Más garantías, no menos

Por Graciana Peñafort

No recuerdo ningún año en el que haya llorado más que en el 2018. Fue un año terrible, sin duda uno de los más dolorosos. Tan simétricamente doloroso, que lo empecé llorando cuando volví ese 1 de enero de la casa de Alejandro y lo terminé llorando el 31 de enero siguiente, mientras me cambiaba para ir a la casa de Pablo y Elida. Escribo esto con la plena noción de los dolores y las pérdidas que me esperan en el futuro. Porque a veces pensar el futuro me aterra. Las pérdidas que, inevitables, llegarán. Lo poco o nada que puedo hacer por evitarlas. Cuando me da por pensar en eso, opto por concentrarme con franca ferocidad en lo bueno de la vida y me abrazo con furia a aquello y aquellos que amo.

Ser abogada es una de mis pasiones perennes, como los libros, los perros y las vaquitas empantanadas. Postre delicioso que preparaba mi abuela y ahora prepara mi papá. En el 2018 me mantuvo viva el ser abogada. Juro que si no hubiese estado corriendo para cumplir con los plazos desquiciados de un más desquiciado Comodoro Py, hubiese tenido la vocación de tirarme en la cama y dejar que la vida pasase como eso absurdo que yo sentía que era. Pero, a decir verdad, no tuve tiempo de dejarme caer en una cama. Simplemente no tuve tiempo.

A finales de diciembre de 2018 no me animé a ir San Juan a pasar la Navidad. Aún tenía a un defendido en prisión preventiva y buenas chances de liberarlo, siempre que la Cámara se dignase a resolver el recurso. Héctor Timerman ya estaba tan enfermo, que sabíamos que era cuestión de días que se liberase del dolor que significaba seguir preso de ese cuerpo que solo lo hacía sufrir de modo inhumano. Ya no podía hablar, pero un día pudo sonreír y yo sonreí con él. Fue su despedida. No, definitivamente no me animé a ir a San Juan, o, mejor dicho, no me animé a dejar Buenos Aires.

Por eso ese viernes estaba acá. Había aceptado ir al programa del Gato Sylvestre, luego Gustavo pasaría a buscarme por el canal e iríamos a cenar. Y estaba en un taxi, rumbo a C5N, cuando me sonó el celular. Era Hernán, amigo muy querido, que me dijo: “Grace, detuvieron al Mago. Te va a llamar la madre”.

El Mago es Facundo Daelli, joven mago que había conocido en Don Narciso, y que era entre otras cosas el maestro del querido Bufón. Hacia pocos días se había cruzado con el entonces fiscal German Moldes, y se había dirigido a él en términos poco cordiales. No había sido Moldes quien había hecho la denuncia, sino Guillermo Marijuan. Luego Ramiro Gonzales, fiscal de Py, había requerido una serie de informes de inteligencia, el allanamiento de la casa de Facundo y… ¡su detención! El juez que había dado la orden era Ariel Lijo. Y el viernes 22 de diciembre, en horas de la tarde, se había ejecutado el allanamiento y la detención. Era viernes, el próximo día hábil era el 26 de diciembre. Y un par de llamadas telefónicas a gente de Py me confirmó mi temor: la idea era mantenerlo detenido hasta el miércoles, a modo de disciplinamiento. Avisé en el canal que no iba a llegar, salí al aire telefónicamente para contar la situación y le indiqué al taxista el nuevo rumbo: la Policía Montada, cuya sede está en calle Cavia. Estaba furiosa. Lo que le estaba pasando a Facu era una violación fragrante no solo a su libertad ambulatoria, sino a la libertad de expresión. Porque en este país, uno puede incluso cuestionar en durísimos términos a cualquier funcionario público por cosas que hace en cuanto funcionario público, sin que eso implique pena de prisión. Ya en la Ley 24.198 de junio de 1993 se había derogado el delito de desacato. Y valga la paradoja, se había derogado como consecuencia de una conciliación en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos, por una absurda persecución penal a la que se vio sometido Horacio Verbitsky por el entonces juez de la Corte Augusto César Belluscio.

