de contratación precarizantes o deslaboralizadas), como en todo lo que atañe a las condiciones de trabajo (régimen de jornada, polivalencia funcional -o sea, desvinculación de la calificación profesional con las categorías y tareas asignables-, ampliación de las potestades del empleador con la consiguiente acentuación de la subordinación de la fuerza laboral).

Pero las reformas en cuestión exceden las laborales, por cuanto también es preciso concretarlas en materia previsional. Aquí se abren dos cauces básicos, extender la edad para acceder a la jubilación y privatizar el sistema.

La primera, apunta a la reducción de los beneficiarios de transferencias de ingresos que siempre, en alguna medida, repercuten en las arcas del Estado y en el gasto social que impacta en el equilibrio fiscal; la segunda, crear un mercado de capitales con una población aportante cautiva y que, como ya lo demostrase el desastroso desempeño de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), son una fuente de pingues ganancias y de especulación financiera para los grupos concentrados a costa del empobrecimiento del sector pasivo.

Los parecidos no son meras coincidencias

El Consenso de Washington (1989) determinó un antes y un después decisivo en las siguientes décadas, en orden al direccionamiento de la Economía que, en la práctica, funcionó para consolidar el proceso de globalización en curso y al neoliberalismo que hasta el presente predomina en el mundo.

La nueva lógica de acumulación de raíz financiera que vino a apuntalar, exigía imponer permanentes ajustes en la asignación de recursos y en el gasto público como premisas de la estabilización, contando con la acción del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para operar mediante el otorgamiento de créditos -condicionados a la implementación de Programas de ese sesgo- para el desendeudamiento externo crítico de los Estados que, en realidad, representaban nuevos endeudamientos o sobrendeudamientos que se erigían como «cepos» para la autonomía de las Naciones en la orientación de sus políticas.

Ese entendimiento liderado por EEUU y Gran Bretaña que ya venía desarrollando desde principios de los años 80’ políticas de esa misma naturaleza, se sintetizaba en diez puntos programáticos: 1.- Disciplina fiscal; 2.- Reordenamiento de las prioridades del gasto público; 3.- Reforma fiscal; 4.- Liberalización financiera; 5.- Tipo de cambio competitivo; 6.- Liberalización del comercio; 7.- Liberalización de la inversión extranjera directa; 8.- Privatizaciones; 9.- Desregularización; 10.- Derechos de propiedad rigurosamente asegurados.

El simple recorrido histórico y propositivo precedente pone de manifiesto, cuanto menos, dos cuestiones.

Que las políticas neoliberales que en Argentina propugnan desde los grupos opositores, constituidos por formaciones partidarias junto con otros actores de ámbitos diversos, nada tienen de originales ni se carece de datos suficientes para cotejar los aspectos sustanciales que las definen con relación a las implementadas durante las últimas décadas del siglo XX.

Que las experiencias recogidas en esos veinte y más años, en nuestro país y también en los demás países en que se aplicaron, dejaron un tendal de víctimas y agudizaron los problemas estructurales preexistentes con otros muchos resultantes de transferencias de ingresos de corte regresivo, con una concentración de la riqueza que sólo es posible equiparar a la registrada a mediados del siglo XIX.

Sin embargo, otro factor de enorme relevancia e insoslayable, es que la condición para poder llevar adelante programas como los fundados en el Consenso de Washington fue la intervención de la gobernabilidad democrática, ya fuera por la vía de los golpes de Estado que despejaron previamente el terreno para su afincamiento, por la desestabilización de gobiernos mediante operaciones de Mercado o por la cooptación de las instituciones de la República, de lo cual resultaban regímenes de igual signo reaccionario y antipopular.

La persistente resistencia que manifiestan los representantes del capital concentrado a toda transformación que signifique una mayor equidad en las relaciones sociales, encuentra en un amplio arco político opositor un permanente accionar desestabilizante que les es funcional y que se ve favorecido por la complicidad del poder mediático y, en la etapa iniciada en el último decenio, valiéndose de los mecanismos judiciales a su servicio constituidos en vanguardia destituyente o en socios indispensables del nuevo «golpismo».

Es en ese contexto en el que debe evaluarse la grave crisis institucional provocada por la Corte Suprema, al quebrantar deliberadamente la división de Poderes, invadiendo al Legislativo -convencidos los cortesanos de la impunidad que le proporciona la composición del Congreso y el sometimiento de las instancias judiciales inferiores- y proyectándose con creciente virulencia sobre el Ejecutivo al que pretende doblegar en temas sensibles y estratégicos, exhumando viejos expedientes o brindando espacio a cualquier aventura de judicialización de la política, sin descartar la alternativa de prestarse a sustituirlo sabiéndose en la línea de sucesión presidencial, si ello fuese necesario para la reinstalación del más rancio neoliberalismo de fracasar la vía electoral.

A la conocida frase de que «el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra», se suman otras tantas que implican reflexiones semejantes y entre ellas una que, entiendo, expresa con absoluta claridad su sentido en la actual encrucijada política en que nos vemos inmersos, «si tropiezas con la misma piedra más de tres veces, ya no es un error, es una decisión».

El Destape