Más ideología y nada de pragmatismo

El gobierno de Cambiemos se aferra a dogmas que han entregado resultados negativos en otras experiencias políticas.

El paquete de reformas lanzado por el oficialismo se encuentra débilmente fundamentado, contiene escasa o nula evidencia empírica como respaldo y constituye, en conjunto, un clásico recetario neoliberal.

Por Martín Astarita *

La identidad de Cambiemos supo construirse en gran medida en oposición al kirchnerismo. En ese juego de espejos, el macrismo aparece como una fuerza política flexible y pragmática, el reverso del dogmatismo k. Cabe recordar, de paso, que al kirchnerismo se lo acusaba también de falso progresismo y de demagogia. ¿Exceso de ideología o de oportunismo? Nunca hubo acuerdo sobre este punto. Por el contrario, cosecha numerosos adeptos la idea de que el gobierno actual es pragmático, negociador y que posee más reflejos políticos que ideológicos.

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Sin embargo, esta imagen se resquebraja al analizar el contenido de sus políticas. En tal sentido, el ambicioso paquete de reformas lanzado recientemente por el oficialismo se encuentra débilmente fundamentado, contiene escasa o nula evidencia empírica como respaldo y constituye, en conjunto, un clásico recetario neoliberal.

Reforma tributaria

El gobierno propone reducir los aportes patronales y el impuesto a las ganancias para las empresas, buscando fomentar las inversiones y con ello, generar mayor empleo y crecimiento económico. En lo inmediato, estos cambios tributarios impactarán negativamente sobre las arcas fiscales. El Estado perderá recursos que intentará compensar con recortes en otras áreas (el cambio en la fórmula de actualización jubilatoria, por ejemplo).

Por otra parte, en la Argentina, durante la década del ‘90, ya hubo una reducción significativa en los aportes patronales. El actual secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, estudió el impacto de esa medida en un paper publicado en 2010 y su conclusión es contundente: “El mayor argumento para justificar las reducciones de cargas patronales introducidos entre 1995 y 1999 (a saber, que los menores costos laborales aumentarían la tasa de empleo) no tiene fundamento en los hechos”.

Hay testimonios más cercanos en el tiempo sobre este tipo de sacrificios fiscales a favor de los que más tienen, por ejemplo, lo que hizo el gobierno actual en materia de retenciones agropecuarias. Tal como indica David Cufré en base a datos del CEPA, al reducir este gravamen, el Estado perdió 3236 millones de dólares durante 2016, un agujero que hasta el día de hoy cuesta cubrir. Pero al mismo tiempo, ese esfuerzo no se tradujo en mayor bienestar general: el empleo promedio del primer semestre de 2017 en agricultura, ganadería, caza y silvicultura cayó en 7900 puestos, en comparación a igual período de 2015.

En definitiva, el proyecto de reforma tributaria se encuentra débilmente fundamentado. No se clarifican los motivos de estos antecedentes poco exitosos ni se explica en qué reside la novedad de la propuesta actual para que ahora sí se obtengan buenos resultados.

Reforma laboral

El Presidente ha dicho más de una vez que la Argentina, desde 2012, está estancada en materia de empleo. La reforma laboral en marcha se basa en este diagnóstico que, en rigor, no tiene sustento empírico.

Con estas mismas leyes laborales, durante los años kircneristas se generaron más de 5 millones de puestos de trabajo. Al circunscribir el análisis a la última etapa, si bien con menos dinamismo, la economía siguió creando empleos en el sector privado. Así lo demuestran las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, cuya validez no fue objetada en ningún momento. Por el contrario, desde diciembre de 2015, las políticas económicas recesivas y anti-industriales han expulsado mano de obra del sector formal, reemplazada, parcialmente, por un incremento de monotributistas.

El gobierno parte entonces de un diagnóstico errado. Pero es posible formular otra objeción, de índole más general: ¿qué tipo de evidencia existe para suponer que la flexibilidad laboral puede reducir el desempleo? Es sabido que la experiencia argentina de los ‘90 va en el sentido contrario, y no se trata de un caso aislado. En otros países se dio una dinámica similar: la pérdida de derechos laborales no trajo consigo mayor empleo y crecimiento.