Se ve que en diciembre de 2018, en Comodoro Py no se habían enterado de la modificación del Código Penal de junio de 1993 y que el delito de desacato ya no existía. Pero la falta de actualización en materia de desacato se había reiterado en los últimos años. El gobierno de Mauricio Macri dedicó buena parte de su tiempo a perseguir a muchos argentinos por sus manifestaciones públicas. A iniciativa de mi socio Alejandro Rúa, tan reflexivo y sabio como siempre, habíamos ya defendido a varias personas denunciadas por sus manifestaciones contra el gobierno de Macri o contra sus funcionarios. Porque dentro de las cosas que caracterizaron al macrismo como gobierno, una fue su permanente intento de acallar a la sociedad. Y para eso, como para casi todo, el gobierno de Macri contó siempre con la invaluable colaboración de señores de Comodoro Py.

El santo de Gustavo vino a acompañarme y nos entretuvo hasta altas horas contando cosas divertidas mientras esperábamos. Después nos fuimos a comer lo que fuese que encontrásemos abierto y al otro día, sábado, Facu fue a su declaración indagatoria y terminó excarcelado. Aún hoy estamos peleando judicialmente esa ridícula causa, porque casi un año después confirmaron parcialmente ese absurdo procesamiento dictado por Lijo. Lo confirmaron los camaristas Pablo Bertuzi y Mariano Llorens, y el único que votó en disidencia fue Leopoldo Bruglia. Me consuela muy poco saber que solo 1 de cada 3 camaristas con competencia pena ha leído el Código Penal.

Mientras estaba trabajando en el recurso de casación de Facu, que presentaré cuando termine la feria judicial, leí la noticia acerca de la presunta denuncia penal que se habría hecho contra Luis Brandoni por presuntas manifestaciones hechas en el marco del aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Indagando un poco descubrí que la denuncia ni siquiera fue hecha por la persona presuntamente insultada, esto es Cristina Fernández de Kirchner, hoy Vicepresidenta de la Nación. Mi primera reacción fue pensar: “Qué boludos, están haciendo macrismo”. Es decir, persiguiendo penalmente las manifestaciones públicas. Eso hacia el gobierno de Mauricio Macri.

Quiero ser clara en este punto. La penalización de las manifestaciones públicas contra funcionarios públicos es básicamente una estupidez. Pero es además una estupidez contraria al sistema democrático de gobierno. Y eso no quiere decir que el insultado no pueda hacer valer sus derechos al buen nombre y al honor, pese a ser funcionario público. Puede hacerlo pero debe optar por la vía civil, esto es solicitar la reparación. No es la Justicia penal la respuesta.

Y como hacia el macrismo, los que denuncian esas cosas siempre van por los mismos caminos. Acusan al que dijo algo que les molesta por “amenazas” o por “incitación a la violencia” o por “intimidación pública”. El macrismo supo hacer uso y abuso de esas figuras penales, que además permitían que la denuncia no la hiciese el funcionario publico involucrado. Porque —hay que aclararlo— la afectación del honor requiere que el afectado en su honor ejerza su defensa en primera persona, es decir por él mismo. No la cobardía cómoda de mandar a denunciar a otro.

Asumo que una parte de la sociedad, el 60 % de ella, está enojada con el macrismo, por eso no lo votó. Y yo, que soy parte de ese 60%, también estoy enojada con ellos. Porque el gobierno de Mauricio Macri hizo cosas horribles. Y dañó gravemente a la sociedad, legitimando discursos de odio infames, cuyas secuelas estamos tratando de reparar. Pero trato de que mi enojo no me impida reflexionar. Y de esa reflexión surge ineludible , al menos para mí, un mandato. No estoy dispuesta a hacer macrismo explícito. No porque me falten ganas, sino porque lo que me faltan son razones legitimas. No tengo razones legítimas para vulnerar las garantías que defendí siempre. La libertad de expresión como valor sistémico de una democracia es una de esas garantías. Parafraseando a Voltaire, puede que no este de acuerdo con lo que dice alguien, incluso que me enoje o me den ganas de mandarlo a la recalcada genitalidad de su progenitora, a quien además seguro que —con arbitrariedad— le atribuiré una vida licenciosa; pero aun así, después de los insultos, voy a defender su derecho a decir lo que piensa. Porque su derecho es también mi derecho de decir lo que pienso. Y el derecho a decir lo que pensamos todos. Una sociedad democrática requiere para serlo, entre otras cosas, el respeto a la libertad de expresión y la capacidad, a veces difícil y amarga, de tolerar lo que se dice.

Los discursos de odio generan violencia. Y la legitiman. Por eso hay que regularlos en términos de responsabilidad de quien los emite. Pero no es la ley penal la herramienta adecuada. A ver si lo entendemos todos.

