Los socios del silencio

Lucas González, asesinado y criminalizado

Por Roly Villani

La cobertura mediática del asesinato de Lucas González a manos de agentes de civil de la Policía de la Ciudad muestra, una vez más, cómo los grandes medios buscan encubrir y – cuando no pueden – justificar los casos de gatillo fácil de las fuerzas de seguridad.

Treinta y cinco horas después de asesinar a Lucas González, los policías de la Metropolitana que actuaron sin identificación y mintieron y e intentaron plantar pruebas falsas fueron «separados de la fuerza». Durante todo ese tiempo, la dirigencia del Gobierno de la Ciudad especuló con apoyar la versión de los asesinos. Si no lo pudo hacer y accedió, finalmente, a emitir comunicados de dolor y reprobación, (y sobreactuar la promesa de castigo a los responsables) fue porque el hecho sacudió a la sociedad con las razones imprevisibles que convierten a algunas noticias en la famosa gota que rebasa el vaso.

Probablemente haya contribuido en ese sentido la inmediata y masiva ola de testimonios en favor del chico: no solo la familia, sino decenas de compañeros de los diversos equipos de fútbol en que Lucas había jugado salieron a dar testimonio en radios y en las redes de que el pibe era lo que habitualmente se considera un buen chico. Esto es, se levantaba temprano a hacer deporte y estudiaba por la noche. Si alguna vez se hubiera afanado un alfajor Capitán del Espacio del kiosco del club, los medios que cierran filas de inmediato con el poder habrían tenido su argumento. El equivalente de la minifalda o el fanatismo por los boliches que suelen acompañar la descripción de las mujeres violadas y asesinadas.

Todas las noticias ya fueron editadas en la web, pero la captura de los titulares que sigue dando vuelta en las redes no deja margen para la duda: Clarín y Perfil hablan de delincuentes y La Nación e Infobae llaman persecución policial a lo que fue un asesinato. De todos modos, y pese a que la operación «limpieza de rastros» les tomó un par de segundos, la ideología del gatillo fácil está en el ADN de los editorialistas de estos medios: allí la culpable de la muerte de Lucas no es la policía sino «la inseguridad». Para muestra sobra un botón: el editor jefe de seguridad de La Nación, Fernando Rodríguez dice -una vez que la única actitud posible es el dolor tras la muerte de Lucas- que «el miedo es un prisma que deforma» y que «los policías, a veces, también analizan las situaciones en las que deben actuar según lo que la luz que les devuelve ese prisma que deforma». Es decir, la inseguridad es una plaga tan grande que hasta asusta a los policías en el momento de actuar. Y, ya se sabe, esa inseguridad es culpa de los políticos corruptos y los organismos de DDHH que defienden delincuentes.

Quizás también haya influido en el desenlace de la historia el hecho de que los gobiernos de la Ciudad y la Nación no comparten la mirada sobre el manejo de la inseguridad. Esto es sin duda un argumento más opinable, pero habilita tal especulación el recuerdo de que, siendo presidente, Mauricio Macri felicitara públicamente al policía Luis Chocobar luego de que éste asesinara por la espalda a Juan Pablo Kukoc.

El miércoles 17 por la mañana. Lucas y tres amigos salían de entrenar en el club Barracas Central y bajaron del auto a comprar un jugo en un kiosco. Allí fueron interceptados por un auto sin identificación a bordo del cual iban tres hombres armados y sin uniforme. Los chicos se asustaron e intentaron huir y los agentes empezaron a los tiros. A pocas cuadras de ahí, (y con la cabeza de Lucas estallada de dos disparos) los chicos encontraron a dos policías que venían caminando y frenaron para pedir ayuda con la certeza de que habían sido asaltados. Ese hecho fue determinante, porque los policías avisaron de la denuncia a sus superiores antes de que los policías asesinos se estacionaran tras el coche de los chicos.

Con el pasar del tiempo, los medios dieron mucha relevancia el caso y la ola de indignación empezó a crecer. Cuando se supo la triste noticia de que Lucas finalmente había muerto en el hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela, el GCBA ya no tuvo margen de maniobra.

La pregunta que queda flotando es ¿cuántos agentes de civil patrullan las calles de la ciudad? ¿Qué control tiene la Legislatura porteña sobre estos «agentes de inteligencia» que son capaces de emprender a los tiros a cualquier sospechoso ante la flagrante prueba de llevar visera? Y más aún ¿de qué crímenes no los habrían acusado si alguno de los integrantes del auto hubiera tenido antecedentes o llevaba un cortaplumas en el bolsillo? La contundencia de la condena a las canas reposa en la certeza de que estos chicos «estaban limpios». Pero si no lo hubieran estado, el delito de gatillo fácil era igual de reprochable.

Queda por investigar también el perfil de los Metropolitanos, el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial José Nievas y el oficial mayor Fabián López. Un simple googleo, sin acceso a expedientes de servicio ni antecedentes, permite establecer que Isassi es uno de los policías de la Metropolitana que en 2016 fue convocado por el inefable juez Claudio Bonadío para allanar la vivienda de la madre de Cristina Kirchner en Santa Cruz. En un episodio del que nunca hubo demasiadas consecuencias, la policía de la Ciudad se trasladó de incógnito hasta esa provincia patagónica para hacer efectivo el pedido del juez y la maniobra quedó registrada cuando un perro de la policía santacruceña detectó el arma de uno de los tripulantes, que habían declarado que estaban en la zona «de visita».

Queda, también una esperanza que nada sin salvavidas en un mar de escepticismo. ¿será esta indignación tan potente como para hacer retroceder el lugar común que supone que más policías con mayor poder de fuego significan mayor seguridad?

Socompa

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