Reforma previsional

El gobierno afirma que en todos los países del mundo, incluido en Argentina, existe una crisis de los sistemas previsionales, entre otras razones, por el aumento en la expectativa de vida y porque cada vez son menos los aportantes en relación con la cantidad de beneficiarios. Sin negar este problema estructural, cabe preguntar: ¿cuál es la situación actual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? En 2015 tuvo superávit y en 2016, en gran medida por las políticas aplicadas (la mal llamada reparación histórica, entre otras), tuvo un leve déficit. ¿Y en 2017? Desde marzo no hay información oficial al respecto.

Lo que se propone hacer el gobierno en este terreno remite a la lógica aplicada en las privatizaciones de los años ‘90. En aquél momento, cabe recordar, muchas empresas públicas, históricamente superavitarias, fueron intervenidas por el menemismo, conduciéndolas a una situación crítica que facilitó, por un lado, el posterior proceso de venta (al devaluar el precio de los activos) y por otro, generó consenso social para su privatización.

En caso de aprobarse las reformas tributaria y previsional, junto con otros cambios dispuestos en 2016, el Fondo de Garantías perderá significativos recursos en los próximos años, con lo cual quedará todo dispuesto para discutir su traspaso a manos privadas. La historia parece repetirse: una crisis autoinducida que sirve para legitimar el anhelo privatizador.

Empleo público

La reducción del empleo público constituye una de las obsesiones presidenciales. Así los trabajadores estatales son sometidos a un discurso oficial estigmatizador, que se corresponde en los hechos con persecusiones políticas, despidos, deterioro salarial y todo tipo de vulneraciones a derechos adquiridos.

El argumento para justificar este tipo de medidas es que el exceso de empleo público asfixia la iniciativa privada. Pero es válido preguntarse, ¿cuál es la evidencia que respalda tal afirmación? De hecho, las estadísticas sobre otros países muestran una correlación positiva entre empleo público y nivel de desarrollo. En todo caso, se podría discutir qué causalidad hay entre ambas variables, existiendo suficientes elementos –incluso desde el punto de vista teórico– para postular que un Estado activo y participativo es un requisito fundamental para lograr el tan ansiado desarrollo.

El gobierno sostiene que ha efectuado un estudio de dotación óptima de personal, a partir del cual se esperan, próximamente, nuevos despidos. Más allá de filtraciones parciales que salieron a la luz, hasta ahora no se ha publicado el tan mentado informe. Por otra parte, lo crucial de dicho estudio estriba en el plano conceptual: ¿qué significa dotación óptima? ¿cuántos docentes o médicos, por ejemplo, son necesarios? Siempre van a sobrar trabajadores estatales en un país excluyente y desigual.

Se advierten, además, contradicciones flagrantes. Hay demasiados empleados públicos, pero el gobierno contrata consultoras privadas para realizar estudios sobre la administración pública (el de dotación óptima, entre otros). O bien, ¿cómo se explica el incremento, en esta gestión, de los cargos políticos (Ministerios, Secretarías, Subsecretarías)?

Un círculo vicioso

Hay más ejemplos. El gobierno pretende reimpulsar el debate por el voto electrónico, a pesar de la posición contraria de los especialistas y de lo que ocurre en la mayoría de los países. Frente al problema inflacionario, a su vez, el Banco Central tiene una única receta, elevar la tasa de interés. Y ante cada fracaso, insiste con la misma medicina, sin explicar nunca los motivos de su ineficacia. Algo similar se vislumbra en cuanto a la apertura económica. Durante 2016, las importaciones aumentaron con una economía en recesión (tendencia casi inédita en Argentina) y en un contexto mundial de creciente proteccionismo. Solo un dogmatismo inconducente, de fe ciega en el libre comercio, puede explicar este derrotero.

Se puede mencionar además el ajuste en el Conicet. La medida se lleva adelante a pesar de que existe abundante evidencia de que la inversión en ciencia y tecnología contribuye decisivamente a mejorar la competitividad de un país, objetivo que –no es ocioso recordar– parece desvelar a la administración Cambiemos. Queda configurado así un círculo vicioso: aferrado al dogma neoliberal, el gobierno desfinancia una usina de conocimiento científico en la que podría encontrar material valioso que lo oriente en el proceso de toma de decisiones. En su lugar, se apega obstinadamente a una ideología que ya ha dado suficientes pruebas, aquí y en el mundo, de su fracaso

* Politólogo, magister en economía política (Flacso).

Director de @elloropolitico.

03/12/17 P/123

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