Mientras buscaba información sobre la denuncia a Brandoni, me topé con la noticia de que en España se va a realizar un Tribunal Ético al lawfare que sufrió nuestra región. Brasil, Ecuador, Argentina están entre los países asolados por el lawfare. Que no es más que la persecución mediante la desnaturalización de la ley penal, usada para perseguir a opositores políticos. Y quiero ser clara en esto. La persecución penal desnaturalizada por sus objetivos políticos, requiere, para ser efectiva en términos políticos, la más amplia difusión mediante el uso de la prensa. Pero no de cualquier tipo de prensa. Una prensa que ya tiene tomado partido por la persecución. En la cobertura de los casos judiciales comprendidos en el lawfare, la prensa olvida por completo el tratamiento de las noticas con el respeto a las garantías mínimas de quienes están sometidos a procesos penales.

Ejemplos típicos de la prensa en tiempos de lawfare: trata a los acusados como si fuesen culpables aun antes de que sean declarados como tales por una sentencia; oculta las falencias de los procesos y las arbitrariedades; no da derecho a réplica sobre las informaciones que publica y presiona a jueces y fiscales para que ordenen medidas con espectacularidad que permita “visualizar” el proceso. (Digo esto y me viene a la cabeza el fiscal que excavo inútilmente media Patagonia.) La prensa que forma parte del lawfare también presiona en pos de sentencias que reclama con tono escandalizado. Aún recuerdo los informes periodísticos que trataban de tortuga a un juez, solo porque se negaba a involucrar a la ex Presidenta en una causa. “No hay pruebas”, sostenía el magistrado. Y mucho tiempo después, incluso sus superiores tuvieron que otorgarle la razón. No había pruebas que involucraran en esa causa a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero lo que hace la prensa que acompaña las maniobras de lawfare no merece reproche penal. En todo caso será civilmente responsable y homenajeada con el descrédito que la sociedad aplica a quienes le mienten. Y con la página oscura que la historia reserva a los viles.

Distinta es la situación de quienes en la ejecución del lawfare llevan adelante conductas penalmente relevantes. Y esa condición alcanza a funcionarios judiciales y a periodistas también. Pienso en Daniel Santoro, editor de Judiciales del grupo Clarín, hoy procesado como participe necesario de maniobras extorsivas. Y señalo que el hecho de que esté procesado no implica que Santoro sea culpable. Significa que Daniel Santoro será sometido a juicio y que el Poder Judicial deberá probar si es culpable de las conductas por las cuales es investigado. Y sólo será culpable si una sentencia firme así lo declara. Mientras tanto, es inocente ante la ley. Como lo son los muchos sobre los que escribió Daniel Santoro, a quienes trató como culpables, olvidando siempre decir lo que yo acabo de decir sobre él mismo: que no había –ni hay— sentencia firme que destruyera el estado de inocencia de las personas sobre las que escribía y aún escribe.

Sin duda también son penalmente relevantes las conductas de los funcionarios judiciales que participan del lawfare. Porque los funcionarios tienen una obligación primaria y es la de ajustar sus conductas y sus decisiones a la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios judiciales que violaron las normas a las que deben ajustar su conducta son, sin lugar a dudas, pasibles de una persecución penal por el Estado que les confió misiones y obligaciones especificas en pos del bien común y en el marco de las leyes que incumplieron.

Pero es el Estado quien debe perseguir a quienes incumplen sus normas. La razón de ser del Estado es el pueblo y en su nombre y representación los tribunales ejercen su competencia especifica respecto a investigar, juzgar y castigar las conductas penalmente relevantes.

Nuestro sistema institucional no permite que sea el propio pueblo el que investigue, juzgue y castigue los delitos. Debe ser el Poder Judicial quien lo haga.

Y no solo es el Estado quien debe llevar adelante las conductas de investigar, juzgar y castigar los delitos, sino que además debe hacerlo de cierto modo, específicamente establecido por nuestro régimen legal. Un juez que ha tenido conflicto con alguien no puede juzgar a ese alguien, ni investigarlo, ni mucho menos castigarlo. Un fiscal o un juez que tienen algún tipo de interés en el resultado de una causa no pueden intervenir como juez ni como fiscal en ella.

