Los Crímenes de «El Infierno» durante la última dictadura serán juzgados el 7 septiembre

62 secuestros, torturas, y un homicidio en lo que fue la Brigada de Investigaciones de Lanús

Se sentarán al banquillo de los acusados ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, los ex comisarios de la policía provincial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Bruno Trevisán y Rómulo Jorge Ferranti y el ex agente de esa fuerza, Miguel Ángel Ferreyro. Las querellan temen un retraso.

Por Ailín Bullentini

Imagen: Miguel Etchecolatz. A principios de septiembre dará comienzo al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que se conoció como “El infierno”.

La Justicia Federal de La Plata tiene buenas intenciones: el Tribunal Oral Federal número 1 aseguró que a principios de septiembre dará comienzo al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que se conoció como “El infierno”. Sin embargo, las querellas temen que, una vez más, que esas buenas intenciones no se traduzcan en actos. Es que el mismo tribunal tiene en carpeta el comienzo de otros dos juicios por crímenes del terrorismo de Estado en diferentes centros clandestinos de la provincia que llevan años de demora, algunos de sus integrantes están comprometidos en más debates en la ciudad de Buenos Aires por lo que las querellas tienen dudas en relación a las posibilidades de que puedan llevar todo a cabo.

El juez Ricardo Basílico, estrenado en el rol de la presidencia del TOF 1 , dirigió de manera remota el martes una audiencia preliminar para aprestar detalles del juicio contra el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, los ex comisarios de la policía provincial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Bruno Trevisán y Rómulo Jorge Ferranti y el ex agente de esa fuerza, Miguel Ángel Ferreyro, por 62 casos de secuestros y torturas, y un homicidio agravado cometidos en lo que fue la Brigada de Investigaciones de Lanús, que durante la última dictadura cívico militar estaba ubicada en 12 de octubre N°234, Avellaneda, un lugar que hoy es Espacio Municipal de la Memoria.

Durante el encuentro para acordar términos sobre el juicio por los hechos de El Infierno, los fiscales que integran la Unidad Fiscal Federal de La Plata, Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, abogaron «por la búsqueda de distintas herramientas y alternativas para garantizar la continuidad del servicio de justicia, preservando la salud y la vida de todos», informó el sitio de noticias de la Procuración General. El sitio web consigna que los fiscales plantearon ante el TOF 1 que la pandemia de la covid-19 «no puede constituir un obstáculo al acceso a la justicia y, asimismo, el acceso a la justicia no puede constituir un factor que ponga en riesgo la salud de los trabajadores judiciales y de todos los que participan del sistema de justicia», por lo que solicitaron que el debate se lleve adelante a través de una modalidad remota.

Sin embargo, hicieron propio el planteo que las querellas habían fijado en la audiencia que tuvo lugar a fines de junio para afinar lineamientos en de cara al debate por 1 y 60: la necesidad de combinar modalidades y hacer un “juicio por partes”. Es decir, comenzar en modalidad remota con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y los testimonios de aquellos testigos que prefieran declarar por videoconferencia o de aquellos que no tengan otra alternativa debido a la distancia y dejar para más adelante la modalidad presencial. El TOF avaló el pedido y ratificó el 7 de septiembre como fecha de inicio del debate.

Agenda ajustada

La fecha estaba prevista desde principios de año. La agenda judicial para la jurisdicción pautaba, además, en el 22 de abril la apertura del juicio por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en las instalaciones ubicadas en las calles platenses 1 y 60, lo que fue el primer centro clandestino de la ciudad. Y para el 5 de mayo aquel que revisaría, por fin, los secuestros, las torturas, los nacimientos clandestinos y apropiaciones de bebés y desapariciones de las víctimas que pasaron por los Pozos de Banfield y de Quilmes, dos de los escenarios emblemáticos de los crímenes del Circuito Camps. El juicio por los crímenes de la Comisaría 8va contra 106 víctimas aún espera fecha: de los 16 imputados en esa causa, la mitad jamás fue enjuiciado.

Nada de esto ocurrió: a los conflictos por la integración del Tribunal –que no cuenta todavía con integrantes titulares– se sumó la pandemia, que mantuvo en suspenso durante meses toda actividad judicial.

Muy lentamente, La Plata empezó a retomar procesos en una combinación de mecanismos remotos y presenciales. Hace 10 días se reanudó el debate por los hechos del centro clandestino que funcionó en la Brigada de San Justo, que había quedado frenado en etapa de alegatos. A fines de junio se celebró una audiencia para acordar los términos del debate por los crímenes de “1 y 60” , mientras que el próximo 19 de este mes sucederá la destinada a acordar los del debate por Banfield y Quilmes .

Es decir que, en un par de semanas, el TOF 1 de La Plata pasó de estar paralizado a tener en carpeta tres juicios al borde de empezar. Las querellas, representadas por agrupaciones de derechos humanos como la APDH y La Liga Argentina por los Derechos Humanos, se preocupaban antes, ante la inactividad, y también lo hacen ahora frente a una presunta hiperactividad: “¿Cómo van a sostener tres juicios en simultáneo?”, se preguntaron en diálogo con este diario.

Tribunal multitareas

Durante la audiencia del martes, exigieron al flamante presidente del TOF 1 que elaborara un informe en el que detallara el modo en el que se van a organizar para cumplir con los juicios en carpeta. Las querellas se preocupan con razón: Basílico, que hasta principios de mes era cuarto juez, se hizo cargo de la presidencia de un tribunal con muchos juicios de lesa humanidad demorados y extensos, pero además es juez en el debate por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en Orletti y que se desarrolla en Comodoro Py, mientras que tiene a su cargo la causa que investiga a Julio de Vido por delitos vinculados con la mina de carbón de Río Turbio. Al cierre de la audiencia, el magistrado se comprometió a establecer “un sistema de compatibilidad para la celebración de audiencias”, informaron desde la Procuración.

13/08/20 P/12

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