Y el Estado también garantiza mediante normas específicas los derechos que tienen quienes están sujetos a una investigación. El primero de ellos: nadie es culpable hasta que así no lo declara una sentencia firme. Y sin sentencia firme, todos deben ser tratados como inocentes. Y por eso, el principio es que salvo que signifique un riesgo para que el proceso se lleve adecuadamente –sea porque el imputado se fugue o bien porque entorpezca la investigación—, la norma establece que mientras está siendo investigado o juzgado, las personas deben permanecer en libertad.

Otra de las garantías es que quien esta siendo sometido a un proceso penal puede producir la prueba que considere oportuna para demostrar la falsedad de las imputaciones que se le hacen. Estoy harta de los medios que publican que las personas deben demostrar su inocencia. Es un error de los que llamaríamos grosero. Las personas no deben demostrar nada, son inocentes porque así la ley lo dispone, y es el Estado el que debe demostrar su culpabilidad. Mediante la utilización de prueba legalmente obtenida, además. Es decir, sin D’Alessios de por medio.

Y cuando pienso en esto —las cosas que defendí toda la vida—, pienso que el tribunal ético no corresponde ni está bien. Primero porque no hay norma ética que ordene modos de actuar. Cuando la norma ética es obligatoria, entonces se llama ley. Y si de violaciones a las leyes hablamos, ya están los tribunales legalmente establecidos para juzgarlas. No hay norma alguna que atribuya a estos tribunales éticos competencia, esto es capacidad de investigar, juzgar y castigar a quienes violaron las normas.

Quienes integran el tribunal ético al lawfare son todos abogados de fuste. Reconocidos a nivel internacional como tales. Una gran mayoría ha sido defensora de las victimas de lawfare. Y entonces no se puede asegurar su objetividad respecto a los casos. Para el caso, yo jamás admitiría que un caso de alguien que yo defiendo sea juzgado por un tribunal ético donde están sentados Bonadío, Stornelli, Irurzun, Hornos y Borinsky, por dar ejemplos. Porque ya sé que no son objetivos respecto a los casos. Ya escribieron su opinión y juzgaron. Lo mismo pasa con los abogados defensores, aunque a ellos les tenga mayor simpatía y respeto profesional. Pero más simpatía y respeto le tengo al principio que dice que no se puede ser juez y parte.

También me pregunto: ¿cómo se defenderán los acusados? Porque del mismo modo que muchas de las víctimas del lawfare no pudieron defenderse, tampoco veo cómo se garantizaría el derecho a defensa, si alguien del tribunal ético quisiera ejercerlo. Y sin derecho a defensa, no puedo — me niego a hablar de un juicio o de un tribunal. Soy de las que sostiene que hay pocas cosas sagradas, pero sin duda el derecho a defensa lo es.

Y por último, ¿cuál sería el resultado del juicio de este tribunal ético? Una sentencia que no solo carecería de fuerza de ejecución, sino que además pondría en el lugar de víctimas a quienes fuesen condenados por ella. Porque voy a decirlo con toda claridad: si en un juicio me juzgan personas que se autoerigen como jueces, que tienen intereses creados y posiciones tomadas ante el tema que tratan, si parten de la base de mi culpabilidad y no de mi inocencia y si no me garantizan el absoluto derecho a defensa, jamás podría aceptar como válida esa sentencia. Aplica para Bonadío y Stornelli en la causa Cuadernos, cuando hacen esas cosas —y por ello mismo debieron haber sido apartados hace mucho de esa causa— y aplica a los respetables colegas que integraran el tribunal ético al lawfare.

Alego en defensa de mis colegas que conozco que el objetivo del tribunal ético es hacer público y dar a conocer el espanto del lawfare que transitamos estos años. Y sus consecuencias. Generar una herramienta para el debate. Y buscar las soluciones y mecanismos para que no suceda más. Objetivos respetables y dignos que defiendo y suscribo.

El lawfare es la persecución disfrazada de investigación penal. Es la violación de garantías en nombre de la Justicia, vaya a saber uno de quién. Pero no vamos a derrotar al lawfare con sus mismas herramientas. No tenemos que hacer lo mismo. Es un error mayúsculo y un esfuerzo infructuoso.

Al lawfare se le gana. Con más ley y con más democracia. Con mas estado de derecho. Con un Poder Judicial honorable. Sagradas son las garantías que nos protegen a todos —a los buenos de la historia y a los malos también.

Al lawfare se le gana con más garantías. No con menos.

El Cohete a la Luna

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